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18-00307

  • Nº Expediente 18-00307
  • Nº Resolución 01911/18
  • Fecha resolución 05-10-2018
  • Sección TAN Segunda
  • Materia 1
    • Bienes; Bienes de dominio público 2;2.1
  • Materia 2
    • Bienes; Utilización y aprovechamiento 2;2.6
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título Ley Foral 6/1990, de 2 julio, de la Administración Local de Navarra,
    • Tipo 1
    • Número 122
  • Disposición 2
    • Norma Ordenanza
    • Título Ordenanza del Ayuntamiento de Pamplona, aprobada el 30 de octubre de 1998, que regula el uso y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales-Gizarte Ekimenetarako Zentroak
    • Tipo 1
    • Número 3
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema

    Instrucción de uso provisional para el edificio dotacional Palacio Redín y Cruzat y cesión de dicho inmueble

  • Resumen

    Aparte de que no se acredita la existencia de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y los organismos socio-vecinales a los que se refiere la Ordenanza, con los mínimos requisitos formales exigibles, el contenido de ese Decreto no se ajusta a la Ordenanza. Según ésta (artículo 2.2) la gestión compartida de cada centro corresponde a una Comisión de Gestión que estará integrada por un trabajador social propuesto a tal efecto por la Unidad de Barrio de Servicios Sociales correspondiente, el gestor de los Programas Comunitarios, un representante nombrado por el organismo titular del correspondiente convenio de colaboración y un representante del resto de asociaciones usuarias del centro. Esta Comisión de Gestión es quien ha de establecer los reglamentos internos de funcionamiento.

  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00307, interpuesto por DON ............, como Concejal del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, contra Decreto de la Alcaldía del citado Ayuntamiento de fecha 19 de enero de 2018, sobre aprobación de la Instrucción de uso provisional para el edificio dotacional Palacio Redín y Cruzat, y cesión de dicho inmueble.

    Ha sido Ponente doña María-Jesús Moreno Garrido.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Se interpone el presente recurso de alzada contra Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 19 de enero de 2018, por el que se aprueba la Instrucción de uso provisional para el edificio dotacional Palacio Redín y Cruzat y cesión de dicho inmueble.

    Alega el recurrente, Concejal del Ayuntamiento, lo que estima oportuno en defensa de sus pretensiones y termina solicitando, con la estimación del recurso, que se declare la invalidez del acto impugnado por su disconformidad a Derecho.

    2º.- El Ayuntamiento de Pamplona ha remitido el expediente administrativo en el que constan los antecedentes de su actuación, junto a un informe en defensa de la misma en el que solicita la desestimación del recurso de alzada.

    3º.- Propuesta la práctica de prueba documental, se considera pertinente y se tienen por reproducidos en el ramo de prueba los documentos acompañados con el escrito del recurso así como los integrantes del expediente administrativo remitido.

    4º.- Comparece en el presente expediente como tercer interesado Don ............, en nombre y representación de “ASOCIACIÓN VECINAL ............”, quien presentó escrito de alegaciones oponiéndose al recurso presentado.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- El acto aquí impugnado es la Instrucción de uso provisional para el edificio dotacional Palacio Redín y Cruzat y cesión de dicho inmueble, aprobada por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 19 de enero de 2018.

    Dicha instrucción tiene por objeto, en líneas generales, regular el uso y funcionamiento, de manera temporal y transitoria, hasta que comiencen las obras de reforma del edificio del Centro Comunitario Plazara!, situado en el Palacio Redín y Cruzat, (bien de propiedad municipal de dominio público), para su uso por parte de entidades y colectivos sin ánimo de lucro, que desarrollan actividades destinadas a la acción comunitaria y/o transformación social.

    En dicho documento se describen los objetivos, entidades participantes, el proyecto, su estructura de participación, mantenimiento del edificio, uso del mismo y de las instalaciones, obligaciones de los participantes, horario y acceso al local y uso de llaves.

    Dicho Proyecto recoge que su participación está abierta al conjunto de entidades y asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro que desarrollan actividades sociales y culturales en el ámbito del barrio y de la ciudad, abiertas al conjunto de la población interesada, y que las entidades participantes se constituirán en una Asamblea en la primera reunión mediante un “acta de constitución”.

    Sin embargo, en las mismas instrucciones se recoge que, “además de las entidades iniciales, podrán acceder a la utilización y gestión del Centro todos aquellos colectivos y entidades que se incorporen a la dinámica del Centro con un algún tipo de actividad en el marco de la acción comunitaria y lo solicite expresamente. Su acceso se producirá a propuesta de la Asamblea Plazara! y su incorporación se producirá tras la valoración positiva de la Asamblea (…). Los cambios producidos se comunicaran a la Comisión de Seguimiento. “

    Esta Comisión de Seguimiento estará formada por una representación de la Asamblea, formada por un máximo de 5 personas, por una representación de los/as técnicos/as municipales, con un máximo de 5 y una representación política de los grupos municipales, formada por una persona por grupo.

