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17-02520

  • Nº Expediente 17-02520
  • Nº Resolución 00756/18
  • Fecha resolución 13-04-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Relación de causalidad 11;11.1
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra
    • Tipo 1
    • Número 317
  • Disposición 2
    • Norma Ley
    • Título Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
    • Tipo 1
    • Número 32
  • Disposición 3
    • Norma Ley
    • Título Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local
    • Tipo 1
    • Número 24, 26
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Reclamación de indemnización por daños en cultivos derivados de intrusión de fauna silvestre.
  • Resumen

    A efectos de responsabilidad patrimonial es de aplicación el concepto amplio de servicio público. Cabe aplicar normas de Derecho Civil con carácter supletorio o por remisión normativa directa. No se acredita que los daños alegados sean debidos a una gestión negligente del coto municipal de caza (Tudela). 

  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02520, interpuesto por DON …………., en nombre y representación de “…………….., S.L.”, contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE TUDELA de fecha 19 de octubre de 2017, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resoluciones de la propia Alcaldía de fecha 2 de agosto de 2017, sobre denegación de indemnización por daños ocasionados en cultivos agrícolas por conejos y jabalíes.

    Ha sido Ponente don Jon-Ander Pérez-Ilzarbe Saragüeta.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Por Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Tudela de fecha 19 de octubre de 2017 se desestimó una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la empresa recurrente aduciendo daños causados a sus cultivos por fauna silvestre procedente de un coto de caza municipal. Contra dicho acto se interpone el recurso de alzada.

    2º.- Mediante providencia de la Presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento de Tudela para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, de Desarrollo Parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFALN), remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida. Así lo hizo el citado Ayuntamiento.

    3º.- Por Providencia Resolutoria número 91, del 21 de marzo de 2018, se tuvo a “…………., S.A.”, representada por don …………., por comparecida como tercera legitimada en el recurso de alzada.

    4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en relación con el artículo 16 del precitado Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, se acepta la prueba propuesta por ambas partes consistente en tener por presentados, a efectos probatorios, los documentos del expediente de responsabilidad patrimonial.

    No procede acceder a la solicitud de prueba planteada por la parte recurrente para que los peritos de su seguro se ratifiquen en el importe de la tasación de daños y la especie causante de los daños, porque, como se verá, no se acredita relación de causalidad con la actuación municipal. 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Responsabilidad patrimonial.

    Para poder imputar responsabilidad patrimonial a un Ayuntamiento es preciso señalar una acción u omisión imputable al mismo, causando daños que el reclamante no tenga obligación jurídica de soportar.

    Eso es lo que se deriva de los artículos 106.2 de la Constitución, 317.3 de la LFALN y 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.2 de la LRJSP, “el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

    Según sentencias del Tribunal Supremo como la de 27 de junio de 2006, “para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos:

    a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

    b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

    c) Ausencia de fuerza mayor.

    d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta”.

    La carga de la prueba de los hechos necesarios para declarar responsabilidad administrativa corresponde a quien reclama la indemnización.

    SEGUNDO.- Admisibilidad del recurso de alzada.

    La mercantil compareciente como tercera legitimada plantea una posible inadmisibilidad del recurso, por no tratarse de daños derivados de un servicio público en sentido estricto. Subsidiariamente, alega ausencia de prueba de daños imputables a la entidad local.

    El artículo 32 de la LRJSP reconoce el derecho de los particulares a indemnización “siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. El enunciado del artículo 317 de la LFALN reviste mayor amplitud, puesto que añade “o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes”.

    En cualquier caso, el concepto de servicio público a efectos de responsabilidad patrimonial rebasa el ámbito de los servicios públicos obligatorios del artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), abrazando el sentido amplio del artículo 25.1 de la misma LBRL, en cuya virtud “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo”.

