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18-00543

  • Nº Expediente 18-00543
  • Nº Resolución 01231/18
  • Fecha resolución 19-06-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Relación de causalidad 11;11.1
  • Materia 2
    • Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra; Supuestos de inadmisibilidad 10;10.2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Real Decreto Legislativo
    • Título 6/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
    • Tipo 2
    • Número 7
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Indemnización por daños sufridos en vehículo como consecuencia de la colisión con un jabalí que irrumpió en la calzada.
  • Resumen Accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas. Se rigen por la legislación de seguridad vial; distintos títulos de imputación no excluyentes al conductor, al titular del aprovechamiento cinegético o propietario del terreno y al titular de la vía. En función del título de imputación cabe que la competencia corresponda a la jurisdicción civil o a la contencioso-administrativa. Exigencia de responsabilidad a una entidad local como titular del coto de caza; competencia del Tribunal Administrativo de Navarra. Debe acreditarse que el accidente fue consecuencia directa de una acción de caza.
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00543, interpuesto por DON …………, en nombre y representación de “………… S.A.”, contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE TUDELA de fecha 9 de febrero de 2018, sobre denegación de indemnización por daños sufridos en vehículo como consecuencia de la colisión con un jabalí que irrumpió en la calzada.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    .- Con fecha 18 de octubre de 2017 la mercantil recurrente formuló ante el Ayuntamiento de Tudela reclamación de responsabilidad patrimonial por daños causados a un vehículo por colisión con un jabalí producida el 27 de noviembre de 2016. Dicha reclamación fue desestimada mediante Resolución de Alcaldía de 9 de febrero de 2018.

    .- Contra dicho acto se interpuso recurso de alzada ante este Tribunal.

    .- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra (LFAL), en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, en la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    .- Mediante Providencia Resolutoria número 140, de 23 de mayo de 2018, se tuvo por comparecida como tercera legitimada a XXXX, S.A.

    .- Por las partes no se ha propuesto la práctica de diligencias de prueba distinta de la aportación de los documentos que figuran en el expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Admisibilidad del recurso de alzada.

    El artículo 22.1 del citado Reglamento de desarrollo de la LFAL dispone que “la resolución declarará la inadmisibilidad del recurso de alzada en los casos siguientes: g) Cuando el recurso tenga por objeto actos no susceptibles de impugnación”. Conforme al artículo 333.1 de la LFAL son susceptibles de recurso de alzada ante este Tribunal “los actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra sujetos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa”. La tercera legitimada solicita la inadmisión del recurso de alzada alegando que la acción de responsabilidad que ejerce la recurrente ante el Ayuntamiento de Tudela tiene carácter civil y su enjuiciamiento corresponde, por tanto, a la jurisdicción civil y no a la contencioso-administrativa. Se trata, esta, la responsabilidad por daños producidos en accidentes de tráfico ocasionados por especies animales, de una cuestión ciertamente compleja y que ha dado lugar a multitud de posiciones doctrinales y jurisprudenciales, en este segundo caso a través de sentencias dictadas tanto en la jurisdicción civil como en la contencioso-administrativa.

    Esta materia ha sido objeto de una regulación específica. El artículo 86.1 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra (LFCP), en la redacción dada por Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, dispone que “los daños causados por la fauna cinegética en accidentes de carretera, se indemnizarán de acuerdo a lo establecido en la normativa básica sobre seguridad vial”. Por su parte, la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (TRLSV), cuya redacción proviene de la Ley 17/2005, de 19 de julio, modificada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, establece lo siguiente:

    Disposición adicional séptima. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.

    En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.

    No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

    También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”.

    Esta norma contiene, no uno, sino varios títulos de imputación de la responsabilidad por los daños que produzcan especies cinegéticas en accidentes de tráfico, como explica con detalle la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León número 361/2011, de 11 de febrero (JUR 2011\145982), que, pese a su extensión, merece la pena reproducir parcialmente. Según dicha sentencia, existen hasta tres títulos diferentes de imputación en estos casos en la redacción actual de la citada disposición adicional séptima, aunque se refiere a una cuarta al tener en cuenta la redacción primitiva del precepto (los subrayados son nuestros):

    «QUINTO.- Posición doctrinal de esta Sala.

