El Gobierno de Navarra ha dado el visto bueno, en su sesión de hoy, a la firma de un protocolo con el Ayuntamiento de Pamplona que permite iniciar los trámites para la cesión de parte del solar donde antiguamente se ubicaba el centro penitenciario de la ciudad. En esta parcela, de propiedad municipal, se construirá un nuevo edificio para ampliación de los usos del Palacio de Justicia de Navarra.

El objetivo de dicha ampliación será albergar nuevos juzgados y salas de vista; servicios jurídicos actualmente dispersos en la ciudad, como podrían ser el Registro Civil o la Gerencia Territorial; la Nueva Oficina Judicial; y otras necesidades que se consideren oportunas, como el traslado de algunos juzgados que cuentan con espacio insuficiente en el actual edificio.

El protocolo cuya firma ha aprobado hoy el Gobierno de Navarra permitirá que el Ejecutivo reciba la cesión, por parte del Ayuntamiento, de alrededor de 2.200 metros cuadrados de los 9.000 que tiene la parcela completa. Para ello, será necesario segregarla, adjudicando al Ejecutivo Foral el espacio más próximo al actual Palacio de Justicia, donde se construirá el nuevo edificio, complementario al actual.

Desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, se considera que esta ubicación es “absolutamente idónea” para centralizar, en edificios adyacentes, el máximo posible de servicios jurídicos. Cabe destacar que el actual edificio del Palacio de Justicia se encuentra plenamente ocupado, y no dispone de espacios libres ni para nuevos juzgados ni para usos complementarios como los mencionados. El Palacio de Justicia cuenta hoy con 18.424 m2 repartidos en sótano, planta baja y seis alturas.

Mediante el acuerdo de Gobierno de hoy, la Administración Foral financiará y encargará la redacción del documento urbanístico necesario para la ordenación de la unidad de actuación en la que se inscribe la parcela afectada dentro del Plan Municipal de Pamplona (Z-2). Una vez finalizado, este documento será presentado al Ayuntamiento de Pamplona para su tramitación.  El coste de la urbanización resultante de esta nueva ordenación de la parcela será asumido por ambas entidades.