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18-00096

  • Nº Expediente 18-00096
  • Nº Resolución 00907/18
  • Fecha resolución 08-05-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Vascuence 17
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera
    • Tipo 1
    • Número 8
  • Disposición 2
    • Norma Decreto Foral
    • Título 212/1992, de 8 de junio, se determina la denominación oficial de los topónimos menores de diversas localidades
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Cambio de denominación de la Unidad Integrada V del Plan Municipal de Pamplona Chantrea/Txantrea por la única denominación de Txantrea.
  • Resumen Competencia sobre toponimia menor: corresponde al Gobierno de Navarra. Los Ayuntamientos únicamente tienen competencia sobre la denominación de las vías urbanas. Resolución que, en realidad, no cambia ninguna denominación porque el barrio de la Txantrea ya recibía esa denominación oficial desde 1992.
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 18-00096, interpuesto por DON …………, como Concejal del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, contra resolución de la Alcaldía del citado Ayuntamiento de fecha 14 de diciembre de 2017, sobre cambio de la denominación de la Unidad Integrada V del Plan Municipal de Pamplona Chantrea/Txantrea por la única denominación euskérica Txantrea.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante Resolución de 14 de diciembre de 2017 (4/CV) del alcalde del Ayuntamiento de Pamplona se cambia la denominación de la Unidad Integrada V del Plan Municipal de Pamplona Chantrea/Txantrea por la única denominación euskérika (sic) de Txantrea, y se dispone el uso de esa denominación oficial para cualquier asunto municipal que pueda tener reflejo documental y señalítico.

    2º.- Contra este acto se interpone recurso de alzada ante este Tribunal.

    3º.- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    4º.- Por las partes no se ha solicitado la práctica de prueba.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Alegaciones de las partes.

    El recurrente justifica la interposición del recurso de alzada en los siguientes motivos, expuestos aquí de forma resumida:

    a) La denominación oficial de los topónimos en la zona mixta regulada por la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera (LFE), ha de ser la existente con anterioridad, salvo que exista otra distinta, originaria y tradicional en euskera, en cuyo caso se utilizan ambas, lo cual no es el caso. Ha de utilizarse la denominación de Chantrea, en castellano.

    b) La Ordenanza reguladora de la utilización y fomento del vascuence en Pamplona exige la rotulación bilingüe de los espacios públicos, por lo cual no cabe la rotulación exclusivamente en euskera impuesta por la resolución impugnada.

    c) El alcalde aprueba una modificación del Plan Municipal sin ser órgano competente para ello.

    d) El cambio de denominación de entidades locales menores corresponde al Pleno.

    e) La tramitación del expediente no se ajusta al ordenamiento jurídico ya que contiene documentos íntegramente en vascuence y la resolución impugnada carece de motivación y pie de recursos.

    Por su parte, el Ayuntamiento solicita la desestimación del recurso alegando, en síntesis, lo siguiente:

    a) Que conforme al Decreto Foral 212/1992, de 8 de junio, que aprueba la denominación oficial de topónimos menores de diversas localidades de Navarra, la denominación es Txantrea.

    b) Que la jurisprudencia ha establecido que las grafías tradicionales en euskera no tienen por qué figurar en los dos idiomas oficiales.

    c) Que la resolución impugnada no contiene una modificación del Plan Municipal, sino un mero cambio de grafía en un elemento descriptivo.

    d) La denominación de calles y barrios no es competencia del Pleno sino del alcalde.

    e) El expediente se ha tramitado correctamente ya que figuran los documentos en euskera y castellano y la resolución está debidamente motivada.

    SEGUNDO.- Objeto de la resolución impugnada y del recurso de alzada.

    Procede hacer algunas consideraciones previas sobre cuál es el contenido y objeto de la resolución impugnada, aspecto sobre el cual polemizan ambas partes.

