(ir al contenido)

Castellano | Euskara | Français | English

Herramientas para el contenido

Compártelo

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

contacto de esta sección

tan@cfnavarra.es

Tfno: 848 42 36 00
Fax: 848 42 36 06
C/ Iturrama 10, entreplanta (entrada por C/ Esquiroz)

Horario de atención al público:  Lunes a Viernes, de 8,00 h. a 14,30 h.

18-01704

  • Nº Expediente 18-01704
  • Nº Resolución 02190/18
  • Fecha resolución 17-12-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Tasas 7;7.2
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema

    Liquidación de tasas por tramitación de planeamiento urbanístico.

  • Resumen

    Improcedencia del cobro de tasas por tramitación de planeamiento urbanístico (ni siquiera aunque sea de iniciativa particular). Nulidad de Ordenanza. (Caparroso),

  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-01704, interpuesto por DON ............ contra notificación de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO de fecha 10 de julio de 2018, sobre tasa por la tramitación de Plan Especial de Actuación Urbana.

    Ha sido Ponente doña María-Asunción Erice Echegaray.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- La Alcaldía del Ayuntamiento de Caparroso, con fecha 10 de julio de 2018, notificó al hoy interesado la tasa por tramitación de un plan urbanístico.

    2º.- Contra dicho acto (así como de modo indirecto contra el artículo 3, epígrafe 1, de la Ordenanza municipal reguladora de las licencias, otras actuaciones urbanísticas y actividades administrativas de control), se interpuso por el interesado, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal.-

    3º.- Mediante providencia de Presidencia de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la decisión recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.-

    4º.- No se propuso por las partes la realización de pruebas.-

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- En relación con la cuestión que nos ocupa (ajuste a Derecho o no de una Ordenanza reguladora de una tasa por tramitación de un Plan urbanístico, así como de la concreta liquidación practicada) ya se ha pronunciado este Tribunal en sus Resoluciones, entre otras,  2.664, de 29 de abril de 2013 (recurso de alzada 12-06036) y 3.340, de 28 de mayo de 2013 (recurso de alzada 13-00909).

    En efecto, en la primera se sostiene lo siguiente:

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Consideran los recurrentes que la liquidación que les ha sido practicada en concepto de tasa por tramitación de una modificación del Plan Parcial del Área de Reparto AR2 y de gastos de publicación de anuncios en prensa no es ajustada a Derecho, toda vez que, según señalan, los Tribunales han sentenciado que, dada la naturaleza normativa de los planes, prima en su aprobación el interés general (sin perjuicio de que pueda existir también un interés particular) y, por tanto, no ha lugar al nacimiento de la tasa.

    Estima la entidad local, por su parte, que en el caso que nos ocupa la iniciativa para la modificación del plan ha partido de los propios interesados, por afectar tal modificación a sus exclusivos intereses.

        SEGUNDO.- (…)

     Pues bien, como los recurrentes señalan, este Tribunal Administrativo de Navarra, en su Resolución número 2.456, de 18 de abril de 2012 (dictada en el recurso de alzada número 12-00254), ya ha explicado lo siguiente: 

