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18-00579

  • Nº Expediente 18-00579
  • Nº Resolución 01065/18
  • Fecha resolución 31-05-2018
  • Sección TAN Tercera
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Contribución Territorial 7;7.4
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título 2/1995
    • Tipo 1
    • Número 142
  • Disposición 2
    • Norma Ley Foral
    • Título 13/2000
    • Tipo 1
    • Número 21
  • Disposición 3
    • Norma Ley Foral
    • Título 13/2000
    • Tipo 1
    • Número 29
  • Disposición 4
    • Norma Decreto Foral
    • Título 177/2001
    • Tipo 1
    • Número 12
  • Tema Derivación de la acción tributaria en el impuesto de Contribución Territorial.
  • Resumen

    Para que la deuda tributaria pueda derivarse a otras personas es necesaria la declaración de fallido del deudor principal. Es un requisito formal que debe constar en el expediente y, también, debe constar en dicho expediente la justificación de toda la documentación que acredite que la Administración Tributaria ha realizado todas las actuaciones necesarias para proceder al cobro de la deuda incluyendo la imposibilidad del embargo de bienes por inexistencia de bienes embargables.

    La Administración Tributaria debe otorgar el trámite de audiencia en todos sus procedimientos de derivación de la acción tributaria pues su ausencia conllevaría la nulidad de dicho procedimiento.
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00579, interpuesto por DON …………, en nombre y representación de “…………, S.L.”, contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 16 de febrero de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de fecha 3 de octubre de 2017, sobre derivación de responsabilidad por deuda en concepto de Contribución Territorial.

    Ha sido Ponente don Raúl-Antonio Cruzado Espinoza.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- El recurso de alzada se interpone contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona de 16 de febrero de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución del propio Director de 3 de octubre de 2017, sobre derivación de responsabilidad por deuda en concepto de Contribución Territorial.

    2º.- El Ayuntamiento de Pamplona remite el expediente y un informe en defensa de la legalidad del acto recurrido en el que tras exponer los argumentos jurídicos que considera de aplicación solicita la desestimación del recurso.

    3º.- Propuesta por las partes la práctica de prueba documental, se considera pertinente y se tienen por reproducidos en el ramo de prueba los documentos acompañados a sus respectivos escritos de recurso y de alegaciones.

    4º.- No procede acceder a la solicitud de la parte recurrente de puesta de manifiesto del expediente para la proposición de nuevas pruebas ya que ello sólo es posible en caso de hechos nuevos.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- La presente alzada versa sobre un expediente de derivación de la acción tributaria por nuevo titular de un bien en relación al impuesto de Contribución Territorial de los ejercicios 2013 a 2016, ambos inclusive.

    La parte recurrente alega falta de declaración de insolvencia del deudor principal, falta de audiencia previa, prescripción, carecer las notificaciones de la declaración expresa de sus efectos interruptivos, indefensión, venta del inmueble y no motivación de la liquidación.

    El informe municipal señala que emprendió la vía de apremio contra el deudor principal y que aunque la resolución que declara la afección y derivación de la deuda no emplea la expresión “fallido” los efectos son los mismos; que la afección al pago constituye un supuesto específico de responsabilidad subsidiaria la cual no exige declarar la insolvencia del titular anterior, ni otorgar audiencia previa al adquirente del bien afecto; y que la deuda no ha prescrito.

    SEGUNDO.- Sobre la declaración de fallido.

    Según el artículo 21 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Navarra (LFGT), es sujeto pasivo la persona física o jurídica que según la ley foral resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente, sustituto, retenedor u obligado a ingresar a cuenta.

    Por otra parte, el artículo 29 del mencionado texto legal señala que la ley foral podrá declarar responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras personas, solidaria o subsidiariamente. Y que, salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

    Por lo que, en principio, el responsable de una deuda tributaria es el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, lo que conlleva que dicha deuda sólo sea exigible a dichos sujetos pasivos.

