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18-00973

  • Nº Expediente 18-00973
  • Nº Resolución 01354/18
  • Fecha resolución 02-07-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Procedimiento Administrativo; Derechos de los ciudadanos: acceso a información y otros 9;9.3
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra
    • Tipo 1
    • Número 95
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Denegación de certificación sobre aprovechamientos comunales de pastos para solicitar ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
  • Resumen Denegación de certificados a los titulares de aprovechamientos  comunales por no estar al corriente del pago del canon. Desviación de poder. El Ayuntamiento tiene obligación de emitir el certificado y, en su caso, exigir el pago del canon mediante procedimiento de apremio.
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00973, interpuesto por DON …………. contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE ERRO de fecha 24 de abril de 2018, sobre denegación de certificación a efectos de la PAC.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    .- Mediante Resolución número 77/2018, de 24 de abril de 2018, el alcalde del Ayuntamiento del Valle de Erro deniega al ahora recurrente la expedición de una certificación sobre los aprovechamientos de pastos comunales de que es adjudicatario a los efectos de solicitar las ayudas de la Política Agraria Común de la Unión Europea.

    .- Contra dicha resolución el interesado interpone recurso de alzada ante este Tribunal.

    .- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFAL), en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    .- Por las partes no se ha solicitado la práctica de prueba distinta de la aportación de los documentos que figuran acreditados en el expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    ÚNICO.- Procede la estimación del recurso de alzada, ya que la actuación municipal supone una evidente desviación de poder. El artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que “son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder”. El Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de febrero de 2008 (RJ 2008\4089) explica al respecto lo que sigue:

    «Entre otras muchas sentencias de esta Sala, en la STS de 16 de marzo de 1999 hemos señalado que "La desviación de poder, constitucionalmente conectada con las facultades de control de los Tribunales sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican (artículo 106.1 de la Constitución) es definida en nuestro ordenamiento jurídico como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico y de este concepto legal, la doctrina y la jurisprudencia destacan las siguientes notas características:

    a) El ejercicio de potestades administrativas abarca subjetivamente toda la diversidad de órganos de la Administración Pública, en la extensión que a este concepto legal le reconoce la Ley.

    b) La actividad administrativa tanto puede consistir en un hacer activo como en una deliberada pasividad, cuando concurre en el órgano administrativo competente una obligación específica de actuación positiva, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Sala contenida, entre otras, en las Sentencias de 5 de octubre de 1983 y 3 de febrero de 1984.

    c) Aunque el terreno más apropiado para su prolífico desarrollo es el de la llamada actividad discrecional de la Administración, no existe obstáculo que impida, apriorísticamente, su aplicación a la actividad reglada, pues si el vicio de desviación de poder es más difícil aislarlo en el uso de las potestades o facultades regladas, no lo es menos que nada se opone a la eventual coexistencia genérica en los elementos reglados del acto producido, precisamente para encubrir una desviación del fin público específico asignado por la norma, como reconoce la Sentencia de 8 de noviembre de 1978 .

    d) La desviación de poder puede concurrir con otros vicios de nulidad del acto, pues si la doctrina jurisprudencial ha tendido a adoptar la posición que sostiene que las infracciones legales tienen un trato preferente y deben resolverse en primer término para restablecer por el cauce del recurso jurisdiccional el derecho vulnerado, lo cierto es que la existencia de otras infracciones en el acto administrativo no excluye y antes bien posibilita y es medio para lograrla, la desviación de poder, de conformidad con las Sentencias de 30 de noviembre de 1981 y 10 de noviembre de 1983.

    e) En cuanto a la prueba de los hechos en la desviación de poder, siendo genéricamente grave la dificultad de una prueba directa, resulta viable acudir a las presunciones que exigen unos datos completamente acreditados al amparo del artículo 1249 del Código Civil, con un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano y a tenor del artículo 1253 del Código Civil se derive en la persecución de un fin distinto del previsto en la norma la existencia de tal desviación, como reconoce entre otras la Sentencia de 10 de octubre de 1987».

    El Ayuntamiento formalmente se limita a denegar la expedición de una certificación, pero en la práctica está impidiendo al recurrente la obtención de unas ayudas para su actividad ganadera, cuando la decisión sobre dichas ayudas no es competencia municipal. Con la amenaza de la imposibilidad de obtener las ayudas comunitarias el Ayuntamiento pretende forzar a los adjudicatarios de aprovechamientos comunales que no estén al corriente del pago del canon a que satisfagan las cantidades que adeuden. Es obvio que, para conseguir el pago del canon por los aprovechamientos comunales, el Ayuntamiento tiene a su disposición otros procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, principalmente el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. La denegación del certificado solicitado por el recurrente supone no utilizar correctamente las potestades que tiene el Ayuntamiento, ya que se dirigen a fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico. Al recurrente le asiste el derecho reconocido en el artículo 95.1 de la LFAL: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de las resoluciones y acuerdos adoptados por las corporaciones locales, y de sus antecedentes”.

    No es de recibo la alegación que hace el Ayuntamiento en el sentido de que la resolución aquí impugnada no hace sino reproducir otro acto anterior que devino firme. La Resolución número 60/2018, de 16 de marzo, anunciaba la medida de denegar las certificaciones a los adjudicatarios de aprovechamientos comunales que no estuvieran al corriente en el pago, pero, como alega el recurrente, no señalaba ningún plazo para ponerse al corriente. El recurrente, confiando en la buena fe de la Administración, pagó las cantidades adeudadas y seguidamente solicitó la certificación. La resolución que aquí se impugna no se limita a reproducir la anterior, sino que añade un motivo de denegación de la solicitud que no figuraba en aquella, que ha pasado el plazo para emitir la certificación. Un motivo de denegación que tampoco es admisible, puesto que no hay ninguna norma que cierre el plazo para la emisión de certificaciones (otra cosa es que la Administración de la Comunidad Foral hubiera recomendado al Ayuntamiento remitir sus datos con cierta antelación), el recurrente tiene derecho a que se le certifiquen los datos que constan al Ayuntamiento en cualquier momento, al margen del plazo para solicitar las ayudas (que no había caducado aún cuando el recurrente solicitó la certificación), y en todo caso los datos declarados por el Ayuntamiento a la Administración de la Comunidad Foral eran susceptibles de ser corregidos con posterioridad.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debe estimar, como estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra Resolución número 77/2018, de 24 de abril de 2018, del alcalde del Ayuntamiento del Valle de Erro, acto que se anula por no ajustarse al ordenamiento jurídico, declarando el derecho del recurrente a obtener la certificación solicitada.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria.
Gobierno de Navarra

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