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18-01443

  • Nº Expediente 18-01443
  • Nº Resolución 02147/18
  • Fecha resolución 07-12-2018
  • Sección TAN Tercera
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 7;7.8
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título 19/2017
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 2
    • Norma Ley
    • Título 39/2015
    • Tipo 1
    • Número 106
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema

    Solicitud de revisión de oficio de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

  • Resumen

    Los actos administrativos firmes (liquidaciones tributarias firmes) no se ven afectados por la STC 72/2017.

  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-01443, interpuesto por DON ………….., en nombre y representación de “……………, S.A.”, contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 22 de mayo de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de la propia Dirección de fecha 13 de marzo de 2018 (expediente municipal número 2016/3456), sobre inadmisión de solicitud de revisión de oficio y denegación de devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    Ha sido Ponente don Raúl-Antonio Cruzado Espinoza.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Se interpone el presente recurso de alzada contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, de 22 de mayo de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de la propia Dirección de fecha 13 de marzo de 2018 (expediente número 2016/3456), sobre inadmisión de solicitud de revisión de oficio de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

    2º.- El Ayuntamiento de Pamplona remite el expediente y un informe en defensa de la legalidad del acto recurrido en el que tras exponer los argumentos jurídicos que considera de aplicación solicita la desestimación del recurso planteado.

    3º.- Propuesta por la parte recurrente la práctica de prueba documental, se considera pertinente, incorporándose al expediente los documentos presentados junto con el escrito de recurso.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Para la resolución del presente recurso de alzada debemos tener en cuenta los hechos que se exponen a continuación.

    Mediante resolución de 23 de septiembre de 2016 del Ayuntamiento de Pamplona se aprobó la liquidación del IIVTNU, con número de recibo 16034560 (exp: 2016-3456), por un hecho imponible producido en el mes de marzo de 2015, la cual fue abonada el día 21 de octubre de 2016.

    Con fecha 25 de enero de 2018 el interesado solicita la revisión de oficio de la citada liquidación.

    SEGUNDO.- La parte recurrente alega, en síntesis, que procede la revisión de oficio al no existir hecho imponible y la nulidad de los preceptos legales declarada por la STC 72/2017.

    La entidad local se remite a lo informado durante el procedimiento de recurso de reposición, en el cual se señala, en esencia, que se tratan de liquidaciones firmes a las que no les afecta la sentencia del Tribunal Constitucional, y que existen resoluciones de este Tribunal en este sentido.

    TERCERO.- En relación al IIVTNU, también conocido como impuesto de plusvalía, el Tribunal Constitucional ha dictado distintas sentencias referidas todas ellas a este impuesto regulado en diferentes normas.

    En lo que respecta a Navarra (ordenamiento jurídico aplicable en la presente alzada) el Tribunal Constitucional dictó su sentencia número 72, de 5 de junio de 2017 (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 168, de 15 de julio de 2017). El Fallo de dicha sentencia decidió:

    “Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 686-2017 y, en consecuencia, declarar que los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

    CUARTO.- La parte recurrente solicita la revisión de oficio de una liquidación de fecha 23 de septiembre de 2016 (correspondiente a un hecho imponible producido en marzo de 2015) el cual es un acto administrativo firme, pues fue abonada hace más de un año, reconociendo en su solicitud de revisión de oficio la firmeza de la citada liquidación.

    En relación a las solicitudes de revisión de oficio, así como también de los expedientes de devolución de ingresos indebidos a solicitud de los particulares, a la Hacienda municipal tras la declaración de nulidad de la Ley sobre la que se fundamenta dicho tributo, este Tribunal ha manifestado que las distintas normas aplicables y las sentencias del propio Tribunal Constitucional, señalan que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no afectan a las situaciones administrativas firmes.

