• Personas mayores de 18 años y menores de 65 años afectadas de una discapacidad o enfermedad crónica en grado igual o superior al 65%.
• Residentes en territorio español durante al menos cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
• Personas que carecen de ingresos suficientes. El cómputo anual de esta carencia es variable y se establece anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el cómputo de 2023 existe carencia cuando las rentas o ingresos que se disponga sean inferiores a 6.784,54 euros.  
• En el caso de convivencia con otras personas unidas con la persona solicitante por matrimonio o lazos de parentesco de consanguinidad de hasta segundo grado, la suma de estos ingresos no debe superar el límite de recursos establecidos.

• Son pensiones de la Seguridad Social cuya gestión está transferida a la Comunidad Foral de Navarra.
• La cuantía se modifica anualmente con la revalorización de Pensiones de la Seguridad Social.
• La cuantía a recibir se halla sometida a baremo (ingresos propios del o de la solicitante, ingresos de la unidad económica de convivencia, grado de consanguinidad, etc.).
• Las personas beneficiarias de la pensión tienen derecho a asistencia sanitaria y farmacéutica del Régimen General de la Seguridad Social.
• Existe un complemento por necesidad de otra persona para lo que se requiere tener una discapacidad igual o superior al 75% y superar con más de 15 puntos el Baremo de Necesidad de Tercera Persona establecido al efecto. El complemento es equivalente al 50% de la cuantía de la pensión.

Más información.

Pasos del procedimiento:

• Una vez que la solicitud llega a la Sección de Presataciones no contributivas y otras medidas de protección social de la Dirección General de Inclusión y Protección Social, se comprueba si la documentación incluida en el expediente es la requerida para su resolución.
• Si la documentación es insuficiente o errónea, se pide a la persona interesada o bien a los organismos oficiales la información necesitada.
• Cuando se disponga de toda la documentación, se resolverá el expediente, aplicando el baremo y la legislación existente, y se enviará al interesado o a la interesada una copia de la resolución adoptada, señalando los plazos legales y el organismo al que deben dirigirse para efectuar reclamación, en caso de no estar conformes con dicha resolución.

• Solicitud en impreso específico debidamente cumplimentado.
• Certificado/s de empadronamiento que acrediten la antigüedad exigida para el devengo de la pensión no contributiva de invalidez.
• Certificado de convivencia.
• Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de todos los miembros con los que conviva. En caso de personas extranjeras: fotocopia compulsada del pasaporte y de la tarjeta, permiso o justificante de residencia en España, referente tanto a la residencia actual, como a los periodos que se aleguen.
• En caso de incapacidad, resolución judicial de incapacitación legal y designación de tutor o tutora.
• Justificante de ingresos de la persona solicitante y, en su caso, de la unidad económica de conviviencia.
• Certificado de discapacidad con un porcentaje igual o superior al 65%. Solicitar el certificado.
• Solicitud de abono por transferencia cumplimentada por la entidad bancaria.

• Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• Real Decreto 357/1991, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.
• Orden PRE/3113/2009, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991.