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17-02577

  • Nº Expediente 17-02577
  • Nº Resolución 00969/18
  • Fecha resolución 16-05-2018
  • Sección TAN Tercera
  • Materia 1
    • Función Pública; Ingreso y provisión de puestos de trabajo 6;6.2
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
    • Tipo 1
    • Número 23; 24
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Contratación interina de Oficial de Servicios Múltiples
  • Resumen Convocatoria selección contratación temporal puesto de trabajo: Tribunal calificador: motivos de abstención: falta de recusación por el interesado u otros aspirantes: convocatoria misma plaza año anterior, el interesado mejor puntuación y en el Tribunal idénticas circunstancias: mismas condiciones en los miembros suplentes que en los titulares: no acreditada la amistad íntima y/o relación de servicio miembros titulares con aspirante mayor puntuación: a efectos dialécticos, la concurrencia de causa de abstención en interviniente no invalida "per se" el acto: no acreditada desviación de poder ni el favoritismo alegado: motivación adecuada del Tribunal calificador.
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02577, interpuesto por DON …………. contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE LESAKA de fecha 30 de octubre de 2017, sobre contratación interina de Oficial de Servicios Múltiples.

    Ha sido Ponente don Gabriel Casajús Gavari.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    .- Mediante resolución del Alcalde del Ayuntamiento de Lesaka, de 30 de octubre de 2017, se aprueban los resultados finales de la convocatoria para la contratación en interinidad de un Oficial de Servicios Múltiples (Guardamontes), y se designa a don AAAA como el aspirante aprobado con la mayor puntuación.

    .- Frente a la mencionada resolución de Alcaldía, de 30 de octubre de 2017, el aquí recurrente, en su condición de aspirante admitido a la referida convocatoria y que quedó eliminado en el segundo ejercicio del proceso de selección, interpone el presente recurso de alzada ante este Tribunal.

    .- Mediante providencia de la Presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFAL), en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que han sido cumplimentados por la entidad local.

    .- Emplazados como terceros interesados en el presente procedimiento de recurso de alzada los aspirantes admitidos a la mencionada convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Lesaka, para la provisión temporal de una plaza de Oficial de Servicios Múltiples (Guardamontes), tan sólo comparece doña BBBB, quien manifiesta sus dudas sobre la regularidad del proceso de selección y solicita de este Tribunal que verifique si el procedimiento llevado a cabo ha sido limpio y transparente.

    .- No se ha propuesto por las partes la práctica de prueba.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- El recurrente en el presente procedimiento manifiesta que la misma plaza objeto de esta convocatoria fue ofertada en junio de 2016, siendo él mismo el aspirante que obtuvo la mayor puntuación, por lo que fue contratado por el Ayuntamiento de Lesaka. Debido a la interposición de un recurso de alzada por el señor AAAA, mediante la Resolución número 905, de 4 de abril de 2017, de este Tribunal Administrativo de Navarra, se anuló la referida convocatoria del año 2016 y se puso fin al contrato que el ahora recurrente había suscrito con el Ayuntamiento. Posteriormente, en junio de 2017 se aprueba por el Ayuntamiento de Lesaka una nueva convocatoria para proveer temporalmente la misma plaza.

    Una vez desarrollado y finalizado el nuevo proceso de selección, resulta como aspirante aprobado con la mayor puntuación don AAAA, quien tiene la condición de primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lesaka.

    A este respecto, alega el recurrente que la base 7.1 de la convocatoria señala los miembros del Tribunal calificador de las pruebas selectivas y, a su juicio, los cinco miembros titulares designados mantienen una estrecha vinculación con el señor AAAA, pero ninguno de ellos se abstuvo de participar en las pruebas y de calificarlo ni dejó que interviniesen los designados como suplentes, tal y como debían haber hecho. Describe la estrecha vinculación -a su entender- de cada uno de los cinco miembros titulares del Tribunal calificador con el aspirante que obtuvo la mayor puntuación.

    Por otra parte, el recurrente manifiesta que en la anterior convocatoria del año 2016 el señor AAAA no superó la prueba tipo test sobre temas relacionados con el puesto de trabajo, mientras que en esta convocatoria ha obtenido la máxima puntuación posible en el ejercicio teórico también tipo test. Además, el nuevo proceso selectivo ha provocado en otros aspirantes las sospechas de favoritismo respecto del señor AAAA, además de la formulación de diferentes preguntas al respecto por una Concejala no perteneciente al equipo de gobierno municipal.

