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18-00263

  • Nº Expediente 18-00263
  • Nº Resolución 01005/18
  • Fecha resolución 21-05-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 7;7.7
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título Foral 2/1995, de 10 de marzo, por la que se regulan las Haciendas Locales
    • Tipo 1
    • Número 167;171;
  • Disposición 2
    • Norma Decreto Foral Legislativo
    • Título 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
    • Tipo 1
    • Número 197
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por modificación de licencia.
  • Resumen Modificación de licencia de obras; la Administración no puede ir contra sus propios actos y calificarla de nueva licencia de obras que conlleva una nueva liquidación provisional. Caducidad de la licencia: exige declaración por la Administración. No cabe estimar que hay una caducidad tácita cuando el propio Ayuntamiento ha aprobado una modificación de la licencia de obras.
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00263, interpuesto por DON …………, en nombre y representación de “……….., S.L. UNIPERSONAL”, contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 9 de enero de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra liquidación aprobada mediante resolución de fecha 21 de noviembre de 2017, sobre Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasas por modificación de licencia de obras de rehabilitación de edificio con eliminación de barreras arquitectónicas.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    .- Mediante Resolución de 6 de abril de 2006 (1/UV) de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona se concedió licencia para obras de rehabilitación de un edificio en la plaza del Consejo número 3, dentro del expediente LIO 2005/782.

    Con la misma fecha se emite impreso de autoliquidación de la tasa de obras por importe de 39 euros y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con un presupuesto de 692.115,3 euros y por importe de 32.321,78 euros.

    .- Mediante Resolución de 30 de octubre de 2017 (18/CV) de la Concejalía Delegada de Ciudad Habitable y Vivienda se modifica la licencia de obras en expediente LIO 2005/782 para la rehabilitación del edificio en plaza del Consejo número 3.

    Mediante Resolución de 21 de noviembre de 2017 (4/EL) de la Dirección de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo se aprueba, entre otras, la liquidación provisional de tasa de obras e ICIO por rehabilitación del edificio en plaza del Consejo número 3, correspondiente al expediente LIO 2005/782, con un presupuesto de 545.931,74 euros y un importe de 30.026,25 euros.

    Interpuesto recurso de reposición, fue desestimado mediante Resolución de 9 de enero de 2018 (2/EL).

    .- Contra esta última resolución la mercantil interesada interpone recurso de alzada ante este Tribunal.

    .- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFAL), en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    .- Por la parte recurrente se ha solicitado la práctica de prueba documental, que este Tribunal entiende que no es necesaria ya que el Ayuntamiento no niega los hechos a los que se refiere y los hechos relevantes para dictar resolución ya constan en el expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    ÚNICO.- Procede la estimación del recurso de alzada ya que el Ayuntamiento va contra sus propios actos y la resolución impugnada no se ajusta a derecho.

    El artículo 167 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, por la que se regulan las Haciendas Locales fija el hecho imponible del ICIO: "El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia, el informe sobre su concesión conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición". El artículo 171 prevé que al concederse la licencia se practicará una liquidación provisional determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, y que "a la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda".

    A la vista del expediente, se deduce que la licencia de obras fue concedida en 2006 y que con arreglo al presupuesto de las obras previstas se aprobó y pagó la correspondiente liquidación provisional. El Ayuntamiento, en su informe, mantiene que en 2017 se ha dictado una nueva licencia de obras, distinta de la anterior, por lo que procede una nueva liquidación provisional del ICIO también distinta e independiente de la anterior. Pero lo cierto es que el propio Ayuntamiento a lo largo de la tramitación del expediente de obras no ha considerado que exista una nueva licencia, sino solo una modificación de la licencia anteriormente concedida y ejecutada solo parcialmente. Eso es lo que literalmente se expresa en los informes y resoluciones municipales, hasta el punto de que se considera todo parte de un único expediente que ostenta el mismo número.

    El Ayuntamiento ha de ser coherente con sus propios actos y no es de recibo que ahora afirme que no hubo modificación de licencia sino nueva licencia de obras. El objeto de este recurso de alzada no es la licencia de obras, acto firme y consentido, por lo que no procede que entremos a valorar si el Ayuntamiento erró o no al conceder una modificación de la licencia de obras anteriormente concedida, y mucho menos a revisar tal modificación. El objeto del presente recurso de alzada es únicamente la liquidación provisional del ICIO aprobada tras la modificación de la licencia de obras, pero tomando en consideración el presupuesto total como si, efectivamente, se tratase de una licencia de obras distinta. Resulta obvio que no procede una nueva liquidación provisional; en todo caso, si el Ayuntamiento no quiere esperar al momento de la liquidación definitiva, puede aprobar una modificación de la anterior liquidación provisional teniendo en cuenta lo ya abonado.