    Por otra parte, el fallo de la STC 72/2017, en relación a los preceptos de la normativa foral impugnados, fue de declararlos ”inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”, es decir, plenamente constitucionales –y por tanto aplicables- en los supuestos de incremento de valor. Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de julio de 2018 (al fijar los criterios interpretativos a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que afectó al Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales -TRLHL-), ha señalado que los artículos 107.1 y 107.2.a) del TRLHL (equivalentes a los apartados 2 y 3 del artículo 175 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra) adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial.

    QUINTO.- Como señalamos en el fundamento de derecho anterior, este Tribunal ya se ha manifestado anteriormente sobre este mismo asunto, por lo que nos remitimos a lo resuelto en nuestra resolución número 2.734, de 24 de noviembre de 2017, que en su fundamento de derecho tercero señala:

    “El artículo 140.1 de la LFGT dispone que “corresponderá en cualquier momento al Consejo de Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, previo dictamen del Consejo de Navarra, la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos en los que concurran las condiciones exigidas para ello por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común”. Hemos de entender, en el caso que nos ocupa, que las entidades locales disponen de la misma facultad.

    La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en su artículo 106 regula la revisión de disposiciones y actos nulos y dispone lo que sigue:

    “1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

    (…) 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales”.

    El citado artículo 47.1 dispone lo siguiente en cuanto a la nulidad de pleno derecho:

    “Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

    a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

    b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

    c) Los que tengan un contenido imposible.

    d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

    e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

    f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

    g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley”.

    Pues bien, tal como manifiesta el Ayuntamiento, es evidente que no se produce ninguno de los transcritos supuestos tasados de nulidad de pleno derecho, lo que justifica la inadmisión de la solicitud. Los recurrentes no alegan, ni pueden alegar, ninguna de esas causas de nulidad, sino que alegan otra no contemplada en las leyes: la inconstitucionalidad sobrevenida de la ley en la que se fundamentó el acto administrativo.

    Tampoco podemos considerar que se produzca ninguno de los supuestos para que, por la remisión que hace el artículo 159 de la LFGT, podamos entender admisible un recurso extraordinario de revisión, si interpretáramos en tal sentido la pretensión de los recurrentes. El artículo 125.1 de la LPAC dispone lo siguiente:

    “Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

    a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

    b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

    c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

    d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme”.

    A la alegación que formulan los recurrentes hemos de aplicar lo que dispone el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”.

    La jurisprudencia ha extendido esta norma también a los actos administrativos. Así la Sentencia del Tribunal Constitucional número 176/2011, de 8 de noviembre: “Por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), procede declarar que únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía una resolución administrativa o judicial firme sobre las mismas (art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)”. Y precisa la Sentencia del Tribunal Constitucional número 104/2013, de 25 de abril: "El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes".

    La Sentencia del mismo tribunal número 140/2016, de 21 de junio, relativa a las tasas judiciales, explica lo siguiente:

    "Respecto de ambos pronunciamientos de nulidad, procede aplicar la doctrina reiterada de este Tribunal en cuya virtud, «en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren “debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme» [SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la anterior 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de abril].

    En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo.

    El mismo principio está presente en lo prescrito en el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: "Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente".

    En consecuencia, los actos administrativos firmes anteriores a la publicación de la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 77/2017, de 5 de junio, no se ven afectados por el fallo de la misma. Por lo tanto, hemos de desestimar el recurso de alzada y confirmar la resolución impugnada.

    (…)”.

    SEXTO.- Pero es que, además, es preciso resaltar que la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, regula un régimen transitorio para determinadas liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En concreto, el apartado uno de la disposición transitoria única establece que en relación con las liquidaciones del citado impuesto correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al 15 de julio de 2017 y que hayan adquirido firmeza con anterioridad a dicha fecha «no procederá la devolución de ingresos indebidos». Como quiera que la liquidación a que hace referencia el presente recurso corresponde a un hecho imponible producido con anterioridad al 15 de julio de 2017 y la liquidación correspondiente adquirió firmeza también con anterioridad a dicha fecha, tampoco procede, por aplicación y mandato expreso de la citada ley foral, la devolución de unos supuestos ingresos indebidos.

