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18-01141

  • Nº Expediente 18-01141
  • Nº Resolución 01939/18
  • Fecha resolución 09-10-2018
  • Sección TAN Segunda
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 7;7.8
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
    • Tipo 1
    • Número 175
  • Disposición 2
    • Norma Ley
    • Título Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
    • Tipo 1
    • Número 106.3
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema

    Solicitud de revisión de oficio y devolución de la cantidad abonada en su día en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

  • Resumen

    Los actos administrativos firmes anteriores a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional 77/2017, de 5 de junio, cual es el caso de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana impugnadas, no se ven afectados por el fallo de la misma, sin que haya lugar a que las mismas sean revisadas, ni a que los ingresos efectuados en su virtud deban ser objeto de devolución.

  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-01141, interpuesto por DON ............, DON ............, DOÑA ............, DON ............. y DON ............ contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 4 de mayo de 2018, sobre inadmisión de solicitud de revisión de oficio y denegación de devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    Ha sido Ponente doña María-Jesús Moreno Garrido.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    .- Se interpone el presente recurso de alzada contra Resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona de 4 de mayo de 2018, mediante la que se inadmite una solicitud de revisión de oficio y se deniega la devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    Alegan los recurrentes lo que estiman oportuno en defensa de sus pretensiones y terminan solicitando que, con la anulación de la Resolución mencionada, se reconozca la invalidez de la liquidación impugnada y se resuelva que el Ayuntamiento proceda a la devolución del importe abonado por cada uno de ellos, 165,77 euros (total 828,85 euros).

    .- El Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente en el que constan los antecedentes de su actuación junto a un informe en defensa de la misma en el que solicita la desestimación del recurso.

    .- Por las partes no se propuso la práctica de prueba distinta de la aportación de los documentos que figuran en el expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Según obra en el expediente, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó con fecha 5 de mayo de 2017 la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), girada a los ahora recurrentes, por importe de 828,85 euros (165,77 euros para cada uno de ellos), por la compraventa de la finca sita en calle ………… de dicha localidad. La liquidación del impuesto de plusvalía devino en firme y consentida al no ser impugnada en tiempo y forma. 

    Alegando que en la referida trasmisión no concurre el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, dado que en su opinión no existe incremento de valor del inmueble vendido, en base al contenido de las Sentencias del Tribunal Constitucional 26/2017, de 16 de febrero, por la que se declara la inconstitucionalidad de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y la de 5 de junio de 2017, por la que se declara la inconstitucionalidad de los apartados segundo y tercero del artículo 175 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, los interesados instan ante el Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 24 de noviembre de 2017, la revisión de oficio de las liquidaciones y la devolución de las cantidades indebidamente abonadas, solicitudes que son inadmitidas respecto a la revisión y desestimadas respecto a la devolución de ingresos indebidos. Contra esta inadmisión y desestimación se interpone el presente recurso de alzada.

    SEGUNDO.- El artículo 106.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que el órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. El Ayuntamiento considera que las liquidaciones no estaban incursas en nulidad de pleno derecho cuando fueron aprobadas.

    La validez o no de los actos administrativos que aprobaron la liquidación ha de ser decidida en función de las circunstancias concurrentes en el concreto momento en que fueron dictados y lo cierto es que el acto de la aprobación de la liquidación, en su momento, no incurrió en la infracción del ordenamiento jurídico al no haber sido declarados en aquel momento los preceptos aplicados contrarios a la Constitución. Esto es algo claro y, por tal razón, no puede considerarse desacertada la carencia manifiesta de fundamento en la solicitud dirigida a obtener la rectificación y revisión de oficio formulada por los recurrentes, siendo razón suficiente para proceder a la desestimación del recurso de alzada. En consecuencia, se considera ajustada al mencionado artículo 106.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inadmisión de las solicitudes dirigidas a obtener la revisión de oficio de las liquidaciones.

    TERCERO.- Por lo que aquí atañe, por razones de economía y seguridad jurídica, nos pronunciaremos respecto al fondo del asunto. Hemos manifestado en nuestras Resoluciones número 2262/2017, de 15 de septiembre, y 2784/17, de 13 de diciembre, que ha de señalarse que, una vez dictada y publicada la citada sentencia del Tribunal Constitucional relativa a Navarra, la misma contiene en su fallo, la siguiente declaración: “que los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

    En relación con los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes, el artículo 161.1.a) de la Constitución Española precisa que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada”. Y el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que:

     “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”.

    Y, sobre el particular, la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio, relativa a las tasas judiciales, explica lo siguiente:

    “Respecto de ambos pronunciamientos de nulidad, procede aplicar la doctrina reiterada de este Tribunal en cuya virtud, «en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren “debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme» [ SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la anterior  54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre , FJ 7;  104/2013, de 25 de abril, FJ 4].

    En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la Hacienda Pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art. 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”.

    Precisa la referida sentencia del Tribunal Constitucional 104/2013, de 25 de abril, que “El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes”. La misma conclusión se obtiene de lo prescrito en el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (de aplicación supletoria, según establece el artículo 80 de la LOTC), que dispone que “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”.

    En consecuencia, considera este Tribunal que los actos administrativos firmes anteriores a la publicación de la citada sentencia del Tribunal Constitucional 77/2017, de 5 de junio, cual es el caso de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de 5 de mayo de 2017, giradas por el Ayuntamiento de Pamplona, no se ven afectadas por el fallo de la misma. Es por ello, que procede la desestimación de la presente alzada, toda vez que las liquidaciones han quedado, como antes se ha dicho, firmes y consentidas. Por tanto, no ha lugar a que las mismas sean revisadas, ni a que los ingresos efectuados en virtud de las mismas deban ser objeto de devolución.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Desestimar el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra Resolución de la Alcaldía del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona 4 de mayo de 2018, mediante la que se inadmite una solicitud de revisión de oficio y se deniega la devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana; actos que se confirman por ser ajustados a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- María-Jesús Moreno.- María-Jesús Balana.- Javier Lachén.- Certifico.- María García, Secretaria
Gobierno de Navarra

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