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17-02111

  • Nº Expediente 17-02111
  • Nº Resolución 01063/18
  • Fecha resolución 31-05-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Otros 7;7.13
  • Materia 2
  • Materia 3
    • Urbanismo; Ejecución del planeamiento 16;16.3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título haciendas locales de navarra
    • Tipo 1
    • Número 36
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Impago de cuotas de urbanización en sistema de compensación.
  • Resumen Improcedencia de la derivación de la acción tributaria contra el adquirente de bienes afectos, una vez declarado fallido el deudor principal. Distinción entre el sistema público de cooperación y el privado de compensación. (Murchante).
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02111, interpuesto por DON D AAAAA y DOÑA S AAAAA contra dos resoluciones del AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE de fechas 31 de julio y 8 de agosto de 2017, sobre afección de inmuebles al pago de deudas por cuotas de urbanización y requerimiento de pago de las mismas.

    Ha sido Ponente doña María-Asunción Erice Echegaray.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- El Alcalde del Ayuntamiento de  Murchante, con fecha 31 de julio de 2017, dictó Resolución por la que dictó “acto administrativo de derivación de responsabilidad de la deuda pendiente, en concepto de cuota de urbanización (…)”, en relación con determinada finca (Las Coseras número  24), frente a don D AAAAA.

    Así mismo, dicho Alcalde, con fecha 8 de agosto de 2017, dictó Resolución del mismo tenor, en relación con otra finca, frente a doña S AAAAA.

    2º.- Contra dichos actos se interpuso por las citadas personas, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal.-

    3º.- Mediante providencia de Presidencia de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.-

    4º.- Mediante providencia resolutoria de este Tribunal se acordó tener a la persona en ella señalada, en representación de la Junta de Compensación del Sector correspondiente, por comparecida como tercera legitimada en el presente recurso de alzada.

    5º.- No se propuso por las partes la realización  de pruebas.-

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Debemos precisar que determinados preceptos invocados por la entidad local (y también por las demás partes) no son adecuados al caso que nos ocupa.

    En efecto, se conceptúa la acción que el Ayuntamiento está entablando para el cobro de cuotas de urbanización como una derivación de la acción tributaria, dirigida contra los, al parecer, adquirentes de terrenos afectos al pago de tales cuotas, en el marco de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra (LFHLN) y de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

    Sin embargo, tales preceptos invocados no son aplicables al caso. 

    SEGUNDO.- El artículo 36 de la LFHLN, encuadrado dentro de la Sección 2.ª, titulada “Ingresos de Derecho público”, del capítulo III, del Título I,  define lo siguiente:

    “Son cuotas de urbanización las prestaciones que los propietarios de los terrenos incluidos en unidades de ejecución urbanística deben abonar a las entidades locales para sufragar los costes de la urbanización efectuada, cuando el sistema de actuación, conforme a la legislación urbanística, sea el de cooperación”. (Todos los subrayados son nuestros).

    Pues bien,  en el caso que nos ocupa, el sistema de actuación urbanística no es el de cooperación (que, como recoge el artículo 175 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, es un sistema de actuación pública -en el que la urbanización la realiza el Ayuntamiento: en el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos”-), sino el compensación (sistema de actuación privada, en el que, según el artículo 161 del citado Texto Refundido, los propietarios realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan y se constituyen en Junta de Compensación). Prueba de que el sistema de actuación urbanística elegido es el sistema privado de compensación lo constituye la comparecencia en el procedimiento, como tercera legitimada, de la Junta de Compensación de la Unidad. Y, así mismo, a lo largo del expediente se observa que la deuda por gastos de urbanización es una deuda a la Junta de Compensación, por ser tal la encargada de urbanizar (así, por ejemplo, al folio 19 del expediente instruido ante este Tribunal)

    Por tanto, como quiera que el sistema de actuación urbanística elegido para la ejecución del plan que nos ocupa no es el público de cooperación (sino una privado, como se ha dicho), no son aplicables las prescripciones que, sobre la cuota de urbanización, como ingreso de derecho público de la entidad local, contempla la citada LFHLN.

