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Normativa
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En el plano normativo, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, para dar cabida, en su Libro V, al nuevo modelo organizativo de Oficina Judicial, introduce una profunda transformación en la organización de la Administración de Justicia, así como en el personal a su servicio.
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, así como la Ley Orgánica 1/2009, de la misma fecha, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, fueron aprobadas para hacer factible este nuevo modelo organizativo.
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, ha sido aprobada con la finalidad de generalizar el uso de las nuevas tecnologías en la Oficina Judicial. Otras normas de rango inferior y acuerdos, contribuyen también a posibilitar ese proceso modernizador en lo tecnológico.
Se trabaja, por tanto, en toda una prolija normativa y documentación de desarrollo de nuevo modelo. Se está pendiente de factores clave en el plano normativo a nivel estatal que podrán ser causa de reformas estructurales y organizativas: modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley de Demarcación y Planta, en especial el texto articulado relativo a los Tribunales de Instancia; Ley de Jurisdicción Voluntaria; Ley del Registro Civil; Ley de Enjuiciamiento Criminal; Estatuto de la Víctima, reforma del Código Penal; etc.
El Plan se Seguimiento y Control del proceso define un método que comprende: análisis de datos, de modificaciones normativas y aspectos afines; propuestas de nuevos modelos organizativos; elaboración documental, implementación de nuevas estructuras; seguimiento evaluación y control de calidad de modelos, así como establecer los mecanismos institucionales que permitirán coordinar esfuerzos y alinear políticas en la consecución de los objetivos propuestos.
