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18-01813

  • Nº Expediente 18-01813
  • Nº Resolución 02021/18
  • Fecha resolución 26-10-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Sanciones; Principios Generales y procedimiento 12;12.1
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
    • Tipo 1
    • Número 77
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Sanción por desobedecer a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
  • Resumen Solicitud de prueba por el interesado que es ignorada por la Administración. La denegación de la prueba propuesta ha de ser realizada mediante resolución motivada. Los informes de ratificación de los agentes denunciantes no sustituyen a la prueba testifical, que ha de ser practicada conforme a la ley y con participación de la parte que la ha propuesto. Las denuncias han de ir suscritas por los agentes denunciantes, y para tener valor han de contener hechos presenciados personalmente por quienes firman la denuncia.
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-01813, interpuesto por DON ………….. contra resolución de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana y Convivencia del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 19 de julio de 2018, sobre sanción por desobedecer a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Por Resolución de 19 de julio de 2018 (143/CC) de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona se impuso al recurrente una sanción de 601 euros de multa  por la comisión de una infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

    2º.- Contra dicho acto el interesado interpuso en tiempo y forma recurso de alzada ante este Tribunal.

    3º.- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; la entidad local da cumplimiento de ambos extremos.

    4º.- Por las partes no se ha solicitado la práctica de prueba.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- El recurrente justifica la interposición del recurso de alzada en los siguientes argumentos, expuestos aquí en forma resumida:

    a) Denegación sin motivación de la prueba testifical y documental propuesta y vulneración del derecho de presunción de inocencia.

    b) Doble sanción por los mismos hechos.

    El Ayuntamiento solicita la desestimación del recurso alegando que se ha acreditado suficientemente en el expediente la comisión de la infracción sancionada.

    SEGUNDO.- Sin necesidad de entrar a valorar los hechos que se han dado por probados y su encaje en la tipificación de la infracción, procede la estimación del recurso dado que en la tramitación del procedimiento sancionador, como alega el recurrente, se ha producido indefensión.

    En el escrito de alegaciones que el recurrente formuló con fecha 10 de marzo de 2018, además de negar los hechos, proponía la realización de prueba testifical y documental. El Ayuntamiento a lo largo de la tramitación del expediente sancionador no ha dado satisfacción a dicha petición ni tampoco la ha rechazado motivadamente. Este actuar se estima contrario a derecho, toda vez que el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), dispone lo que sigue:

    1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

    2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.

    3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada”.

    Solicitada la práctica de prueba, ninguna resolución motivada de dicha denegación se ha producido. La Administración ha rechazado de hecho y sin aducir ninguna motivación la práctica de una prueba que podría tener alguna relevancia para la adecuada resolución del expediente sancionador incoado. Con tal proceder se violan las garantías relativas al principio constitucional y legal de presunción de inocencia; en ese sentido se pronuncia, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Sentencia número 246/2009, de 20 de abril (JUR 2009/345968) en un supuesto similar al “declararse vulnerado el derecho a la defensa por la inadmisión de la aportación y práctica de pruebas pertinentes. Deben ser dejadas sin efecto las resoluciones impugnadas, anulándose la  sanción  contenida en el acto administrativo”.

    A este respecto, de ninguna manera podemos considerar que los informes de los agentes denunciantes que obran en el expediente constituyan práctica de la prueba testifical solicitada por el recurrente, sino que se trata solamente de informes de ratificación de la denuncia. La práctica de la prueba testifical debe hacerse conforme a lo que dispone la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 360 y siguientes y exige de una serie de garantías (principio de inmediación del órgano competente, citación de las partes, posibilidad de preguntar y repreguntar, declaración por separado y de forma sucesiva de los testigos sin comunicación entre sí ni asistencia de unos a las declaraciones de otros, etc.) que han sido por completo ignoradas en el presente caso por el Ayuntamiento. En particular, se ha prescindido del testimonio oral y se ha pretendido sustituirlo sin motivación alguna por uno escrito, lo cual conforme al artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solamente procede "cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jurídicas y entidades públicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en personas físicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interese". No es el caso; no se pide el testimonio del Ayuntamiento, que en su caso debiera prestar su representante legal, sino el de unos concretos agentes de la Policía Municipal que son personas físicas.   

    Así pues, como quiera que la instada prueba no se ha realizado (y tampoco se ha denegado su práctica de forma motivada), no procede sino la estimación del recurso y la ordenación de la retroacción de actuaciones al momento en que debió darse respuesta a la petición de prueba testifical.

    TERCERO.- Por otro lado, en el expediente municipal se observa una clara insuficiencia en la prueba aportada para acreditar los hechos sancionados. Esa prueba está constituida únicamente por un boletín de denuncia suscrito por los agentes de la Policía Municipal identificados como 417 y 444, que no detalla los hechos denunciados sino que se limita a señalar como tales “desobedecer los mandatos de un agente de la autoridad”, lo cual más bien es la tipificación de la infracción, lo que contrasta con la completa identificación (nombre y apellidos, número de DNI y dirección) que se realiza de la persona denunciada. Para superar esa contradicción hay que acudir al informe ampliatorio de la misma fecha y suscrito únicamente con fecha del día siguiente por un comisario, que hace una relación mucho más pormenorizada de los hechos.

    El artículo 77.5 de la LPAC dispone que “los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.”. La jurisprudencia viene señalando que este precepto, o sus antecedentes legislativos, establece solamente una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, a favor de los hechos que se hagan constar en las denuncias o informes de los funcionarios. Por ello cuando los denunciados niegan los hechos u ofrecen otras pruebas que contradigan lo reflejado en la denuncia la jurisprudencia viene exigiendo la ratificación de los agentes denunciantes y, en su caso, la concreción o ampliación de la denuncia. En ese sentido se pronuncia, por ejemplo, el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 29 de abril de 2009 (RJ 2009\5149) que explica lo siguiente:

    El artículo 137.3 de la LRJAPYPAC dispone que sólo los hechos constatados  por  funcionarios  a los que se reconoce la condición de autoridad, y que formalicen en documento público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

    Tales requisitos, exigidos por la LRJAPYPAC, son:

    a) Que el funcionario público actuante tenga la condición de autoridad.

    b) Que se trate de hechos directamente constatados por el funcionario, no siendo válidas sus apreciaciones subjetivas o meras valoraciones de conciencia, basadas en haber escuchado unos disparos, sin tener ocasión de observar quien los realizó.

    c) La formalización en documento público en el que se observen los requisitos legales pertinentes, posteriormente ratificado por el mismo agente que formuló la  denuncia  y presenció personalmente los hechos".

    Pues bien, el informe contenido en el expediente solo está firmado por un comisario que no fue testigo presencial de los hechos. No aparecen las firmas de los agentes a los que se menciona como denunciantes que sí los presenciaron. Por lo tanto, ese informe carece del menor valor probatorio.

    Hemos de añadir que nuestro ordenamiento jurídico, y en particular el ya citado artículo 77.5 de la LPAC, pone en manos de los agentes de la autoridad una serie de potentes facultades que limitan los derechos de los ciudadanos y que pueden incluso, como en casos como el que nos ocupa, conducir a la imposición de sanciones con el solo soporte de su denuncia, informe o testimonio. Facultades necesarias para asegurar el éxito de su trascendental misión de asegurar el cumplimiento de la ley, la garantía de los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana, pero que tienen como contrapeso la exigencia de su aplicación con el máximo rigor y el respeto escrupuloso de los cauces formales establecidos.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debe estimar, como estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra Resolución de 19 de julio de 2018 (143/CC) de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona, acto que se anula por no estar ajustado a derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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