Navarra y el Estado han mantenido, este miércoles, una reunión de trabajo en la que han reafirmado su “estrecha colaboración” en materia de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa; y su “plena sintonía” para lograr un sistema penitenciario más humano.

Así lo han expresado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente Cuenca. Por parte de la Administración Foral, ha participado también en la reunión el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas.

El encuentro entre ambas partes se ha producido en el marco de la asunción de competencias de sanidad penitenciaria; pero ha servido para que el Gobierno de Navarra e Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, pusieran en común otras cuestiones relacionadas con los trabajos que viene realizando el Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, y las vías de colaboración abiertas entre ambas administraciones.

En ese sentido, cabe recordar que, en fechas recientes, se han formalizado convenios entre las dos partes, que regulan, entre otras cuestiones, el programa de Diálogos Restaurativos, que se va a llevar a cabo en el centro penitenciario de Pamplona, o el programa terapéutico para quienes cumplen condena por agresiones sexuales.

Unos convenios que vienen guiados por el convencimiento de ambas administraciones de que “la Ejecución Penal tiene como objetivo último, por mandato constitucional y por absoluto convencimiento humano, la reinserción de las personas que son condenadas”.

Fomento del tercer grado y trabajos en beneficio de la comunidad

Además, desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia se han planteado a Miguel Ángel Vicente Cuenca nuevas propuestas de colaboración, dentro de las competencias actuales de Navarra en Ejecución Penal, y que vienen marcadas por el documento de Líneas Estratégicas para un modelo navarro que se presentó el pasado mes de febrero. Entre otras cuestiones, se ha planteado la posibilidad de potenciar tanto el tercer grado, en el centro penitenciario de Pamplona, como las penas no privativas de libertad (los trabajos en beneficio de la comunidad, o TBCs).

Ambas administraciones coinciden en la necesidad de explorar todo el potencial de estas vías de trabajo, por lo que seguirán complementando esfuerzos en estas líneas. Desde el Gobierno de Navarra, por ejemplo, el consejero Santos ha informado a Miguel Ángel Vicente de la ronda de encuentros que viene manteniendo con alcaldes y alcaldesas de diferentes localidades, y en las que está encontrando “buena receptividad” al planteamiento de que las entidades locales ofrezcan trabajos en beneficios de la comunidad a través del Servicio Navarro de Ejecución Penal.

La coordinación de la asunción de la sanidad penitenciaria

En relación a la asunción de competencias de sanidad penitenciaria, es la Dirección General de Justicia la que está realizando la coordinación interdepartamental e interinstitucional que asegure que esta histórica asunción de la transferencia redunde en una atención médica integral de las personas presas.

Por ello, el consejero Santos ha detallado las acciones que han comenzado a implementarse para cumplir con el mandato que la Junta de Transferencias realizaba en su acuerdo: que la asistencia sanitaria penitenciaria implique actuaciones de carácter médico legal establecidas en la legislación penitenciaria, así como coordinación entre lo judicial y lo sanitario.