El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, presentó ayer a la abogacía pamplonesa el recientemente creado Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, así como los dos protocolos que ya han sido firmados al respecto, en un acto celebrado en el Colegio de Abogados de Pamplona, junto a la decana del Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos, y el presidente de la Audiencia Provincial de Navarra José Julián Huarte.

En su intervención, Santos destacó que el nuevo servicio viene derivado del acuerdo programático en el que se recogía textualmente que se “estudiará una Oficina de Ejecución Penal y que se continuará apostando por el desarrollo de la resolución extrajudicial de conflictos”. Esa fue la base para la creación de un grupo técnico de trabajo que aprobó el documento final el 12 de febrero de 2021.

Ese documento, según apuntó el consejero, definía las líneas estratégicas del modelo de Ejecución Penal en Navarra que “no son otras que garantizar los derechos a todas las personas bajo supervisión penal, priorizar las respuestas comunitarias y las penas no privativas de libertad, potenciar el cumplimiento penitenciario en medio abierto y fomentar la reinserción durante toda la ejecución penal”.

Como consecuencia de la puesta en marcha del Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, en los primeros meses de 2022 se han firmado dos protocolos esenciales para su puesta en funcionamiento. En enero de este año 2022 se firmó el Protocolo Marco de Justicia Restaurativa y en marzo se ha firmado el protocolo de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en materia de atención a la salud mental de todas las personas incursas en procedimientos judiciales penales.

Según explicó Santos, “el protocolo relativo a la atención a la salud mental es una de nuestras líneas estratégicas clave como es priorizar las respuestas comunitarias y las penas no privativas de libertad con acciones como pueden ser la elaboración de informes psicosociales previos a las sentencias de los tribunales”.

Intervinientes

Además del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, en la jornada celebrada en el Colegio de Abogados de Pamplona, intervino también el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, quien puso en valor el avance que ha supuesto la firma de los dos protocolos antes mencionados.

Posteriormente, se trató de las ‘Medidas de Seguridad y penal alternativas en Navarra”, con la intervención del titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Pamplona, Luis Gabriel Martínez, el jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en Navarra, Amador Ruiz, la jefa de Sección de Ejecución Penal del Gobierno de Navarra, Elena Lacosta, y el director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa de Navarra, Jorge Ollero.

Por último, se trató la Justicia restaurativa intrajudicial en Navarra con la jueza-decana de Pamplona, María Paz Benito, la fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Foral, Elena Cerdán, la coordinadora del servicio de Justicia Restaurativa ANAME, Maite Virto, y la jefa de la sección de Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra, Belén Garayoa.