Este plazo de 20 años será efectivo para las viviendas cuya calificación provisional se haya solicitado a partir del 1 de abril de 2003. Durante dicho plazo, estas viviendas de protección oficial estarán sometidas al derecho de adquisición preferente por parte del Gobierno de Navarra. Según el informe, esta ampliación favorecerá la existencia de un mercado suficiente de viviendas de precio limitado durante este periodo, lo que contribuye a moderar los precios del sector residencial.

El texto del Decreto Foral señala que los esfuerzos de la Administración de la Comunidad Foral para promover un importante parque de viviendas de precio limitado al que puedan acceder las personas con ingresos económicos moderados ven reducida su efectividad por la merma que resulta de la salida este parque de parte de sus viviendas tras la descalificación de las mismas.

Asimismo, el informe afirma que la devolución de las ayudas públicas que implica la descalificación compensa contablemente las consignaciones presupuestarias realizadas en su día, pero no el esfuerzo de gestión que las administraciones han llevado a cabo para crear las condiciones en las que puedan edificarse las viviendas de protección oficial. De esta manera, el Gobierno considera insuficiente el plazo de 12 años para solicitar la descalificación voluntaria.