    Repárese en que el citado artículo 36 de tal Ley Foral explica que las cuotas (en tal sistema público) se abonan, como es lógico, a la entidad local (que es la que realiza la urbanización).

    Pues bien, en el caso que nos ocupa, como queda dicho, los gastos  de urbanización se abonan a la Junta de compensación. Así lo recoge el citado Texto Refundido, así como los Estatutos de la Junta de Compensación, a los que luego nos referiremos.

    Así pues, dado que las cuotas o gastos de urbanización en el sistema de compensación no son tributos (y ni tan siquiera ingresos de Derecho Público), no puede hablarse del ejercicio por la entidad local de la derivación de la acción tributaria (haciendo incluso mención expresa de preceptos de la citada Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria), pues, como queda explicado, no estamos en tal ámbito.

    En efecto, el Tribunal Supremo, en sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10 de octubre de 2007 (RJ 2007\8564), afirma que:

    “Las cuotas urbanísticas debidas por los miembros de las Juntas de Compensación, aún cuando sean percibidas por los Ayuntamientos, por la vía de procedimiento de apremio y en virtud de disposiciones legales que puedan autorizarlo, no pueden tener la condición de ingresos de Derecho Público, por cuanto aquellos, aún cuando para su recaudación utilicen potestades administrativas reconocidas en la ley, sin embargo, no pueden disponer de los importes correspondientes a fin de satisfacer necesidades públicas, sino que han de entregarlos a las Juntas de Compensación, que son las entidades materialmente acreedoras”.

    TERCERO.- Por tanto, el marco en el que verdaderamente nos movemos es el siguiente.

    Establece el artículo 167.3 del citado Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo que:

    “3.  Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros podrán ser exigidas también por vía de apremio, previa petición de la Junta a la Administración actuante”.

    Y, sobre el particular, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección1ª), en sentencia núm. 1201/2012 de 5 octubre (RJCA 2012\793), nos explica lo siguiente:

    “SEPTIMO.- En el segundo de los motivos de la apelación formula la posible ilegalidad de la certificación de apremio y de la resolución de 10 de septiembre de 2009 de la Directora General de Gestión urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Indica que el Juzgado nº 1 de lo Contencioso de Madrid ha dictado Auto en el Procedimiento ordinario nº 22/2010 en un supuesto idéntico en el que admite la posibilidad de recurrir la certificación de deuda entendiendo que es un título ejecutivo y contra el que en fase de apremio no puede discutir aspectos de defectos de procedimiento o de contenido.

    El artículo 130 de  Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, prescribía:

    1. La Junta de Compensación será directamente responsable, frente a la Administración competente, de la urbanización completa del polígono o unidad de actuación y, en su caso, de la edificación de los solares resultantes, cuando así se hubiere establecido.

    2. Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros serán exigibles por vía de apremio, mediante petición de la Junta a la Administración actuante.

    3. El incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará a la Administración actuante para expropiar sus respectivos derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

    Por su parte, el artículo 181 del  Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto , por el que se aprueba el  Reglamento de Gestión Urbanística  para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, dispone:

    1. El incumplimiento por los miembros de la Junta de Compensación de las obligaciones y cargas impuestas por la ley y desarrolladas en este reglamento, incluso cuando el incumplimiento se refiera a los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, habilitará a la Administración actuante para expropiar sus respectivos derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

    2. Cuando el incumplimiento consista en la negativa o retraso en el pago de las cantidades adeudadas a la Junta, ésta podrá optar entre solicitar de la Administración actuante la aplicación de la expropiación al miembro moroso o interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía de apremio.

    Las cantidades percibidas aplicando este procedimiento se entregarán por la Administración actuante a la Junta de Compensación.