    Respecto del segundo ejercicio de la convocatoria (prueba práctica), que no fue superado por el recurrente, éste manifiesta que se realizó de forma oral, por separado con cada aspirante, tomando notas y valorando los miembros del Tribunal las respuestas de los aspirantes, sin posibilidad de contraste alguno entre lo respondido y valorado.

    Finalmente y por todo lo expuesto, la parte recurrente defiende que se ha incumplido la base 7.2 de la convocatoria, al concurrir en los cinco miembros del Tribunal calificador causas de abstención, y no haberse abstenido para que interviniesen sus suplentes. Tales causas de abstención las identifica, en función de cada miembro del Tribunal, con la amistad manifiesta y la relación de servicio o prestación de servicios profesionales previstas, respectivamente, en las letras c) y e) del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, considera el recurrente que se ha incurrido en desviación de poder, incumpliendo el artículo 3.1.c de la misma Ley 40/2015, en cuanto se ha preparado un proceso de convocatoria de selección “ad hoc” para que el aspirante vencedor fuese el señor AAAA, y así ha sido, obviando con ello los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

    Solicita la parte recurrente, en consecuencia, que se declare la nulidad o anulabilidad del resultado del proceso de selección de la convocatoria reiterada, con las consecuencias legales que procedan.

    El Ayuntamiento de Lesaka, por su parte, se refiere en primer lugar a la composición del Tribunal calificador y a las razones de designación de cada uno de sus miembros. Respecto de la participación en dicho Tribunal del Alguacil municipal, explica y acredita que fue designado a propuesta vinculante del órgano de representación del personal. En cuanto a la Presidencia del Tribunal calificador por parte del Alcalde del Ayuntamiento, se destaca que, conforme al razonamiento del recurrente, ningún Concejal del equipo de gobierno podría haber actuado, pero tampoco otros Concejales, al estar afectados también por vinculaciones con otros aspirantes. Respecto de los otros tres miembros del Tribunal intervinientes, la entidad local defiende que tras la Resolución 905/2017, de 4 de abril, de este Tribunal, se ha tratado en la convocatoria controvertida de incrementar el número y perfil de miembros con conocimientos específicos sobre los aspectos prácticos del trabajo a desarrollar en el puesto de trabajo a proveer, lo que justifica la presencia de los tres miembros intervinientes.

    Por lo que se refiere a la puntuación obtenida  por el señor AAAA en el primer ejercicio de la convocatoria (prueba teórica), el Ayuntamiento explica todo el proceso de preparación y custodia de las preguntas del ejercicio, lo que consta además en el acta del Tribunal calificador de fecha 12 de septiembre de 2017. Se añade, además, que así como en el primer ejercicio el reiterado señor AAAA obtuvo la máxima puntuación, en el segundo (prueba práctica) dos aspirantes le superaron en 6 puntos.

    SEGUNDO.- Un primer motivo de impugnación alegado por el recurrente se concreta en su consideración de que en los cinco miembros titulares del Tribunal calificador concurrían causas de abstención (bien amistad manifiesta, bien relación profesional o de servicio) respecto del aspirante que obtuvo la máxima puntuación, sin que -pese a ello- tales miembros titulares se hayan abstenido en el proceso de selección, dejando actuar e intervenir a sus suplentes, como considera la parte recurrente que debió producirse.

    A este respecto, la base 7.1 de la convocatoria de referencia determina la composición del los miembros del Tribunal calificador (titulares y suplentes). Por su parte la base 7.2 establece: “Los y las miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran los motivos de abstención previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (sic).

    Igualmente las personas aspirantes podrán recusar a los y las miembros del Tribunal cuando concurran dichas circunstancias”.

    Por su parte, las disposiciones legales de las que traen causa tales previsiones aquí reproducidas de la convocatoria, con el error de cita de la Ley 39/2015, se contienen en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (anteriormente en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). El referido artículo 23.1 dispone la obligación de abstenerse de intervenir en el procedimiento y de comunicarlo a su superior inmediato, para que resuelva lo procedente, de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el siguiente apartado. Así, es el artículo 23.3 el que recoge e identifica los motivos de abstención, de los que nos ocuparemos -de dos de ellos- más delante.

