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17-02522

  • Nº Expediente 17-02522
  • Nº Resolución 00412/18
  • Fecha resolución 19-02-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Función Pública; Personal contratado temporal 6;6.6
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Decreto Foral
    • Título 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en régimen administrativo en las Administraciones Públicas de Navarra
    • Tipo 1
    • Número 8
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Extinción de contrato administrativo de trabajadora familiar por causas sobrevenidas por falta de capacidad o de adaptación para el desempeño del puesto de trabajo manifestada por un rendimiento insuficiente.
  • Resumen El procedimiento de extinción del contrato administrativo no es un procedimiento disciplinario ni requiere de la previa tramitación de un procedimiento disciplinario. Apreciación discrecional por la Administración de si se produce la falta de capacidad o de adaptación del personal contratado para el desempeño del puesto de trabajo, manifestada por un rendimiento insuficiente que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. Procedimiento contradictorio y con las adecuadas garantías.
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1 18-00097
    • Organo Judicial 1 Juzgado de lo contencioso administrativo nº1
    • Sentencia fecha 1 21-01-2019
    • Sentido fallo 1 Confirmatorio resol. TAN
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02522, interpuesto por DOÑA ………… contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA de fecha 8 de noviembre de 2017, sobre extinción de contrato administrativo de Trabajadora Familiar por causas sobrevenidas.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    .- Mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Estella-Lizarra número 391/2017, de 8 de noviembre de 2017, se declaró resuelto el contrato administrativo de interinidad suscrito con la ahora recurrente.

    .- Contra este acto se interpone por la interesada recurso de alzada ante este Tribunal.

    .- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    .- Por las partes no se ha solicitado la práctica de prueba.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Alegaciones de las partes.

    La recurrente justifica la interposición del recurso de alzada alegando, en síntesis, que se trata de un despido sin causa aplicable al caso, sin que estén justificados los motivos ni se haya tramitado el expediente disciplinario a que debieran haber dado lugar los hechos alegados por el Ayuntamiento. Considera que el procedimiento seguido no ha ofrecido las garantías exigibles

    Por su parte, el Ayuntamiento solicita la desestimación del recurso de alzada alegando que los hechos que dan lugar al cese de la recurrente están adecuadamente acreditados en el expediente y que el procedimiento ha gozado de todas las garantías.

    SEGUNDO.- Normativa aplicable a la extinción del contrato.

    El artículo 8 del Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en régimen administrativo en las Administraciones Públicas de Navarra, dispone lo siguiente:

    1. Los contratos de personal en régimen administrativo se extinguirán, además, por las siguientes causas:

    (…) d) Por causas sobrevenidas, derivadas tanto de una falta de capacidad o de adaptación del personal contratado para el desempeño del puesto de trabajo, manifestada por un rendimiento insuficiente que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto, como de una alteración en el contenido del mismo, previa audiencia del interesado e informe de la Comisión de Personal o de los Delegados de Personal correspondientes.

    (…) 2. La extinción prevista en los anteriores apartados c), d) y e) se hará por escrito, debidamente motivada, y se comunicará al interesado con quince días naturales de antelación”.

    La redacción de esta causa de cese en los contratos administrativos tiene su origen en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, cuyo artículo 50.1 la prevé para la remoción de puestos de trabajo de funcionarios (“Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto”), y que luego se ha extendido como causa de cese de los funcionarios interinos a través de diversas disposiciones estatales y autonómicas. Es por ello que existe una consolidada jurisprudencia al respecto que avala la procedencia del cese de los funcionarios interinos (figura análoga a la del contratado administrativo en la legislación foral de Navarra) aun cuando no se cometan infracciones disciplinarias, de la que citaremos como ejemplo la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de abril de 1999 (RJCA 1999\2612):

    Por otra parte, como se desprende de todo lo expuesto, el procedimiento que se prevé en la Orden de 1 de marzo de 1996 no tiene carácter sancionador, por lo que carece de fundamento invocar las garantías y los trámites propios de los expedientes disciplinarios para alegar la ilegalidad del mismo por falta de garantías de contradicción, las cuales, además, se plasman en dicho procedimiento mediante la incorporación de las alegaciones del interesado a la propuesta que determina la apertura del procedimiento, propiciando la intervención de los sindicatos y la propuesta de prueba por éstos, por lo que en todo caso podrá plantearse en cada supuesto la existencia de indefensión si a pesar de ello el interesado se viera privado de oponer sus argumentos frente a la Administración, pero no cabe negar el carácter contradictorio del mismo que es lo que justificaría su nulidad.