    "El Tribunal Supremo, acogiendo la jurisprudencia dictada al efecto, ha declarado en la sentencia de 14 abril 2003 RJ 2003\5361: "constituye reiterado criterio jurisprudencial, recogido, entre otras, en las Sentencias, de 23 de noviembre de 1990, 10 de abril (RJ 1997, 2651) y 28 de mayo de 1997 (RJ 1997, 3758), 19 de abril y 16 de octubre de 1999 (RJ 1999, 7898) (recursos 5521 y 602 de 1995) y 21 de febrero (RJ 2000, 1048) y 16 de octubre de 2000 (RJ 2000, 8364) (recursos 3567 y 5869 de 1995), que, aunque los Proyectos de Urbanización son actuaciones urbanísticas de ejecución del planeamiento que carecen de carácter normativo, tienen una relación inmediata con el Plan de Ordenación que tratan de ejecutar, relación que es la que determina tanto que las obras a que se refieren no estén sujetas a licencia y que tampoco lo estén su tramitación y aprobación (la de los Proyectos de urbanización, se entiende), como que tales presupuestos no pueden constituir hecho impositivo legitimador de una tasa municipal por prestación de servicios. Y es que los tan repetidos Proyectos de Urbanización son un complemento indispensable del Plan y realizan todas las previsiones del mismo en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, jardinería y otras análogas, y resuelven el enclave de los servicios urbanísticos con los generales de la ciudad, como se desprendía claramente de los artículos 67.2 y 70.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 23 de junio de 1978 . De ahí que en ellos prime el interés general sobre el individual y que, en consecuencia, ni su tramitación ni su aprobación, ni la obra urbanizadora en ellos determinada, puedan ser sometidas a licencia ni consideradas hecho impositivo de tasa alguna, aunque, como cualquier instrumento urbanístico, como puede ser la aprobación de un Plan, que sí tienen naturaleza normativa y por ello tampoco pueden ser causa de licencias o tasas, generen siempre un beneficio particular al lado del que su misma existencia puede significar para la colectividad".  

    El mismo Tribunal ha declarado en la Sentencia de 25 marzo 1999 -RJ 1999\2539-: "En dicho sentido se ha pronunciado de un modo reiterado la doctrina jurisprudencial, reflejada, entre otras, en las Sentencias de esta Sala de 13 de octubre de 1983 ( RJ 1983\5835 ), 15 de abril de 1991 ( RJ 1991\3455 ), 17 de marzo y 22 de diciembre de 1992 ( RJ 1992\3282 y RJ 1993\2519 ), 22 de marzo de 1993 ( RJ 1993\1746 ), 30 de abril de 1996 ( RJ 1996\3685 ) y 3 de febrero de 1997 ( RJ 1997\1024 ), al establecer, entre otros extremos, que:  

      a) «La naturaleza normativa de los Planes Parciales, así como de "todos los instrumentos de planeamiento urbanístico", es algo predominantemente aceptado por la doctrina y reiteradamente proclamado por la jurisprudencia, por lo que en modo alguno puede cohonestarse su formulación con la idea de beneficio o afectación particular que es imprescindible en las Tasas -por expedición de documentos, en el caso de autos-».  

      b) «El planeamiento urbanístico es una potestad administrativa que responde a la necesidad de atender a los intereses generales del territorio en una consideración que, desde el punto de vista fiscal -a efectos, en el caso, de la Tasa por expedición, redacción o tramitación de tales "documentos o instrumentos"-, sobrepasa la de la protección de los concretos intereses de los propietarios de los terrenos afectados por aquellas actuaciones».  

      c) «Esta Sala se ha pronunciado recientemente en un sentido contrario a la sujeción a Tasa de la actividad municipal de aprobación de "Planes Parciales" e, incluso, de "Proyectos de Urbanización", los primeros por su ostensible naturaleza normativa y, los segundos, por su finalidad de ejecución de determinaciones generales de planeamiento que desborda el limitado ámbito del beneficio particular que es presupuesto de la Tasa (...)".  

      En consecuencia, es claro que la exacción de la tasa por la tramitación de un Estudio de Detalle es ilegal. Procede estimar el recurso de alzada y anular la liquidación impugnada".

     Ahora bien, es cierto que en la referida Resolución de este Tribunal no se viene a analizar el supuesto, como el que nos ocupa, en que la modificación del Plan se ha realizado a iniciativa de los particulares.

