El Departamento de Derechos Sociales ha reforzado con medidas extraordinarias sus prestaciones económicas y va a aprobar nuevas iniciativas en los próximos meses para paliar las consecuencias sociales en muchas familias, y especialmente en las personas mayores y en las más vulnerables, derivadas de la epidemia de coronavirus.  La inversión adicional necesaria para estas medidas se estima en 14.2  millones de euros, de los cuales 7,8 millones han sido aprobados esta mañana por el Gobierno de Navarra.

La financiación necesaria se desglosa del siguiente modo: 7,2 millones de euros se destinarán a financiar a las prestaciones de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP); 5 millones adicionales para complementar la partida que financia la renta garantizada; 100.000 euros para albergues de personas sin hogar en Pamplona / Iruña y Tudela; 1 millón destinado a los servicios de base de las entidades locales; 500.000 euros para financiar desde los servicios sociales necesidades urgentes de la población; 185.000 euros en material y vales de compra de alimentación en situaciones de emergencias; y 184.851 euros de las cuotas mensuales que no se van a girar correspondientes a las escuelas infantiles del Gobierno de Navarra.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación para explicar las líneas de trabajo de su departamento en la crisis del COVID-19 y también se ha referido a la actuación en los centros residenciales. Ha estado acompañada por la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés, y por el director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Andrés Carbonero. 

Incidencia del COVID-19 en las residencias y actuaciones

En lo que respecta a la incidencia del COVID-19 en las residencias,  a día de hoy, según ha informado Maeztu, el número de positivos confirmados en residencias de mayores asciende a 92 casos, de un total de 5.835 personas, lo que representa un 1,6% de los y las residentes. De las personas afectadas, 22 están hospitalizadas y 70 permanecen en las propias residencias. Las bajas de profesionales son, en este momento 266, de una plantilla total cercana a 4.000 personas, es decir un 6,6%.

En los que se refiere a la residencia de La Misericordia, la consejera ha informado de la reunión mantenida este martes con responsables del centro. En el encuentro se acordó intensificar la realización de pruebas diagnósticas en los casos de sospecha de contagio. Ayer se realizaron ya 70 test. También se acordó trasladar algunos casos positivos a la residencia Felix Garrido. Por último, el Departamento colabora con La Misericordia para habilitar el hotel AH San Fermín, de Burlada, para personas autónomas y sin síntomas de COVID-19  procedentes de este centro. Hoy mismo personal de Gobierno de Navarra ha visitado las instalaciones para comenzar el acondicionamiento.

Desde el Departamento de Derechos Sociales se está llevando a cabo el monitoreo de los demás centros residenciales que incluye, además de los centros de mayores, los de discapacidad (51) y también 32 congregaciones religiosas.

De ello se encarga un equipo propio del departamento compuesto por 2 médicos, 4 enfermeras y 7 terapeutas ocupacionales, de la Sección de Valoración de la Dependencia del Departamento de Derechos Sociales.  Para su atención cuentan con un refuerzo de enfermería del centro de salud de referencia, por cada zona geográfica, que se coordina con el equipo de Derechos Sociales.

Además de prestar asesoramiento, el Departamento ha previsto un apoyo específico a la de las residencias de Sangüesa/ Zangoza y Miranda de Arga con el nombramiento de dos enfermeras para el apoyo a la dirección de los centros.

Los centros residenciales con más necesidades cuentan con un refuerzo de enfermería del centro de salud de referencia, en coordinación con el Departamento de Salud que ha destinado 11 profesionales de enfermería y 5 auxiliares.

En cuanto al abastecimiento del material de protección, además del que proporciona Salud, el Departamento de Derechos Sociales ha adquirido 5.000 mascarillas quirúrgicas y 1.000 FFP2, para aprovisionar a los centros según las necesidades que se vayan presentando.