    Por la documentación aportada al recurso, se desprende que la  Asamblea Plazara! se constituyó el 20 de enero de 2018, es decir, al día siguiente de la aprobación de las instrucciones aquí impugnadas, con un grupo de asociaciones y entidades que habían participado en un proceso anterior sobre la utilización de este edificio, denominado Plazara!.

    Incluso en la misma fecha de la aprobación del Decreto, 19 de enero, ya se publicó que al día siguiente se iba a celebrar la primera Asamblea del Centro.

    En documento cuya fecha no se indica (página 74 del expediente municipal) firman el compromiso de las instrucciones de uso varias personas en nombre de las asociaciones que representan y que son quienes conforman la Asamblea del Centro Comunitario Sociocultural Plazara. Y con fechas 20 y 25 de enero de 2018, se hace entrega de las llaves del Palacio Redín y Cruzat a varias personas como representantes de la Asamblea.

    Con fecha 19 de febrero se publicaron en el Portal de Contratación de Navarra estas instrucciones para información pública, es decir, cuando ya estaba constituida la Asamblea, y sus únicos efectos son, como decimos, de información pública, no implica ningún acto de inicio de licitación, concurrencia, etc.

    SEGUNDO.- El Ayuntamiento defiende la legalidad del acto impugnado alegando que se trata de unas normas de uso del edificio por las cuales, de forma provisional y en precario, las entidades que estén interesadas pueden utilizar ese edificio municipal dotacional, lo que tiene pleno encaje jurídico tanto en los artículos 122 y 123 de la Ley Foral 6/1990, de 2 julio, de la Administración Local de Navarra, concretamente en el citado artículo 122, ya que cualquier persona que estuviera interesada en utilizar ese bien podría hacerlo porque no se limita el número de licencias de uso, como en la Ordenanza del Ayuntamiento de Pamplona, aprobada el 30 de octubre de 1998, que regula el uso y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales-Gizarte Ekimenetarako Zentroak, pues el Decreto impugnado viene a recoger las previsiones y requisitos regulados en esta Ordenanza. Que las instrucciones fueron publicadas en el Portal de Contratación de Navarra y como su plazo de licitación es ilimitado, se cumple con creces la obligación de dar publicidad a cualquier licitación pública.

    No obstante, y pese a la ingeniería dialéctica vertida por el Ayuntamiento para defender la legalidad del acto impugnado, no podemos estimar las alegaciones vertidas al respecto.

    Tal como hemos señalado en el primer Fundamento de Derecho, las instrucciones recogen que la participación está abierta al conjunto de entidades y asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro que desarrollan actividades sociales y culturales en el ámbito del barrio y de la ciudad, abiertas al conjunto de la población interesada, y que las entidades participantes se constituirán en una Asamblea en la primera reunión mediante un “acta de constitución”, pero, no obstante, dicha participación no es tan abierta como se pretende defender, ya que el acceso de nuevas entidades y asociaciones sólo se producirá a propuesta de la Asamblea Plazara y tras la valoración positiva de ésta.

    Es decir, que el Ayuntamiento no procederá a otorgar tantas licencias como se soliciten (argumento de la entidad local en base al artículo 122 de la Ley Foral 6/1990), sino que previamente debe valorarlo positivamente la Asamblea y formular la correspondiente propuesta.

    Asamblea que ya se constituyó con las entidades iniciales, las cuales no consta en el expediente que hayan participado en procedimiento legal alguno en el que se hayan respetado los principios de concurrencia y publicidad, principios que no se cumplen con la publicación de las instrucciones en el Portal de Contratación de Navarra, tal como pretende defender el Ayuntamiento, dado que dicha publicación es de una normativa de uso de un edificio público y a efectos meramente informativos. Para cuando fue publicada (19 de febrero de 2018), ya se había constituido la Asamblea Plazara. Concretamente, se constituyó, tal como se acredita con la documentación aportada por el recurrente, el 20 de enero de 2018, es decir, al día siguiente de la aprobación de las instrucciones aquí impugnadas, con un grupo de asociaciones y entidades que habían participado en un proceso anterior sobre la utilización de este edificio, denominado Plazara!, proceso sobre el que no nos consta que se haya respetado la normativa sobre uso y gestión de los bienes de dominio público. 

    Y en cuanto a que el acto impugnado también tiene pleno encaje jurídico en la Ordenanza del Ayuntamiento de Pamplona, aprobada el 30 de octubre de 1998, que regula el uso y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales-Gizarte Ekimenetarako Zentroak, debemos recordarle lo que ya señalamos en la Resolución número 01204/18, 15 de junio de 2018, dictada por la Sección Primera de este Tribunal Administrativo en un caso similar al presente, el cual, aunque contiene alguna diferencia, nos sirve perfectamente a los efectos pretendidos. 