    SÉPTIMO.- En relación a la posible revisión de oficio y devolución de ingresos indebidos de aquellas liquidaciones firmes del IIVTNU y la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, se ha pronunciado, también, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona en su sentencia número 210, de 19 de noviembre de 2018, en los siguientes términos:

    “En el caso de autos nos encontramos ante una liquidación que adquirió firmeza, dado que no fue recurrida en tiempo y forma y que, sin instar un procedimiento de revisión previo, la parte pretende que le sea devuelto el importe de liquidación como ingreso indebido. Como señala la normativa transcrita, la regla general es que no serán objeto de devolución los ingresos tributarios efectuados en virtud de actos administrativos que hayan adquirido firmeza y, para que ello sea dable, es necesario instar previamente el procedimiento de revisión, lo que no se ha hecho en el caso de autos, por lo que el recurso debe ser desestimado.

    TERCERO.- En cualquier caso, y a mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo que se cita y aporta por la Asesora Jurídica del Ayuntamiento de Pamplona, es clara en el sentido de dotar a las sentencias del Tribunal Constitucional de la misma eficacia prevista en el artículo 40 de la LOTC para las sentencias, a los actos administrativos firmes aduciendo a razones de seguridad jurídica.

    En este sentido señala la STC (Sala Primera) de 4 de mayo de 2009, relativa a la solicitud de la devolución de lo ingresado en virtud de un gravamen complementario sobre la tasa fiscal del juego que fue declarada inconstitucional y nulo, señala la revisabilidad de los actos administrativos nulos deben ser modulada por las exigencias del principio de seguridad jurídica, siendo pertinente, por tanto, excluir de esa posibilidad las situaciones consolidadas, tanto aquellas decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada como, en su caso, las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”.

    Por su parte, la STS (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2017señala que “las situaciones consolidadas, entre las que se incluyen no solo las decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada sino también las actuaciones administrativas firmes no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la declaración de nulidad que implica la inconstitucionaliddad apreciada en la sentencia del Tribunal Constitucional”.

    Por lo que se aprecia que el criterio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona señalado es el mismo que tiene este Tribunal Administrativo, en relación a que la STC 72/2017 no afecta a los actos administrativos firmes.

    OCTAVO.- Por último, debemos señalar que no solo este Tribunal y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona citado tienen claro que los actos administrativos firmes (liquidaciones tributarias firmes) no se ven afectados por la STC 72/2017; sino que incluso el órgano consultivo de la Comunidad Foral de Navarra, el Consejo de Navarra, encargado de la emisión de los dictámenes (que en estos casos deben ser favorables) para que sea posible la revisión de oficio ha señalado que no procede la revisión de oficio de aquellas liquidaciones del IIVTNU que sean firmes por el hecho de que la STC 72/2017 haya declarado inconstitucional los preceptos de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

    Así lo ha declarado el Consejo de Navarra hasta en tres ocasiones en sus dictámenes 4/2018, de 5 de marzo, 19/2018, de 18 de junio y 26/2018, de 26 de julio.

    A continuación citamos lo que señala el Consejo de Navarra al respecto en su dictamen 4/2018, de 5 de marzo:

    “II.4ª. Improcedencia de la revisión de oficio.

    La propuesta de resolución elevada por el Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeitiko Udala alude expresamente como causas para proceder a la revisión de oficio, conforme a lo solicitado por la parte interesada, al artículo 106.1 y 2 de la LPACAP, con remisión al artículo 47.2 de la LPACAP, y referencia del artículo 47.1 g) de la LPACAP; todo ello derivado de la declaración de inconstitucionalidad por STC 72/2017, de 5 de junio, de los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la LFHLN.