    El apartado 4 del mismo artículo 23 de la Ley 40/2015 dispone, a su vez, que “la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido”.

    Finalmente, en este repaso de la normativa de aplicación a la controversia aquí suscitada, el artículo 24.1 de la misma ley establece que “en los casos previstos en el artículo (23) anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimientos”. Los siguientes apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 24 regulan la forma y procedimiento de la recusación, su resolución por el superior competente y el modo de impugnación, en su caso, de lo decidido.

    TERCERO.- En el presente supuesto, debemos destacar en primer lugar que el aquí recurrente, pese a su condición de aspirante admitido a la convocatoria, no promovió -pudiendo hacerlo- en momento alguno del procedimiento de selección la recusación de los miembros titulares del Tribunal calificador (de los cinco), de los que ahora alega que estaban incursos en causa o motivo de abstención.

    Así, ni en el momento de conocer la convocatoria y los integrantes titulares del Tribunal calificador, ni en los de realización de los cuatro ejercicios previstos en el proceso (en el segundo de ellos fue eliminado el recurrente), el interesado procedió a promover la recusación de los cinco miembros titulares del Tribunal, tal y como le facultaban las bases de la convocatoria y la propia legislación aplicable.

    A su vez y en este caso, se da la circunstancia que la presente convocatoria de 2017 tuvo el antecedente de otra para la provisión de la misma plaza en 2016, quedando en ésta el recurrente como aspirante con la mayor puntuación. Dicha convocatoria de 2016 fue anulada y declarada no ajustada a Derecho por nuestra Resolución número 905, de 4 de abril de 2017, que quedó firme al no ser impugnada y que no fue recurrida, en concreto, por el hoy recurrente.

    Pues bien, en la referida convocatoria de provisión de la plaza de 2016, el Presidente del Tribunal calificador era el Alcalde del Ayuntamiento de Lesaka, el mismo que en la ahora discutida de 2017. También ha intervenido como miembro del Tribunal en ambas convocatorias don CCCC, técnico de “………….”. Por último en este punto, si en la convocatoria de 2017 el recurrente alude a que la intervención del Alguacil municipal contraviene el mandato legal en cuanto a las causas de abstención y recusación, de que no exista relación de servicio o profesional, en este caso respecto del Teniente de Alcalde señor AAAA, en la del año 2016 tres de los miembros del Tribunal calificador eran empleados del Ayuntamiento de Lesaka. Además, el empleado con la condición de Alguacil que ha integrado el Tribunal calificador en la convocatoria de 2017 lo hizo en su condición de representante del personal designado por el correspondiente órgano de representación de los empleados.

    En definitiva, el recurrente no recusó, pudiendo hacerlo, a los miembros  titulares del Tribunal calificador, sino que aceptó su designación e intervención durante todo el proceso de selección, y ha sido frente a la aprobación de los resultados finales tras la celebración de cuatro ejercicios (el interesado fue eliminado en el segundo de ellos), cuando alega la concurrencia de causas de abstención en dichos cinco miembros del Tribunal. Y ello, además, cuando dos de tales miembros intervinieron también en convocatoria anterior de 2016, en la que el aquí recurrente obtuvo la máxima puntuación, y en la que los otros tres miembros del Tribunal tenían la condición de empleados del Ayuntamiento, al igual que uno de los integrantes en la de 2017, al que se achaca motivo de abstención por tal causa. En 2016, el aquí recurrente aceptó y no recusó al Tribunal calificador designado e interviniente, obteniendo además en aquél proceso la mayor puntuación, y lo mismo -no recusar- ha hecho en la de 2017, hasta el momento de aprobarse los resultados finales de la convocatoria y designarse al aspirante con mejor puntuación.

