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Presentada la Ley Foral de Conciertos Sociales en una jornada en Barcelona
13 de mayo de 2019
Presentada la Ley Foral de Conciertos Sociales en una jornada en Barcelona
El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha explicado hoy en Barcelona los contenidos de la Ley Foral 13/2017 de Conciertos Sociales.
En la jornada titulada: “De la contratación pública a la acción concertada con la iniciativa social sin ánimo de lucro”, el vicepresidente Laparra ha participado, junto con representantes de los gobiernos de Islas Baleares y la Comunidad Valenciana en la mesa denominada: “De la imaginación a la práctica. Experiencias territoriales de la regulación del concierto social”. El evento ha sido organizado por la organización empresarial catalana La Confederació, en el que representantes de diferentes comunidades autónomas y personas expertas en el ámbito de los servicios sociales han explicado sus experiencias y propuestas.
Ley Foral 13/2017 de Conciertos Sociales
La Ley Foral 13/2017 de Conciertos Sociales es una alternativa a la Ley de Contratos y a la de Subvenciones y en los ámbitos de salud y servicios sociales. Está dirigida a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y en la misma se definen con claridad las características que deben cumplir para ser consideradas como tales.
Asimismo, esta ley ofrece a las entidades sociales un modelo de relación más estable y garantista. De esta forma se pretende reconocer la enorme aportación de recursos humanos, económicos y materiales, además de la experiencia en la atención que las entidades de iniciativa social han venido realizando. La duración de los conciertos es, con carácter general, de tres años, pudiendo ser prorrogados por otros períodos de hasta tres años, con un máximo total de nueve años, siempre que la evaluación de la prestación de los servicios haya resultado positiva. Es este sentido, una comisión paritaria evaluará cada concierto: cumplimiento de las condiciones, objetivos de calidad y grado de consecución de los mismos.
Por otro lado, esta ley permite la expansión del sistema público de servicios sociales, sanitarios y sociosanitarios, aumentando de este modo las garantías que pueden ofrecerse a la ciudadanía tanto de continuidad del servicio como de calidad de las prestaciones ofrecidas.
Experiencia de Navarra
Hasta el momento, en el Departamento de Derechos Sociales, se han realizado los siguientes conciertos: concierto para la gestión de plazas de menores (ARB, ARE, centro de día y plazas de autonomía), y el de residencia para personas en situación de exclusión social.
En fase de licitación o preparación se encuentran los siguientes conciertos: para la gestión del servicio de atención temprana, para la gestión de plazas de cumplimiento de medidas judiciales, y para la gestión de plazas de enfermedad mental (negociado).
Para este año están previstos el concierto para la gestión de apartamentos tutelados, el de gestión de transporte adaptado y asistido, el de centro de día de discapacidad física, puntos de encuentro familiar, y el de gestión de acogimiento residencial a menores.
Entidades de iniciativa social, esenciales en el sistema de servicios sociales
Los servicios sociales configuran un sistema que trabaja en las relaciones interpersonales, la inclusión y en la reconstrucción de lazos sociales. Bajo esta perspectiva, las entidades de iniciativa social aportan un valor esencial, ya que surgen de las personas afectadas e implicadas, aportan innovación social y canalizan la participación ciudadana. Son, además, un elemento de gobernanza clave, un mecanismo de apoyo mutuo entre personas afectadas, disponen de capacidad de captar y aportar recursos, añaden empoderamiento y autogestión, y son insustituibles además de acumular experiencia acreditada, así como reconocimiento social.
En la jornada de hoy, el vicepresidente de Derechos Sociales se ha referido también al Mecenazgo Social, por el que se confiere deducciones fiscales a las donaciones de la ciudadanía (80%) y las empresas (deducción de la base + 20% de la cuota) a las entidades de iniciativa social. La administración no fiscaliza el gasto.