    Así las cosas, y sin perjuicio de considerar que estamos ante accidentes de esta naturaleza no sólo cuando exista atropello del vehículo al animal sino también cuando se producen vuelcos, salidas de la vía y otros análogos que reflejen el intento por parte del conductor de evitar la colisión, esta Sala parte de dos principios que han de inspirar la determinación de la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas:

    I) El primero es que no nos encontramos ante un sistema de responsabilidad objetiva (por la mera producción del daño causado por la sola presencia de una especie cinegética en la calzada), ni de responsabilidad cuasi-objetiva (salvo culpa exclusiva del conductor o fuerza mayor), ni siquiera objetiva atenuada (con presunción de culpa del titular del aprovechamiento cinegético, propietario del terreno, o titular de la vía pública), pues tanto la existencia del coto como la conducción de un vehículo de motor son susceptibles de generar una situación de riesgo, sino que nos encontramos ante un genuino sistema de responsabilidad por culpa que, de entrada, supone aceptar la posibilidad de que no haya declaración de responsabilidad por no acreditarse culpa o falta de diligencia de alguno de los potenciales intervinientes, y de admitir, por tanto, que existan daños personales y patrimoniales ocasionados en accidentes de tráfico por atropello de especies cinegéticas que no sean indemnizables por no ser exigibles a terceros, lo que en sede contencioso-administrativa se traduce en el deber jurídico de soportar el daño por parte del perjudicado.

    Aún aceptándose las consideraciones que las diversas Audiencias Provinciales efectúan sobre la caza como actividad de riesgo versus beneficio (principio general del derecho "qui sentit comodum sentire debet et incomodum"), y sin perjuicio de significar que también la conducción de un vehículo de motor entraña el correspondiente riesgo, entendemos que el legislador ha optado por un sistema cerrado de atribución de responsabilidad por culpa en función de diversos títulos no excluyentes de imputación, títulos primarios que no podemos desconocer por más que para su ulterior concreción haya que acudir en cada caso a la correspondiente normativa sectorial estatal o autonómica (circulación, caza, carreteras), y es que:

    a) La mera existencia de una actividad considerada como de riesgo no es suficiente para crear sin más un sistema de responsabilidad objetiva o cuasi-objetiva, sino que es necesario que así se establezca por el legislador. Por ejemplo, en el ámbito de la navegación aérea el artículo 120 de la Ley 48/1960, de 21 julio 1960, sobre Navegación Aérea, señala -criterio de responsabilidad objetiva- que "La razón de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente o daño y procederá, hasta los límites de responsabilidad que en este capítulo se establecen, en cualquier supuesto, incluso en el de accidente fortuito y aun cuando el transportista, operador o sus empleados, justifiquen que obraron con la debida diligencia", y en el ámbito de la circulación de vehículos a motor, estrechamente vinculado con los supuestos que aquí nos ocupan, el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, pese a establecer en su apartado 1 el principio general de que el conductor de vehículos a motor es responsable "en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación", ulteriormente fija los contornos de dicha responsabilidad distinguiendo además entre los daños a las personas -sistema de responsabilidad cuasi-objetivo, de la que el conductor sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo-, y los daños en los bienes -sistema genuino de responsabilidad civil por culpa según lo establecido en los arts. 1.902 y siguientes del Código Civil, arts. 109 y siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esa ley-.

    El propio artículo 12.2 de la Ley de Caza de Castilla y León establece dicho sistema de responsabilidad cuasi-objetiva respecto de los daños producidos por las piezas de caza en terrenos vedados al señalar que "La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá en los terrenos vedados a sus propietarios", o respecto de los daños producidos por los cazadores ("Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que cause cazando, excepto cuando el hecho sea debido a culpa o negligencia del perjudicado", artículo 17.1 );

    b) No cabe tampoco entender que el sistema de responsabilidad objetivo o cuasi-objetivo viene complementado por el artículo 1906 del Código Civil pues ya la STS de 27 de mayo de 1985 declaró que "la Disposición final tercera de la Ley de cuatro de Abril de mil novecientos setenta (Ley de Caza) que contiene la Cláusula derogatoria, establece en su último párrafo que "quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente ley", entre las que, evidentemente, tiene que incluirse la del artículo mil novecientos seis del Código, cuyo sistema individualista-subjetivo de la responsabilidad del propietario, se opone al criterio objetivo que implanta la nueva ley, al margen de la acción u omisión directas que comportan la mediación de culpa que es preciso probar; sin que a ello pueda ser obstáculo la remisión del artículo treinta y tres, dos, de la ley especial "a las prescripciones de la legislación civil ordinaria", específicamente concretada a "la exacción de estas responsabilidades" es decir, al modo, forma y procedimiento, que es lo que deberá ajustarse a dichas prescripciones, pues el término "exacción" según el Diccionario de la Real Academia Española, significa la "acción y efecto de exigir", que no puede confundirse con las causas, razones o fundamentos sustantivos en que se basa la exigencia".