    En este sentido, procede traer a colación, en particular, la Resolución del TAN 594/2012, del 31 de enero, referida a otro supuesto similar de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en cultivos a consecuencia de intrusión de fauna silvestre. En ella se alude a la “(…) responsabilidad del Ayuntamiento en cuanto propietario del coto de caza. Ello nos remite a la aplicación de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra cuyo artículo 24 atribuye a las entidades locales la posibilidad de promover cotos de caza locales en su término (…)”. Esta Resolución fue confirmada por Sentencia 454/2012, de 29 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pamplona: “Siguiendo esta Juzgadora el criterio del TAN en el presente procedimiento y haciendo como nuestros los argumentos y Fundamentos de derecho dictados en su Resolución 594 de fecha 31/01/2012 (…)”.

    No obsta a lo dicho que el artículo 86 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra (LFCyP) se remita a legislación civil, al ser ésta aplicable en el ámbito administrativo no solo con carácter supletorio, sino también por remisiones normativas directas (como en el caso del artículo 126.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por citar otro ejemplo).

    TERCERO.- Relación de causalidad entre el daño y la acción o inacción municipal.

    El artículo 86 de la LFCyP prevé lo que sigue.

    “1. Los daños causados por la fauna cinegética en accidentes de carretera, se indemnizarán de acuerdo a lo establecido en la normativa básica sobre seguridad vial.

    2. El resto de daños causados por la fauna cinegética o pesquera se indemnizará por quienes resulten responsables conforme a la legislación civil, excepto los daños producidos por la fauna cinegética que habite en el interior de zonas vedadas a la caza por razones de seguridad y que cuenten con zonas adyacentes valladas en toda su longitud, en los que se considerará responsable al propietario, titular o concesionario de las mismas.

    3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a partir del día 1 de marzo de .

    Con anterioridad a la entrada en vigor de la actual redacción del artículo 86.2 de la LFCyP, aprobada por Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, este precepto legal especificaba que esas “zonas vedadas a la caza por razones de seguridad” eran lugares “tales como autopistas, autovías u otras infraestructuras viarias o de riego, huertas solares, etc.”.

    Al decir de la Sentencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Navarra número 182/2009, del 18 de noviembre, “no puede ignorarse que la voluntad del legislador foral ha sido la de modificar el sistema de atribución de la responsabilidad civil hasta ahora vigente, pasando de una responsabilidad objetiva a otro basado en la culpa o negligencia.

    (…) Así pues en la nueva regulación, artículo 86 (...) el titular del aprovechamiento cinegético o, en su caso, del terreno acotado, sólo será responsable civilmente en los casos en los que el accidente sea consecuencia de la negligencia en la gestión del terreno acotado o de la acción de cazar. El cambio respecto del régimen anterior es sustancial, ya que la ley de caza estatal responsabiliza directamente de los daños originados por las piezas de caza al titular del aprovechamiento cinegético del coto, en el bien entendido de que tal responsabilidad no se deriva de la mera titularidad del aprovechamiento del coto sino de la pertenencia del animal o animales causantes del daño a una de las especies susceptible de aprovechamiento cinegético en él. Por lo tanto ahora no será suficiente con acreditar la procedencia del animal del coto sino que incumbe a quien demande acreditar la negligencia de quien lo explote, negligencia vinculada bien a la gestión del terreno acotado bien a la acción de cazar.

    (…) La acreditación de los hechos constitutivos de la pretensión corresponde, ex artículo 217.2 LECiv, a la parte actora, por lo que, en principio, ha de soportar las consecuencias derivadas de su falta de acreditación”.

    La clave de esta alzada reside, pues, en la siguiente cuestión. ¿Se acredita que los daños alegados sean debidos a una gestión negligente del Coto municipal de caza de Tudela?

    A la luz de los datos disponibles, la respuesta a esta pregunta ha de ser negativa.

