El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha aprobado la Orden Foral sobre condicionalidad reforzada, es decir, las normas que deberán cumplir las personas beneficiarias de ayudas de la PAC que reciban pagos directos, así como determinados pagos anuales del PDR. 

La condicionalidad reforzada es un requisito marcado por el Reglamento de la UE para que los Estados miembro lo apliquen con el objetivo de contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible mediante una mayor concienciación de los beneficiarios sobre la necesidad de cumplir unas normas para responder mejor a los retos de la sociedad en materia de medio ambiente, salud pública, fitosanidad y bienestar animal.

Esta nueva condicionalidad reforzada incluye aspectos de la condicionalidad tradicional aplicada hasta el año 2022, así como algunos aspectos novedosos, e incorpora también las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“greening” o pago verde) del anterior periodo de la PAC.

En concreto, la Orden Foral de Condicionalidad Reforzada publicada hoy en el BON contempla diferentes Requisitos Legales de Gestión (RLG) y Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM). Los RLG están encaminados, entre otras cosas, a la protección de las aguas contra la contaminación de nitratos, la protección de los hábitats y la fauna silvestre, la seguridad alimentaria o la prohibición de determinadas sustancias de efecto hormonal, entre otras cosas. Por otra parte, las BCAM establecen la creación de franjas de protección en las márgenes de los ríos, la fertilización sostenible o prácticas para la protección de humedales y turberas, entre otras.