    Como ya indicamos, entre otros, en nuestro dictamen 3/2015, de 26 de enero, y 24/2017, de 8 de junio, la nulidad de pleno derecho se configura legalmente como el máximo grado de invalidez de los actos para aquellos casos de vulneración grave del ordenamiento jurídico, debiendo ser ponderada con criterios estrictos y de prudencia, dado su carácter excepcional, caso por caso.

    La primera causa de nulidad que se invoca es la contenida en el artículo 47.2 de la LPACAP que señala que ‘también serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulan materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.

    Como se deduce de la propia dicción del precepto, esta causa se encuentra prevista para las normas dictadas por la Administración que incurran en ilegalidad. Sin embargo, en el caso que nos ocupa el objeto de la nulidad de oficio son las liquidaciones tributarias números 73/2013 y 29/2014, que no son normas administrativas, sino actos administrativos que devinieron firmes y consentidos, y cuyo importe fue satisfecho el 24 de septiembre de 2013 y 22 de abril de 2014. Por tanto, difícilmente puede considerarse subsumible el supuesto que nos ocupa en el artículo 47.2 de la LPACAP.

    En cuanto a la concurrencia de la causa de nulidad de la letra g) del artículo 47.1 de la LPACAP no parece factible, por cuanto se carece de una norma que, con rango de ley, disponga de forma expresa y directa la nulidad de pleno Derecho para una situación fáctica como la que nos ocupa.

    No resulta tampoco plausible la pretendida aplicación del artículo 47.1.g) de la LPACAP, en relación con el artículo 47.2 de la LPACAP, que se sostiene alegando que siendo nula de pleno Derecho la norma a cuyo amparo se dictaron los actos de liquidación del IIVTNU, tales actos son nulos por extensión.

    En primer lugar, tal pretensión presupone que la nulidad de los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la LFHLN, declarada por la STC 72/2017, de 5 de junio, ha de tener una eficacia retroactiva o “ex tunc” para los actos administrativos firmes y consumados, no sólo no establecida en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sino excluida al apuntar la eficacia “pro futuro” de su fallo. En este sentido el apartado c) del Fundamento Jurídico 4º de la STC 72/2017, de 5 de junio, dice que:

    “Finalmente debemos recordar una vez más que expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana [SSTC 26/2017, FJ 7; 37/2017, FJ 5, y 59/2017, FJ 5 c)]”.

    Ello resulta conforme, además, con el régimen general que prevé la normativa vigente.

    En este sentido cabe recordar que el artículo 40.1 de LOTC dispone que:

    “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”.

    Esta eficacia “ex nunc”, no retroactiva de la declaración de inconstitucionalidad, también se contempla en el artículo 32.6 de la LRJSP, en el que se indica que: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa”.

    Por su parte, el artículo 73 de la LRJCA, señala que “las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”.

    El criterio se reitera, reconociéndose en su caso la posibilidad de reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración, en el artículo 106.4 de la LPACAP cuyo tenor literal señala que: “Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma”.

    En segundo lugar, no se puede desconocer la regulación introducida por la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que según ella misma señala en su preámbulo: “se dirige a modificar la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales, para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017, de 5 de junio de 2017, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio del mismo año. Se trata, pues, de ofrecer una respuesta normativa rápida con el objetivo de clarificar los efectos de la mencionada sentencia en relación con la gestión y la aplicación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

    La reforma operada en la LFHLN ha introducido un régimen específico, conforme a la potestad normativa que el propio Tribunal Constitucional reconoce al legislador foral en la STC 72/2017, para fijar las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la LFHLN en cuanto a las liquidaciones del IIVTNU realizadas de pasado, las practicadas de presente y las que se realicen de futuro, distinguiendo entre las distintas situaciones y fechas en las que se ha llevado a cabo la exacción del impuesto.

    Así, señala la Disposición Transitoria Única. Régimen transitorio aplicable a determinadas liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana:

    “Uno. Liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017.