    3. No podrá instarse ninguno de los procedimientos señalados en el número anterior hasta transcurrido un mes desde el requerimiento de pago efectuado por la Junta de Compensación.

    4. El pago de las cantidades adeudadas a la Junta, con los intereses y recargos que procedan, realizado en cualquier momento anterior al levantamiento del acta de ocupación, dará lugar a la cancelación del expediente expropiatorio.

    5. El procedimiento de expropiación será el establecido en este reglamento para actuaciones aisladas.

    La anterior normativa expuesta, actualmente vigente y aplicable al presente caso enjuiciado de conformidad con lo expuesto en el Preámbulo de la propia  Ley 9/2001  (LCM 2001, 385 y LCM 2002, 61) , del Suelo de la Comunidad de Madrid, reconoce un privilegio para las Juntas de Compensación previstas en la normativa urbanística. Así, aparte de la facultad que tienen estas entidades de gestión de la ejecución del planeamiento de poder ejercitar acciones ante la Jurisdicción civil en cobro de las cantidades que le adeuden sus miembros, el  legislador de 1976  les reconoció la posibilidad de instar al ayuntamiento del municipio en que están constituidas para que éste pueda ejercitar la vía de apremio contra dichos integrantes de esa Junta para el referido cobro. Por lo tanto, sólo la Junta de Compensación es la que puede intimar a la referida administración pública para que pueda poner en funcionamiento un mecanismo exclusivo de dicha administración para el cobro, en este caso, de las cantidades que adeudan a aquella entidad colaboradora sus miembros por incumplimientos de sus deberes y cargas, a fin de que la Junta pueda así percibir las deudas que reclama a la mercantil en cuestión.

    Las Juntas de Compensación son el caso típico de autoadministración, pues por sí mismas gestionan también funciones que en principio son administrativas. Estas Juntas actúan en algunos momentos de la ejecución del planeamiento en lugar de la Administración Pública que ostenta la potestad urbanística y por encargo de ésta. Sólo en estos casos se benefician esos entes de privilegios administrativos, como es instar al ayuntamiento en cuestión la vía de apremio para el cobro de las cantidades que le adeudan sus componentes.

    Conviene, con carácter previo, precisar que en términos generales el procedimiento ejecutivo, en el ámbito administrativo, constituye un conjunto de actuaciones por el que se realiza la potestad que legalmente se atribuye a la Administración Pública a efectos de deducir la ejecución forzosa de sus actos, prerrogativa que permite a aquélla obtener la efectividad de sus resoluciones por sí misma ( art. 95 de la  LRJAP). La justificación del privilegio de la ejecutividad se encuentra en la presunción de validez de los actos administrativos ( art. 57.1 LRJAP ), presunción que es de carácter iuris tantum, lo que significa que en tanto no sea destruida por los interesados en vía de recurso o proceso judicial, el contenido del acto se considera válido y es susceptible de ejecución inmediata. Esta ejecución forzosa administrativa exige como presupuesto inexcusable la existencia de un acto previo, válidamente adoptado, que se configura como requisito de viabilidad para el uso del procedimiento ejecutivo. Uno de los medios de que dispone la Administración para ejercitar esa prerrogativa ejecutoria es el apremio sobre el patrimonio [ art. 96.1 a) LRJAP ], instrumento utilizado en los supuestos en que el acto que se trate de ejecutar tenga carácter tributario, o imponga una deuda de ingreso público de naturaleza pecuniaria. Siendo un procedimiento de ejecución que tiene por objeto hacer coactivamente efectiva la recaudación de las cantidades líquidas que, como ingresos de derecho público, haya de percibir la Administración. Este procedimiento se inicia con el título jurídico habilitante que inicia la ejecución contra el patrimonio del deudor, legitimando el desapoderamiento de sus bienes para hacer efectiva la deuda que tiene contra la Administración, título que está constituido por la denominada providencia de apremio y que tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial (art. 127.3   y  4   LGT).  Este acto principia el procedimiento y se emite una vez que finaliza el período voluntario sin que el obligado haya satisfecho la deuda impuesta en la resolución administrativa previa que sirve de soporte a la ejecución. Dentro del ámbito administrativo, el acto previo habilitante que sirve de fundamento jurídico a las actuaciones ejecutivas lo integra la liquidación (en otros la sanción), cuya legal emisión es el factor desencadenante de la obligación de pagar la deuda y, por lo tanto, del derecho de la Administración tributaria a cobrar por la vía de apremio. Y es que las liquidaciones, como actos administrativos que son, obligan al afectado desde el momento en que se le notifican, de ahí que si no se satisface su importe dentro del período voluntario reglamentariamente establecido, pueden ser ejecutadas de modo forzoso por la propia Administración, actuando contra el patrimonio del deudor hasta cubrir el importe total de las cantidades adeudadas. Por ello, la omisión o inobservancia de cualquiera de los requisitos que configuran los presupuestos del apremio, es decir, de las condiciones de validez del acto administrativo de liquidación, determina la improcedencia de acudir a este procedimiento de ejecución forzosa de la deuda. Es cierto que nos encontramos ante dos procedimientos autónomos pero la nulidad radical del que sirve de base a la fase de ejecución determina la invalidez de esta vía.