    Cabe añadir, tanto en este aspecto como en los anteriormente examinados, que el procedimiento que analizamos, relativo al nombramiento y cese de funcionarios interinos, no sólo no tiene carácter sancionador sino que por su naturaleza e incluso por su localización en la sistemática de la norma reguladora -Título IV, Capítulo III «De las plantillas y provisión de vacantes», del RD 249/1996- puede incluirse dentro de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, que abarcan tanto el aspecto positivo de adjudicación de destino como el negativo de cese en el mismo, que por su carácter y respetando los principios constitucionales y legales que les son propios, como los de igualdad, mérito y capacidad, son susceptibles de regulación reglamentaria no constituyendo materia reservada a ley; y, por ello, están sujetos a sus propias normas de tal naturaleza reglamentaria, de las que forman parte las aplicadas en el presente supuesto, sin que puedan invocarse otras que corresponden a procedimientos de distinta naturaleza y alcance”.

    Citaremos también al respecto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía número 1426/2014, de 7 de julio (JUR 2014\283084):

    La problemática esencial que se ventila en este recurso es la referente a la naturaleza de la resolución de cese del funcionario interino apelante, y en concreto si estamos ante una sanción disciplinaria o por el contrario ante un acuerdo discrecional adoptado por la Administración por desaparecer las causas que motivaron el llamamiento del funcionario interino por causas excepcionales de urgencia, y que se hace descansar en la sobrevenida acreditación de la falta de capacitación del profesor demostrada por su rendimiento insuficiente, que es causa de remoción del puesto de trabajo, cual es la tesis de la sentencia apelada.

    La cuestión relativa a la posibilidad de aplicar el instituto de la remoción del puesto de trabajo originariamente concebida para funcionarios de carrera, a los llamados interinamente, es cuestión resuelta y pacíficamente asumida por los tribunales, la demandada ha procedido a la remoción del funcionario interino con base al art. 42 del D 2/2002 sobre ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esto es por "falta de capacidad para su desempeño -del puesto- manifestada por rendimiento insuficiente que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto" y al artículo 50 del  RD 364/95 por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado, que va referido específicamente a los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento del concurso y que contiene idéntica redacción.

    (…) Siendo aplicable al cese de los funcionarios interinos la causa de remoción que nos ocupa, su apreciación es discrecional por la Administración, y lo que ha de analizarse es si existió prueba de dicha causa esto es, de la falta de capacitación del actor para realizar con eficacia el desempeño de las obligaciones inherentes al puesto de trabajo para el que fue designado, aspecto hacia el que debe oscilar ahora el examen del recurso formulado”.

    La aplicación de tal causa extintiva del contrato requiere, por tanto, de un presupuesto material o sustantivo, que es la falta de capacidad o de adaptación al puesto de trabajo de que se trate, y de un presupuesto o garantía procedimental, cual es la tramitación de un expediente contradictorio, en el que se oiga, con carácter previo a la decisión extintiva, al interesado, y en el que se recabe informe de la Comisión de Personal o de los Delegados de Personal correspondientes. Analizaremos si se cumplen en el presente caso ambos presupuestos.

    TERCERO.- Procedimiento de extinción.

    Pese a las alegaciones formuladas por la recurrente en el sentido de que no se ha seguido el procedimiento adecuado, que en su opinión sería un procedimiento disciplinario, a la vista del contenido del expediente municipal hemos de concluir que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento ha sido correcto y ha ofrecido las suficientes garantías a la interesada para la defensa de sus intereses. La recurrente fue notificada del inicio del procedimiento y de sus causas, tuvo acceso a todos los documentos del expediente y ha podido formular alegaciones tanto ante el Ayuntamiento como, posteriormente, ante este Tribunal. Sus derechos y, en particular, su derecho de audiencia previa, han quedado adecuadamente protegidos. Asimismo, los actos dictados por el Ayuntamiento aparecen adecuadamente motivados.

    CUATRO.- Acreditación de la falta de capacidad.

    La recurrente niega los hechos que invoca el Ayuntamiento para decretar la extinción del contrato, pero hemos de señalar que, pese a haber tenido oportunidad de hacerlo, ni en el procedimiento municipal ni ante este Tribunal ha aportado prueba alguna que desvirtúe la aportada por los órganos municipales.

    Figuran en el expediente varios informes suscritos por empleados municipales en los que se dan cuenta de una larga serie de hechos que indican un rendimiento insuficiente que acredita la falta de adecuación de la recurrente al puesto de trabajo para el que fue contratada. Cierto es, como alega la recurrente, que los empleados que suscriben dichos informes no están revestidos de la condición de autoridad, por lo que no es aplicable la presunción de veracidad que concede el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a los hechos reflejados en los documentos emitidos por ellos. Pero no menos cierto es que dichos informes han de ser valorados por este Tribunal y resultan lo suficientemente claros e ilustrativos como para concluir que los hechos que han motivado la extinción del contrato se hallan acreditados. Hemos de suponer en los empleados que los han suscrito la suficiente objetividad e imparcialidad al respecto; la recurrente la pone en duda en sus alegaciones pero no ha aportado argumentos ni pruebas que nos conduzcan a sospechar que los informes no reflejen la realidad.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debe desestimar, como desestima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Estella-Lizarra número 391/2017, de 8 de noviembre de 2017, acto que se confirma por ser ajustado a derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria
Gobierno de Navarra

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