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17-01819

  • Nº Expediente 17-01819
  • Nº Resolución 00647/18
  • Fecha resolución 23-03-2018
  • Sección TAN Segunda
  • Materia 1
    • Procedimiento Administrativo; Obligación de resolver y silencio administrativo 9;9.5
  • Materia 2
    • Urbanismo; Licencias urbanísticas, órdenes de ejecución y declaración de ruina. 16;16.4
  • Materia 3
    • Urbanismo; Otros 16;16.7
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
    • Tipo 1
    • Número 24
  • Disposición 2
    • Norma Ley Foral
    • Título Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo
    • Tipo 1
    • Número 97; 98
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema

    Solicitud de cancelación de aval bancario prestado en garantía del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico

  • Resumen

    Requerimiento de presentación de aval a favor del Ayuntamiento a fin de garantizar el pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 14 y 15B; acto firme y consentido por falta de impugnación en su momento. El aval fue otorgado y no se inició procedimiento judicial alguno contra la consideración del Ayuntamiento sobre dicha obligación. Solicitud actual de cancelación se enmarca en el derecho de petición cuyo silencio tiene efectos desestimatorios. 

    La transmisión de la licencia de obras no enerva ni suprime las condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se quiere transmitir, y ello conlleva que su transmisión conlleva la subrogación tanto de los derechos adquiridos con la misma como sus obligaciones y condiciones, de forma que si el adquirente no cumple éstas tampoco adquiere los derechos derivados de la autorización transmitida.

  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1 18-00145
    • Organo Judicial 1 Juzgado de lo contencioso administrativo nº3
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-01819, interpuesto por DON ………., en nombre y representación de “AAA, S.A.”, contra desestimación tácita, por parte del AYUNTAMIENTO DE BAZTAN, de petición contenida en escrito presentado en fecha 5 de octubre de 2016, sobre solicitud de cancelación de aval bancario prestado en garantía del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico.

    Ha sido Ponente doña María-Jesús Moreno Garrido.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Se interpone el presente recurso de alzada contra desestimación tácita por parte del Ayuntamiento de Baztan, de petición contenida en escrito presentado el 5 de octubre de 2016, sobre cancelación de aval bancario prestado en garantía del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico.

    Alega el recurrente lo que estima oportuno en defensa de sus pretensiones y termina solicitando que se reconozca su derecho a la cancelación del aval prestado para garantizar el pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2, por no estar el mismo sujeto a derecho.

    2º.- El Ayuntamiento de Baztan ha remitido el expediente en el que constan los antecedentes acreditativos de su actuación junto a un informe en su defensa, en el que solicita la desestimación del recurso de alzada.

    3º.- No se propone por la parte recurrente la práctica de diligencias de prueba en apoyo de sus pretensiones.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Los datos fácticos que se consideran relevantes para una adecuada resolución son los que se exponen a continuación:

    a) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baztan, de 20 de noviembre de 2008, se concedió licencia de obras para la construcción de varias viviendas ( 8+8+4) en las parcelas 1 y 2 de la 3 de Arizkun a BBB S.L., con la liquidación provisional por el Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras así como la condición de abonar la cantidad correspondiente al 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico por aplicación de la Ley Foral 35/2002.

    b) Por acuerdo de 25 de febrero de 2011 se concedió a la citada entidad una prórroga de 1 año para comenzar las obras de construcción y 3 años para su finalización.

    c) Por escrito presentado el 7 de marzo de 2014 por la aquí recurrente, AAA S.A., se informa que con fecha 31 de enero de 2014 ha comprado a BBB S.L. las parcelas objeto de la anterior licencia de obras y como propietaria actual de las mismas solicita la transmisión de la licencia a su nombre.

    d) Con fecha 9 de julio de 2014 la recurrente, una vez finalizadas las obras de 4 viviendas, solicita la licencia de 1ª utilización y certificado de datos postales y catastrales. 

    e) Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de enero de 2015 el Ayuntamiento se da por enterado del cambio de titularidad de la licencia de obras y se advierte de que queda pendiente el abono de la cantidad correspondiente a la liquidación provisional del ICIO así como la cantidad correspondiente al 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico por aplicación de la Ley Foral 35/2002.

