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17-02452

  • Nº Expediente 17-02452
  • Nº Resolución 00461/18
  • Fecha resolución 22-02-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 7;7.8
  • Materia 2
    • Haciendas Locales; Ingresos indebidos y procedimientos de revisión de actos 7;7.12
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título Ley foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas locales de Navarra
    • Tipo 1
    • Número 172; 175
  • Disposición 2
    • Norma Ley Foral
    • Título 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
    • Tipo 3
    • Número única. Uno.
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos o Plusvalía.
  • Resumen Improcedencia de devolución de ingresos indebidos en relación con liquidaciones firmes del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al 15 de julio de 2017 (fecha de publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional afectante a la regulación establecida en la LFHLN). (Ezcabarte).
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02452, interpuesto por DON …………. y DOÑA ………… contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE de fecha 17 de octubre de 2017, sobre denegación de devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    Ha sido Ponente doña María-Asunción Erice Echegaray.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcabarte, de 17 de octubre de 2017, se desestimó la solicitud de devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en relación con una liquidación firme dictada en el año 2015).

    2º.- Contra dicho acto se interpuso por la parte interesada, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal.

    3º.- Mediante providencia de Presidencia de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.

    4º.- No se propuso por las partes la realización de pruebas.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Nulidad de la legislación aplicada, pero firmeza de la liquidación.

    El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su sentencia 382/2017, del 29 de octubre, se suma a la línea jurisprudencial que considera inválida y, por consiguiente, inaplicable la actual normativa del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en tanto no sea adaptada por el legislador a lo declarado por el Tribunal Constitucional.

    La fundamentación jurídica de dicha sentencia comienza refiriéndose a las pruebas aportadas en relación con la existencia o no de plusvalía real, señalando que “La sentencia apelada no se refiere expresamente a tal actividad probatoria aunque es evidente que admite como cierto el hecho del decremento que está en la base de la demanda.

    Pero no es esto lo importante. Lo importante es que la sentencia del Tribunal constitucional declara nulos “ex origine”, o sea, desde el principio, desde su promulgación, los preceptos que su fallo relaciona, de donde se sigue que la liquidación tributaria se practicó sin cobertura legal y es, por lo tanto, radicalmente nula. El añadido que a la declaración de nulidad de tales preceptos se hace en el fallo precisando que tal nulidad lo es “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor” no es sino una traslación al fallo de la explicación dada en el fundamento jurídico 4.a) y c) sobre la causa de nulidad y su alcance.

    En el apartado a) se explica que la configuración actual (la que se anula) pudiera ser conforme al Texto constitucional si no fuera porque hay “supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica”. Salvada esta consecuencia -se añade-, la configuración del impuesto “no es, con carácter general, contrario (a) el Texto Constitucional, consideración que el fallo refleja mediante el adverbio únicamente que no establece un límite a la nulidad sino que precisa su causa”. Y por ello el apartado c) reserva al legislador la nueva configuración con el único límite “de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento…”, límite que debe constar preservado ex lege y no deferirse al aplicador pues en tal caso, como señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 512/2017, de 19 de julio, se estaría “haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento”.

    En definitiva, entendemos que el inciso final del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional que aplicamos contiene una explicación de la causa de nulidad y fija al legislador un límite para la nueva configuración, pero no limita ni condiciona el alcance de la nulidad que se declara, que es radical (por vulneración de principios constitucionales) y “ex origine”, como explicita y delimita el apartado c) del Fundamento de Derecho 4 de la referida Sentencia del Tribunal Constitucional.

    Por todo ello el motivo debe ser rechazado, lo que determina la estimación de la apelación con estimación íntegra de la demanda y consiguiente anulación de la liquidación impugnada”.

    Sin embargo, en el caso objeto de esta alzada se da la circunstancia de que la liquidación, practicada en el año 2015, devino firme y consentida.

    Procede, por tanto, aplicar al caso la jurisprudencia que, en virtud del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución, se pronuncia en sentido favorable al mantenimiento de los actos firmes dictados en ejecución de leyes declaradas nulas por causa de inconstitucionalidad, salvo disposiciones sancionadoras o supuestos en los que la propia sentencia del Tribunal Constitucional disponga otra cosa.

    SEGUNDO.- Pronunciamientos anteriores de este Tribunal Administrativo sobre la cuestión planteada.

    Este Tribunal Administrativo de Navarra ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la misma cuestión de fondo objeto de esta alzada.