    Por otro lado, la STS de 22 de diciembre de 2006 también pone en cuestión la aplicabilidad a estos supuestos del artículo 1906 del Código Civil al señalar que "Ni siquiera era aplicable el artículo 1906 del mismo Código, que para dar solución a un conflicto de intereses entre las actividades agrícola y cinegética, afirma la responsabilidad del propietario de una heredad de caza por el daño causado por ésta en las fincas vecinas. No ya porque el descrito en la demanda se hubiera causado en un automóvil y en la salud de las personas que lo ocupaban, sino porque no fue producido por piezas de caza procedentes de terrenos sometidos a aprovechamiento cinegético común (artículo 9 de la Ley 1/1970), caso en el que el artículo 35.3 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, remite a lo dispuesto en el Código. Como se expuso antes, los terrenos de que salieron los jabalís eran objeto de un aprovechamiento cinegético especial, como coto de caza (artículos 6, 8.2 y 16 de la Ley 1/1970)".

    c) En materia de caza, las sucesivas modificaciones legislativas anteriormente expuestas van dirigidas, precisamente, a poner fin al sistema de responsabilidad objetiva que se venía deduciendo del artículo 33 de la Ley de Caza y su Reglamento, preceptos que, en efecto, no han sido expresamente derogados, y que de hecho siguen vigentes para los supuestos de daños originados por piezas de caza en (dentro de) los terrenos cinegéticos o en (dentro de) los refugios de fauna (por remisión del art. 12.1 de la Ley de Caza de Castilla y León, inciso inicial), pero que quedan sin efectividad por aplicación de lex specialis, estatal y posterior (Disposición Adicional Novena del texto articulado de la Ley sobre Seguridad Vial) cuando nos encontramos ante el específico supuesto de daños en accidente de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas, accidentes que, por definición, se producen en vías y caminos de uso público, es decir, en las denominadas "zonas de seguridad" -no cinegéticas- mencionadas en el artículo 12.1 y descritas en el artículo 28.2.a) de la Ley de Caza de Castilla y León, quedando en principio fuera del ámbito de aplicación de esta Disposición Adicional Novena los accidentes de tráfico por atropello de animales que no tengan la consideración de especies cinegéticas, como los perros errantes o en general los animales domésticos asilvestrados -a salvo las matizaciones que respecto de estos puedan efectuarse si el accidente es consecuencia directa de las acciones previstas en el artículo 9.2 de la Ley autonómica (" Los animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de piezas de caza. No obstante, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños, o de equilibrio ecológico, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente previo informe del Servicio Territorial "), siendo especies cinegéticas sólo las que reglamentariamente se definan como tales (artículo 7.1 ), sean o no además cazables conforme al artículo 7.3 de la Ley de Caza de Castilla y León (" Se consideran especies cazables aquellas, de entre las cinegéticas, que figuren en las correspondientes órdenes Anuales de Caza que dicte la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "), identificando el artículo 9.1 el concepto de pieza de caza con el de especie considerada como cazable por así haberse declarado en las órdenes anuales de Caza;

    d) La evolución legislativa hacia un sistema culpabilístico y la propia sistemática del precepto, con un título y tres párrafos, no parecen pueda amparar una interpretación objetivista como la que propugna la Audiencia Provincial de Burgos en el sentido de que, en una suerte de responsabilidad en cascada, sólo entrarían en juego los títulos de imputación de culpa respecto de los titulares del aprovechamiento cinegético y propietarios de terrenos contemplados en el párrafo segundo si -además- concurre imputación de responsabilidad al conductor, afirmando la responsabilidad en todo caso de los titulares del aprovechamiento cinegético en el supuesto de que no se pueda imputar al conductor incumplimiento de las normas de circulación. Si fuera así, no es lógico: (1) que una responsabilidad objetiva por riesgo -que sería imputable a la actividad y aprovechamiento cinegético- no se encabece con una declaración en tal sentido sino, justamente, con la descripción de la posible imputación de responsabilidad al perjudicado (conductor); ni (2) que la primera y única referencia a la responsabilidad de los titulares de aprovechamientos cinegéticos y propietarios de terrenos respecto de los daños personales y patrimoniales en estos siniestros vaya precedida por la locución "sólo serán exigibles", vinculando aquélla a que el accidente sea "consecuencia directa" de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. Por otro lado, la expresión "en estos siniestros", en párrafo, aunque seguido, distinto del anterior, no debe entenderse limitada exclusivamente a los accidentes de tráfico imputables a la culpa del conductor del párrafo primero, no sólo porque el término siniestro evoca una realidad fáctica, accidente de tráfico por atropello de especie cinegética al que se refiere el encabezado de la Disposición Adicional y el primer inciso del párrafo primero, más que a una valoración jurídica, ese mismo accidente imputable responsablemente al conductor por incumplimiento de las normas de circulación, sino porque dicha tesis obligaría a interpretar el párrafo tercero de la Disposición referido a la posible responsabilidad del titular de la vía pública: (1) bien extensivamente en la misma línea objetivista de los párrafos anteriores, de suerte que el titular de la vía sería siempre responsable -se entiende, aunque no se diga en el precepto, que solidariamente con los titulares de los aprovechamientos y propietarios de terrenos- si no concurre culpa (total o parcial) del conductor, y sólo si concurriese dicha culpa en el conductor sería responsable (" en estos siniestros") si el accidente se produce -además- "como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización", interpretación que sin embargo es contraria al espíritu al que supuestamente responde la -inexistente- declaración de responsabilidad por riesgo, pues el titular de la vía en modo alguno obtiene provecho o beneficio de la actividad cinegética; o bien (2) desvincularlo totalmente de los párrafos anteriores y de la tesis objetivista que los inspiraría, e interpretarlo restrictivamente como si fuera un criterio de imputación autónomo respecto de los accidentes descritos en el título de la Disposición Adicional, no en el párrafo primero y segundo (accidentes siempre imputables, en todo o en parte, al conductor), interpretación que, sin embargo, contradice no sólo la lógica y global interrelación que ha de predicarse de todos los párrafos que integran un precepto en función de su propio encabezamiento, sino la expresión con que se inicia el último párrafo de que "También podrá ser responsable", fórmula que no revela sino una continuidad y propósito de acotar todos los posibles títulos de imputación de responsabilidad en accidentes de esta naturaleza pero teniendo en cuenta los ya establecidos en los párrafos anteriores.