    En el caso de que se pretenda declarar responsables de la deuda tributaria a otras personas el artículo 29.5 de la LFGT, establece:

    “La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro del marco legalmente previsto”.

    Es decir, la declaración de fallido del deudor principal es un requisito previo y necesario para poder declarar responsables a otras personas y exigirles el pago de la deuda.

    Dicha declaración de fallido del deudor principal es un requisito no sólo formal sino, también, material para poder declarar responsable y exigir la deuda a otras personas. Es decir, debe existir una resolución de la Administración en la que expresamente declare al deudor fallido por no poderse hacer efectivos en el procedimiento de apremio los créditos de la entidad local por insolvencia del mismo o por desconocerse su paradero.

    Examinado el expediente administrativo se comprueba que no consta dicha declaración de fallido.

    Existe un informe de la Secretaria Técnica de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo (folios 48 a 51 del expediente administrativo) en el que se limita a comprobar el cambio de titularidad del bien a favor del recurrente a los efectos de derivar la responsabilidad de la deuda tributaria y otro informe, del Tesorero y Coordinador de Gestión Tributaria, en el que se señalan las deudas que no se encuentran prescritas. Todo ello sirve de fundamento a la resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona de 3 de octubre de 2017, por la que se deriva la responsabilidad de la deuda tributaria al actual recurrente.

    Los artículos 152 y 153 del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, regulan el concepto de deudor fallido, el procedimiento de declaración y sus efectos.

    Señalando que son deudores fallidos aquellos “cuyos créditos no pueden hacerse efectivos en el procedimiento administrativo de apremio por insolvencia de los mismos”, que la “declaración formal de que un deudor es fallido motivará la baja del crédito a su cargo en cuentas”, que la Administración Tributaria “justificará la inexistencia de bienes embargables de los mismos a través de las actuaciones del procedimiento de apremio y consultándose como en el apartado 1 la información que sobre los mismos obre en poder de la Hacienda Tributaria de Navarra, debiéndose igualmente dejar constancia en el expediente de los datos suministrados por el órgano de recaudación” y que “demostrada la insolvencia y, en su caso, paradero desconocido de los deudores principales y responsables solidarios, serán declarados fallidos”.

    De todo lo anterior podemos concluir que para que la deuda tributaria pueda derivarse a otras personas es necesaria la declaración de fallido del deudor principal. Lo cual es un requisito formal que debe constar en el expediente y, también, debe constar en dicho expediente la justificación de toda la documentación que acredite que la Administración Tributaria ha realizado todas las actuaciones necesarias para proceder al cobro de la deuda incluyendo la imposibilidad del embargo de bienes por inexistencia de bienes embargables (es decir, no se trata de una mera formalidad sino que debe quedar acreditado la imposibilidad de hacer efectivo el crédito de la entidad local).

    Aspectos formales y materiales que el Ayuntamiento de Pamplona no ha cumplido por lo que procede la estimación del recurso.

    TERCERO.- Aunque lo expresado en el fundamento de derecho anterior conlleva la estimación del recurso resultando ocioso el análisis del resto de alegaciones de la parte recurrente debemos realizar un inciso, dada su importancia, en relación a la falta de audiencia a la parte recurrente en el procedimiento de derivación de la acción tributaria.

    La resolución del recurso de reposición (objeto de la presente alzada) señala que para la afección al pago de la deuda tributaria no es necesario otorgar audiencia previa al adquirente del bien afecto, afirmación que este Tribunal debe señalar como errónea.

    El artículo 142 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, establece:

    “1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos a que se refieren los artículos 134 y 137 de esta Ley, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas tributarias y recargos pendientes por este impuesto.

    2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar que prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de dicha derivación.

    3. La derivación tendrá como límite la totalidad de las deudas tributarias y recargos pendientes por este impuesto y referidos a los bienes cuya titularidad sea objeto de cambio” (este y los siguientes subrayados son nuestros).