    La Resolución 2.262/2017, de 15 de septiembre (recurso de alzada 17-01330), razonaba lo que sigue en relación con los actos firmes dictados en aplicación de la legislación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    “Pues bien, en relación con los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes, el artículo 161.1.a) de la Constitución española precisa que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada”.

    Y el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que:

     “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”.

    Y, sobre el particular, la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio, relativa a las tasas judiciales, explica lo siguiente:

    “Respecto de ambos pronunciamientos de nulidad, procede aplicar la doctrina reiterada de este Tribunal en cuya virtud, «en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren “debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el  art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme» [ SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la anterior  54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre , FJ 7;  104/2013, de 25 de abril, FJ 4].

    En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso ( art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la Hacienda Pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art. 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”.

    Y es que, como precisa la referida sentencia del Tribunal Constitucional 104/2013, de 25 de abril, “El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes”.

    La misma conclusión se obtiene de lo prescrito en el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (de aplicación supletoria, según establece el artículo 80 de la LOTC), que dispone que “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”.

    En consecuencia, considera este Tribunal que los actos administrativos firmes anteriores a la publicación de la citada sentencia del Tribunal Constitucional 77/2017, de 5 de junio, (cual es el caso de la Resolución que nos ocupa) no se ven afectados por el fallo de la misma.

    TERCERO.- Y, por lo que respecta a la petición nueva (no instada ante la entidad local) de que se le devuelvan los ingresos realizados indebidamente en virtud de tal liquidación, diremos que, si bien el artículo 142.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, dispone que  “Los obligados tributarios y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en la Tesorería de la Comunidad Foral con ocasión del pago de las deudas tributarias (…)”, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre las actuaciones tributarias de los obligados tributarios establece expresamente que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, no serán objeto de devolución los ingresos tributarios efectuados en virtud de actos administrativos que hayan adquirido firmeza”.

    Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso, toda vez que, en todo caso (es decir, dejando de lado otras consideraciones), la liquidación que nos ocupa ha quedado, como se ha dicho, firme y consentida. Por tanto, no ha lugar a ser la misma revisada, ni a que los ingresos efectuados en su virtud deban ser objeto de devolución”.

     Así mismo, la Resolución 2.734/2017, de 24 de noviembre (recurso de alzada 17-01968), se basaba en la siguiente fundamentación jurídica.

    “PRIMERO.- Objeto del recurso de alzada y alegaciones de las partes.

    “(…) hemos de analizar ambas cuestiones contenidas en el acto impugnado: si procedía admitir la solicitud de revisión de oficio y si procedía admitir la solicitud de devolución de ingresos indebidos.

    Los recurrentes invocan a su favor la Sentencia del Tribunal Constitucional número 59/2017, de 11 de mayo de 2017, que estimó la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y declaró que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, “son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Sostienen que la nulidad de dichos preceptos provoca la nulidad de la liquidación tributaria y su derecho a la devolución de los ingresos realizados.

    Los recurrentes yerran en cuanto a la legislación aplicable, ya que invocan a lo largo de su escrito de recurso la legislación tributaria estatal, ignorando que no es de aplicación en Navarra dado que la Comunidad Foral, en virtud de su régimen foral, tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente Convenio Económico (artículo 45.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra). Por lo tanto, no es la legislación estatal la aplicable al caso sino la legislación foral, y no surte efectos en Navarra la citada Sentencia del Tribunal Constitucional. No obstante, la cuestión planteada por los recurrentes también afecta a la legislación foral, conforme a la cual examinaremos y resolveremos el presente recurso de alzada, y ha sido el objeto específico de otra decisión del Tribunal Constitucional, la Sentencia número 72/2017, de 5 de junio de 2017, que en términos similares a sentencias anteriores declara que los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra son inconstitucionales y nulos “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

    El Ayuntamiento, por su parte, solicita la desestimación del recurso de alzada y alega, en síntesis, que la mencionada declaración de inconstitucionalidad no afecta a la liquidación practicada a los recurrentes puesto que ha devenido firme y, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, el principio de seguridad jurídica implica que las situaciones jurídicas que han adquirido firmeza, tanto en vía judicial como administrativa, han de mantenerse. Es por ello que, carente manifiestamente de fundamento, la solicitud de los recurrentes ha sido inadmitida a trámite.

    SEGUNDO.- Devolución de ingresos indebidos.