    En definitiva, la interpretación literal, teleológica y sistemática de la Disposición nos lleva a considerar que se ha pretendido establecer una serie de títulos de imputación de responsabilidad potencialmente yuxtapuestos y no excluyentes entre sí y, desde luego, sin orden de preferencia o prevalencia entre ellos, lo que, como ya hemos dicho, podría determinar la inexistencia de declaración de responsabilidad por ausencia de concurrencia de alguno de los criterios de culpabilidad fijados con la consiguiente falta de indemnización de los daños materiales del vehículo y personales del conductor, excluidos ambos del ámbito del seguro de suscripción obligatoria; no podemos olvidar que los daños personales de los ocupantes siempre estarían cubiertos por el seguro obligatorio del vehículo o, en su caso, ante el supuesto de inexistencia de póliza de seguro obligatorio en vigor (a este extremo se refiere el atestado del caso que nos ocupa) por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin perjuicio de las facultades de repetición contra el tercero responsable o contra el propietario del vehículo no asegurado. Y

    II) La segunda consideración es la relativa a la carga de la prueba. En congruencia con lo hasta ahora expuesto esta Sala entiende que ni se puede en beneficio del conductor establecer un principio de presunción de culpa sobre el resto de los posibles implicados, ni cabe establecer unas reglas de distribución de la carga probatoria distintas a las fijadas con carácter general en el artículo 217 LEC , entre las que, no obstante, lógicamente se incluyen las reglas sobre la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes en litigio a que se refiere el apartado 6, y que nos llevan a una no coincidente valoración de la ausencia de prueba según sean los distintos títulos de imputación potencialmente concurrentes habida cuenta su diversa naturaleza, como seguidamente veremos.

    SEXTO.- Sobre los títulos de imputación de responsabilidad.

    I) El primer supuesto de atribución legal de responsabilidad en los accidentes de tráfico ocasionados por el atropello de especies cinegéticas que contempla la Disposición Adicional Novena corresponde al "conductor del vehículo cuando se le pueda imputar el incumplimiento de las normas de circulación". El precepto es similar al contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 19/2001, de 19 diciembre, y debe ser entendido en el sentido de que no basta con que se acredite el incumplimiento de las normas de circulación sino que es necesario que tal incumplimiento haya tenido incidencia causal en el resultado producido, es decir, que la infracción de las normas de circulación ha de ser de tal entidad que forme parte de la relación causa efecto del atropello, debiendo valorarse las circunstancias del caso para determinar la final atribución al conductor, en todo o en parte, de la responsabilidad respecto de los daños producidos, pero sin que su ausencia de culpa permita afirmar sin más -atribuir automáticamente- la responsabilidad de los demás potenciales implicados. El titular del aprovechamiento cinegético, el propietario de los terrenos o el titular de la vía deberán alegar, si a su derecho les conviniere, dicha falta de cumplimiento de las normas de tráfico por parte del conductor del vehículo (vgr. circular sin alumbrado obligatorio o a velocidad excesiva), y a ellos impone la norma la carga de la prueba (art. 217.3 LEC).

    Este título de imputación nos obliga a acudir a la normativa sectorial estatal de seguridad vial, la que recoge un catalogo de normas de conducta y de deberes exigibles a los conductores dirigidas a procurar una mayor seguridad en la conducción de vehículos. De entre ellas cabe destacar, en lo que ahora interesa, el deber de conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno (art. 9.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial), estar en todo momento en condiciones de controlar los vehículos (art. 11.1 ), o el establecido en el art. 19.1 de que "Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse"; en el mismo sentido el artículo 45 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, cuyo artículo 46.1 señala que "Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes: ...c) Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción en ella".

