El Gobierno de Navarra trabaja en la regulación de nuevas fórmulas de colaboración entre administraciones y sector privado para la reactivación comercial y urbana en las localidades de la Comunidad Foral. El borrador del anteproyecto de ley, que desde este jueves, 2 de mayo, se somete a información pública, regula este mecanismo novedoso.

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha informado al Gobierno de Navarra, en su sesión de este martes, de los principales aspectos de esta fórmula, recogida en el anteproyecto de Ley Foral de las Áreas de Promoción Económica.

Los llamados BID (del inglés Business Improvement District), o su traducción castellana APE (Áreas de Promoción Económica) son un instrumento asociativo y de colaboración público-privada que surge en Toronto (Canadá) hace 50 años, y que se han expandido por todo el mundo desarrollándose, en Europa, principalmente en Reino Unido y Alemania. Las APE tienen como objeto dinamizar la economía, contribuir al desarrollo social y medioambientalmente sostenible de las actividades económicas, incrementar la competitividad de las empresas y mejorar el abastecimiento de bienes y servicios a la ciudadanía. Además de en los centros urbanos, este modelo es aplicable a otros entornos donde haya actividad económica y comercial, como los polígonos industriales o los destinos turísticos.

 El texto del anteproyecto de Ley Foral define las APE como las “entidades privadas, constituidas por los titulares de actividades económicas y los propietarios de inmuebles desocupados susceptibles de poder alojar actividades económicas situados en una zona geográfica delimitada, autorizada por los ayuntamientos, que tienen como objetivo la mejora del atractivo y competitividad de esa concreta zona, mediante la realización de actividades y prestación de servicios que, en todo caso, serán complementarios de los municipales”. 

Según el texto en desarrollo, las áreas de promoción económica  surgirían por iniciativa de los titulares de las actividades económicas de la zona, quienes constituirán una comisión promotora,  que realizaría la solicitud para la creación de la misma ante el ayuntamiento de la localidad correspondiente.

4 años de duración, rendición de cuentas

Si la administración local correspondiente aprueba su creación, preparan conjuntamente un plan de actuación y presupuesto que debe ser sometido a diferentes informes internos y, también, a información pública para conocimiento de la ciudadanía. Tras el proceso de ratificación, en su caso, por parte del pleno del ayuntamiento correspondiente, se formaliza el convenio. Dicho convenio detalla las actuaciones previstas, la forma de participación y control del ayuntamiento en los órganos del área, además de su duración que, de acuerdo con el texto del anteproyecto, no puede exceder los cuatro años. Esto último facilita la rendición de cuentas del mecanismo.

La mayor parte del presupuesto de la APE procede de las cuotas obligatorias de quienes van a beneficiarse de su actuación; esto es, de los titulares de actividades económicas en la zona y de la propiedad de inmuebles aptos para la actividad, aunque estuvieran desocupados. Esta medida busca superar el bajo nivel de asociacionismo que perjudica las actuaciones conjuntas, lo que constituye uno de los principales objetivos de la futura ley. Además de las cuotas obligatorias, el APE puede contar con otros ingresos como subvenciones y ayudas públicas, aportaciones y donaciones voluntarias y otros ingresos.

Los APE se constituyen en interlocutores directos ante las administraciones, proponiendo mejoras en su entorno, desde estrategias de movilidad urbana o de gestión de los espacios públicos, con actuaciones complementarias, nunca sustitutivas, a las de las administraciones públicas. Así, las entidades creadas desarrollan actuaciones como la captación de inversiones para mejorar el mix comercial y reducir el número de locales vacíos, la organización de eventos y espectáculos para dinamizar la demanda, la construcción de la imagen de marca, la mejora de la apariencia del paisaje urbano o la gestión compartida de servicios.

Cooperación flexible

El vicepresidente Ayerdi ha destacado la flexibilidad del modelo APE a las necesidades de cada zona y el valor de la cooperación obligatoria: “La forma jurídica que crea el APE sirve para resolver la falta de conciencia de miembros de un grupo, llamados free riders, que tiene intereses compartidos, pero que se beneficia de las acciones realizadas sin aportar a la organización”. Ha continuado explicando que, “en síntesis, son un instrumento dirigido a superar las limitaciones con que se encuentran las actuales herramientas de impulso del comercio urbano y de proximidad”.

Para las administraciones, las APE también presentan ventajas, especialmente para los ayuntamientos. Además de favorecer la regeneración económica de la ciudad, retienen el talento e incrementan el atractivo para nuevos negocios. Además, facilitan una comunicación fluida y directa con los agentes económicos situados en la APE, lo que hace más eficaz la aplicación de las políticas. Las administraciones supervisan las actuaciones de la APE, para alinearlas con el interés público.

El recorrido de la futura ley

El contenido del anteproyecto de ley foral ha sido sometido a consulta pública previa entre el 14 marzo y el 23 de abril y el próximo jueves, 2 de mayo, se abre el proceso de participación pública a través de la página web de Gobierno Abierto, que permanecerá abierto los próximos cuatro meses, período en el que la ciudadanía y asociaciones del sector afectadas pueden realizar aportaciones y sugerencias a su contenido.

El vicepresidente Ayerdi ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Sesión de Gobierno que el próximo 10 de mayo el Departamento de Desarrollo Económico, como continuación y concreción de la "II Jornada técnica: una propuesta para Navarra",  organizará una nueva sesión técnica de explicación del texto legal, abierta a las entidades y administraciones locales interesadas.