El Gobierno foral ha adoptado, en su sesión de hoy, un acuerdo por el que toma en consideración el anteproyecto de Ley Foral del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que ahora se remitirá al Consejo de Navarra. 

Fue sometido al trámite de exposición pública y participación pública el entre 9 de abril al 30 de mayo 2021.

Su objetivo principal es adecuar la actual normativa a los cambios de hábitos de consumo que se han producido en los últimos años, y a los objetivos de desarrollo sostenible.

En concreto, han transcurrido casi quince años desde la promulgación y entrada en vigor de la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio. Durante este periodo la realidad social sobre la que opera la normativa de protección a las personas consumidoras y usuarias ha cambiado profundamente, al mismo tiempo que se ha producido una importante ampliación de la legislación tanto nacional como europeo en la materia.

Además, existe un mercado de consumo de carácter tecnológico con un incremento considerable de las contrataciones a distancia o fuera de establecimiento comercial.

Por otro lado, los objetivos de desarrollo sostenible hacen que exista la necesidad de considerar y promover el consumo responsable, integrando en él la cultura de la información recíproca, y de la consciencia responsable en todo acto de consumo, con el fin de entregar a las generaciones venideras un mejor entorno ambiental y socioeconómico.

Contenido del anteproyecto

El anteproyecto adquiere el carácter de un verdadero estatuto de las personas consumidoras y usuarias, desarrollando los derechos que como tales les asisten ahondando en la regulación tuitiva de estas personas, especialmente de las más vulnerables.

Además, se despliegan mecanismos de protección de estos derechos en los ámbitos de la resolución extrajudicial de conflictos y la vigilancia del mercado.

Por otro lado, promueve la competencia como un elemento básico para el avance de las economías de mercado modernas. Su estimulo ocasiona una mejor asignación de recursos y favorece fuerzas dinámicas del mercado, de modo que se fortalece la eficiencia económica, y aumenta el bienestar de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios. La competencia induce a una mayor productividad y competitividad del tejido económico, por lo tanto, a una mayor desarrollo económico y social.

Por último, se establece una nueva regulación de la potestad sancionadora en consonancia con la normativa básica del Estado, y se incorporan las potestades inspectoras desarrolladas en el Reglamento de Vigilancia de Mercado de la CE, creando estructuras fuertes que afiancen la consecución de los objetivos propuestos, con la suficiente autonomía e independencia en su funcionamiento.