El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la directora general de Función Pública, Amaia Goñi, han mantenido este lunes un encuentro por videoconferencia con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en el que se ha compartido la experiencia de gestión de la crisis del COVID-19 y se ha abordado el  proceso de desescalada previsto por ambas administraciones para sus empleadas y empleados públicos. En la reunión, también han participado el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández, y el secretario general de Función Pública, Javier Rueda.

Ambas administraciones coinciden en la necesidad de establecer fórmulas para la regulación del trabajo no presencial a futuro y han mostrado su determinación por avanzar en la reducción de la tasa de temporalidad. Desde el Gobierno de Navarra se ha solicitado información  al Ministerio sobre la posibilidad de ampliación de plazos para la aprobación de las ofertas públicas de empleo cuyo plazo finaliza en 2020 con el fin de poder conformar y negociar su planificación adecuadamente.

La reunión se enmarca dentro de los encuentros bilaterales que la ministra ha iniciado con los consejeros y consejeras con competencias en materia de Función Pública para avanzar en asuntos comunes de su gestión y compartir la experiencia de los últimos meses en materias como gobernanza y empleo público. Reuniones bilaterales antes de la convocatoria, próximamente,  de la Conferencia Sectorial de Administración Pública que reunirá  a la ministra con todas las Autonomías.

Plan de Retorno del Gobierno de Navarra

El consejero Remírez ha repasado las principales líneas de gestión de la crisis del COVID-19 que el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha en materia de personal y ha recordado los objetivos prioritarios que persigue el plan de retorno para el personal de la Administración Foral: garantizar la seguridad y salud del personal, continuar con la prestación del servicio público, la protección del personal especialmente sensible, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la priorización de formas de  trabajo no presencial incluido el teletrabajo.