    Volvamos ahora al artículo 181.2 del  Reglamento de Gestión, el mismo señala, como dijimos, que cuando el incumplimiento consista en la negativa o retraso en el pago de las cantidades adeudadas a la Junta, ésta podrá optar entre solicitar de la Administración actuante la aplicación de la expropiación al miembro moroso o interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía de apremio.

    El análisis correcto de este precepto nos lleva a una doble distinción. Por un lado la determinación por parte de la Junta de la existencia de la deuda lo que se configura como un acto inter partes tal y como la  STS de 24 de mayo de 1994  (RJ 1994, 3907), y se recordó en la  STS de 17 de diciembre de 2008  (RJ 2009, 459) , puso de manifiesto al señalar que "Ciertamente el artículo 127.5 del  Texto Refundido de la Ley del Suelo  establece que los acuerdos de la Junta de Compensación serán recurribles en alzada ante la Administración actuante; pero ello no significa que toda decisión de dicho Órgano tenga que ser controlada por la Administración, sino tan sólo aquella que afecte a la actividad administrativa, pues la razón de ser de dicha fiscalización no descansa tanto sobre la Entidad tutelada como sobre la actividad que aquélla realiza, de suerte que cuando la misma incida en la gestión urbanística debe entrar en juego la Administración que ostenta la tutela, mas cuando, como ocurre en el presente caso, referido a una simple reclamación de cantidad, la actividad de que se trata es ajena a la Administración actuante ningún sentido tiene su intervención".

    La jurisprudencia de la Sala de lo Civil, sirviendo de exponente la sentencia de 19 de diciembre de 2003, sobre un caso de reclamación de derramas por una Junta de Compensación, rechazó la competencia del orden jurisdiccional contencioso- administrativo porque "en el desarrollo de todas o de alguna de estas actuaciones de naturaleza evidentemente no pública, sino privada, pueden surgir conflictos cuyo conocimiento necesariamente corresponderá a la jurisdicción civil".

    Conforme a ello el título, al que las partes denominan certificado de descubierto, no ostenta la naturaleza de liquidación administrativa a los efectos del procedimiento administrativo de ejecución arriba referenciado y por ello solo implica un acto de trámite que posibilita a la administración a iniciar el procedimiento ejecutivo con el dictado de la providencia de apremio y aquí es donde se suscita la segunda cuestión.

    El Ayuntamiento, cuando recibe el requerimiento de apremio, solo está obligado a reconocer la validez del título y su concordancia con el acuerdo del órgano competente que sirve de base al título pues en ningún caso, y en este trámite, le competente delimitar o autorizar las cuantías que deben o no deben formar parte del requerimiento.

