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18-01164

  • Nº Expediente 18-01164
  • Nº Resolución 02024/18
  • Fecha resolución 26-10-2018
  • Sección TAN Segunda
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Intervención de terceros (contratistas, concesionarios y otros) 11;11.3
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos
    • Tipo 1
    • Número 101
  • Disposición 2
    • Norma Ley
    • Título Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
    • Tipo 1
    • Número 32
  • Disposición 3
    • Norma Ley
    • Título Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
    • Tipo 1
    • Número 67, 68, 81, 82, 91, 92 y 96
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema

    Responsabilidad por daños sufridos como consecuencia de caída en una vía pública en obras.

  • Resumen

    Los daños y perjuicios que se irroguen como consecuencia de la ejecución de un contrato son imputables al contratista. La responsabilidad de la Administración Pública en estos casos solo existiría si ha dado órdenes concretas o ha aprobado proyectos de cuya ejecución se deriven los daños en una relación de causa-efecto. En los demás casos la responsabilidad es imputable en exclusiva al contratista.

  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-01164, interpuesto por DOÑA ............ contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO de fecha 2 de mayo de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de la propia Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2018, sobre denegación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída en la vía pública que se encontraba en obras.

    Ha sido Ponente doña María-Jesús Moreno Garrido.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Se interpone el presente recurso de alzada contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Caparroso de 2 de mayo de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de la misma Alcaldía, de 9 de marzo de 2018, que deniega indemnización por daños sufridos a consecuencia de una caída en la vía pública, e informa a la interesada que, en todo caso, de probarse los daños reclamados y su relación con las obras, la entidad que debería responder es la empresa AAAAA, SA, que es quien estaba ejecutando las obras de la vía pública. La recurrente alega los motivos y fundamentos que entiende aplicables y solicita que con la estimación del recurso de alzada se condene al Ayuntamiento al pago de una suma de 3.000 euros por daños y perjuicios.

    2º.- El Ayuntamiento de Caparroso remitió el expediente en el que constan los antecedentes de su actuación junto a un informe en defensa del acto impugnado. Solicita la desestimación del recurso de alzada.

    3º.- Comparece en el presente expediente, como tercer interesado, don ............, en nombre y representación de “BBBBB, S.A.”, quien presentó escrito de alegaciones en defensa del acto impugnado en el que solicita la desestimación del recurso de alzada.

     4º.- La parte recurrente no ha aporta medio de prueba alguna en defensa de sus pretensiones.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de alzada se refiere a examinar la responsabilidad del Ayuntamiento por los daños sufridos por la particular el día 25 de noviembre de 2017 en la calle Príncipe de Viana de Caparroso, consecuencia, según expone en su escrito inicial, de la ausencia de barandilla en la rampa que se colocó en el acceso a su vivienda.

    En su escrito de recurso de reposición expone que la fecha de la caída fue el 26 de noviembre de 2017 y en la presente alzada no indica fecha alguna y que la caída fue consecuencia de las condiciones claramente deficientes del acceso a su vivienda, sin que la calle estuviera cerrada o existiesen señales indicativas de por donde circular los peatones.

    Se da la circunstancia de que el vial se encontraba en obras que estaban siendo ejecutadas por la entidad AAAAA, SA.

    No se ha incorporado durante toda la tramitación del expediente fotografía alguna de la situación de las obras o del acceso a su vivienda ni otra prueba en relación con la caída relatada. Junto con el escrito del recurso de reposición se aportó un acta notarial de manifestaciones en la que el Notario recoge la declaración de varios vecinos sobre la caída producida. Y en la presente alzada no se ha aportado ni propuesto prueba alguna en defensa de sus pretensiones.

    Tras la instrucción del procedimiento se dictó la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Caparroso de 9 de marzo de 2017, impugnada en reposición, que si bien desestima la solicitud de responsabilidad por faltar la relación causal entre el accidente y las actuaciones del propio Ayuntamiento, informa a la interesada que, en caso de existir responsabilidad, la entidad que debe responder es la empresa AAAAA, SA.