    Hemos de considerar que la resolución impugnada no supone modificación del Plan Municipal. Es obvio que si constituyera una modificación del Plan Municipal sería nula de pleno derecho por haberse adoptado por un órgano manifiestamente incompetente, por el alcalde en lugar de por el Pleno. Lo cierto es que la resolución no contiene modificación alguna de las prescripciones, derechos y obligaciones que derivan del Plan Municipal. Ni siquiera pretende corregir su redacción, que sigue siendo exactamente la misma que fue aprobada y publicada en su día. La resolución impugnada afirma que pretende “cambiar la denominación” de la Unidad Integrada o barrio conocido como “Chantrea/Txantrea” por “la única denominación euskérika (sic) Txantrea”. Lo cierto es que el Plan Municipal, cuyo texto refundido vigente fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 22, de 18 de febrero de 2008, en ningún momento utiliza la denominación “Chantrea/Txantrea”, sino simplemente la de “Chantrea” (su normativa urbanística figura únicamente en castellano). Por otro lado, si se pretendiera corregir la redacción, aunque solo fuera en la ortografía de una palabra, es obvio que sería necesaria la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del cambio aprobado, cosa que la resolución no dispone. Hemos de deducir que el acto municipal aquí recurrido no tiene la pretensión de modificar la redacción del Plan Municipal.

    Entendemos que la alusión al Plan Municipal es meramente referencial, para identificar el lugar al que se refiere la resolución impugnada, dado que no se trata de una vía pública, ni una entidad local menor, ni un núcleo de población aislado, sino de un barrio de la ciudad de Pamplona que no tiene otro reconocimiento oficial que el de constituir una Unidad Integrada del Plan Municipal.

    Es por ello que hemos de rechazar ya de inicio dos de los argumentos del recurrente en cuanto a una supuesta nulidad por incompetencia del órgano. No es una modificación del Plan Municipal que debiera ser adoptada por el Pleno, pero tampoco un cambio de denominación de una entidad local menor de las reguladas anteriormente por el artículo 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 123, por mucho que este precepto derogado hiciera una alusión a los barrios, alusión que ha de entenderse hecha únicamente a los barrios constituidos como entidad local menor, esto es, como entes de administración descentralizada de núcleos de población separados con  un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un órgano colegiado de control, lo que no es el caso.

    Hemos de hacer otra precisión. Como ya hemos dicho, la resolución anuncia un “cambio de denominación”, que se concreta en que en lugar de “Chantrea/Txantrea” como denominación de uno de los barrios de Pamplona (y que constituye una Unidad Integrada del Plan Municipal) se utilice “Txantrea”. A este respecto, cabe dudar sobre si realmente estemos ante un cambio de denominación. En cualquier caso, se trata exactamente de la misma palabra en cuanto a lenguaje oral, que tiene la misma fonética se pronuncie en castellano o se pronuncie en euskera. En realidad, la diferencia entre Chantrea y Txantrea es meramente ortográfica; la misma consonante se representa en castellano con el dígrafo ch y en euskera con tx. El cambio afecta, pues, solamente a la representación escrita del mismo nombre.

    La normativa vigente sobre toponimia no ofrece una solución expresa y clara sobre si una mera diferencia ortográfica entre dos lenguas cooficiales supone una diferencia de denominación que haya de considerarse equivalente a la existencia de dos topónimos distintos. No siempre la práctica administrativa resulta coherente, ya que nos encontramos con casos donde se considera que la diferencia ortográfica implica una doble denominación de una entidad local, y otros casos donde se considera que solo existe una denominación que se puede expresar con la grafía de una u otra lengua cooficial, aquella lengua en la que se originó el topónimo. Así, por ejemplo, mediante Decreto Foral 213/1992, de 8 de junio, se establece como denominación oficial Etxauri (antes escrito Echauri), pero mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 17 de febrero de 2016 (Boletín Oficial de Navarra número 51, de 15 de marzo de 2016) se establece como denominaciones oficiales la de Echarri (castellano) y Etxarri (euskera); ambas localidades están ubicadas en la zona mixta por lo cual les resulta de aplicación el mismo régimen jurídico, pese a lo cual se han aplicado criterios contrapuestos.