También ha puesto en marcha, en colaboración con Cruz Roja, un teléfono específico (el 948 20 64 41)  de atención psicológica a las familias que está activo de las 9 de la mañana a 8 de la tarde.

Por otra parte, se lanzó desde el propio departamento una convocatoria el pasado viernes 27 de marzo para crear una bolsa de trabajo a disposición de los centros que necesiten refuerzo de personal, para la que se han apuntado 2.876 personas.

Plan de choque para dependencia y familia

Los 7,2 millones adicionales que requiere la ANADP van a destinarse a actuaciones con personas mayores, discapacidad y menores. Entre otras, se incluye el coste de actuaciones ya llevadas a cabo como el acondicionamiento de la Residencia Fuerte Príncipe para alojar personas sin hogar o que viven en hacinamiento, con positivo confirmado, o la habilitación de la Residencia Felix Garrido, para mayores con positivo, procedentes de otros centros residenciales y que no requieren hospitalización. Esta última cuenta con capacidad para 52 personas. En los próximos días se pondrá en marcha un recurso similar para la zona de La Ribera, en las instalaciones del Balnerario de Fitero.

En concreto, las principales partidas de gasto responden a los casi 2 millones se van a emplear para la adquisición de mobiliario y equipos, acondicionamiento de espacios, material clínico, servicios de lavandería, limpieza y desinfección, productos de aseo, vestuario y calzado, con el que se ha aprovisionado a distintos centros.

También se ha calculado el coste del personal que ha tenido que ser contratado con motivo de las bajas laborales ocasionadas por el COVID-19 y para los distintos recursos puestos en marcha. Se prevé la contratación de 200 personas para labores de cuidado, limpieza, mantenimiento, cocina, así como a 15 profesionales sanitarios, con un coste que ronda otros 2 millones de euros.

En atención a infancia y familia, el departamento ha calculado el importe de las cuotas de las 7 escuelas infantiles propias que no se cobrará a las familias al quedar suspendida la actividad, que, según una primera estimación, asciende a 184.851 euros. Esta medida beneficia a 437 familias que son usuarias de las escuelas infantiles.

Renta Garantizada e inclusión social

En materia de inclusión social, se prevé un incremento estimado 5 millones de euros en Renta Garantizada, a partir del segundo trimestre del año, para dotar de unos ingresos mínimos a las familias aquejadas por la pérdida de empleo.

Desde el inicio del estado de alarma, se ha implementado el teletrabajo a todo el personal de la sección encargada de la gestión de la Renta Garantizada; se ha adaptado el trámite de solicitud y renovación a las presentes circunstancias excepcionales que vivimos. Así, desde los servicios sociales de base se está tramitando la prestación suprimiendo las entrevistas presenciales y se ha flexibilizado la entrega de documentación obligatoria, pudiéndolo hacer cuando finalice el estado de alarma. Con ello se ha agilizado la gestión hasta realizar el trámite en un plazo mínimo de tiempo.

Cabe recordar que, a finales de 2019, percibían la Renta Garantizada 12.900 familias.

También hay que reforzar con 500.000 euros la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia, que se gestionan a través de los servicios sociales de base. Este programa permitirá ayudar a las personas más vulnerables, en cuestiones como el pago de alquileres, suministros y alimentación.

El Departamento también va a destinar 185.000 euros para las tarjetas prepago y kits de productos de primera necesidad destinados a familias en situación de vulnerabilidad social y derivadas del estado de emergencia, como las familias cuyos niñas y niños contaban con becas de comedor. Este servicio se puede ampliar, en función de los nuevos casos identificados por los servicios sociales.  Se  han previsto 1.000 kits y algo más de 3.000 tarjetas de compra.

La consejera Maeztu también ha recordado que ha sido necesario poner en marcha recursos adicionales para personas sin hogar, dado que en las actuales condiciones de confinamiento no son suficientes las plazas en los Albergues municipales de Pamplona y Tudela, cofinanciados por el Gobierno de Navarra.