    Según detalla un informe pericial de valoración de daños de fecha 20 de diciembre de 2016, la constitución del coto municipal fue aprobada el 21 de diciembre de 2015 y notificada al Ayuntamiento de Tudela el 5 de enero de 2016. El correspondiente Plan de Ordenación Cinegética se aprobó mediante Resolución del Director del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Navarra de fecha 8 de enero de 2016, notificada el 19 del mismo mes. Los trabajos de señalización del terreno acotado finalizaron el 20 de febrero de 2016, “por lo que es en esa fecha 20/02/2016 cuando se puede decir que los terrenos están acotados, hasta entonces es terreno libre de caza (…)”. A partir de ese momento quedó preparado y aprobado un “protocolo de comunicación de daños en cultivos agrícolas causados por conejo de monte y jabalí” que, como el mismo perito subraya, “pone al Agricultor como pieza fundamental para poder poner en marcha todas aquellas medidas necesarias por parte del Coto para aminorar los daños, además de solicitarle proteja sus cultivos con mallas y otros elementos de protección”.

    Los daños evaluados en dicho informe “en general se realizaron con anterioridad al inicio de la actividad del Coto (…). El Coto ha actuado con premura una vez conocía las solicitudes, así se puede comprobar en los partes de trabajo realizados. Es de esperar que la presión cinegética realizada durante este año produzca efectos inmediatos, de manera que siempre que se conozcan los lugares donde se producen los daños y se actúe con premura, los daños serán mínimos; además los agricultores deberán de actuar en la misma línea, poniendo todos los medios a su alcance para aminorar los daños (…)”. El mismo informe pericial citado hace constar que “la plaga” (de conejos de monte y de jabalíes) “existe desde hace mucho tiempo, anterior a la constitución del último Coto”.

     En palabras del informe municipal, “es materialmente imposible que el Ayuntamiento pueda ser responsable de los daños que se habían producido en los cultivos antes de ser titular del Coto, ya que no gestionaba la caza en dichos terrenos”.

    En relación con posibles perjuicios posteriores a la constitución del Coto municipal, el escrito de recurso acusa al Ayuntamiento de Tudela de haber incumplido la obligación prevista en la letra f) del artículo 20.1 de la LFCyP, consistente en “Establecer mecanismos de coordinación entre los titulares del aprovechamiento cinegético y los agricultores con el fin de minimizar daños a la agricultura”. Pero, como se ha visto, ya en febrero de de 2016, al constituirse el Coto municipal, se había establecido un protocolo de actuación destinado a prevenir o minimizar daños por la acción de la fauna silvestre.

    El Anexo IV del referido informe pericial resalta el hecho de que, según datos de su aseguradora, la empresa recurrente era conocedora de la existencia de perjuicios en sus cultivos desde el 2 de noviembre de 2016, como mínimo, “y no los puso en conocimiento del Coto para que éste activase el protocolo. La reclamación se realiza una vez ha desaparecido el cultivo, no pudiéndose comprobar los daños. Además, el cultivador debería de colocar las mallas o protectores de acuerdo al protocolo de actuación marcado por el Coto. Por lo anteriormente expuesto se entiende se debe de desestimar la solicitud”.

    Por tanto:

    - amén de la dificultad probatoria inherente a la comprobación de los daños y su imputación a fauna silvestre procedente de un determinado coto cuando la reclamación se demora hasta después de haber recolectado ya los cultivos,

    - la empresa recurrente no acredita haber instalado elementos de protección conforme a lo previsto en dicho protocolo,

    - ni aduce haber avisado al Coto en cuanto tuvo conocimiento de la aparición de fauna silvestre en sus cultivos.

    No cabe, por tanto, culpar al Ayuntamiento de Tudela de no haber establecido mecanismos de coordinación en prevención de posibles daños por la acción de fauna silvestre, puesto que sí lo hizo. Tampoco se acredita que la empresa recurrente cursara ninguna instancia o solicitud dirigida a activar las medidas previstas en el precitado protocolo para situaciones de este tipo.

    No habiéndose probado relación de causalidad entre la acción o inacción municipal y los perjuicios alegados, procede desestimar el recurso.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal 

    RESUELVE: Desestimar el recurso de alzada número 17-02520, interpuesto contra Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Tudela de fecha 19 de octubre de 2017 por la que se desestima una reclamación de responsabilidad patrimonial; acto que se confirma por ser conforme a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.-
Gobierno de Navarra

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