El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha subrayado y puesto en valor hoy el “modelo de participación pública” con el que cuenta la ejecución penal en Navarra; una participación que se encauza a través de un órgano de reciente creación, como es la Mesa Penitenciaria. Ese carácter participativo se ha complementado con la “institucionalización” que se ha llevado a cabo al configurarse el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra; y va a permitir afrontar “grandes retos” en sanidad penitenciaria, una vez asumida su competencia.

Así lo ha señalado Eduardo Santos en el marco de las XXIII Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria de la Abogacía Española, que bajo el lema “Derechos también en prisión” ha organizado el Consejo General de la Abogacía Española en la Ciudad de Lugo.

Santos ha acudido invitado por dicho Consejo General, participando en una ponencia compartida con el director general de Justicia de la Xunta de Galicia, Juan José Martín Álvarez.

El consejero ha hecho un repaso de los principales hitos que ha supuesto, para la Comunidad Foral de Navarra, la asunción de las competencias en Sanidad Penitenciaria, así como de los importantes retos que se plantea el Gobierno navarro.

En ese sentido, Santos ha destacado la implementación de servicios de salud mental y atención a la drogodependencia en el interior de la prisión.

Próxima creación de la Comisión de Coordinación

Próximamente, ha anunciado Eduardo Santos, se reunirá una Comisión de Coordinación, mixta entre el Estado y Navarra y prevista en el convenio, que tendrá como objetivo abordar la integración de los elementos y servicios de Salud de la Comunidad Foral “dentro del funcionamiento normal de Instituciones Penitenciarias”.

Santos ha recordado que el traspaso de las competencias en materia de sanidad penitenciaria obedece a la voluntad política de los partidos firmantes del acuerdo de legislatura para un gobierno progresista 2019-2023, y ha destacado la “estrecha colaboración” encontrada en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El consejero ha remarcado el trabajo interdepartamental, con las áreas de Salud, Hacienda y Justicia en coordinación; y ha subrayado el “impulso decisivo” de la Dirección General de Justicia, junto a Instituciones Penitenciarias.

Pieza clave en las líneas estratégicas del modelo

La asunción de las competencias en materia de sanidad penitenciaria es una pieza clave dentro de las Líneas Estratégicas del Modelo de Ejecución Penal en Navarra; y es que permite implementar acciones encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas presas en el centro penitenciario de Pamplona. Unas acciones que se reflejaban específicamente en el documento presentado en febrero de este año, y que fue fruto de la labor de un grupo de trabajo interdisciplinar que desarrolló sus estudios y debates durante más de medio año.

Para la coordinación de esas acciones sanitarias, así como del resto de iniciativas que se encaminan fundamentalmente a la reinserción y la mejora de las condiciones de vida de la población reclusa, se creó el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra, dependiente del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, a través de la Dirección General de Justicia.

El Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, además, es responsable de coordinar los trabajos de la Mesa Penitenciaria: un órgano de participación de diferentes colectivos y entidades que trabajan con la población reclusa de Pamplona.

El objetivo de esta Mesa Penitenciaria es abordar con estas entidades las cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y la atención en el centro penitenciario de la capital navarra.

No quitar derechos a la población reclusa

Desde el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa se tiene como principio fundamental, en el caso de las personas condenadas a prisión, que no pierdan derechos (como a la salud o la educación) que sus condenas no les quitan. Por ello, y además de lo relacionado con cuestiones sanitarias, se desarrollan importantes programas de formación e itinerarios educativos (en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra).

El Servicio, según lo establecido por dicho documento de Líneas Estratégicas, se plantea como principio fundamental que se reduzcan, paulatinamente, las penas privativas de libertad, apostándose por su cumplimiento en régimen abierto; y que, de ahí, se pase a cumplir la pena en un régimen de libertad supervisada que permita a estas personas desarrollar su vida.

Ese paso al nuevo régimen de libertad supervisada se produciría, en todo caso, tras una adecuada evaluación de seguridad en su ámbito natural familiar, social y laboral.