    Parece más ajustado al ordenamiento jurídico y a la realidad de las cosas concluir que una simple modificación ortográfica de la misma palabra (mismos fonemas) no constituye un cambio de topónimo. La jurisprudencia así lo ha venido considerando, que no supone cambio de nombre la simple variación de la lengua o de la ortografía producida dentro del proceso de normalización lingüística conforme a la legislación autonómica. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2000 (RJ 2000\1543), en relación al cambio que va de Vall de Uxó a La Vall d’Uixó indica: “Tanto la parte recurrente como el fallo impugnado parten de la premisa de que se trata de un cambio de nombre y no de una simple adaptación lingüística; criterio que no comparte esta Sala, ante el hecho evidente de que las variaciones introducidas son mínimas y puramente ortográficas, sin que pueda apreciarse una alteración sustancial del topónimo tradicional”. El mismo Tribunal Supremo en Sentencia de 19 de septiembre de 2001 (RJ 2001\9130) razona así: “En el caso concreto que se examina, la actuación de la Junta de Galicia es meramente automática y responde al mandato impuesto por el artículo 10 de la Ley 3/1983, de tal manera que si conforme a dicho precepto «los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega», el Decreto se limita a traducir a esta lengua vernácula el nombre castellano, con lo que el requisito establecido en el artículo 13.1 de la Ley de Bases del Régimen Local para el supuesto de alteración no tiene sentido en este caso concreto”. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia en Sentencia 769/2007, de 4 de octubre (JUR 2009\7295), afirma lo siguiente: “El acto recurrido es la desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de esta ciudad del requerimiento formulado por la Xunta de Galicia en 7 de diciembre de 2004 para que procediera a anular el acuerdo plenario de 2 de noviembre anterior, que en su punto primero establece que el nombre de este municipio y el de su capitalidad será a todos los efectos en gallego A Coruña y en castellano La Coruña. Lo primero que hay que aclarar es que esto no supone cambio alguno de denominación, pues cualquier nombre, sea personal o local, traducido a otro idioma sigue siendo el mismo nombre”. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Sentencia 622/2012, de 29 de octubre (JUR 2014\43615) llega a similares conclusiones: “La conclusión de todo esto es que debe autorizarse y se autoriza el cambio de denominación del topónimo, siendo en adelante y exclusivo el de (Concejo) de Zia. A esta última consideración no es de admitir la subsidiaria pretensión de que se utilicen ambas acepciones conjuntamente Cía y Zia, por cuanto como indica el art. 8.1b) este supuesto se daría en caso de fonema distinto, véase Estella/Lizarra o Cizur Mayor/Zizur Nagusia (temas ya también debatidos ante esta Sala). Fonéticamente no existe otra denominación en Castellano; por tanto, la única denominación es Zia”. Es por ello que en tales casos de mera adaptación ortográfica no es exigible, aunque en ocasiones así se haya hecho, todo el procedimiento de cambio de nombre del municipio previsto en los artículos 14 y 22.1.b) de la LBRL (incluyendo acuerdo plenario y publicación en el BOE), bastando, en su caso, la inscripción de la modificación en los registros de entidades locales y de cartografía.

    Algo similar sucede con los nombres propios de personas. El ordenamiento jurídico distingue perfectamente como procedimientos distintos el cambio de nombre (artículo 52 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, exige prueba del uso habitual del nuevo nombre) y la traducción del mismo nombre o cambio por el equivalente en otra lengua española (artículo 50.4, por simple petición del interesado), así como el cambio de apellidos (artículos 54 y 55, exige expediente) de la simple regularización ortográfica de los apellidos a una lengua española (artículo 53.4º, mera declaración de voluntad).

    En suma, hemos de considerar que más que un cambio de topónimo la resolución impugnada establece la forma ortográfica oficial en que debe emplearse ese topónimo. La cuestión que hemos de examinar es si el órgano que ha adoptado la resolución impugnada es competente para ello y, en su caso, si lo ha hecho conforme al ordenamiento jurídico.

    TERCERO.- Competencia sobre toponimia menor.

