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18-00376

  • Nº Expediente 18-00376
  • Nº Resolución 01615/18
  • Fecha resolución 24-08-2018
  • Sección TAN Tercera
  • Materia 1
    • Contratación Administrativa; Ejecución 4;4.2
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título 6/2006
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Imposición de penalidades contractuales.
  • Resumen

    Las sanciones o penalizaciones impuestas a los contratistas con motivo de la ejecución de un contrato no son sanciones administrativas por lo que no es necesario seguir el procedimiento administrativo sancionador.

    La finalidad de la imposición de penalidades contractuales no es otra que asegurar el debido cumplimiento de los compromisos asumidos por el contratista. Es una prerrogativa que tiene la Administración Pública para compeler al contratista el cumplimiento de sus obligaciones.

    Dado que el motivo de las penalidades contractuales es la correcta ejecución del contrato, su imposición debe realizarse durante la ejecución del mismo. Por lo que no es posible la imposición de una penalidad contractual una vez finalizado el contrato.
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00376, interpuesto por DOÑA ..........., en nombre y representación de ..........., S.L.”, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del AYUNTAMIENTO DE CORELLA de fecha 25 de enero de 2018, sobre sanción por incumplimiento del contrato para la realización del servicio de poda de arbolado en lo referente al personal que debe ser destinado al servicio.

    Ha sido Ponente don Raúl-Antonio Cruzado Espinoza.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- El recurso de alzada se interpone contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Corella de 25 de enero de 2018, sobre sanción por incumplimiento del contrato para la realización del servicio de poda de arbolado en lo referente al personal que debe ser destinado al servicio.

    2º.- El Ayuntamiento de Corella remite el expediente y un informe en el que solicita la desestimación íntegra del mismo.

    3º.- No se propuso por las partes la realización de prueba.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- El objeto de la presente alzada es la imposición de la penalidad contractual impuesta a la empresa recurrente por el incumplimiento de su obligación de destinar a dos personas (podadores) en la prestación del servicio de poda de arbolado.

    La recurrente alega que se trata de un hecho aislado y puntual, que no causó perjuicio alguno y que no puede ser considerado incumplimiento de condiciones contractuales que amerite la imposición de una penalidad; por ello, solicita la anulación de la sanción.

    La entidad local señala que no se trata de un hecho aislado y que la misma se encuentra prevista en el Pliego de Cláusulas como falta leve.

    SEGUNDO.- Antes de entrar en el análisis de la penalidad contractual impuesta debemos exponer los siguientes hechos que se encuentran acreditados en el expediente.

    Con fecha 26 de octubre de 2016 las partes suscribieron un contrato de asistencia para el servicio de poda de arbolado en Corella. La duración del contrato era de un año, desde el día 26 de octubre de 2016 hasta el día 25 de octubre de 2017, por un precio de 16.486,00 euros (IVA excluido).

    Mediante resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Corella de 13 de septiembre de 2017 se inicia procedimiento sancionador contra la empresa interesada que finaliza con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Corella de 25 de enero de 2018 que impone a la adjudicataria una penalización de 250 euros por incumplimiento del contrato para la realización del servicio de poda de arbolado en Corella (acto objeto de la presente alzada).

    TERCERO.- En relación con las sanciones o penalizaciones impuestas a los contratistas con motivo de la ejecución de un contrato debemos señalar que no se tratan de sanciones administrativas por lo que no es necesario seguir un procedimiento sancionador ni tampoco su finalidad es el “castigo” a la empresa contratista.

    La finalidad de la imposición de penalidades contractuales no es otra que asegurar el debido cumplimiento de los compromisos asumidos por el contratista. Es una prerrogativa que tiene la Administración Pública para compeler al contratista el cumplimiento de sus obligaciones.

    Así, podemos citar la sentencia número 280, de 6 de octubre de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, en su fundamento de derecho tercero, señala:

    “(…) La doctrina jurisprudencial ha interpretado el concepto jurídico de las penalidades del contrato indicando que no son sanciones en sentido estricto, sino que constituyen un medio de presión para asegurar el cumplimiento regular de la obligación a modo de cláusula penal del artículo 1152 del Código Civil (...)”.

    Dado que el motivo de las penalidades contractuales es la correcta ejecución del contrato, su imposición debe realizarse durante la ejecución del mismo. Por lo que no es posible la imposición de una penalidad contractual una vez finalizado el contrato pues sería contraria a la propia naturaleza de esta figura jurídica ya que convertiríamos la misma en una sanción administrativa.

    En relación al momento en que deben imponerse las penalidades contractuales podemos citar la sentencia número 114, de 24 de abril de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en su fundamento de derecho tercero, señala:

    “Dicho lo anterior, la cuestión que se plantea en el presente recurso es si se puede imponer penalidades al contratista una vez ejecutada la obra y recibida la misma, como reconoce el propio Ayuntamiento de Coslada, recurrente en apelación.

    La imposición de penalidades es utilizada en la contratación administrativa como medio coercitivo ó de presión al contratista, que se aplica para asegurar el cumplimiento regular de las obligaciones contractuales dentro del plazo prefijado, buscando así la terminación de la obra en el tiempo previsto, por lo que reiteradamente se ha entendido, y así también lo ha dicho esta Sala en Sentencias de 16 de Septiembre del 2009 y 20 de Febrero de 2014 , que tales penalidades pueden imponerse una vez que el contratista incurra en mora durante la ejecución del contrato pero no una vez finalizada la obra, ya que como hemos expuesto su finalidad es intimar el debido cumplimiento del contrato y corregir los eventuales incumplimientos contractuales y no castigar conductas, al no tener estas penalidades naturaleza estrictamente sancionadora, por lo que perderían dicha finalidad. (...)”.

    En el presente caso el periodo de ejecución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Corella y la empresa recurrente era desde el día 26 de octubre de 2016 hasta el día 25 de octubre de 2017.

    Mientras que la penalización contractual se impuso mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Corella de 25 de enero de 2018, es decir, una vez finalizado el contrato. Por lo que procede la estimación del recurso de alzada.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Estimar el recurso de alzada más arriba indicado interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Corella de 25 de enero de 2018, sobre sanción por incumplimiento del contrato para la realización del servicio de poda de arbolado en lo referente al personal que debe ser destinado al servicio; acto que se anula por no resultar ajustado a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Roberto Rubio.- Gabriel Casajús.- Raúl-Antonio Cruzado.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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