    II) El segundo título de imputación se refiere a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de terrenos, "cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar".

    Dada la alternativa que expresa la Disposición que venimos analizando, sí conviene significar con carácter previo que no podemos confundir entre: (1) el propietario del terreno sobre el que se constituye el Coto de Caza, entendido como titular del derecho real de dominio; (2) el titular del coto, que puede o no coincidir además con aquél, ya que el artículo 21.4 confiere legitimación para solicitar la constitución de un Coto de Caza o ser titular del mismo no sólo, y en determinadas condiciones, a los propietarios de los terrenos sino también a los titulares "de otros derechos reales o personales que conlleven el uso y disfrute del aprovechamiento cinegético, o bien como arrendatario o cesionario de los derechos de caza en aquéllos", sin perjuicio de la facultad de la Administración autonómica de "disponer del derecho cinegético de aquellos terrenos cuyos titulares no lo ejerciten, bien sea para su declaración como zonas de caza controlada o para su inclusión en cotos de caza, en los términos contemplados en los arts. 21 y 25 de esta Ley" (art 4, párrafo segundo); y (3) el titular del aprovechamiento cinegético (titularidad cinegética), que puede o no coincidir -en función de si hay o no cesión a terceros- con el titular del coto, señalando el artículo 4 que " Los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, en cuanto se relacionan con los aspectos cinegéticos de los terrenos, corresponden a los titulares de los derechos reales o personales que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza en dichos terrenos, quienes, no obstante, podrán cederlos a un tercero para que sea éste quien ostente la titularidad cinegética", insistiendo el artículo 19.3 en que "El ejercicio de la caza podrá ser realizado por el titular cinegético o por las personas por él autorizadas. En el caso de arrendamiento del aprovechamiento cinegético, estas facultades recaerán en el arrendatario", todo ello sin perjuicio de que "El arriendo, la cesión, el encargo de gestión, o cualquier otro negocio jurídico con similares efectos, de los aprovechamientos cinegéticos por los titulares de los cotos privados de caza, no eximirá a éstos de sus responsabilidad, como tales titulares, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, salvo acuerdo entre las partes" (artículo 22.2 ), precepto que no deja lugar a duda acerca de la distinción conceptual entre titular del coto y titular cinegético, entendiéndose por titular cinegético de un Coto de Caza "aquella única persona física o jurídica que haya sido reconocida como tal mediante Resolución del órgano competente" (artículo 15.4 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León).

    (…) Asimismo, debemos desechar la interpretación de la expresión "o, en su defecto" que la Disposición Adicional Novena proyecta sobre los propietarios de los terrenos como si se tratara de un supuesto de responsabilidad subsidiaria del propietario por insolvencia del titular cinegético, que sería además de responsabilidad objetiva por el mero hecho del dominio del terreno, lo que, quizá congruente con el sistema contemplado en el artículo 33 de la Ley de Caza, que emplea el término "subsidiariamente", no se compadece con la locución "o" indicativa de que la responsabilidad del titular cinegético y del propietario del terreno es excluyente entre sí, por lo que la expresión " o, en su defecto" , ha de interpretarse como "a falta o por inexistencia de" titular del aprovechamiento cinegético.

    (…) IV) Finalmente, el cuarto posible título de imputación se refiere al titular de la vía pública en la que se produce el accidente "como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización" . Esta posible causa de responsabilidad nos obliga a acudir a la legislación estatal y autonómica sobre carreteras y a la normativa estatal sobre circulación y seguridad vial.

    Así, en relación con el deber de la Administración de conservación de carreteras y vías públicas, ha de partirse de que con carácter general la Administración se encuentra obligada a la adecuada conservación de la carretera a tenor de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras ("La explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección", y en el mismo sentido el artículo 19.1 de la vigente Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León), y artículos 48.1 y 2 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (1. La explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección (artículo 15). 2. Las operaciones de conservación y mantenimiento incluyen todas las actividades necesarias para preservar en el mejor estado posible el patrimonio viario. Las actuaciones de defensa de la carretera incluyen las necesarias para evitar actividades que perjudiquen a la carretera, a su función o a la de sus zonas de influencia. Las actuaciones encaminadas al mejor uso de la carretera incluyen las destinadas a facilitar su utilización en las mejores condiciones de seguridad, fluidez y comodidad posibles), existiendo por otro lado la obligación de que en la calzada no existan obstáculos, encontrándose recogido en el art. 57.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, el principio de que se mantenga, en todo caso, expedita la calzada, así como el deber de la Administración de señalizar convenientemente la existencia de posibles obstáculos en la carretera que impidan o dificulten la circulación de los vehículos que por ella discurran.