    Como hemos señalado, los recurrentes en su escrito inicial ante el Ayuntamiento únicamente solicitan de forma expresa la devolución de los ingresos indebidamente satisfechos. Hemos de señalar que no procede tal devolución de ingresos dado que no se produce para ello ninguno de los casos tasados por la ley.

    La Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria (LFGT), aplicable supletoriamente a las entidades locales, regula la cuestión en su artículo 142 señalando que “los obligados tributarios y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en la Tesorería de la Comunidad Foral con ocasión del pago de las deudas tributarias” y que “por vía reglamentaria se regulará el procedimiento que debe seguirse, según los distintos casos de ingresos indebidos, para el reconocimiento del derecho a la devolución y la forma de su realización”. Este desarrollo reglamentario se realiza mediante el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre las actuaciones tributarias de los obligados tributarios. En su artículo 2 dispone lo siguiente en cuanto a los supuestos generales de devolución:

    “1. El reconocimiento del derecho a la devolución de un ingreso indebidamente efectuado en la Tesorería de la Comunidad Foral, así como la forma de su realización, se acomodarán a los procedimientos regulados en los Capítulos II y III de este Título.

    2. Supuestos de ingresos indebidos se darán, en particular, en los siguientes casos:

    a) Cuando se pague una deuda inexistente.

    b) Cuando se haya ingresado, después de prescribir la acción para exigir su pago, una deuda tributaria liquidada por la Administración o autoliquidada por el propio obligado tributario, así como cuando se haya satisfecho una deuda cuya liquidación o cuya autoliquidación haya sido realizada hallándose prescrito el derecho de la Administración para practicar liquidación.

    c) Cuando se pague una deuda extinguida por haber sido ya objeto de previo pago o por haber sido objeto de compensación, de condonación o haberse visto afectada por cualquier otra causa de extinción legalmente prevista.

    d) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe de la deuda u obligación tributaria liquidada por la Administración o autoliquidada por el propio obligado tributario.

    e) Cuando la Administración rectifique, de oficio o a instancia del interesado, cualquier error de hecho, material o aritmético, padecido en una liquidación u otro acto de gestión tributaria y el acto objeto de rectificación hubiese motivado un ingreso indebido.

    (…) 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, no serán objeto de devolución los ingresos tributarios efectuados en virtud de actos administrativos que hayan adquirido firmeza”.

    Es obvio que, en aplicación de este precepto, no es procedente la devolución de las cantidades que pagaron los recurrentes. Como ya se ha señalado, la liquidación había adquirido firmeza. Pero incluso en el caso de que no la hubiese adquirido, tampoco se produce ninguno de los supuestos señalados; la deuda existía en el momento de su pago, no había prescrito, no se había extinguido previamente, el importe ingresado no fue superior al señalado en la liquidación, no existía ningún error.

    Sin embargo, hemos de tener en cuenta que, conforme al artículo 3 del mismo Decreto Foral, “no obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior, los obligados tributarios podrán solicitar la devolución de ingresos efectuados en la Tesorería de la Comunidad Foral, instando la revisión de aquellos actos dictados en vía de gestión tributaria que hubiesen incurrido en motivo de nulidad de pleno Derecho, que infringiesen manifiestamente la ley o que se encontrasen en cualquier otro supuesto análogo recogido en los artículos 140, 141 y 159 de la Ley Foral General Tributaria”. El Ayuntamiento interpretó que, aunque no lo manifestaran de forma clara y expresa y confundieran la legislación aplicable, los recurrentes, al iniciar su “suplico” con la expresión “que se revise el expediente 2016/064 a la vista del mandamiento del Tribunal Constitucional”, estaban instando la revisión de oficio de la liquidación.

    TERCERO.- Revisión de oficio de actos nulos.

    El artículo 140.1 de la LFGT dispone que “corresponderá en cualquier momento al Consejo de Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, previo dictamen del Consejo de Navarra, la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos en los que concurran las condiciones exigidas para ello por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común”. Hemos de entender, en el caso que nos ocupa, que las entidades locales disponen de la misma facultad.

    La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en su artículo 106 regula la revisión de disposiciones y actos nulos y dispone lo que sigue:

    “1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

    (…) 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales”.

    El citado artículo 47.1 dispone lo siguiente en cuanto a la nulidad de pleno derecho:

    “Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

    a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

    b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

    c) Los que tengan un contenido imposible.

    d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

    e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

    f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

    g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley”.