    La propia recurrente reconoce en su recurso que por dicho acuerdo el Ayuntamiento ya le advertía que le correspondía la obligación de abonar dicho 10% que no había abonado el anterior propietario.  

    f) Por escrito presentado el 17 de marzo de 2015 la recurrente recuerda al Ayuntamiento su obligación de concesión de la licencia de 1ª ocupación, su carácter reglado, así como su disconformidad con que sea el obligado al pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico.

    g) Por escrito presentado el 15 de abril de 2015, la recurrente solicita la emisión de certificado de acto presunto de concesión de la licencia de 1ª ocupación y con fecha 29 de abril siguiente solicita la anulación de la liquidación provisional del ICIO por la construcción de 8+8+4 viviendas y que se apruebe una nueva por las 4 realmente construidas, así como que se declare la caducidad de la licencia respecto a las demás viviendas y se conceda licencia de 1ª ocupación de las 4 viviendas ejecutadas.

    h) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de junio de 2015 se requiere a la recurrente la presentación de un aval a favor del Ayuntamiento de Baztán por una cantidad de 20.888,84 euros, a fin de garantizar el pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2.

    Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente con indicación expresa de los recursos procedentes contra el mismo

    i) Con fecha 2 de julio de 2015 la recurrente otorga aval en favor del Ayuntamiento por el importe requerido, en el que se indica que “tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de Baztán no autorice su cancelación, o hasta que mediante resolución judicial se estableciera que AAA. S.A. no es el obligado al pago de dicho 10%.”  

    No consta ni la recurrente acredita que hubiera iniciado procedimiento judicial alguno contra la consideración del Ayuntamiento sobre su obligación del pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2.

    j) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de julio de 2015 se aprueba nueva liquidación por el ICIO, ajustando la base imponible a la construcción de 4 viviendas y se autoriza la renuncia de la licencia de obras en cuanto a 8+8 viviendas y se concede la licencia de primera ocupación.

    k) Con fecha 5 de octubre de 2016 la entidad recurrente presenta escrito en el que expone su disconformidad con la obligación exigida por el Ayuntamiento del pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2, vierte las alegaciones que estima oportunas y solicita la autorización del Ayuntamiento de la cancelación del aval bancario por el que AAA S.A garantizó dicho pago del 10%.

    l) No recibida respuesta por parte del Ayuntamiento, interpone el presente recurso de alzada en el que solicita que se reconozca su derecho a la cancelación por no estar el mismo sujeto a derecho.

    SEGUNDO.- La interesada recurre en alzada alegando que se ha producido el silencio administrativo positivo de su solicitud de cancelación del aval así como la improcedencia de la prestación del aval por parte de la recurrente para que se le concediera la licencia de primera ocupación. Termina solicitando en su petitum que se reconozca su derecho a la cancelación del aval prestado como garantía del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2 de la 3 de Arizkun, por no estar el mismo sujeto a derecho.

    El Ayuntamiento, por su parte, expone lo que considera oportuno oponiéndose al sentido positivo del silencio en el presente caso así como justificando la conformidad a derecho de la exigencia a la recurrente de la prestación del aval objeto del presente.

    TERCERO.- Expuestos los datos fácticos que consideramos relevantes así como las posiciones de las partes vamos a proceder a desestimar el recurso de alzada por lo que exponemos a continuación.

    En primer lugar, es preciso señalar a la recurrente que la cuestión planteada sobre su disconformidad con la obligación exigida por el Ayuntamiento del pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2 y que es lo que finalmente solicita en su petitum, se trata de una cuestión que ya es firme y consentida tanto a la fecha de la presentación de su solicitud ante el Ayuntamiento, 5 de octubre de 2016, como a la del presente recurso de alzada.

    Tal como hemos recogido en el primer fundamento de derecho, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de enero de 2015 el Ayuntamiento se da por enterado del cambio de titularidad de la licencia de obras y se advierte de que queda pendiente el abono de la cantidad correspondiente a la liquidación provisional del ICIO así como la cantidad correspondiente al 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico por aplicación de la Ley Foral 35/2002. La propia recurrente reconoce en su recurso que por dicho acuerdo el Ayuntamiento ya le advertía que les correspondía la obligación de abonar dicho 10% que no había abonado el anterior propietario.

    Dicha condición no fue impugnada en su momento y por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de junio de 2015 se requiere a la recurrente la presentación de un aval a favor del Ayuntamiento de Baztan por una cantidad de 20.888,84 euros, a fin de garantizar el pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2, acuerdo que es una mera ejecución de uno anterior firme y consentido y que, no obstante, fue notificado a la recurrente con indicación expresa de los recursos procedentes contra el mismo sin que tampoco conste que lo hubiera impugnado.