    La LFE en su artículo 8 dispone lo siguiente:

    1. Los topónimos de la Comunidad Foral, tendrán denominación oficial en castellano y en euskera, de conformidad con las siguientes normas:

    a) En la zona vascófona, la denominación oficial será en euskera, salvo que exista denominación distinta en castellano, en cuyo caso se utilizarán ambas.

    b) En las zonas mixta y no vascófona, la denominación oficial será la actualmente existente, salvo que, para las expresadas en castellano, exista una denominación distinta, originaria y tradicional en euskera, en cuyo caso se utilizarán ambas.

    2. El Gobierno de Navarra, previo informe de la Real Academia de la Lengua Vasca, determinará, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de este artículo, los topónimos de la Comunidad Foral, así como los nombres oficiales de los territorios, los núcleos de población y las vías interurbanas, y deberá dar cuenta de ello al Parlamento. El nombre de las vías urbanas será fijado por el Ayuntamiento correspondiente.

    3. Las denominaciones adoptadas por el Gobierno, a tenor de lo dispuesto en los apartados anteriores, serán las legales, a todos los efectos, dentro del territorio de Navarra y la rotulación deberá ser acorde con ellas. El Gobierno de Navarra reglamentará la normalización de la rotulación pública, respetando, en todos los casos, las normas internacionales que el Estado haya asumido”.

    Resulta, pues, que la competencia sobre la denominación oficial de los topónimos corresponde al Gobierno de Navarra. No se hace distinción entre toponimia mayor (nombre de territorios, municipios, núcleos de población) y toponimia menor (lugares, barrios, términos), por lo cual hemos de entender que ambas recaen bajo la competencia del Gobierno de Navarra. A los ayuntamientos corresponde únicamente la competencia sobre las vías urbanas (calles, avenidas, plazas, etc.).

    El Gobierno de Navarra ha venido ejerciendo tal competencia, tanto sobre la toponimia mayor como sobre la toponimia menor y, tal como alega el Ayuntamiento de Pamplona en su informe, mediante Decreto Foral 212/1992, de 8 de junio, se determina la denominación oficial de los topónimos menores de diversas localidades, entre ellas la de Pamplona. Dicho Decreto Foral, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 75, de 22 de junio de 1992, no contiene la relación completa de los topónimos oficiales, pero la misma está disponible en la web  http://toponimianavarra.tracasa.es/, que mantiene la empresa pública TRACASA. Conforme a dicha base de datos, resulta que la denominación oficial del topónimo que nos ocupa es Txantrea, si bien se recogen otras denominaciones utilizadas a lo largo de la historia: Chandrea, Chantrea, Echantrea. Se identifica el origen de la denominación en el euskera. Obviamente, la denominación oficial obliga a las instituciones públicas a su utilización en sus actuaciones oficiales, pero no a las personas privadas, ni prohíbe a nadie el uso de otra denominación u otra forma ortográfica.

    Hemos de concluir, pues, que la competencia para fijar oficialmente el topónimo en cuestión corresponde al Gobierno de Navarra y este la ha ejercido fijando la forma Txantrea. Hemos de rechazar las alegaciones del recurrente en el sentido de que el origen del topónimo sea en lengua castellana (debate filológico en el que no nos corresponde entrar); en su caso, debiera haber impugnado el Decreto Foral 212/1992, de 8 de junio, que consideró lo contrario y por eso estableció la ortografía en lengua vasca.

    Y hemos de concluir, también, que el alcalde de Pamplona carece de competencia para modificar dicho topónimo, ya que su competencia se limita a la denominación de las vías públicas urbanas. No obstante, la resolución aquí impugnada no modifica el topónimo. Aunque parte del error de considerar que la denominación  oficial anterior era Chantrea/Txantrea, se limita a ordenar que se utilice únicamente la denominación Txantrea, que ya era la oficial (aunque, al parecer, el Ayuntamiento lo ignoraba y, sin ir más lejos, utiliza la forma Chantrea en su Plan Municipal). Hemos de considerar que tal resolución no tiene otros efectos jurídicos que recordar cuál es la única denominación oficial. Los errores formales de la resolución (tampoco los ortográficos, como los que aquejan a la palabra “euskérika”) por sí mismos no determinan su invalidez. En tal sentido, procede desestimar el recurso de alzada en cuanto a sus pretensiones de declarar la nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada.