Así,  en colaboración con el  Ayuntamiento de Pamplona, se ha abierto un segundo albergue en la ciudad con capacidad para 40 personas. También se han iniciado gestiones con el Servicio Social de Base de Tudela para abrir otro albergue ubicado en el actual Albergue de Juventud de Tudela, sin actividad en este momento. Se estima una inversión  necesaria de 100.000 euros para atender esta necesidad.

También en la capital, la residencia juvenil Fuerte Príncipe se destina al alojamiento de personas con COVID-19 que no precisen cuidados hospitalarios, pero carezcan de hogar o no tenga las condiciones necesarias para realizar el aislamiento. De entrada se dispondrá de 20 plazas, ampliables si es necesario. Será el Departamento de Salud quien haga la derivación. Esta iniciativa se ha realizado de forma conjunta entre los departamentos de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; Políticas Migratorias y Justicia; Derechos Sociales; Salud; y Cultura y Deporte.

Refuerzo de los servicios sociales

Derechos Sociales ha previsto un doble soporte económico a la actividad de los servicios sociales de base. Por un lado, se añade 500.000 euros a la dotación inicial para distribuir entre los diferentes servicios sociales con la finalidad de incrementar las ayudas de emergencia.

A estas cantidad hay que añadir otra inversión de 1 millón de euros del Gobierno de Navarra para adaptar el trabajo telemático, personal y refuerzo del Servicio de Atención a Domicilio-SAD, que en su mayor parte gestionan las entidades locales a través de sus servicios de base.

Desde el departamento, se ha hecho especial hincapié en que estos servicios mantengan su actividad durante el periodo de alarma, respetando las normas de seguridad y protección, atendiendo de modo preferente mediante teléfono u otros medios telemáticos. Para facilitar la tarea de los profesionales se les ha remitido una guía con pautas de actuación que faciliten a los equipos su trabajo, especialmente intenso en estas semanas.

Los servicios sociales están atendidos por 1.100 profesionales, con distintos perfiles en educación social, trabajo social, personal administrativo y trabajado familiar. Este último colectivo, con 552 personas, representa la mitad del personal.

En este momento, son los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD), dirigidos a atender diversas necesidades en el ámbito domiciliario, los que más apoyos necesitan. El departamento ha remitido diversos documentos técnicos con medidas para la prevención y control de la infección por COVID -19 en los mismos, así como indicaciones sobre la coordinación entre los servicios sociales de base y los centros de salud, que permitirá identificar qué personas atendidas por el SAD tiene diagnóstico o sospecha de contagio y adoptar las medidas necesarias. Por otra parte ha procedido a la compra de material de protección que está siendo entregado a cada servicio social de base.

Voluntariado

Maeztu también se ha referido a las numerosas iniciativas ciudadanas surgidas para colaborar de forma voluntaria como refuerzo de los servicios que se están prestando o de futuras necesidades que pudieran surgir.

Desde el Gobierno de Navarra, en su plataforma de voluntariado ha incorporado una sección específica sobre la respuesta solidaria de la ciudadanía frente a la crisis del COVID-19, con el objetivo de poner en comunicación a las entidades sociales, servicios sociales y entidades locales con las personas voluntarias. La web ha recibido 20.216 visitas desde el decreto del estado de alarma y 2.809 personas usuarias.

En concreto, se han abierto cinco bolsas de voluntariado: cuidado comunitario (135 personas apuntadas), socio-sanitario (43 personas), informático/diseño 3D (43 personas), manejo de vehículos y maquinaria (60 personas) y textil (62 personas).

También se ha habilitado un espacio para recoger los ofrecimientos, propuestas, ideas tanto de entidades como de particulares. Una vez recibidos, desde el portal se canaliza a los diversos departamentos.

Por otra parte, desde el Gobierno de Navarra se están articulando medidas de colaboración con entidades de voluntariado organizado como Cruz Roja y DYA para garantizar la prestación de voluntariado seguro.