    Lo hasta ahora expresado, revela a nuestro entender, y con carácter general, la inconsistencia e incongruencia de la defendida por el interesado concurrencia en los miembros del Tribunal de causas o motivos de abstención

    A mayor abundamiento, para no aceptar lo alegado y pretendido por el recurrente, debe destacarse que defiende la abstención de los miembros titulares del Tribunal calificador y la intervención de sus suplentes. Pues bien, el suplente del Alcalde del Ayuntamiento como Presidente del Tribunal es el segundo teniente de alcalde, por lo que de concurrir motivo de abstención, concurriría el mismo en ambos respecto del aspirante señor AAAA,  primer teniente alcalde del Ayuntamiento. Lo mismo debe predicarse de los tres Vocales titulares: empleado del Ayuntamiento de Bera, empleado de la empresa ………… S.L. y agente de desarrollo de “…………”, ya que sus tres suplentes tienen cada uno de ellos exactamente la misma condición de empleados y agentes de las mismas entidades y empresas. Finalmente, si el Vocal-secretario tiene la condición de empleado del Ayuntamiento de Lesaka, su suplente también. Ambos, además y en todo caso, fueron designados por el órgano de representación de los empleados de la entidad local.

    En definitiva, resulta totalmente contradictoria la alegación y pretensión del recurrente, de imputar a los cinco miembros titulares del Tribunal calificador determinadas causas de abstención, y solicitar su sustitución por los suplentes, cuando éstos, y de inicio, tienen la misma condición de cargos electos, empleados de idénticas instituciones y empresas que los miembros titulares.

    CUATRO.- Por otra parte y además de lo hasta ahora expuesto, el recurrente alega que respecto del aspirante que ha obtenido la mayor puntuación los cinco miembros titulares de Tribunal calificador incurren en concreto, unos, en el motivo de abstención de “tener amistad íntima” (artículo 23.2.c) de la antes citada Ley 40/2015), y otros en el de “tener relación de servicio” o “haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales” (artículo 23.2.e) de la misma Ley).

    Así y respecto de la causa de abstención de la “amistad íntima”, el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de octubre de 2010, Recurso 1227/2007, precisa que “el motivo de abstención/recusación que analizamos no lo constituye la simple amistad, sino la <amistad íntima>, lo cual significa que no basta cualquier relación de conocimiento sino que es necesario que concurran (y se acrediten) unas circunstancias de hecho que revelen en el ámbito de la vida personal, ajeno al de la profesión, la proximidad y la estrecha vinculación que las actuales pautas sociales exigen para apreciar ese elevado nivel de amistad que resulta necesario para merecer la calificación de <íntima> (circunstancias como pueden ser, entre otras, la coincidencia de manera repetida o habitual en los tiempos y actividades de ocio, en celebraciones familiares, etc.)”.

    Añade también el mismo Tribunal Supremo en su sentencia de 1 de diciembre de 2011, Recurso 317/2010, que “ello no puede constituir la amistad íntima a la que alude el precepto pues este no contempla una relación profesional ni tampoco la personal basada en razones de cortesía, sino que es preciso un grado de amistad que por alcanzar una vinculación personal más intensa pueda hace dudar de la imparcialidad, (…)”.

    En la misma línea la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2012, Recurso 204/2010 declara: “Pero debe decirse que amistad <íntima> no es la simple relación de conocimiento personal que se deriva de la coincidencia como compañeros en el mismo centro de trabajo, pues lo que la caracteriza es un vínculo personal que se mantenga más allá del lugar del trabajo; esto es, el vínculo que se deriva de un trato frecuente o cotidiano al margen de la profesión que, por ello, demuestre esa superior proximidad afectiva que resulta necesaria para que se pueda hablar de <amistad íntima>”. En términos similares, aunque respecto de la “enemistad manifiesta” se pronuncia la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 22 de agosto de 2008, Recurso 23/2007.

    Pues bien, conforme a la reproducida doctrina jurisprudencial, y respecto de los miembros titulares del Tribunal calificador de los que el recurrente sostiene que tenían el deber de abstención por ese motivo, no se han aportado datos o circunstancias que revelen, ni siquiera indiciariamente, que han tenido con el aspirante que ha obtenido la mayor puntuación en el proceso de selección esa estrecha relación personal, no sólo profesional o de afinidad política, que resulta necesaria para que pueda ser apreciada la “amistad íntima”.

    Por lo que se refiere al motivo de abstención relativo a la “relación de servicio” o “prestación de servicios profesionales”, la misma sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2012, Recurso 204/2010, antes citada, declara que “la <relación de servicio> que en dicho apartado es mencionada como motivo de abstención está referida a la relación entre empleador y empleado propia del vínculo de dependencia del contrato de trabajo, y no a la simple subordinación funcional que pueda haberse dado entre dos personas que, siendo ambas empleados públicos de la Administración o de cualquier ente público, realizan cometidos profesionales diferentes”. También concluye la no existencia de “relación de servicio” la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 28 de enero de 2003, Recurso 226/2000.