    Además de ello, con fecha 2 de julio de 2015 la recurrente otorga aval en favor del Ayuntamiento por el importe requerido, en el que se indica que “tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de Baztán no autorice su cancelación, o hasta que mediante resolución judicial se estableciera que AAA. S.A. no es el obligado al pago de dicho 10%.”

    No consta ni la recurrente acredita que hubiera iniciado procedimiento judicial alguno contra la consideración del Ayuntamiento sobre su obligación del pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2.

    Por lo que es evidente que, a la fecha de su solicitud de 5 de octubre de 2016, nos encontramos ante un acto firme y consentido contra el que no cabe recurso alguno, ni de reposición ni de alzada ante este Tribunal, por lo que la cuestión planteada en esta alzada sobre su disconformidad con la obligación exigida por el Ayuntamiento del pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico, debe ser inadmitida por extemporánea.

    Y ello con independencia de que la recurrente prestara el aval en su momento para evitar los perjuicios que le estaba ocasionando la falta de concesión de la licencia de primera ocupación y su interés en obtenerla, ya que ello no era impedimento alguno para que se hubiera opuesto a dicha condición con la interposición de las acciones legales pertinentes, lo que no hizo en su momento, permitiendo que adquiriera firmeza.

    Por ello, es evidente que su solicitud se encuadra en el derecho de petición ante las Administraciones Públicas previsto en el artículo 29.1 de la Constitución, el cual permite a los ciudadanos la aportación de sugerencias, iniciativas, informaciones, o quejas, y su objeto se caracteriza por su amplitud al poder referirse a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. No se trata de un derecho expresamente regulado por el ordenamiento jurídico que ha de reconocerse u otorgarse mediante la tramitación de procedimientos establecidos al efecto, lo que obliga a delimitar el ámbito del derecho de petición a lo estrictamente discrecional o graciable, como se deduce de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

    Y en este sentido, y en cuanto al sentido del silencio y sus efectos, el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone en relación con los procedimientos iniciados a instancia de interesado que “el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

    El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados (…).” 

    Por lo que, en contra de lo manifestado en el recurso, la falta de resolución expresa de su solicitud tiene efecto desestimatorio, tanto si lo encuadramos en el derecho de petición, por tratarse de una cuestión que ya era firme y consentida y su estimación por el Ayuntamiento es estrictamente discrecional o graciable, como si lo consideramos, en un acto de generosidad interpretativa, que se trata de la impugnación de la exigencia municipal de la obligación de garantizar la interesada el pago del 10% del aprovechamiento urbanístico.

    Lo cierto es que la recurrente no ostenta derecho alguno a que el Ayuntamiento le autorice la cancelación del aval prestado en su día. No podemos olvidar que, como hemos recogido en el primer fundamento de derecho, con fecha 2 de julio de 2015 la recurrente otorgó aval en favor del Ayuntamiento por el importe requerido, en el que se indica que “tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de Baztán no autorice su cancelación, o hasta que mediante resolución judicial se estableciera que AAA. S.A. no es el obligado al pago de dicho 10%.”  

    No consta ni la recurrente acredita que hubiera iniciado procedimiento judicial alguno contra la consideración del Ayuntamiento sobre su obligación del pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2, ni el Ayuntamiento está obligado a autorizar su cancelación si no se cumplen las condiciones que motivaron su imposición, como es el pago del 10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico de las parcelas 1 y 2, condición a la que la interesada se aquietó en su momento.

    Todo ello sin dejar de recordar al Ayuntamiento su obligación de resolver expresamente todas las solicitudes que le dirijan y la posibilidad de incurrir en la responsabilidad pertinente por su incumplimiento. 

    CUARTO.- No obstante, y pese a que procede la desestimación del recurso por lo expuesto anteriormente, consideramos oportuno hacer a la recurrente las siguientes puntualizaciones.

    El artículo 97.3.b) de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dispone que “los propietarios de terrenos de suelo urbano podrán materializar el aprovechamiento urbanístico, que les corresponda respecto del permitido por el planeamiento urbanístico, y que será:

    b) En suelo urbano no consolidado: el 90 por 100 del aprovechamiento correspondiente a la unidad de ejecución o, en su caso, al área de reparto.”

