El Gobierno foral ha adoptado, en su sesión de hoy, un acuerdo por el que manifiesta su disconformidad a la toma en consideración de una proposición de Ley Foral sobre Mediación presentada en el Parlamento por Navarra Suma.

Entre otros aspectos, el Ejecutivo considera que en la Comunidad Foral está más desarrollada en esta materia que lo que refleja el contenido de esta proposición; una Comunidad en la que la mediación y la justicia restaurativa en general han conocido, en los últimos años, un “importante desarrollo”, y donde han pasado a convertirse “en una política pública cada vez más consolidada, apoyada por el Gobierno, los operadores jurídicos y la sociedad civil organizada”.

La propuesta de Navarra Suma, señala el Ejecutivo, “apoyada en leyes con poca virtualidad y practicidad en estos momentos, resulta obsoleta y carente de sentido” para una comunidad “líder” en mediación y en justicia restaurativa. Y es que la proposición ignora toda la labor desarrollada en estos campos (“ni se hace referencia a ella para mejorarla, ni se la confronta por medio de criterios que pudieran considerarse mejor fundados en derecho, o en la experiencia práctica”, señala el acuerdo de Gobierno); y reproduce en buena parte de su articulado “leyes autonómicas como la de Cantabria y la de Cataluña”, normas que han visto reducida su utilidad a la luz de “fundamentales cambios legislativos” producidos desde su aprobación.

En ese sentido, continúa el acuerdo de Gobierno, “para que una ley propia en materia de mediación aporte valor frente a lo existente, no puede limitarse a repetir lo que dice una regulación estatal”, sino que se trata de “articular una regulación que ponga en valor y potencie las distintas iniciativas que en esta materia han ido surgiendo en nuestra Comunidad Foral en los últimos 15 años, unificándolas y racionalizándolas en un modelo integral de Justicia Restaurativa que forme parte del servicio público de justicia”.

Trabajo del Gobierno en esta legislatura

El acuerdo de Gobierno detalla que el Ejecutivo Foral viene “trabajando desde el principio de la legislatura” en una regulación propia, y detalla que, además, se han llevado a cabo acciones concretas como la potenciación de los servicios de mediación y justicia restaurativa, “ampliando su campo de intervención y asegurando su mantenimiento a pesar de las restricciones como consecuencia de la pandemia”; o la elaboración de un Protocolo Marco para todos los servicios o programas de justicia restaurativa, “que desde el mes de junio viene siendo compartido por el citado Departamento con todos los operadores jurídicos y sociales concernidos con el fin de que los cambios a que diera lugar se implanten, en todo caso, de forma progresiva y con la participación de todas las personas y entidades implicadas”.

El Gobierno recuerda además que dicho protocolo “ha servido como base a la licitación pública del servicio de justicia restaurativa, que a partir del próximo mes de enero debe ser renovado para otros cinco años al terminar en diciembre la vigencia del actual contrato”.

Navarra, además, ha colaborado con el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2020, y cuyo Título I se dedica íntegramente a regular los llamados Medios adecuados de solución de controversias (MASC); y será esa Ley estatal la que marque determinadas cuestiones a la regulación foral.

Un texto con errores y que “desconoce la transformación normativa”

Al respecto del texto concreto de la proposición, el acuerdo señala que “copiar de manera literal dos leyes con más de 10 años de antigüedad, desconociendo la transformación normativa vivida desde entonces, no solo no resulta de utilidad, sino que distorsiona los esfuerzos que, en los términos expuestos, debemos llevar a cabo para potenciar la mediación y la justicia restaurativa, cuyo desarrollo en Navarra es mucho más avanzado que lo que este texto legal refleja”.

Pero, además, se señalan diversos errores que se desprenden del articulado de la proposición, como el hecho de que “no tiene en cuenta la necesidad de regular la justicia restaurativa de acuerdo a las previsiones del Estatuto de la Víctima”; o que el texto “ignora la nueva conceptualización y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias que contempla el Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia”.

También se destaca como error que, al referirse a la posibilidad de que las personas incapacitadas podrán participar a través de sus tutores legales, su texto es “contrario a la recientemente aprobada Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la cual elimina de nuestro ordenamiento el concepto de incapacitación y de tutor legal”.

Por todo ello, el acuerdo de Gobierno es de disconformidad a la toma en consideración de la mencionada proposición de ley.