     Sin embargo, en la clarificadora sentencia que seguidamente se transcribe (del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 22 junio de  2010 -JT 2010, 990-) se consigna, igualmente, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que también en dichos planes de iniciativa privada se están actuando, a la postre, las facultades administrativas de planificación urbanística, y, por tanto, igualmente, los intereses generales (aun cuando puedan coexistir con los particulares). Dice así la misma:  

      "Al respecto, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 3 de enero de 2008 (RJ 2008, 1817)  (rec. 2584/2002; ponente: M. V. GARZÓN HERRERO), haciéndose eco de su consolidada jurisprudencia en el tema, afirma que:

     "TERCERO Es patente que el recurso del Ayuntamiento de Madrid está en frontal contradicción con las sentencias de esta Sala, citadas por la resolución impugnada, que sostienen que en el planeamiento urbanístico, en cualquiera de sus grados, lo prevalente es el interés general, y no el particular. Ello explica que la tasa, que descansa sobre el específico beneficio que en el interés particular genera el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público, así como la actividad de la Administración no pueda operar en los instrumentos de planeamiento. Nuestra jurisprudencia ha llegado más lejos, incluso en los Proyectos de Urbanización, y a la vista de las determinaciones generales que contiene, tampoco son posibles las tasas".

     En relación a los Proyectos de Urbanización, la sentencia de 14 de abril de 2003 ( RJ 2003, 5361), señalo (FJ 2º ): "Constituye reiterado criterio jurisprudencial, recogido, entre otras, en las Sentencias, de 23 de noviembre de 1990, 10 de abril ( RJ 1997, 2651)  y 28 de mayo de 1997 ( RJ 1997, 3758)  , 19 de abril y 16 de octubre de 1999 ( RJ 1999, 7898)  (recursos 5521 y 602 de 1995) y 21 de febrero ( RJ 2000, 1048)  y 16 de octubre de 2000 ( RJ 2000, 8364)  (recursos 3567 y 5869 de 1995 ), que, aunque los Proyectos de Urbanización son actuaciones urbanísticas de ejecución del planeamiento que carecen de carácter normativo, tienen una relación inmediata con el Plan de Ordenación que tratan de ejecutar, relación que es la que determina tanto que las obras a que se refieren no estén sujetas a licencia y que tampoco lo estén su tramitación y aprobación (la de los Proyectos de urbanización, se entiende), como que tales presupuestos no pueden constituir hecho impositivo legitimador de una tasa municipal por prestación de servicios.

     Y es que los tan repetidos Proyectos de Urbanización son un complemento indispensable del Plan y realizan todas las previsiones del mismo en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, jardinería y otras análogas, y resuelven el enclave de los servicios urbanísticos con los generales de la ciudad, como se desprendía claramente de los arts. 67.2 y 70.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 23 de junio de 1978 ( RCL 1978, 1965)  .

     De ahí que en ellos prime el interés general sobre el individual y que, en consecuencia, ni su tramitación ni su aprobación, ni la obra urbanizadora en ellos determinada, puedan ser sometidas a licencia ni consideradas hecho impositivo de tasa alguna, aunque, como cualquier instrumento urbanístico, como puede ser la aprobación de un Plan, que sí tienen naturaleza normativa y por ello tampoco pueden ser causa de licencias o tasas, generen siempre un beneficio particular al lado del que su misma existencia puede significar para la colectividad". (...)

     Pues, ya anteriormente, la STS de 25.1.2005 (RJ 2005, 1357)  (rec. nº 82/2003 ; ponente: M.V. GARZÓN HERRERO) introduce una precisión fundamental (FJ 3º):

     "Con respecto a esta cuestión la petición de los particulares para que se inicien los instrumentos urbanísticos citados (denominados de "iniciativa particular") no priva a estos de su naturaleza pública pues la "actividad urbanística" (cuando de la planificación se trata) no se produce a instancia de parte, sino en el ejercicio de competencias propias administrativas y de naturaleza pública que sólo son "promovidas" por los particulares. Los planes urbanísticos constituyen el reflejo de una potestad administrativa típica, la urbanística, razón por la que su ejercicio no parece que deba ser sujeto a una tasa, aunque tal actividad haya sido iniciada por una petición de particular. (...)

