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18-00316

  • Nº Expediente 18-00316
  • Nº Resolución 01572/18
  • Fecha resolución 14-08-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales; Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales 8;8.1
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título ley 7/1985, de bases de regimen local
    • Tipo 1
    • Número 75
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Indemnización por gastos de defensa y representación de cargos públicos, derivados de su imputación en causas penales relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
  • Resumen Procedencia de la indemnización. Archivo de la causa penal. Cuantía: tarifas orientativas de los colegios profesionales. (Concejo de Paternáin).
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación parcial
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00316, interpuesto por DON AAAAA y DON BBBBB contra desestimación tácita, por parte del CONCEJO DE PATERNÁIN, de reclamaciones efectuadas en fecha 11 de octubre de 2017, sobre solicitud de indemnización por los daños económicos sufridos como consecuencia de denuncia penal por el Presidente del Concejo.

    Ha sido Ponente doña María-Asunción Erice Echegaray.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante escritos de fecha 11 de octubre de 2017 se solicitaron por el ex Presidente y el ex Depositario (ex Secretario en otros documentos) del Concejo de Paternáin indemnizaciones por los daños económicos sufridos como consecuencia de denuncia penal presentada por los actuales miembros del Concejo contra dichas autoridades, por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo.

    2º.- Contra la falta de respuesta expresa a dicha petición se interpuso, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal.-

    3º.- Mediante providencia de Presidencia de este Tribunal se dio traslado del recurso al Concejo citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.-

    4º.- No se propuso por las partes la realización de pruebas.-

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Sobre la cuestión de “si los gastos de defensa y representación de los cargos públicos locales derivados de su imputación en causas penales por causas derivadas del ejercicio de sus funciones pueden ser considerados como gastos indemnizables por la Corporación a que pertenezcan” ya se han pronunciado tanto el Tribunal Supremo, como determinados Tribunales Superiores de Justicia, así como este Tribunal Administrativo de Navarra (en particular, en Resolución número 3341, de 21 de noviembre de 2014, recurso de alzada  14-01779). Y lo han hecho, en síntesis, en los términos que explica la sentencia del Tribunal Supremo de 4 febrero 2002 (RJ 2002\6788), que se expresa en los siguientes términos:

    “SEGUNDO

    Plantea este recurso de casación la cuestión relativa a si los gastos de defensa y representación de los cargos públicos locales derivados de su imputación en causas penales por causas derivadas del ejercicio de sus funciones pueden ser considerados como gastos indemnizables por la Corporación a que pertenezcan. El artículo 75.4 de la  Ley de Bases del Régimen Local  ( RCL 1985, 799, 1372 y ApNDL 205)   dispone que «Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo».

    El artículo 13.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales  ( RCL 1986, 3812, y RCL 1987, 76)   dispone que «Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, según las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido aprueba el Pleno corporativo».

    Interpretando estos preceptos, la jurisprudencia de esta Sala ha declarado que el artículo 13 del Reglamento Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, que desarrolla el régimen de retribuciones e indemnizaciones de la Ley de Bases del Régimen Local, no puede, por exigencias del principio de jerarquía normativa, interpretarse en un sentido que resulte contrario, restrinja o limite las previsiones legales del reiterado artículo 75 Ley de Bases del Régimen Local, y que la noción jurídica del concepto utilizado por la Ley comprende el resarcimiento de cualquier daño o perjuicio, tanto por gasto realizado, como por una ganancia dejada de obtener a consecuencia del trabajo o dedicación que impida la obtención de otro ingreso durante el tiempo que se dedica al desempeño del cargo en la Corporación, e, incluso por merma de la dedicación posible a la propia actividad particular (  sentencias de 18 de enero de 2000  [ RJ 2000, 267]  , recurso de casación número 1764/1994 y  10 de julio de 2000  [ RJ 2000, 9698]  , recurso de casación 7791/1994).

    Es destacable en la segunda de las resoluciones citadas, la declaración que enlaza el principio constitucional de autonomía local con la facultad de señalar las retribuciones e indemnizaciones de sus miembros dentro los límites derivados del citado artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local.

     TERCERO.- Tratándose de gastos de representación y defensa en un proceso penal, la Corporación puede, en uso de la autonomía local, considerarlos como indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre que no concurran circunstancias que obliguen a calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de la entidad local. Para ello es necesario que se cumplan las siguientes exigencias:

    a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la Corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones, pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.

    b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en interés particular, aunque externa o formalmente no sea así.

    c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de éstos o su carácter lícito. De haberse contraído responsabilidad criminal no puede entenderse que la conducta realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado la falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.

    Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal. De este principio general deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha sido por indicios creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento propio de un error judicial objetivo (v. gr., artículo 294 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial  [ RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375]  , interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las circunstancias concurrentes a tenor de las decisiones adoptadas por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional penal”.

    SEGUNDO.- Pues bien, en el caso ahora enjuiciado concurren las referidas circunstancias para que prospere la petición.