    No es momento, tampoco, de entrar a examinar qué parte de la obra se ha ejecutado y con qué coste. Como explica el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Sentencia número 1223/2013, de 5 de diciembre (JT 2014\462):

    Las SSTS de 28 de julio de 1999 y de 25 de junio de 2002 declaran que en un planteamiento «modal» (en estadística, el valor más frecuente), o, quizás mejor, paradigmático, el devengo o nacimiento del ICIO debería producirse al realizarse por completo el hecho imponible, o sea, una vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras de que se tratase, momento en el que, además, podría cuantificarse con conocimiento de causa, la base imponible, puesto que ésta es «el coste real y efectivo», pero ocurre, cada vez con más frecuencia, por razones recaudatorias y sobre todo de gestión, que la exigencia de las obligaciones tributarias se anticipa al momento de iniciación del hecho imponible o a etapas intermedias (retenciones, ingresos a cuenta y fraccionamientos) e incluso, como ocurre en el ICIO, antes de iniciarse la realización del hecho imponible, concretamente cuando se otorga la licencia de obras. Añaden estas sentencias del Alto Tribunal que la LHL permite practicar en el momento de concederse la licencia la correspondiente liquidación provisional, condicionada por supuesto a la realización última del hecho imponible, llevando la lógica del sistema de gestión congruentemente a que la liquidación provisional se practique tomando el presupuesto, índices o módulos citados, liquidación provisional que será elevada a definitiva, previa la necesaria comprobación administrativa, cuando terminen las obras, momento en el que se puede conocer y cualificar el coste real y efectivo de las mismas.

    La devolución, reintegro o reembolso procederá tanto en los casos en que ingresada la liquidación provisional se desista del inicio de las obras como cuando la liquidación definitiva arroje un resultado inferior a la cantidad ingresada provisionalmente (incluido el caso de que solo se ejecuten parte de las obras comprendidas en la licencia). Aunque la LHL hable de «liquidación provisional a cuenta» su naturaleza es la de un ingreso a cuenta o anticipado, siendo propiamente la definitiva la única liquidación, con los correspondientes efectos en orden a la prescripción, por ejemplo. La devolución solo comportará el devengo de los intereses de demora del artículo 31.2 LGT, esto es, desde el comienzo del plazo para la devolución, pues el ingreso a cuenta fue un ingreso debido al concederse la licencia, de acuerdo con la normativa reguladora del impuesto”.

    Pues bien, cuando finalicen las obras será el momento de hacer la comprobación de cuál ha sido el coste real y efectivo de las obras realmente ejecutadas, bien en su primera fase, antes de su paralización, o bien en su segunda fase a partir de la modificación de la licencia de obras.

    Hemos de rechazar también la pretensión municipal de considerar como caducada la licencia de obras original. El artículo 194 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), en la redacción anterior a la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, aplicable cuando se tramitó la licencia, disponía:

    "1. Todas las licencias habrán de contener, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, los plazos de inicio y finalización de las obras, indicando que su caducidad se producirá por el transcurso de dichos plazos.

    En caso de que las licencias no especificaran un plazo de caducidad, los plazos mínimos para la ejecución de los actos de edificación y uso del suelo, salvo que el planeamiento prevea otros distintos, serán los siguientes:

    a) Un año para comenzar las obras.

    b) Tres años para finalizar las obras.

    2. Incumplidos los plazos señalados en el apartado anterior se iniciará expediente de caducidad de la licencia, en el que se dará audiencia al interesado por período mínimo de quince días hábiles.

    La caducidad de la licencia será declarada por la Administración competente para concederla.

    (...) 4. Declarada la caducidad y notificada al titular de la licencia, para comenzar o acabar las obras será preciso solicitar y obtener una nueva licencia, ajustada a la ordenación en vigor, salvo en los casos en que se hubiera acordado la suspensión de la concesión de licencias".

    En lo que aquí interesa, una regulación similar se contiene en el artículo 197 del vigente texto refundido de la LFOTU aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio.

    Lo cierto es que el Ayuntamiento no solo no ha tramitado un expediente de caducidad de la licencia sino que ha aprobado su modificación y ha concedido nuevos plazos para el inicio y la finalización de las obras. No cabe interpretar que la inactividad municipal para declarar la caducidad de la licencia pueda beneficiar al Ayuntamiento. Cierto es que la jurisprudencia acepta la caducidad tácita o presunta de las licencias urbanísticas cuando se abandona su derecho por los titulares a lo largo de un período de tiempo tan prologando que inequívocamente se deduce el reconocimiento de una situación, aunque no se hubiera pronunciado la Administración con una expresa declaración de caducidad. Pero en el presente caso, el retraso en la ejecución de las obras no resulta suficientemente inequívoco sobre las intenciones de la empresa titular de la licencia; al contrario, la transmisión de la propiedad a la empresa ahora recurrente y la solicitud de una modificación de la licencia de obras revela la voluntad de continuarlas.

    La anulación de la liquidación provisional impugnada que deriva de la estimación del presente recurso de alzada conlleva la retroacción del procedimiento para que se proceda, en su caso, a una modificación de la liquidación provisional inicialmente aprobada con la licencia de obras.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debe estimar, como estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra Resolución de 9 de enero de 2018 (2/EL) de la Dirección de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona que desestima el recurso de reposición contra la Resolución de 21 de noviembre de 2017 (4/EL), de liquidación provisional del ICIO, actos ambos que se anulan por no ajustarse a derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria
Gobierno de Navarra

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