     No es de extrañar por ello que, en nuestra Sentencia  140/2010, de 12 de febrero, ya citada concluyéramos:

     "CUARTO.- Aplicando la anterior doctrina jurisprudencial conlleva a la estimación parcial del recurso, y ello por cuanto que las razones esgrimidas por la administración demandada sean suficientes para inaplicarla en cuanto a Tramitación de Programas de Actuación Integrada y Aislada (epígrafe 3.1), por muchos beneficios que obtenga el Agente Urbanizador, y por muy especial que sea su figura en la normativa urbanística valenciana, pues tales instrumentos urbanísticos son eminentemente de naturaleza publica, por muy particular que sea su iniciación, constituyendo el reflejo de una potestad administrativa típica, la urbanística, aunque tal actividad haya sido iniciada por una petición de particular. (...)

     Por lo que, en aplicación del principio de unidad de doctrina, procede declarar la nulidad de la "Tasa por tramitación de Programas de Actuación Integrada hasta la adjudicación de la condición de Urbanizador" -art. 1 .a) de la Ordenanza fiscal- por vulneración del artículo 20 TRLHL. (...)

     CUARTO. Con arreglo a lo anterior, procede la estimación parcial del recurso.

     En primer lugar, y por las razones señaladas en el fundamento anterior, procede la estimación, y consiguiente declaración de nulidad, de los hechos imponibles contemplados en las letras a) y b) del art. 2º.2 de la Ordenanza Fiscal impugnada.

     En cuanto al primero, contenido en la letra a), repárese que se refiere a las "solicitudes que insten el inicio de su tramitación", expresión que sólo adquiere sentido cuando se relaciona con la frase inicial del precepto. Es decir, se establece una tasa por las solicitudes que insten el inicio de la tramitación de los programas de actuación integrada y demás instrumentos de planeamiento y/o de gestión urbanística, presupuesto que, de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo contenida en el fundamento anterior, no es susceptible de conformar el hecho imponible de una tasa.

     Y, por lo que hace al segundo, el de la letra b), las razones de su anulación son idénticas a las señaladas en nuestra Sentencia nº 140/2010, de 12 de febrero, ya que contempla uno de los dos presupuestos de hecho, la tramitación de programas de actuación integrada, -en este caso de iniciativa particular-, que fue declarado nulo en aquel supuesto". (Todos los subrayados son nuestros).

     Procede, en consecuencia, la estimación del recurso y la anulación de la referida liquidación”.

    SEGUNDO.- Y dicha doctrina es la que sigue rigiendo en la actualidad en los Tribunales de Justicia.

    En efecto, así lo han sentenciado recientemente, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia núm. 818/2015, de 4 noviembre (JT 2015\1558) y Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana, en su sentencia núm. 1156/2017, de 4 de octubre (JUR 2017\306176).

    Dice la primera, por lo que ahora respecta, una vez reiterada la referida sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2008:

    “QUINTO

    La tesis del recurso se expresa en los siguientes términos: "En efecto, un Plan General de Ordenación Urbana no reúne, obviamente los requisitos que exige el artículo 20 LRHL para que su aprobación pueda quedar sujeta a una tasa puesto que no existe un sujeto pasivo definido que resulte beneficiado o afectado por él. Ahora bien los Planes Generales de Ordenación Urbana no efectúan una ordenación pormenorizada del suelo pues ésta se encomienda a Planes Especiales de Reforma Interior, como es el del supuesto de autos, Planes Parciales, Estudios de Detalles o Proyectos de Urbanización. Todas estas figuras constituyen un planeamiento de desarrollo que particulariza en cada caso los objetivos que el P.G.O.U. haya fijado y con la tramitación y aprobación de estas figuras se dan todos los requisitos exigidos en el artículo 20 LRHL para el establecimiento de una tasa por prestación de servicios urbanísticos.

    Así, ha de resaltarse que en todos esos supuestos no existe ese interés general tutelado y exigido por figuras superiores del planeamiento sino que los mismos están al servicio parcial de los particulares, primando el interés singular sobre el general ya que los principalmente beneficiados son los propietarios de la zona cuya regulación ha sido desarrollada por estas figuras secundarias del planeamiento que obtienen grandes beneficios de su aprobación que no afecta al resto de la Comunidad ya que el promotor de una urbanización actúa en su exclusivo beneficio y no para defender intereses generales de los ciudadanos, limitándose a cumplir lo legalmente preceptuado para poder beneficiarse con las plusvalías que se producen, por ejemplo con la transformación de terrenos rústicos en solares.".

