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18-00315

  • Nº Expediente 18-00315
  • Nº Resolución 01688/18
  • Fecha resolución 31-08-2018
  • Sección TAN Tercera
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 7;7.8
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título 2/1995
    • Tipo 1
    • Número 172
  • Disposición 2
    • Norma Ley Foral
    • Título 13/2000
    • Tipo 1
    • Número 113
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Liquidación de Plusvalía.
  • Resumen

    El artículo primero de la Ley Foral 19/2017 añade un apartado 4 al artículo 172 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir del día 15 de julio de 2017, por lo que dicha modificación  normativa es plenamente aplicable al presente supuesto pues la compraventa se realizó en enero de 2018.

    La entidad local, antes de practicar la liquidación, debe otorgar al sujeto pasivo del impuesto la posibilidad de alegar y acreditar el supuesto de no sujeción.

    El Tribunal Constitucional, en su sentencia 72/2017, avala que el legislador pueda someter a tributación mediante un “sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto”.

    Es por ello por lo que ante una manifestación de renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana -puesto de manifiesto en el momento de su transmisión-) la norma entiende que se produce el hecho imponible. Sin embargo, la imposibilidad de que el contribuyente pueda acreditar el no incremento del valor, o su decremento, es lo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, y esta posibilidad de acreditar dicho extremo es lo que, precisamente, introduce la Ley Foral 19/2017.

    El artículo 172.4 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra establece claramente que es el sujeto pasivo el que tiene la carga de la prueba de la no sujeción (debe acreditar la inexistencia de incremento de valor) pero ello debe producirse dentro del procedimiento administrativo establecido legalmente.

  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00315, interpuesto por DON ............, en nombre y representación de “............, S.L.”, contra liquidación aprobada mediante resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE PERALTA de fecha 31 de enero de 2018, sobre Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    Ha sido Ponente don Raúl-Antonio Cruzado Espinoza.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Se interpone el presente recurso de alzada contra liquidación aprobada mediante resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Peralta de 31 de enero de 2018, relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

    2º.- El Ayuntamiento de Peralta remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación junto a un informe en su defensa. Solicita la desestimación del recurso de alzada.

    3º.- Propuesta por la parte recurrente la práctica de prueba documental, se considera pertinente, incorporándose al expediente los documentos presentados junto con el escrito de recurso.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- La cuestión a analizar en la presente alzada es la existencia o no de hecho imponible del IIVTNU, conocido popularmente como impuesto de plusvalía, en la transmisión realizada que ha dado lugar a la liquidación impugnada.

    El recurrente alega, en síntesis, que no existe incremento de valor del terreno que justifique la imposición tributaria pues el precio de la actual transmisión en el año 2018 es inferior al precio de la anterior (año 1999).

    El informe municipal señala que se ha realizado la liquidación del impuesto conforme a lo establecido en la nueva redacción del artículo 172.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

    SEGUNDO.- En relación al impuesto de plusvalía es conocido por todos que el Tribunal Constitucional ha dictado varias resoluciones en las que declara la inconstitucionalidad de los distintos preceptos de las respectivas regulaciones de dicho tributo local.

    En lo que respecta a la regulación aplicable a las entidades locales de Navarra el Tribunal Constitucional dictó su sentencia 72/2017, de 5 de junio, cuyo fallo fue:

    “Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 686-2017 y, en consecuencia, declarar que los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

    Tras la publicación de la referida sentencia, la Comunidad Foral de Navarra aprobó la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modificó la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, entrando en vigor el día 31 de diciembre de 2017.

    El artículo primero de la Ley Foral 19/2017 añade un apartado 4 al artículo 172 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir del día 15 de julio de 2017, por lo que dicha modificación  normativa es plenamente aplicable al presente supuesto pues la compraventa se realizó en enero de 2018.

    El artículo 172.4 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, establece:

    “No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, respecto de las cuales el sujeto pasivo acredite la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y de adquisición del terreno.

    A estos efectos, el sujeto pasivo deberá aportar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor.

    Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, como valores reales de transmisión y de adquisición del terreno se tomarán los satisfechos respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble, que consten en los títulos que documenten las citadas operaciones, o bien los comprobados por el Ayuntamiento o por la Administración tributaria a quien corresponda la gestión del impuesto que grava la transmisión del inmueble, en caso de que sean mayores a aquellos.

    Cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores, tomando por importe real de los valores respectivos aquel que conste en la correspondiente declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o bien el comprobado administrativamente por el Ayuntamiento o por la Administración tributaria a quien corresponda la gestión del Impuesto que grava la transmisión en caso de que sea mayor a aquel.

    La declaración de no sujeción, realizada de conformidad con lo dispuesto en este apartado y efectuada con anterioridad a la comprobación del valor, tendrá carácter provisional. En virtud de ello, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se acreditase la existencia de incremento de valor, la transmisión del terreno quedará sujeta. En ese caso, los Ayuntamientos practicarán la liquidación tributaria que corresponda.

    Por el contrario, en el supuesto de que se hubiera practicado la liquidación, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se acreditase la no existencia de incremento de valor, el contribuyente tendrá derecho a obtener la devolución que proceda.

            Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se aplicará siempre que no hubiera prescrito, en cada caso, el derecho de los Ayuntamientos a determinar la deuda tributaria o el derecho de los contribuyentes a la devolución de los ingresos indebidos.

    A efectos de lo dispuesto en este apartado, la Administración tributaria de la Comunidad Foral comunicará a los Ayuntamientos los valores comprobados por aquella, respecto de inmuebles sitos en sus respectivos términos municipales.