    CUARTO.- Procedimiento administrativo seguido para dictar la resolución impugnada.

    En cuanto al procedimiento seguido para dictar la resolución que nos ocupa, no encontramos los motivos de invalidez que invoca el recurrente. La jurisprudencia admite la motivación in aliunde, por remisión a otros documentos que figuran en el expediente. Así, el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en su Sentencia de 7 de julio de 2003 (RJ 2003/5926), expone lo siguiente: «Acude, en definitiva, aunque no lo manifieste expresamente, a la motivación "in aliunde", es decir, a "la aceptación de informes o dictámenes obrantes en el expediente procediendo en los acuerdos de que se trate debido a la unidad orgánica de los expedientes, y a la interrelación existente entre sus distintas partes, considerados como elementos integrantes en un todo, rematado por actos que pongan fin a las actuaciones", aceptada dicha motivación por reiterada jurisprudencia de esta Sala -así, por todas, sentencia de 15 de febrero de 1991- a la que también ahora nos acogemos». La resolución impugnada alude a la solicitud de varios colectivos y asociaciones del barrio de la Txantrea y a los informes del Servicio de Euskera y de la Dirección de Gabinete de Alcaldía y Protocolo. Dichos informes constan en el expediente que el Ayuntamiento remitió a este Tribunal y constituyen motivación suficiente para conocer la finalidad de la resolución impugnada. No es requisito de validez de la resolución que los informes sean acertados, ni tampoco que la propia resolución lo sea al exponer sus motivos; ya hemos señalado el error en que incurre la resolución al considerar que la denominación anterior era Chantrea/Txantrea, en contra incluso de los informes citados que se remitían al Decreto Foral 212/1992, de 8 de junio, para considerar que la única denominación oficial debía ser Txantrea.

    Por otro lado, del expediente se deduce que lleva razón el recurrente en cuanto a que los citados informes que sustentan la resolución impugnada se emitieron únicamente en euskera. En el expediente que remite el Ayuntamiento a este Tribunal constan las correspondientes traducciones al castellano, pero se deduce de la fecha de las firmas electrónicas que las traducciones se realizaron posteriormente a la firma de la resolución y a la interposición de este recurso de alzada y fueron incorporadas al expediente al objeto de su remisión a este Tribunal. Quiere decir ello que el recurrente no tuvo oportunidad de examinar las traducciones en el expediente original, en infracción de las normas aplicables al caso invocadas en el recurso (Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, y Ordenanza municipal citada) y que prevén un expediente bilingüe.

    No obstante, no podemos considerar que tal infracción formal haya provocado indefensión en el recurrente, que tampoco la alega, ni siquiera alega su incapacidad para poder comprender los documentos en euskera, por sí o con ayuda de otras personas. No consta que solicitara del Ayuntamiento del Pamplona la traducción de los documentos en euskera ni que dicha traducción le fuera negada. Por otro lado, el recurrente ha tenido a su disposición en este Tribunal el expediente del recurso con las traducciones enviadas por el Ayuntamiento y con las traducciones solicitadas por este Tribunal. El recurrente ha podido formular el recurso de alzada con las alegaciones que ha estimado oportunas y defender lo que a su derecho le interesaba.

    Finalmente, hemos de decir lo mismo en relación con la ausencia del pie de recursos en la resolución impugnada. Se trata de una infracción formal que tampoco ha provocado indefensión en el recurrente. La propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 40 prevé las consecuencias jurídicas que tiene tal infracción formal y que no pasa por la invalidez de la resolución a notificar sino, simplemente, por que los efectos de la notificación quedan diferidos al momento en que el interesado se dé por notificado o interponga los correspondientes recursos.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debe desestimar, como desestima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra Resolución de 14 de diciembre de 2017 (4/CV) del alcalde del Ayuntamiento de Pamplona sobre denominación oficial de la Txantrea, acto que se confirma por ser ajustado a derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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