    En definitiva y en el presente supuesto, tampoco ha acreditado el recurrente la existencia del concreto motivo de abstención y recusación previsto en el artículo 23.2.e) de la Ley 40/2015.

    QUINTO.- Finalmente, por lo que se refiere a la solicitud del recurrente de  nulidad o anulabilidad del impugnado por su parte resultado del proceso de selección derivado de la convocatoria controvertida, por la intervención en el mismo de personas en las que concurrían motivos de abstención, reproducimos de nuevo aquí el apartado 4 del artículo 23 de la Ley 40/2015: “La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido”.

    Respecto de su antecedente el artículo 28.3 de la Ley 30/1992, han tenido ocasión de pronunciarse de modo reiterado y unánime los órganos judiciales. Citamos y reproducimos parcialmente aquí la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 31 de julio de 2008, Recurso 115/2008, que recoge otras del Tribunal Supremo: “(…), pues sobre la base del ya citado por la sentencia de instancia artículo 28.3 de la LRJ-PAC (...), en conjunción con lo dispuesto en el artículo 66, sobre la conservación la conservación de actos y trámites (…), y la interpretación que de dichos preceptos ha venido efectuando la doctrina jurisprudencial, así la STS 4 de abril de 2005, que recuerda que <si el motivo de abstención no tiene influencia decisiva en la formación de la voluntad del órgano la invalidez no deberá producirse (sentencia de 1 de octubre de 2002) pues la vuelta atrás para obtener el mismo resultado está vedada por los principios de seguridad jurídica y economía procesal>, y que <En cambio si la influencia se considera decisiva (sentencia de 27 de enero de 200) sí deberá producirse la citada invalidez>, o la STS de 19 de enero de 2005, que confirmando la de esta Sala de 13 de noviembre de 2001 -que consideró que para que esta invalidez tenga lugar es necesario que se haya demostrado la influencia de la persona en el sentido en que se dicte la resolución administrativa y la ilicitud objetiva de esta última-, declaró que <la Sentencia no vulnera el ordenamiento jurídico sino que realiza una aplicación correcta del artículo 28.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, puesto que no se demostró ni la influencia del funcionario luego recusado en el sentido en que se dictó la resolución manifestada en el acto administrativo ni la ilicitud de éste>”.

    En los mismos términos, y entre otras, se pronuncia la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, de 17 de septiembre de 1999, Recurso 421/1997: “El artículo 28.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que (…). Por tanto, frente al planteamiento del actor, que, en definitiva, se reduce a una suerte de ecuación, que sería <existencia de causa de abstención = nulidad del concurso>, debemos advertir la formación, desde antiguo, de una jurisprudencia consolidad que señal que no basta invocar la concurrencia de una causa de abstención en un vocal del Tribunal calificador, para pretender, sin más argumentación, la nulidad del resultado final del proceso selectivo de que se trate. Sólo por este motivo, es decir, porque no se argumenta sobre la incidencia que en el resultado del concurso tuvo la intervención del funcionario cuestionado, el recurso ha de ser desestimado”.

    En el presente supuesto, y como ya hemos razonado, no se ha acreditado por el recurrente la concurrencia en los miembros titulares del Tribunal calificador de motivos de abstención, pero aunque a efectos meramente dialécticos hubiese llegado a concurrir -lo que no ha ocurrido- causa de abstención en alguno de ellos, ello no invalida sin más los actos en los que dicho miembro haya intervenido. Para que pueda llegar a producirse tal invalidez -y reiteramos, a efectos meramente dialécticos-, es necesario valorar la verdadera relevancia que ha tenido la intervención del funcionario o autoridad que han infringido su deber de abstención, de manera que sólo se producirá la invalidez si la infracción consistente en incumplir el deber de abstención ha sido decisiva para obtener un resultado injusto al formularse el acto de conclusión del procedimiento de que se trate.

    Nada de ello se ha acreditado por el recurrente que haya concurrido en el presente caso, por lo que, además de por todo lo hasta ahora expuesto, debe desestimarse también el recurso en el que se refiere a este aspecto.