    SEGUNDO.- Con carácter general, la responsabilidad patrimonial de los organismos y entidades de la Administración Local viene recogida en el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y respecto a las entidades locales de Navarra, en el artículo 317.3 de la Ley Foral de Administración Local, de 2 de julio de 1990. Ambos preceptos determinan que la responsabilidad patrimonial de dichos entes se ajustará a los términos de la legislación general sobre responsabilidad administrativa contenida, actualmente, en el artículo 106.2 de la Constitución, 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, artículo 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 67, 68, 81, 82, 91, 92 y 96, entre otros, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    Conforme a la citada normativa, para exigir responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas se precisa la acreditación de los siguientes requisitos: a) la efectiva realidad del daño o perjuicio y que sea evaluable económicamente e individualizado; b) que el daño o lesión patrimonial sufrido por el particular sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran alterar el nexo causal, siempre que aquél no tenga el deber jurídico de soportarlo; y c) ausencia de fuerza mayor.

    No obstante, existen excepciones a la regla general de responsabilidad de las Administraciones Públicas, concretamente las que se derivan de normas de aplicación preferente por ser del mismo rango jerárquico que las leyes indicadas y tener naturaleza de legislación especial.

    Conforme al artículo 101 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, (norma aplicable por ser la vigente en el momento de los hechos), los daños y perjuicios que se irroguen como consecuencia de la ejecución de un contrato son imputables al contratista, por lo que “la Administración responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras”. El precepto ni siquiera permite a la Administración Pública pronunciarse sobre el alcance de la responsabilidad del contratista, sino únicamente sobre si debe responder la propia Administración por haber dado órdenes directas o por vicios del proyecto. De forma que la responsabilidad de la Administración Pública en estos casos solo existiría si ha dado órdenes concretas o ha aprobado proyectos de cuya ejecución se deriven los daños en una relación de causa-efecto. En los demás casos la responsabilidad es imputable en exclusiva al contratista. En similar sentido se expresa el artículo 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 149 de la nueva Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

    Ante la aparente contradicción legal entre la normativa general derivada de las Leyes 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la legislación de contratos públicos debemos determinar cual sea la prelación de normas a aplicar, resultando que en Derecho las leyes especiales son de aplicación preferente sobre las generales incluso aunque éstas sean posteriores, salvo que hayan sido derogadas, en base al principio explicitado en el aforismo “lex posterior generalis non derogat legi priori especiali”. Las normas de naturaleza general son derecho subsidiario aplicable solo ante la falta de legislación especial que regule la materia en cuestión. Por ello es improcedente entender que las Leyes 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se deben aplicar en contra de lo establecido en la Ley Foral indicada, que regula la materia específica de responsabilidad de las Administraciones Públicas de Navarra en el caso de la ejecución de contratos, como ocurre en el caso traído a esta alzada.

    Entender que el régimen general de responsabilidad de las Administraciones Públicas es el aplicable al supuesto examinado, haciendo caso omiso a la legislación sobre contratos, como si no existiere, supone una palmaria vulneración del Derecho.

    TERCERO.- Partiremos del hecho de que no consta que el Ayuntamiento haya dado órdenes a la entidad concesionaria, cuyo cumplimiento haya provocado o causado el accidente, directa o indirectamente, ni que ese resultado sea consecuencia del proyecto aprobado para ejecutar la obra de la calle Príncipe de Viana de Caparroso. Por ello, se observa con claridad, sin más examen, que el Ayuntamiento de Caparroso no puede ser declarado responsable del accidente ni de las lesiones pues la ley lo excluye al no concurrir en este caso alguno de los supuestos que regula expresamente, por lo que no ha existido la relación de causalidad de la que se pueda deducir responsabilidad.

    Como bien señala el Ayuntamiento en la resolución del recurso de reposición, este Tribunal ha dictado numerosas Resoluciones en la que se recoge lo anteriormente expuesto. Por todas la citada por dicho Ayuntamiento, Resolución número 4.699/2009, de 7 de agosto.

    Lo cierto es que la resolución impugnada si bien desestima la solicitud de responsabilidad del Ayuntamiento, informa al particular sobre la entidad contra la que, en todo caso, debe promover el ejercicio de acciones, identificándola, todo ello en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos, de forma que el Ayuntamiento ha cumplido lo establecido en el precepto.

    En consecuencia, entendemos que el acto impugnado se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico y procede desestimar el recurso de alzada.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal

    RESUELVE: Desestimar el recurso de alzada más arriba referenciado interpuesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Caparroso de 2 de mayo de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de la misma Alcaldía, de 9 de marzo de 2018, que deniega indemnización por daños sufridos a consecuencia de una caída en la vía pública; actos que se confirman por ser ajustados a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- María-Jesús Moreno.- María-Jesús Balana.- Javier Lachén.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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