La Comunidad Foral de Navarra ha defendido en una reunión celebrada hoy en Bruselas, su política de corresponsabilidad institucional en la acogida a las personas refugiadas, ofreciendo su cooperación a las instituciones europeas y estatales. También, ha exigido un mayor compromiso al conjunto de la UE y países miembros para abordar este problema. El objetivo es avanzar en un modelo de corresponsabilidad como el que plantea la propuesta SHARE, un mecanismo de aplicación transversal en la UE para responder a los nuevos retos migratorios.

Para su elaboración, el Gobierno Vasco convocó una reunión en Bilbao el pasado 27 de febrero, a la que acudieron las siguientes comunidades autónomas: Valencia, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Catalunya, Islas Baleares, Extremadura, Galicia, Cataluña, Canarias, Asturias, Euskadi, Melilla y Navarra. En ese encuentro se introdujeron las aportaciones realizadas por Navarra, ya que SHARE está en línea con la declaración promovida y liderada por la Comunidad Foral, que fue aprobada por la mayoría de las comunidades autónomas en 2016. En ella se demandaba un mayor rol de las CCAA en la gestión de la acogida e integración de las personas refugiadas.

La iniciativa SHARE

La propuesta SHARE establece unos criterios de distribución del compromiso de acogida e integración de los migrantes de acuerdo a tres criterios: los ingresos fiscales con un peso del 50%; la población con una incidencia del 30%; y el índice de desempleo, con un 20%.

Asimismo, se podría aplicar sobre tres tipos de flujo migratorio: personas refugiadas; migrantes económicos en situación de emergencia, vulnerabilidad o alta aglomeración, y menores extranjeros no acompañados.

Desde la perspectiva territorial esta iniciativa plantea la posibilidad de aplicar esos criterios entre los estados para los y las refugiados y refugiadas, y par ala inmigración en situación de riesgo. A nivel subestatal, por un lado, entre las comunidades autónomas, estos principios podrían ser útiles para la gestión de los tres flujos, y por otro lado, dentro de cada CCAA, podrían utilizarse para canalizar la colaboración de entidades o la distribución por provincias.

Reunión en Bruselas

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha afirmado en el encuentro de Bruselas que, “las CCAA deben asumir sus competencias en materia de integración social, también de la población refugiada, gestionando los recursos estatales y europeos disponibles en este momento, y estableciendo mecanismos de coordinación con la Administración central del estado”.