    En el caso en que el valor del suelo no se encuentre desglosado, se calculará aplicando la proporción que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble. Esa proporción se aplicará en su caso tanto para la transmisión como para la adquisición del inmueble.

    En los supuestos en que no exista incremento de valor de los terrenos de acuerdo con lo señalado en este apartado, se mantendrá, en todo caso, la obligación de presentar la declaración regulada en el artículo 178.

    En el supuesto de que no exista incremento de valor del terreno con arreglo a lo dispuesto en este apartado, en la posterior transmisión de los inmuebles no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición, a efectos del cómputo del número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”.

    TERCERO.- Examinado el expediente administrativo se comprueba que la única actuación realizada por el Ayuntamiento de Peralta (después de recibir la escritura de compraventa del inmueble comunicada por la Notaría) es la modificación de los datos en el Catastro para seguidamente dictar la liquidación objeto de la presente alzada (adjunta, también, al expediente administrativo un documento emitido por el Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra en el que se señala un valor del bien -no figura el valor del suelo- a fecha de noviembre de 2017 y un documento -en el que no consta de dónde se extraen los datos, al parecer del Catastro municipal- en el que la entidad local pretende basar el valor del bien en el año 1999).

    Por tanto, no consta en el expediente que el Ayuntamiento de Peralta haya realizado ninguna de las actuaciones que establece la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra (en su nueva redacción dada por la Ley Foral 19/2017) para poder practicar la liquidación del tributo.

    El Tribunal Constitucional, en su sentencia 72/2017, avala que el legislador pueda someter a tributación mediante un “sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto”.

    Es por ello por lo que ante una manifestación de renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana –puesto de manifiesto en el momento de su transmisión-) la norma entiende que se produce el hecho imponible. Sin embargo, la imposibilidad de que el contribuyente pueda acreditar el no incremento del valor, o su decremento, es lo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, y esta posibilidad de acreditar dicho extremo es lo que, precisamente, introduce la Ley Foral 19/2017.

    El artículo 172.4 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra establece claramente que es el sujeto pasivo el que tiene la carga de la prueba de la no sujeción (debe acreditar la inexistencia de incremento de valor) pero ello debe producirse dentro del procedimiento administrativo establecido legalmente.

    El artículo 20 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Navarra (LFGT), en relación al concepto de hecho imponible, dispone:

    “1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.

    2. El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.

    3. La ley foral, en su caso, completará la determinación concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción”.

    El artículo 86.1 de la LFGT establece que “en todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de dictar la resolución”, tramite de audiencia que es imprescindible cuando, como ocurre en el presente caso, la Administración Pública pretende dictar un acto administrativo de gravamen en el que la delimitación del hecho imponible del impuesto se completa con la posible existencia de un supuesto de no sujeción para lo cual debe otorgar el trámite de audiencia al contribuyente para que alegue y acredite dicho supuesto.

    Se ha dictado un acto administrativo (la liquidación) sin que conste en el expediente administrativo que la entidad local haya realizado el más mínimo carácter contradictorio del expediente.

    Teniendo en cuenta, además, que cuando la Administración Tributaria no realiza el respectivo procedimiento de comprobación sino tan sólo una comprobación abreviada (en el presente caso del mero título documental en el que consta la última transmisión) el artículo 113.4 de la LFGT dispone que: “Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso, a sus representantes para que, en un plazo no superior a 15 días, puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes”. Derecho del obligado tributario “a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la resolución” (artículo 9.1.l de la LFGT) que ha sido vulnerado en el presente procedimiento administrativo tributario.

    Carácter contradictorio del procedimiento administrativo que viene consagrado, también, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (aplicable supletoriamente a los procedimientos de aplicación de los tributos), pues el artículo 4 de la misma comienza garantizando la llamada al procedimiento en todo caso de los que, sin haberlo iniciado, ostenten derechos que puedan resultar afectados, e incluso se permite la comparecencia en el procedimiento de aquellas personas cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución que se dicte.

    Tras dicho trámite de audiencia, en el caso de que los interesados aportasen los títulos documentales por los que considerasen que acreditan la no sujeción al impuesto u otras alegaciones relacionadas con la propuesta de liquidación, la entidad local deberá realizar (debiendo quedar reflejado en el expediente administrativo) las operaciones que establece el artículo 172 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en su nueva redacción dada por la Ley Foral 19/2017, en relación a los valores del terreno que se tienen en cuenta, la forma en que, en su caso, se realiza el desglose y el resultado de las citadas operaciones que confirme la sujeción al impuesto.

    La entidad local, antes de practicar la liquidación, debe otorgar al sujeto pasivo del impuesto la posibilidad de alegar y acreditar el supuesto de no sujeción.

    Para adoptar el acto administrativo impugnado en la presente alzada el Ayuntamiento de Peralta debió realizar el oportuno expediente administrativo (aunque este sea sumarísimo) que otorgue fundamento a la liquidación que pretende practicar.

    Al haberse dictado un acto administrativo de gravamen contra el recurrente sin que se haya realizado previamente el oportuno expediente contradictorio procede estimar el recurso de alzada anulando la liquidación practicada pues todo ello resulta generador de indefensión para el interesado.

    No obstante, debemos señalar que la presente anulación (por motivos procedimentales) lo es sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Peralta pueda realizar las actuaciones que establece la Ley Foral de Haciendas Locales y, de confirmarse que existe sujeción al impuesto, practique nueva liquidación, siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Estimar el recurso de alzada más arriba indicado interpuesto contra liquidación aprobada mediante resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Peralta de 31 de enero de 2018, relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y anular la liquidación por resultar contraria a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Roberto Rubio.- Gabriel Casajús.- Raúl-Antonio Cruzado.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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