La delegación del Consejo ha estado encabezada por su vicepresidente, Fernando de la Rosa, que ha asistido acompañado por los vocales para Navarra, Claro José Fernández y Miguel Carmona, así como por Eduardo Perdiguero, jefe del servicio de Organización y Modernización Judicial del CGPJ. A la reunión también han acudido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, el Fiscal Jefe, Javier Muñoz, y los directores generales de Justicia, Roberto Rubio, y Modernización y Administración Electrónica, José Luis Menéndez.

El Gobierno de Navarra ha invertido en nuevas tecnologías más de 11 millones de euros desde que asumió las competencias en materia de Justicia en 1999. Una vez renovados los equipos e instalaciones, acomete ahora la creación de herramientas destinadas a la gestión, caso del Avantius, un programa diseñado para tramitar expedientes judiciales que, además, recoge todas las operaciones del trámite jurisdiccional en todos los órdenes e instancias y que está abierto a todos los agentes que puedan participan en el trámite, tales como la Fiscalía del Estado, médicos y psicólogos forenses y otros profesionales del sistema judicial.

También permite intercambiar información con otros sistemas instalados o que puedan instalarse en el futuro en órganos judiciales del resto de España, caso de los registros centrales. En la creación de estos programas, el Gobierno de Navarra colabora con el TSJN y la Fiscalía.

Además, el Gobierno de Navarra está promoviendo la puesta en marcha de programas que permitan la interactuación de los diferentes agentes que participan en el proceso (abogados, procuradores, forenses, trabajadores sociales, peritos, policías, etc). Así, el Gobierno está desarrollando el Portal de los Profesionales de la Justicia y avanza en el desarrollo de servicios telemáticos (oficina judicial virtual, registro civil, subastas judiciales, quejas y reclamaciones o empleo público en justicia).

Estas actuaciones se enmarcan en la política del Gobierno de Navarra de promoción de la Administración Electrónica, que ha conllevado avances como la creación de los registros electrónicos, las notificaciones telemáticas o la extensión de la firma digital entre los empleados públicos.