    Por otra parte, el artículo 29.4 de la LFGT, en relación a los responsables de la deuda tributaria, señala:

    “En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y su clase y se determine su alcance.

    Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, en la forma que reglamentariamente se determine (…)”.

    Y, el artículo 12.1 Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, establece:

    “En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance (…)”.

    Pero es que, además, los tres Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona han señalado la necesidad de otorgar audiencia previa al adquirente de un bien afecto en los casos de derivación de la acción tributaria.

    Así, la sentencia número 239, de 10 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, en su fundamento de derecho segundo, señala:

    “(…) sí que resulta exigible, por el contrario, un trámite de alegaciones previas por el interesado. El hecho de que el artículo 34.2 de la LFGT determine que esta derivación exigirá acto administrativo no implica que solamente requiera tal actuación. Por el contrario el precepto debe integrarse con el resto de normas que regulan la gestión tributaria, y así el artículo 86 de la LFGT exige con carácter general que “en todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de dictar la resolución”. El fundamento de seguridad jurídica que subyace en esta regla es obvio, y genéricamente extensible a las actuaciones administrativas tributarias en garantía de los derechos del interesado.

    Ese trámite no se cumplió en el caso que nos ocupa, y ello resulta generador de indefensión para el interesado que desconoce por completo la actuación administrativa que se ha decidido en su contra”.

    La sentencia número 252, de 13 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, al analizar el artículo 29 de la LFGT, relativo a los responsables, y el artículo 34 de la misma ley foral, relativo a los adquirentes de bienes afectos, señala, en su fundamento de derecho segundo, que:

    “(…) Si bien se regulan en distinta sección, no es menos cierto que se regulan en el mismo capítulo, el III, relativo a los obligados tributarios y sí que recoge el segundo de los preceptos un procedimiento, que no es otro que el previsto en el artículo 29.4 antes transcrito, que se refiere de forma expresa a la derivación “los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y su clase y se determine su alcance.”. Es más, el artículo 12 del Decreto Foral 177/2.001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, de forma expresa incluye la derivación y exige un acto administrativo previo (…) Y el artículo quince de la misma norma, relativo a la sucesión de las deudas tributarias por los adquirentes de bienes sujetos a su pago, remite al antedicho precepto y así; “7. El procedimiento para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo será el regulado en el apartado 2 del artículo 12 de este Reglamento.”, de manera que no hay dos, sino un solo procedimiento para la derivación del pago de deudas, que es el que hemos señalado y que el Ayuntamiento no ha seguido, causando indefensión al recurrente (…)”.

    Por último, la sentencia número 195, de 11 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, señala, en su fundamento de derecho segundo, que:

    “(…) sentado lo anterior y en aplicación de estos preceptos, era necesario la notificación de las liquidaciones generadoras de la deuda derivada, la falta de pago del deudor principal junto con su declaración de fallido y dar trámite de audiencia al responsable subsidiario. En este caso la propia demandante reconoce que no ha cumplido esos trámites, por lo que la resolución del TAN que así lo aprecia es conforme a derecho (…)”.

    Por tanto, el Ayuntamiento de Pamplona debe otorgar el trámite de audiencia en todos sus procedimientos de derivación de la acción tributaria pues su ausencia conllevaría la nulidad de dicho procedimiento. No consta acreditado el tramite de audiencia al interesado en el expediente administrativo objeto de la presente alzada (la propia entidad local manifiesta que no lo ha realizado y defiende su no necesariedad) lo que constituye un motivo más para estimar el recurso de alzada.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Estimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpuesto contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona de 16 de febrero de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución del propio Director de 3 de octubre de 2017, sobre derivación de responsabilidad por deuda en concepto de Contribución Territorial, y anular dicha resolución por ser contraria a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Roberto Rubio.- Gabriel Casajús.- Raúl-Antonio Cruzado.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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