    En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017, que hayan adquirido firmeza con anterioridad a dicha fecha, se aplicarán las siguientes reglas:

    1.ª No resultará de aplicación lo dispuesto en la presente ley foral.

    2.ª No procederá la devolución de ingresos indebidos.

    3.ª Continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios derivados de las mencionadas liquidaciones y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas.

    A las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017, que hayan adquirido firmeza con posterioridad a dicha fecha se les aplicarán las reglas del apartado dos de esta disposición.

    Dos. Liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos entre el día 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

    En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a hechos imponibles producidos entre el día 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive, que hayan adquirido firmeza se aplicarán las siguientes reglas:

    1.ª Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo primero de la presente ley foral.

    2.ª En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior, se confirme la sujeción al impuesto, se aplicará la normativa vigente en el momento del devengo.

    Tres. Liquidaciones que no hayan adquirido firmeza, correspondientes a hechos imponibles producidos hasta el día 31 de diciembre de 2017, inclusive.

    En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a hechos imponibles producidos hasta el día 31 de diciembre de 2017 inclusive, que no hayan adquirido firmeza se aplicarán las siguientes reglas:

    1.ª Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo primero de la presente ley foral.

    2.ª En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior, se confirme la sujeción al impuesto, se aplicará la normativa vigente en el momento del devengo.

    Cuatro. Liquidaciones recurridas pendientes de resolución.

    1. Los recursos de reposición contra liquidaciones a las que sea de aplicación esta disposición transitoria, que se encuentren pendientes de resolución, se resolverán con arreglo a lo dispuesto en ella.

    2. Los recursos contra liquidaciones a las que sea de aplicación esta disposición transitoria, que se encuentren pendientes de resolución en el Tribunal Administrativo de Navarra o en los órganos jurisdiccionales, se resolverán con arreglo a lo dispuesto en ella.

    A estos efectos, en los casos en que resulte procedente, el Tribunal Administrativo de Navarra y los órganos jurisdiccionales remitirán a los Ayuntamientos correspondientes los expedientes pendientes de resolución para que estos últimos practiquen, en su caso, las nuevas liquidaciones que resulten pertinentes con arreglo a lo dispuesto en esta disposición transitoria. En estos supuestos declararán conclusos los procedimientos, sin perjuicio de los nuevos recursos que puedan interponer los interesados contra las liquidaciones que se dicten por parte de los Ayuntamientos”.

    Como se colige de lo señalado en el apartado uno de la norma transcrita, a las liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017, como es el caso que nos ocupa, puesto que las liquidaciones se devengaron y pagaron de forma consentida el 24 de septiembre de 2013 y 22 de abril de 2014, no les resultarán de aplicación lo dispuesto en la nueva normativa foral sobre el IIVTNU, siendo improcedente la devolución de los ingresos indebidos.

    Ello determina una exclusión legal de la eficacia retroactiva de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la LFHLN, y que la modificación normativa incorporada por la LFHLN pueda proyectarse sobre las liquidaciones firmes y consentidas, hecho que determina la insusceptibilidad de su revisión por ese motivo.

    A la vista de todo lo anterior, este Consejo de Navarra considera que no concurren las causas de nulidad de pleno derecho invocadas para la revisión de oficio de las liquidaciones 73/2013 y 29/2014 del IIVTNU, giradas por el Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeitiko Udala y, por tanto, dicha revisión debe ser desestimada.

    III. CONCLUSIÓN

    El Consejo de Navarra informa negativamente la revisión de oficio por la nulidad de pleno Derecho de las liquidaciones números 73/2013 y 29/2014 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas por el Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeitiko Udala”.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Desestimar el recurso de alzada más arriba indicado interpuesto contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, de 22 de mayo de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de la propia Dirección de fecha 13 de marzo de 2018 (expediente número 2016/3456), sobre inadmisión de solicitud de revisión de oficio de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por ser dicha resolución conforme a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Roberto Rubio.- Gabriel Casajús.- Raúl-Antonio Cruzado.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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