    Es por ello que la sentencia no yerra cuando confirma la resolución que inadmite el recurso de reposición.

    No obstante lo anterior se debe atender una segunda cuestión y es que la mercantil recurrió en alzada lo que denomina certificación de apremio.

    El artículo 184 del  Reglamento de Gestión Urbanística  señala que "contra los acuerdos de la Junta de Compensación, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Administración actuante, en el plazo de quince días, sin perjuicio de los de carácter interno que, en su caso, establecieren los Estatuto".

    Es cierto que, de acuerdo con el art. 122 del  TRLS de 1976   y los arts. 58 y 59 del  Reglamento de Gestión , en el sistema de compensación los costes de urbanización deben ser sufragados por los propietarios en un sistema que es de auto- administración, por lo que adquiere relevancia el principio de adopción de acuerdos que las normas, art. 122 y siguientes; las del Reglamento de Gestión (en especial su art. 166) y los propios Estatutos, rodean de adecuadas garantías.

    La mera formulación del recurso ya nos adelanta que la denominada "certificación de apremio" no pasa de ser una diligencia de actuación del Secretario de la Junta en ejercicio de sus funciones que, a su vez, es la remisión por vencimiento del plazo del artículo 181.3 sin pago de la deuda en su día fijada por aplicación de anteriores acuerdos de la junta a los que no se hace mención, por lo que no se trata de un acuerdo de la Junta susceptible de recurso de alzada en los términos del artículo 184 (…)” .

    En similar sentido se expresa, entre otras, la sentencia del mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de  noviembre de 2013 (JUR 2013\360320).

        Y la Audiencia Provincial de Granada (Sección 4ª), en el Auto núm. 93/2010, de 18 junio (AC 2011\590), dice que:

    “No puede dudarse que en el desarrollo de todas o de alguna de estas actuaciones de naturaleza evidentemente no pública, sino privada, pueden surgir conflictos cuyo conocimiento necesariamente corresponderá a la jurisdicción civil."

    Además, el establecimiento de estos gastos y la exigencia de los mismos no gozan de la condición de actos de la administración pública sujeto al derecho administrativo que impondrían la atribución del conocimiento de las pretensiones a la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al Art. 9.4º de la LOPJ”.

    Por ello, como se ha dicho, el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de Murchante no es el adecuado.

    En efecto, disponen las Bases de actuación de la Junta de Compensación que nos ocupa, en su Base Decimosegunda, lo siguiente (al folio 204):

    “La Entidad podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio para exigir a sus asociados el pago de las cantidades adeudadas, sin perjuicio de poder optar por solicitar del Ayuntamiento la aplicación de la expropiación al miembro moroso, tal y como se regula en el artículo 181.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficiente certificación librada por el Secretario de la Entidad, con el visto bueno de su Presidente, en la que conste el acuerdo de instar la vía de apremio, nombres y apellidos y domicilio del asociado moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada. El Ayuntamiento requerirá al interesado concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que estime conveniente a su derecho o ingrese la cantidad en la Caja de la requiriente a disposición de la Junta de Compensación, y transcurrido dicho plazo resolverá lo procedente sobre la prosecución del procedimiento de apremio”.   

    En similar sentido se expresa el artículo 30 de los Estatutos de la referida Junta de Compensación.

