La Comisión de Coordinación de la Sanidad Penitenciaria en Navarra, órgano paritario y mixto entre el Gobierno Foral y el Estado, se ha constituido formalmente este viernes, en una reunión celebrada en Pamplona y en la que han participado, de manera excepcional, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, y la consejera de Salud, Santos Induráin. Ambos han querido así estar presentes en la constitución del órgano que servirá para coordinar con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la atención sanitaria a las personas reclusas de la cárcel de Pamplona.

Además de su constitución formal y oficial, la Comisión de Coordinación ha hecho especial hincapié en esta primera reunión en la necesidad de aunar esfuerzos para reforzar la atención en la salud de las mujeres presas. Entre otras cuestiones, se ha establecido la vía para que puedan acceder a las prestaciones de los Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSYR), en las mismas condiciones que el resto de la población femenina de la Comunidad Foral.  

Junto a los consejeros, han participado en esta sesión constituyente quienes integran la Comisión: tres representantes del Gobierno de Navarra y tres del Gobierno de España. En concreto, la representación navarra está compuesta por Manuel Carpintero, gerente de Atención Primaria, y Javier Apezteguía, director del Servicio de Asistencia Sanitaria al Paciente, ambos del Departamento de Salud; y por Jorge Ollero, director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa de la Dirección General de Justicia.

Por parte del Gobierno de España, y en concreto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, componen esta comisión Carmen Martínez Aznar, subdirectora general de Sanidad Penitenciaria; Enrique Acín García, jefe de Área de Salud Pública de la Subdirección  General de Sanidad Penitenciaria; y Enrique Soto Rico, Director del Centro Penitenciario de Pamplona.

Creación de protocolos comunes

En esta primera reunión, y además de lo ya mencionado, la Comisión ha abordado los protocolos de comunicación y coordinación entre ambas administraciones, la comunicación de incidencias sanitarias o la coordinación sanitaria con los itinerarios de reinserción. Del mismo modo, se ha establecido la participación en la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de la jefa del servicio médico.

También se ha informado a los miembros de la Comisión del inicio de la vacunación frente al COVID-19, en su tercera dosis, entre la población reclusa de Pamplona. El arranque de la administración de esta tercera dosis comenzó el lunes, cuando se ofreció a las personas presas, y empezó su administración entre quienes así lo solicitaron.

Por otro lado, en la reunión de hoy se han establecido mecanismos de coordinación en el ámbito de la gestión de la salud mental y adicciones, dentro del Programa de Atención Integral de Enfermos Mentales y del Grupo de Atención al Drogodependiente; así como en relación al COVID-19.

En cuestión de salud mental la prioridad es aumentar la conexión entre los servicios médicos y sociales. “Las personas suelen tener problemáticas sociales interrelacionadas con las sanitarias, lo cual hace que el tratamiento médico no surta éxito si no se atienden las necesidades de inclusión social”, explican desde el Departamento.

Por ello, se apuesta por la integración progresiva de las personas en la comunidad conforme a sus itinerarios de inserción. El Programa de Atención Integral a la Enfermedad Mental (PAIEM) es el proyecto adecuado para lograr este fin y se va a ver reforzado por la intervención del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa.

Además, la delegación navarra ha puesto sobre la mesa diversas cuestiones que las entidades de iniciativa social que trabajan en prisión han planteado a través de la Mesa Penitenciaria, constituida por el Gobierno Foral como instrumento de participación del tercer sector en el marco del modelo navarro de ejecución penal.

Establecida por el Real Decreto de traspaso de la competencia

La Comisión de Coordinación, de composición paritaria y constituida por seis miembros (tres designados por la Administración del Estado y tres por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra) es uno de los órganos que se establecían como necesarios en el Real Decreto 494/2021, de 6 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de sanidad penitenciaria.

El objetivo de la Comisión es garantizar la coordinación del ejercicio de sus funciones respectivas en el ámbito penitenciario del Ministerio del Interior y de los departamentos competentes del Gobierno de Navarra. En concreto, se encargará de la definición de los criterios generales de colaboración y cooperación entre ambas administraciones para el correcto desempeño de los servicios sanitarios penitenciarios.

Tal como establece el mencionado Real Decreto, en el seno de la Comisión de Coordinación la Administración del Estado y la autonómica coordinarán las actuaciones necesarias en materia de salud pública, para asegurar su cumplimiento en el medio penitenciario.