    En efecto, como consta en el expediente, la denuncia penal presentada por la Corporación actual contra los que fueron en los años 2011 a 2015 Presidente y Depositario del mismo Concejo de Paternáin (en la legislatura anterior) fue archivada, por “no ser los hechos constitutivos de infracción penal” (véase el folio 15 del expediente instruido ante este Tribunal)

    Tampoco la Fiscal actuante (al folio 212) consideró que la actuación fuera delictiva. Únicamente hizo una sucinta mención a cierta falta de orden en el aspecto económico y al “reproche” por determinada actuación.

    La Cámara de Comptos, aun cuando, ciertamente, no consideró modélica la gestión económica del Concejo,  tampoco vertió en su informe acusaciones acerca de la intervención de los Concejantes con abuso, exceso o desviación de poder.

    Tampoco consta siquiera que determinados actos del Concejo, de tales anualidades, hayan sido anulados en vía administrativa o vía contencioso-administrativa.

    Por tanto, considera este Tribunal que concurren las circunstancias para que la entidad local deba reintegrar los gastos que a tales ediles les ha causado la denuncia penal por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo (y téngase presente que, en efecto, los delitos que se imputaban eran de tal naturaleza, es decir, delitos cometidos como consecuencia de su actuación como Presidente y Secretario de una entidad local).

    TERCERO.- Cuestión distinta es la cantidad a indemnizar. De una parte, la normativa aplicable nos habla de los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.

    Ahora bien, ¿cualquier gasto o minuta que se haya satisfecho es precisamente la que hay que indemnizar? Es decir, ¿ha de indemnizarse la concreta minuta (de mayor o menor cuantía) que presenten los profesionales del Derecho libremente designados por los ediles denunciados? Repárese en que en un supuesto normal, la denuncia partiría de un tercero y la defensa la satisfaría en primer lugar el edil y finalmente el pago (en el caso en que procediera la indemnización) recaería en la Corporación. Pues bien, para este supuesto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia núm. 539/2017, de 31 de marzo -RJCA 2018\139-, hace la siguiente reflexión en relación con un Reglamento municipal dictado sobre el particular (y dicha reflexión nos da luz sobre la cuestión que ahora nos ocupa).

    “Pero es que, además de ello, tampoco se contiene previsión alguna en orden a la elección del profesional externo que asumirá la defensa -elección que habría de corresponder al Ayuntamiento que asume el pago de tales gastos (como así se previene de modo específico, de hecho, para funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, según se expone en la demanda y ha quedado incuestionado) por lo que no parece lógico que la designación lo sea por cuenta y riesgo del encausado-, el procedimiento para su designación (que habría de ajustarse entonces, entendemos, a las normas sobre contratación de las Administraciones Públicas) ni límite a la cuantía de los honorarios profesionales”.

    Es decir, esa reflexión nos ilustra acerca de que en un supuesto típico de defensa de un edil frente a la denuncia de un tercero, la elección de los profesionales del Derecho tiene que ser visada (incluso habla la sentencia referida de contratada públicamente) por la propia Corporación (pues a la postre, sobre ella recaerá el pago, si finalmente la denuncia penal no prospera y concurren el resto de requisitos para la indemnización al edil).

    En el caso que nos ocupa, la denuncia penal la presenta la actual entidad local frente a los anteriores cargos electos. Por tanto, lógicamente no hay intervención del Concejo en la designación de Abogado y Procurador de los ex ediles afectados. Ahora bien, ¿el “límite de la cuantía de los honorarios profesionales”, como dice tal sentencia, ha de existir o no?; es decir, ¿ha de ser libre en su cuantía la minuta o no?

    Pues bien, entiende este Tribunal a) que los gastos ocasionados (es decir, el desembolso efectivamente realizado) han de quedar plenamente justificados; b) que no puede haber duplicidades en las minutas, como parece observarse en el caso que enjuiciamos, pues, como indica la entidad local, una de las minutas (la del despacho de Abogados …………, relativa al señor BBBBB) hace referencia también al señor AAAAA, el cual ya ha presentado sus propias minutas profesionales; c) que se observa una gran diferencia en la cuantía económica de las minutas (de Abogado y de Procurador) presentadas por un solicitante y por otro; y d) que, a efectos de evitar posibles irregularidades en la designación de profesionales (o incluso en la emisión de facturas abusivas), los gastos que han de ser indemnizados han de ser los recogidas en las tarifas orientativas del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores. De lo contrario, podría incurrirse en prácticas irregulares, como decimos.

    Procede, en los términos expuestos, la estimación parcial del recurso (declarando el derecho de los recurrentes a que se les indemnice conforme a los criterios expuestos).

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos estimar parcialmente, como estimamos, en los términos expuestos en el Fundamento precedente, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la denegación tácita de las peticiones de fecha 11 de octubre de 2017, cursadas por el ex Presidente y el ex Depositario (ex Secretario en otros documentos) del Concejo de Paternáin, de indemnizaciones por los daños económicos sufridos como consecuencia de denuncia penal presentada por los actuales miembros del Concejo contra dichas autoridades, por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo; denegación tácita que se anula, por ser contraria a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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