    SEXTO

    Es patente que el recurso del Ayuntamiento de Madrid está en frontal contradicción con las sentencias de esta Sala, citadas por la resolución impugnada, que sostienen que en el planeamiento urbanístico, en cualquiera de sus grados, lo prevalente es el interés general, y no el particular. Ello explica que la tasa, que  descansa sobre el específico beneficio que en el interés particular genera el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público, así como la actividad de la Administración no pueda operar en los instrumentos de planeamiento  . Nuestra jurisprudencia ha llegado más lejos, incluso en los Proyectos de Urbanización, y a la vista de las determinaciones generales que contiene, tampoco son posibles las tasas. 

    SEPTIMO

     Los preceptos impugnados hacen referencia a b) Programas de Actuación Urbanística, Planes de Sectorización, Planes Parciales y Especiales de Ordenación, sus modificaciones y avances o anteproyectos de Planes Urbanísticos.- c) Estudios de Detalle o Impacto Ambiental.- -e) Inspección de la ejecución de las obras de urbanización y recepción de las mismas.- f) Proyectos de Reparcelación.- g) Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación, y Constitución de Juntas de Compensación y Entidades Urbanísticas Colaboradoras y/o de Conservación. Se trata de actos de planeamiento urbanístico, o de gestión como sucede en los supuestos de los apartados e, f y g), urbanística en los que lo prevalente no es el beneficio del particular sino un interés público procediendo conforme a la doctrina del Tribunal Supremo declarar su nulidad, así como los conexos el artículo 6 apartados 3º, 4º, 14º y 15, en los que se indica que 3. En los Planes de Sectorización, Planes Parciales o Especiales de ordenación, Estudios de Detalle, y obras de ordenación urbanística, Proyectos de delimitación del ámbito de actuación, de áreas de reparto, y de unidades de ejecución, Proyectos de Reparcelación y otras actuaciones urbanísticas, las modificaciones de dichas figuras de planeamiento y el avance o anteproyecto de los Planes de Ordenación, la base imponible estará constituida por la superficie total de cada actuación determinada en metros cuadrados.4. En los Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación, y Constitución de Juntas de Compensación y Entidades Urbanísticas Colaboradoras, la cuota tributaria está determinada por una cantidad fija. 14. Los proyectos de urbanización y sus modificaciones tributarán por el presupuesto total de la construcción, instalación u obra. 15. La inspección de la ejecución de las obras de urbanización y recepción de las mismas, tributará en función de la superficie de suelo comprendida en el respectivo proyecto. También ha de anularse por dicha conexidad los apartados 3. Cuando se trate de Planes de Sectorización, Planes Parciales o Especiales de ordenación, Estudios de Detalle o Impacto Ambiental, obras de ordenación urbanística y otras actuaciones urbanísticas, se abonará la cuota que resulte de multiplicar el tipo de 0,05 € por los metros cuadrados de la superficie comprendida en el respectivo Programa, Plan, Estudio de Detalle o Proyecto.- Los avances o anteproyectos de planes de ordenación, la cuantía de la cuota será del 25% del importe fijado en el párrafo anterior. Se considerará incluido dentro de este mismo epígrafe y sujeto a idéntica normativa la modificación de figuras de planeamiento indicadas en el mismo.-Se establece una cuota mínima de 300€ en el caso de que la liquidación practicada en aplicación de lo establecido en el apartado anterior sea inferior a la citada cantidad. 4. En los Proyectos de Delimitación del ámbito de actuación, de áreas de reparto, y de unidades de ejecución, se establece una cuota de 0.025 euros por metro cuadrado. Se fija una cuota mínima de 150€ en el caso de que la liquidación practicada en aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior sea inferior a la citada cantidad. 5. En los Proyectos de Reparcelación, se abonará la cuota que resulte de multiplicar el tipo de 0,05 € por los metros cuadrados de superficie de suelo comprendida en el respectivo proyecto. Se establece una cuota mínima de 300,00€ en el caso de que la liquidación practicada en aplicación de lo establecido en el apartado anterior sea inferior a la citada cantidad. 6. Proyectos de Bases, Estatutos y constitución de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, u otras Entidades Urbanísticas: se establece una cuota de 901,52€.y 13. Inspección de la ejecución de las obras de urbanización y recepción de las mismas: la cuota resultará de multiplicar el tipo en euros por la superficie del suelo comprendida en el respectivo proyecto, estableciéndose una cuota mínima de 2.673,00€. . Hasta 10 Ha: 1.376,65€/Ha. por cada Ha que exceda de 10: 763,55€/Ha.