    SEXTO.- Para terminar y para dar respuesta a la totalidad de las cuestiones suscitadas en el recurso por el interesado, éste alega que en el proceso de selección se ha incurrido en desviación de poder, al haberse preparado un proceso de convocatoria de selección “ad hoc” para que el aspirante vencedor fuese el señor AAAA. Alude al respecto que dicho aspirante obtuvo la máxima puntuación en el primer ejercicio teórico llevado a cabo, y se refiere también al modo en que se desarrolló el segundo ejercicio de carácter práctico.

    Debe precisarse en primer lugar, que ni la práctica ni el desarrollo del primer ejercicio, ni tampoco del segundo, a pesar de ser eliminado en éste el recurrente, fue impugnado, recurrido u objeto de interés alguno por parte del aquí interesado en los correspondientes momentos temporales de su práctica.

    A este respecto, más en concreto y en cuanto al desarrollo del primer ejercicio tipo test de la convocatoria, consta en el expediente el acta de la sesión del Tribunal calificador de fecha 12 de septiembre de 2017, tras la celebración del citado primer ejercicio. En ella se abordan los escritos presentados por tres personas -ninguna de ellas el aquí recurrente- en relación con el reiterado primer ejercicio. El Tribunal procedió a contestar expresamente las cuestiones planteadas en tales escritos, en concreto: sobre quien o quienes prepararon las preguntas del test; sobre la custodia de los documentos del examen; sobre quien o quienes han corregido la primera prueba teórica; sobre si se utilizó el sistema de plicas para la evaluación de la prueba teórica; y sobre los conocimientos y la experiencia de los miembros del Tribunal en relación con la prueba realizada. Todas las contestaciones producidas, y que no vamos a reproducir aquí al ser conocidas por las partes, se plasmaron en resolución del Alcalde del Ayuntamiento, de 14 de septiembre de 2017, y se trasladaron a quienes presentaron los escritos y a todos los aspirantes participantes en la prueba -incluido el ahora aquí recurrente-.

    Pues bien, de la lectura y análisis de lo actuado, contestado y trasladado por el Tribunal calificador en relación con el desarrollo del primer ejercicio teórico tipo test de la convocatoria, no se aprecia a nuestro juicio irregularidad o incumplimiento alguno, y mucho menos la denunciada por el recurrente desviación de poder en el actuar de dicho Tribunal.

    Por lo que se refiere al segundo ejercicio de carácter práctico, el aquí interesado no defiende ninguna concreta actuación contraria a Derecho por parte de dicho Tribunal, en relación a él mismo, al aspirante vencedor o cualquier otro de los participantes en el ejercicio, limitándose a describir como se desarrolló tal ejercicio. Recordar en este momento, que pese a ser eliminado del proceso el interesado en ese ejercicio práctico, nada alegó, manifestó ni opuso en aquél momento temporal.

    En definitiva y por último, la parte recurrente sostiene que ha existido desviación de poder en el actuar del Tribunal calificador y que todo el proceso se preparó y desarrolló para que el señor AAAA resultase el aspirante con mayor puntuación, lo que ha ocurrido -en la convocatoria de 2016 lo fue el aquí recurrente-, pero a juicio de este Tribunal y conforme al expediente administrativo conocido, no ha apoyado sus alegaciones y teoría con la menor actividad probatoria o con algún indicio que les pudieran prestar verosimilitud, de manera que sus alegaciones quedan como simples elucubraciones, suposiciones o sospechas, que no pueden ser tenidas en cuenta en la resolución de este recurso.

    Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del presente recurso de alzada.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal 

    RESUELVE: Desestimar el recurso de alzada arriba referenciado e interpuesto contra resolución del Alcalde del Ayuntamiento de Lesaka, de 30 de octubre de 2017, que aprueba los resultados finales de la convocatoria para la contratación en interinidad de un Oficial de Servicios Múltiples (Guardamontes), y designa a don AAAA como el aspirante aprobado con la mayor puntuación; resolución municipal que se confirma por resultar ajustada a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Roberto Rubio.- Gabriel Casajús.- Raúl-Antonio Cruzado.- Certifico.- María García, Secretaria.
Gobierno de Navarra

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