    Por otro lado, el artículo 47 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , establece que "Los titulares de la vía fijarán, mediante el empleo de la señalización correspondiente, las limitaciones de velocidad específicas que correspondan con arreglo a las características del tramo de la vía. En defecto de señalización específica, se cumplirá la genérica establecida para cada vía", y el artículo 149 que "1. Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto de que se cumplan las normas de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes... 5. Los tipos de señales de advertencia de peligro, con su nomenclatura y significado respectivos, son los siguientes...P-24. Paso de animales en libertad. Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad”.

    En el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la STS de 17 de abril de 2007 señala que "Sobre la existencia de nexo causal con el funcionamiento del servicio, la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, así señala la sentencia de 14 de octubre de 2003 que: "Como tiene declarado esta Sala y Sección, en sentencias de 30 de septiembre del corriente, de 13 de septiembre de 2002 y en los reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo, que la anterior cita como la Sentencia, de 5 de junio de 1998 (recurso 1662/94), la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas, convierta a éstas, en aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico. Y, en la sentencia de 13 de noviembre de 1997 , también afirmamos que "Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala, como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla". En el mismo sentido las sentencias de 19 de septiembre de 2002 y 20 de junio de 2003, 7 de febrero y 6 de marzo de 1998, refiriendo estas últimas que no resulta tal responsabilidad de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, por el hecho de que la Administración ejerza competencias en la ordenación de un determinado sector o sea necesaria su autorización. Y en relación con supuestos de inactividad de la Administración, no resulta exigible a la Administración una conducta exorbitante, siendo una razonable utilización de los medios disponibles en garantía de los riesgos relacionados con el servicio, como se desprende de la sentencia de 20 de junio de 2003, lo que en términos de prevención y desarrollo del servicio y sus infraestructuras se traduce en una prestación razonable y adecuada a las circunstancias como el tiempo, lugar, desarrollo de la actividad, estado de la técnica, capacidad de acceso, distribución de recursos, en definitiva lo que se viene considerando un funcionamiento estándar del servicio ", doctrina que reitera la más reciente STS de 27 de enero de 2009 .

    Con carácter general pues debemos significar que concurre antijuridicidad del daño cuando el riesgo inherente al funcionamiento del servicio público (conservación de la vía en condiciones de circulación de vehículos y adecuada señalización) rebasa los límites impuestos por los estándares de seguridad jurídica exigibles conforme a la conciencia social, en función, al igual que ocurría respecto de los titulares de aprovechamientos cinegéticos y propietarios de terrenos, de circunstancias tales como el nivel de proliferación de las especies, usos, costumbres y hábitat natural de las mismas, intensidad del trasiego de animales en libertad y frecuencia (los atropellos se incrementan con la intensidad del tráfico hasta, quizá, un punto máximo en que el ruido y el movimiento de vehículos pueden tener un efecto disuasorio respecto de algunas especies), lesividad (más alta cuanto mayor sea el tamaño del animal) y tramos horarios de accidentes en la zona afectada -suelen ser más numerosos en franjas de luz insuficiente o noche-, así como señaladamente por la clase de vía pública de que se trate. Cabe recordar a estos efectos que la existencia o no de vallados en los márgenes de las carreteras -que en ocasiones únicamente trasladan el lugar del accidente y aumentan el efecto barrera si no se combinan con otras medidas como los llamados pasos de fauna, o aprovechando las estructuras transversales potencialmente utilizables para pasos seguros de animales como los drenajes de la carretera o accesos a puentes o viaductos- deviene especialmente exigible en las autovías en las que, como en las autopistas, tienen limitación de accesos a propiedades colindantes (aunque siempre exista la posibilidad de acceder a ellas por algún punto de su trazado, más probable si se trata de animales domésticos), no exigibles con carácter general respecto de las carreteras convencionales en las que, sin embargo, precisamente ocurren la mayoría de los accidentes en los que están implicados animales salvajes terrestres, y cuya instalación pues, y según las circunstancias concurrentes, podría limitarse a los tramos de mayor riesgo en función de los parámetros expuestos.

    Respecto del resto de dispositivos artificiales de disuasión, de eficacia no definitivamente contrastada, ya hemos mencionado los elementos acústicos, señales lumínicas o reflectantes, "ojos de gato", barreras de olor o repelentes olfatorios, cuyas operaciones de mantenimiento deberían desplegarse antes de los períodos críticos en los que se concentre el mayor número de colisiones. También podrían formar parte de las medidas de conservación la adaptación del hábitat en los márgenes de la carretera (franjas deforestadas; evitar la plantación de especies de arbustos y árboles que faciliten frutos comestibles u hojas especialmente apetentes para según que animales; o hileras de árboles y arbustos a lo largo de la valla en su caso existente que orienten a los animales hacia los pasos de fauna, reduciendo el peligro de que los grandes mamíferos intenten saltarla).