    OCTAVO

    De conformidad con el  artículo 107   de la  Ley 29/1998, de 13 de julio  (RCL 1998, 1741), reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa establece que si la sentencia firme anulase total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de 10 días a contar desde la firmeza de la sentencia”.

    Y la segunda sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana, de 4 de octubre de 2017, nos explica que:

    “Entrando ya en la cuestión nuclear de esta apelación, hemos de dar la razón a la parte apelante, ello con arreglo a un criterio jurisprudencial reiterado. Como dijimos en la STSJCV de 20-6-2016 (Sección Cuarta ), "en relación a los Proyectos de Urbanización , la STS de 14-4-2003 señaló (FJ 2º ):'Constituye reiterado criterio jurisprudencial, recogido, entre otras, en las SSTS de 23-11-1990 , 10-4-1997 , 28-5-1997 , 19-4-1999 y 16-10-1999 [...], que, aunque los proyectos de urbanización son actuaciones urbanísticas de ejecución del planeamiento que carecen de carácter normativo, tienen una relación inmediata con el plan de ordenación que tratan de ejecutar, relación que es la que determina tanto que las obras a que se refieren no estén sujetas a licencia y que tampoco lo estén su tramitación y aprobación (la de los proyectos de urbanización , se entiende), como que tales presupuestos no pueden constituir hecho impositivo legitimador de una tasa municipal por prestación de servicios.

    Y es que los tan repetidos Proyectos de Urbanización son un complemento indispensable del plan y realizan todas las previsiones del mismo en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, jardinería y otras análogas, y resuelven el enclave de los servicios urbanísticos con los generales de la ciudad, como se desprendía claramente de los arts. 67.2 y 70.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 23-6-1978 .

    De ahí que en ellos prime el interés general sobre el individual y que, en consecuencia, ni su tramitación ni su aprobación, ni la obra urbanizadora en ellos determinada, puedan ser sometidas a licencia ni consideradas hecho impositivo de tasa alguna, aunque, como cualquier instrumento urbanístico, como puede ser la aprobación de un Plan, que sí tienen naturaleza normativa y por ello tampoco pueden ser causa de licencias o tasas, generen siempre un beneficio particular al lado del que su misma existencia puede significar para la colectividad”.

    Procede, en consecuencia, la estimación del recurso, la anulación de la tasa, decretando el deber municipal de devolver la cantidad ingresada, más los intereses por ella devengados. Y, así mismo, procede la anulación del artículo 3, epígrafe 1 de la ordenanza referida, así como de todos los preceptos conexos con el mismo.

    Y, así mismo, conforme a la misma filosofía dimanante del citado artículo 107.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede que, una vez que sea firme la presente Resolución, se publique por el Ayuntamiento la misma en el BON.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos estimar, como estimamos, en los términos expuestos en los Fundamentos precedentes, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la notificación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Caparroso, de fecha 10 de julio de 2018, de la tasa por tramitación de un plan urbanístico, así como, de modo indirecto, contra el artículo 3, epígrafe 1, de la Ordenanza municipal reguladora de las licencias, otras actuaciones urbanísticas y actividades administrativas de control.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web