    En dicha Resolución, en su Fundamento de Derecho Segundo señalamos que: “No existe un convenio de colaboración ajustado a la Ordenanza de uso y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales-Gizarte Ekimenetarako Zentroak, como sí existen esos convenios en relación a otros centros y cuya copia acompaña el Ayuntamiento a su informe. Tampoco se aporta ningún otro acto administrativo de cesión de uso del centro. Únicamente se aporta lo que se titula "Centro comunitario Antzara. Reglamento de uso", pero que no identifica a las partes de un supuesto convenio. Acompañan a ese documento las firmas de varias personas "en representación de la asamblea Antzara", de otras personas "en representación de los/as técnicos/as del barrio", y, "en representación política del equipo de gobierno", del concejal delegado de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social. Se prevé en ese Reglamento que cualquier persona o colectivo puede acceder al uso del centro y que todas las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades en el barrio pueden formar parte de la Asamblea que participará en la gestión del centro y que designará cinco representantes en la Comisión de Seguimiento.

    Aparte de que no se acredita la existencia de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y los organismos socio-vecinales a los que se refiere la Ordenanza, con los mínimos requisitos formales exigibles, el contenido de ese Reglamento  no se ajusta a la Ordenanza. Según esta, la gestión compartida de cada centro corresponde a una Comisión de Gestión que estará integrada por un trabajador social propuesto a tal efecto por la Unidad de Barrio de Servicios Sociales correspondiente, el gestor de los Programas Comunitarios, un representante nombrado por el organismo titular del correspondiente convenio de colaboración y un representante del resto de asociaciones usuarias del centro. Esta Comisión de Gestión es quien ha de establecer los reglamentos internos de funcionamiento.

     Se deduce de todo ello que, efectivamente, el inicio del uso del centro en cuestión se ha realizado ignorando las disposiciones municipales aplicables y por una vía de hecho que hemos de declarar no ajustada al ordenamiento jurídico.

     Esta conclusión no puede ser alterada por las alegaciones municipales en el sentido de que ha iniciado los pasos para modificar la Ordenanza de uso y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales-Gizarte Ekimenetarako Zentroak. Obviamente, es potestad municipal la modificación de sus ordenanzas, pero mientras no se aprueben las modificaciones han de seguir aplicándose.”

    En el presente caso, existe un documento cuya fecha no se indica (página 74 del expediente municipal), en el que firman el compromiso de las instrucciones de uso varias personas en nombre de las asociaciones que representan y que son parte de la Asamblea del Centro Comunitario Sociocultural Plazara. Y con fechas 20 y 25 de enero de 2018, se hace entrega de las llaves del Palacio Redín y Cruzat a varias personas como representantes de la Asamblea.

    El artículo 3 de la Ordenanza dispone: “3.2.-Serán requisitos imprescindibles para acceder a la utilización de los centros:

    a) Que el organismo socio-vecinal participe en algún programa municipal o realice actividades que se muestran en sintonía con programas municipales.

    b) Que concluya con el Ayuntamiento de Pamplona un convenio de colaboración.

    3.3.-Los organismos socio-vecinales, mediante la firma del correspondiente convenio, asumirán las obligaciones que en él se especifiquen en cuanto a utilización y mantenimiento de los locales.

    En todo caso, los gastos ordinarios de funcionamiento de los locales corresponden al Ayuntamiento.

    3.4.-En los convenios que se establezcan se especificarán los fines a que podrán dedicarse los locales, el tiempo de duración y las causas de resolución del propio convenio. Será siempre motivo de resolución el incumplimiento de las obligaciones en él consignadas.”

    Como en el supuesto de la resolución parcialmente transcrita, no existe un convenio de colaboración ajustado a la Ordenanza de uso y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales-Gizarte Ekimenetarako Zentroak, como sí existen esos convenios en relación a otros centros. Tampoco se aporta ningún otro acto administrativo de cesión de uso del centro. Únicamente se aporta las instrucciones aprobadas por el Decreto aquí impugnado, pero que no identifica a las partes de un supuesto convenio.

    Aparte de que no se acredita la existencia de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y los organismos socio-vecinales a los que se refiere la Ordenanza, con los mínimos requisitos formales exigibles, el contenido de ese Decreto no se ajusta a la Ordenanza. Según ésta (artículo 2.2) la gestión compartida de cada centro corresponde a una Comisión de Gestión que estará integrada por un trabajador social propuesto a tal efecto por la Unidad de Barrio de Servicios Sociales correspondiente, el gestor de los Programas Comunitarios, un representante nombrado por el organismo titular del correspondiente convenio de colaboración y un representante del resto de asociaciones usuarias del centro. Esta Comisión de Gestión es quien ha de establecer los reglamentos internos de funcionamiento.

    Se deduce de todo ello que, efectivamente, el inicio del uso del centro en cuestión se ha realizado ignorando las disposiciones municipales aplicables y por una vía de hecho que hemos de declarar no ajustada al ordenamiento jurídico. Procede la estimación del recurso de alzada.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Estimar el recurso de alzada más arriba referenciado interpuesto contra Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 19 de enero de 2018, por el que se aprueba la Instrucción de uso provisional para el edificio dotacional Palacio Redín y Cruzat y cesión de dicho inmueble; acto que se anula por no ser conforme a Derecho.- 

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- María-Jesús Moreno.- María-Jesús Balana.- Javier Lachén.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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