    En cuanto a la diligencia exigible sobre señalización de advertencia o aviso de presencia de animales en libertad debe valorarse no obstante que su saturación podría llegar a ser contraproducente ya que cuanto más numerosas son, menos atención prestan a ellas los conductores, por lo que su colocación puede estar más justificada sólo en los tramos en los que exista riesgo de colisiones o sólo en los períodos críticos de mayor movimiento de fauna, viéndose aumentada su eficacia si son luminosas y van acompañadas de señales de limitación de velocidad -o, según los casos, bandas rugosas que propicien la reducción de la misma-, incluso si emiten destellos sólo durante los periodos de máxima actividad de los animales según las especies, o se combinan con sensores de calor que detectan la aproximación de animales, activando la iluminación destellante de las señales de advertencia; no debemos olvidar que son más numerosos los accidentes que se producen en tramos de luminosidad considerados como noche, en los que a la sorpresa producida por la presencia del animal en la vía se le añade el factor nocturnidad.

    En estos casos, al perjudicado le basta con acreditar el nivel de siniestralidad y la ausencia o insuficiencia de medidas visibles o aparentes de conservación o ausencia o insuficiencia de señalización, correspondiendo a la parte demandada, en congruencia con lo hasta aquí expuesto, acreditar qué medidas ha adoptado, o intentado adoptar, así como la justificación de la elección por unas en defecto de otras de entre las posibles, y su razonabilidad y suficiencia al fin pretendido"».

    En lo que aquí nos interesa, hemos de concluir que, dependiendo del título de imputación de la responsabilidad, la cuestión deberá residenciarse en la jurisdicción civil o en la jurisdicción contencioso-administrativa. Es obvio que si la acción se dirige contra el conductor, corresponderá la cuestión a la jurisdicción civil (o, en su caso, a la jurisdicción penal si hubiera delito y conociera de la responsabilidad civil derivada del mismo). Como indica el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en Sentencia 50/2016, de 11 de febrero (RJ 2016\247): “Resulta, en efecto, patente que esa categoría de accidentes -en la que, ahora como antes, hay que entender también incluidos, si se quiere por analogía, los vuelcos, salidas de vía, colisiones con otros vehículos o atropellos de viandantes, que reflejen el intento del conductor de evitar la colisión con el animal- ha sido considerada por el legislador de 2014, siempre y ante todo, no como un tipo de «accidentes de caza», realización del riesgo creado por el aprovechamiento cinegético, sino como un tipo de «accidentes de circulación», realización del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor: utilizamos -se notará- palabras del artículo 1 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor; a cuya regulación hay que entender que se remite el párrafo primero de la hoy disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley de Seguridad Vial, a los efectos de integrar el régimen de la responsabilidad del conductor que dicha disposición establece. El que el valor del animal no sea indemnizable obedece, con seguridad, a su consideración como res nullius. Es una opción legítima del legislador asignar a una de las actividades de riesgo en concurrencia el coste (de aseguramiento) de los eventos dañosos que sean realización de riesgos típicos de tales actividades”.

    También tendrá naturaleza civil la reclamación formulada al propietario del terreno o al titular privado de un aprovechamiento cinegético. Por el contrario, con toda claridad, deberá someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa la responsabilidad patrimonial de la Administración titular de la vía.

    Menos evidente resulta la cuestión de la responsabilidad de una Administración Pública como titular de un aprovechamiento cinegético. El artículo 24.1 de la LFCP dispone que “las entidades locales podrán promover cotos locales en su término, con exclusión de los núcleos poblados y de otros terrenos acotados, y con independencia del carácter, público o privado, de la propiedad de los terrenos afectados”. El artículo 26 establece que los aprovechamientos de los cotos locales podrán adjudicarse directamente a una asociación local de cazadores, gestionarse directamente por la entidad local o adjudicarse en subasta o en concurso público. Este Tribunal ya ha señalado en resoluciones anteriores (como la número 594, de 31 de enero de 2012, confirmada por Sentencia 454/2012, de 29 de octubre, del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona, o la número 756, de 13 de abril de 2018) que los cotos de caza locales pueden considerarse como un servicio público, a los efectos de exigencia de responsabilidad patrimonial por daños producidos por su fauna, fuera del caso de los accidentes de tráfico. En el presente caso, hemos de tener en cuenta que la norma aplicable, la disposición adicional séptima del TRLSV, no hace responsable a la Administración titular del coto sino al titular del aprovechamiento cinegético, que puede ser la propia Administración o puede ser una persona jurídica privada. Hemos de interpretar que en el primer caso, siendo la Administración la titular del aprovechamiento, la responsabilidad será exigible en vía contencioso-administrativa. En caso de concurrencia de responsabilidades o de sujetos demandados, hemos de recordar la vis attractiva que tiene la jurisdicción contencioso-administrativa en virtud del artículo 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad”.