    Y en el artículo 98. “Deberes de los propietarios de suelo urbano”:

    3. Los propietarios de terrenos de suelo urbano no consolidado tendrán los siguientes deberes:

    c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento del correspondiente ámbito, salvo cuando se trate de mera sustitución de la edificación existente sin incremento de aprovechamiento.”

    Tal obligación es inherente al derecho de edificar en la parcela o parcelas afectadas y su cumplimiento por los propietarios beneficiarios del desarrollo urbanístico es un requisito ineludible para poder realizar el aprovechamiento permitido por el Plan Municipal, lo que supone que para edificar en el terreno debe ceder dicho 10% o su equivalente monetario.

    Dicha obligación estaba implícita en la licencia concedida en su día al anterior propietario y en la que se subrogó por sustitución la recurrente al adquirir la propiedad de las parcelas así como el derecho a continuar con la construcción de las viviendas, habiendo solicitado al Ayuntamiento la transmisión de la licencia a su nombre.

    Y en cuanto a la transmisión de las licencias y sus efectos, es clarificadora la doctrina del Tribunal Supremo: “Ya esta Sala de casación en su Auto de 28 de febrero de 1986 ( RJ 1986, 1626] ) cuando indica que aun obtenida la licencia por el a la sazón recurrente y no por un tercero el cambio de titularidad se había puesto oportunamente en conocimiento de la Corporación Municipal, para que ésta autorizase su transmisión, al amparo de la transmisibilidad de licencias que proclama el inicial apartado del art. 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, cuando se trata de las relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio, porque según el art. 13 éstas tendrán vigencia mientras subsistan estas condiciones, de tal manera que no tratándose de una autorización que se hubiera otorgado en consideración a las cualidades personales de quien devino su concesionario (apartado segundo del art. 13), el cambio de titular por sí solo siempre resulta jurídicamente irrelevante en cuanto afecta al particular en cuestión» ( STS de 23-12-1998 [ RJ 1999, 1630] ). «Es cierto que el artículo 13.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales posibilita la transmisión de las licencias, pero sin alterar su naturaleza y efectos. La transmisión no enerva ni suprime las condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se quiere transmitir. Por ello resulta de aplicación a este caso lo dispuesto en el artículo 16.1 del mismo RSCL, y la jurisprudencia que lo interpreta, en cuanto dispone que las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren condicionadas, siendo de precisar la naturaleza de la condición a que se subordinó la licencia en este caso. Se distinguía en Derecho justinianeo entre condiciones que dependen de la voluntad de las partes (condiciones “facti”) y las que, siendo ajenas a ésta, constituyen sin embargo requisitos o presupuestos implícitos de la validez del negocio jurídico celebrado (condiciones “iuris” o “tacitae”). Este es el sentido que cabe dar a la expresión condición en el artículo 16.1 del Reglamento de Servicios del año 1955, y en él se ha orientado la jurisprudencia de esta Sala en repetidas ocasiones (Sentencias de 18 de diciembre de 1996 [ RJ 1996, 9527] , 9 de octubre de 1995 [ RJ 1995, 7221] , 14 de abril de 1993 [ RJ 1993, 2837] , 2 de julio de 1991 [ RJ 1991, 5727] o 21 de abril de 1987 [ RJ 1987, 4582] ).

    La transmisión de la licencia de obras no enerva ni suprime las condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se quiere transmitir, y ello conlleva que su transmisión conlleva la subrogación tanto de los derechos adquiridos con la misma como sus obligaciones y condiciones, de forma que si el adquirente no cumple éstas tampoco adquiere los derechos derivados de la autorización transmitida. El nuevo titular de la licencia deberá cumplir con los compromisos adquiridos en su día por el transmitente para poder edificar en las parcelas en cuestión, ya que si no se cumplen dichas condiciones tampoco se adquiere el derecho o la facultad de construir, lo que no implica que el nuevo titular de la licencia pueda, en su caso, reclamar al transmitente los perjuicios que considere oportunos, lo que es totalmente ajeno al Ayuntamiento y al cumplimiento de las condiciones de la licencia.

    Procede la desestimación del recurso de alzada.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal 

    RESUELVE: Desestimar el recurso de alzada más arriba referenciado interpuesto contra desestimación tácita por parte del Ayuntamiento de Baztan, de petición contenida en escrito presentado el 5 de octubre de 2016, sobre cancelación de aval bancario prestado en garantía del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico.-

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- María-Jesús Moreno.- María-Jesús Balana.- Javier Lachén.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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