    Pues bien, nada de esto se ha hecho por la Junta de Compensación y por la entidad local. Véase el expediente instruido al efecto. En él se observa que, el 27 de marzo de 2017, es decir, cuatro meses antes del dictado del acto ahora recurrido, la Junta de Compensación se dirige al Ayuntamiento de Murchante para que utilice la vía de apremio contra el deudor llamado “Sociedad Limitada de Viviendas Charas 2.000 (al folio 43); es decir, no contra los referidos señores AAAAA, hoy recurrentes. Y, sin embargo, seguidamente, el Ayuntamiento, al no conseguir “el cobro de la deuda” (así, al folio 44), ha considerado que procedía la derivación de la acción tributaria contra el adquirente o adquirentes de bienes afectos, una vez declarado fallido el deudor principal. Y así también lo entiende la Junta de Compensación, al invocar la aplicación al caso del artículo 34 de la mencionada Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que dispone que: “Los adquirentes de bienes afectos por ley foral a la deuda tributaria responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga”.

    Y, como ya se ha dicho, ni nos ocupa un tributo, ni nos ocupa una exacción de derecho público, ni nos ocupa un supuesto amparado por el artículo 37.3 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra (LFHLN), que dispone, en relación con las cuotas de urbanización del sistema público de cooperación, queel adquirente quedará subrogado en las obligaciones del anterior propietario”. Incluso, diremos que el artículo 37.4 de la misma Ley Foral establece, por el contrario, que “quien conste como propietario en el expediente estará obligado a dar cuenta a la entidad actuante de la transmisión efectuada y el nombre y circunstancia del adquirente en el plazo de un mes. Si no lo hiciera se le podrá dirigir la acción para el cobro, incluso por la vía de apremio”. Y en el expediente no obra ninguna dación de cuenta de la transmisión.

    Procede, por lo expuesto, la estimación del recurso y la anulación de los actos impugnados, sin perjuicio de que se pueda proceder del modo descrito en los fundamentos precedentes, es decir, mediante petición de la Junta de Compensación al Ayuntamiento para que inicie la vía de apremio, aportando certificación librada por el Secretario de la Junta de Compensación, con el visto bueno de su Presidente, con señalamiento de nombre, apellidos y domicilio del asociado moroso, cantidad adeudada, concepto e indicación de haber vencido la misma y no haber sido pagada (todo ello dirigido, como es claro, contra la persona o entidad que se estime es responsable del pago de los gastos de urbanización). Seguidamente, el Ayuntamiento concederá al interesado un plazo de diez días para que manifieste lo que estime conveniente a su derecho o ingrese la cantidad en la Caja de la requiriente a disposición de la Junta de Compensación, y transcurrido dicho plazo resolverá la entidad local lo procedente sobre la prosecución del procedimiento de apremio. 

    Lo actuado por la entidad local, en relación con los, al parecer, titulares actuales de bienes afectos (si ello es el caso) se ha apartado de tal procedimiento, por cuanto que la Junta de Compensación no se ha dirigido a ellos (que son desconocedores de los conceptos adeudados por el deudor principal), y, como ya hemos dicho, la actuación municipal sólo procede en este marco, es decir, cuando la Junta de Compensación realice las actuaciones precedentes y se dirija a la entidad local al sólo efecto de que ésta inicie la vía de apremio, una vez transcurrido el plazo de pago en, digamos, período voluntario. Ello es lo que le permite el precepto aplicable, cual es el citado artículo 167.3 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, aplicable al sistema de compensación urbanística.

    Así mismo, es de recordar que la Junta de Compensación (propia del sistema de compensación) puede, igualmente, acudir a la jurisdicción civil en el caso de que el deudor moroso no abone los gastos de urbanización (sin instar, pues, el auxilio de la entidad local para apremiar las cuotas).

    Procede, en el sentido expuesto, la estimación del recurso y la anulación de las citadas Resoluciones de Alcaldía.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos estimar, como estimamos, en los términos expuestos en los Fundamentos precedentes, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra las Resoluciones del Alcalde del Ayuntamiento de Murchante, de fechas 31 de julio de 2017 y 8 de agosto de 2017, por las que dictó “acto administrativo de derivación de responsabilidad de la deuda pendiente, en concepto de cuota de urbanización (…)”, frente a don D AAAAA, y frente a doña S AAAAA; actos que se anulan, por ser  contrarios a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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