    En el presente caso, se exige la responsabilidad del Ayuntamiento de Tudela como titular del coto de caza. Es por ello que hemos de considerar procedente la vía administrativa de exigencia de responsabilidad patrimonial y, por tanto, que cae bajo la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y, también, de este Tribunal.

    SEGUNDO.- Régimen de la responsabilidad de la Administración.

    Con carácter general y respecto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, el artículo 106.2 de la Constitución Española establece que: "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo, el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

    No obstante, en el presente caso, como ya hemos señalado, no rige ese régimen de responsabilidad objetiva general sino que existe una norma específica, la disposición adicional séptima del TRLSV, a la que hemos de dar aplicación preferente, en virtud de la cual “será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél”. Por lo tanto, hemos de analizar si se producen dichas circunstancias.

    TERCERO.- Existencia de responsabilidad patrimonial municipal.

    No cabe duda de que el accidente que motiva este recurso se produjo ya que constan las diligencias realizadas por la Policía Foral y que describen los hechos como atropello de un jabalí por un vehículo que circulaba por la carretera NA-160. Se considera que la causa del accidente es la irrupción del animal en la vía, sin que el conductor pudiera evitar el atropello.

    La recurrente, empresa aseguradora que ha satisfecho la indemnización al titular del vehículo accidentado y que repite contra el Ayuntamiento de Tudela en ejercicio de la acción que le atribuye la legislación de seguros, mantiene que el accidente se produjo en un coto de caza cuya titularidad corresponde a dicha entidad local y en una fecha, el domingo 27 de noviembre de 2016, que era hábil para la caza mayor. Alega que fueron las batidas de caza realizadas el día del accidente y el día anterior las que provocaron que el jabalí implicado en el accidente se desplazara de su hábitat e invadiese la carretera.

    Por su parte, el Ayuntamiento solicita la desestimación del recurso alegando que el hecho de que el mismo día, hasta once horas antes del accidente, se realizara una batida de caza en la que ni se vieron ni cazaron jabalís no significa que el accidente fuera consecuencia directa de la caza. Indica que el jabalí es un animal nocturno y que el accidente se produjo a las 22.30 horas, por lo cual es más probable que el animal acabara de despertar y saliera en busca de alimento. Alega que no existe una presunción legal al respecto y que la recurrente no ha aportado pruebas de que el jabalí proviniera del coto del Ayuntamiento de Tudela y no de otros cotos cercanos.

    A la vista del expediente, podemos concluir que el mismo día del accidente hubo una batida de caza entre las 9 y las 11,30 horas, en la que solo se avistaron dos corzos, pero ningún jabalí. El accidente se produce a las 22:30 horas. El tiempo transcurrido entre la batida y el accidente parece indicar que no hay una relación directa entre uno y otro hecho. Recordemos que el legislador precisa que la responsabilidad del titular del coto solo surge cuando el accidente es “consecuencia directa” de la caza, y que la última redacción del precepto en cuestión limitó severamente esa responsabilidad. Como señalaba la citada Sentencia del Tribunal Supremo 50/2016, de 11 de febrero, “adviértase, en fin, que el tenor del párrafo segundo de la referida disposición adicional no impone limitar la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético exclusivamente al supuesto de «acción de caza» que en él objetivamente se describe: no excluye, por tanto, que aquél -como cualquier otra persona- pueda ser considerado responsable del accidente en aplicación de la norma general del artículo 1902 CC. Eso sí, sin presunciones en su contra de culpa ni de imputación objetiva a la misma del evento dañoso; y sin calificar como culpa la omisión de medidas para impedir la irrupción de las piezas de caza en las vías públicas que, atendidas las circunstancias del caso concreto, eran imposibles de adoptar, o cuyo coste de implantación, incluido el de sus potenciales efectos perjudiciales sobre la fauna cinegética (pensamos en el cercado o vallado perimetral del coto en su linde o lindes con vías públicas), superaba su previsible beneficio en la evitación del tipo de accidentes de que se trata. Pues todo eso es lo que, con seguridad, ha querido desterrar el legislador de 2014, al eliminar el supuesto de la «falta de diligencia en la conservación del terreno acotado» que contenía el párrafo segundo de la disposición adicional novena aplicable al caso de autos, y que tan profunda división generó en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales acerca de la carga y el contenido de la prueba correspondiente”.

    En todo caso, falta una prueba más concluyente, cuya carga corresponde a la recurrente, de que la invasión por parte del jabalí de la carretera donde se produce el accidente esté directamente relacionada con una batida de caza que se produce en un lugar cercano pero muchas horas antes.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos desestimar, como desestimamos, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Tudela de 9 de febrero de 2018 sobre responsabilidad por daños causados a un vehículo por colisión con un jabalí, acto que se confirma por ser acorde a derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria
Gobierno de Navarra

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