    Pues bien, tal como manifiesta el Ayuntamiento, es evidente que no se produce ninguno de los transcritos supuestos tasados de nulidad de pleno derecho, lo que justifica la inadmisión de la solicitud. Los recurrentes no alegan, ni pueden alegar, ninguna de esas causas de nulidad, sino que alegan otra no contemplada en las leyes: la inconstitucionalidad sobrevenida de la ley en la que se fundamentó el acto administrativo.

    Tampoco podemos considerar que se produzca ninguno de los supuestos para que, por la remisión que hace el artículo 159 de la LFGT, podamos entender admisible un recurso extraordinario de revisión, si interpretáramos en tal sentido la pretensión de los recurrentes. El artículo 125.1 de la LPAC dispone lo siguiente:

    “Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

    a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

    b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

    c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

    d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme”.

    A la alegación que formulan los recurrentes hemos de aplicar lo que dispone el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”.

    La jurisprudencia ha extendido esta norma también a los actos administrativos. Así la Sentencia del Tribunal Constitucional número 176/2011, de 8 de noviembre: “Por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), procede declarar que únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía una resolución administrativa o judicial firme sobre las mismas (art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)”. Y precisa la Sentencia del Tribunal Constitucional número 104/2013, de 25 de abril: "El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes".

    La Sentencia del mismo tribunal número 140/2016, de 21 de junio, relativa a las tasas judiciales, explica lo siguiente:

    "Respecto de ambos pronunciamientos de nulidad, procede aplicar la doctrina reiterada de este Tribunal en cuya virtud, «en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren “debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme» [SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la anterior 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de abril].

    En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo.

    El mismo principio está presente en lo prescrito en el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: "Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente".

    En consecuencia, los actos administrativos firmes anteriores a la publicación de la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 77/2017, de 5 de junio, no se ven afectados por el fallo de la misma. Por lo tanto, hemos de desestimar el recurso de alzada y confirmar la resolución impugnada.

    No desconocemos que a los recurrentes, y a otros ciudadanos en similares situaciones, les podrá parecer injusto que hayan satisfecho unas cantidades aplicando una ley que ha sido declarada inconstitucional y nula, que se sentirán agraviados respecto de quienes no paguen nada por transmitir terrenos de naturaleza urbana a partir de la publicación de la sentencia, y que se sentirán directamente perjudicados en su patrimonio por la negativa de la Administración a la devolución de esas cantidades. Pero es que el ordenamiento jurídico no ofrece solución a tales hechos a través de la devolución de ingresos indebidos y de la revisión de oficio de las liquidaciones tributarias, procedimiento que han intentado los recurrentes y que ya hemos explicado que no está acogido en las normas aplicables. Nuestro ordenamiento jurídico remite esas situaciones a la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador regulada en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con los requisitos que allí se establecen. Sobre los criterios de aplicación de dicho instituto véanse, a título de ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2000 (RJ 2000\2730), de 24 de abril de 2012 (RJ 2012\6198) o de 24 de febrero de 2015 (RJ 2015\591)”.

    Las anteriores consideraciones jurídicas son también aplicables, “mutatis mutandis”, al caso objeto de esta alzada.

    TERCERO.- Aplicación al caso de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre.

    A mayor abundamiento, a la solución descrita obliga la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

    Dispone, en efecto, esta Ley Foral, en su Disposición transitoria única, lo siguiente (todos los subrayados son nuestros):

    “Régimen transitorio aplicable a determinadas liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

    Uno. Liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017.

    En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017, que hayan adquirido firmeza con anterioridad a dicha fecha, se aplicarán las siguientes reglas:

    1.ª No resultará de aplicación lo dispuesto en la presente ley foral.

    2.ª No procederá la devolución de ingresos indebidos.

    3.ª Continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios derivados de las mencionadas liquidaciones y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. (…)”.

    Y todo ello por cuanto queda explicado en el Preámbulo de la Ley Foral, que razona del siguiente modo:

    “A continuación la ley foral se ocupa de establecer un régimen transitorio para precisar los efectos temporales de la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017, de 5 de junio de 2017. En concreto, la disposición transitoria única de la ley foral regula el régimen transitorio aplicable a determinadas liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

    El apartado uno de esta disposición transitoria se refiere a las liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017. Se trata, por tanto, de sentar criterios en relación con los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en el tiempo, explicitando las limitaciones derivadas de la firmeza de las liquidaciones tributarias correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al 15 de julio de 2017.

    En relación con esta materia puede considerarse doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 60/2015, de 18 de marzo de 2015) que el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) demanda la intangibilidad o cuasi intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no solo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes.

    En concordancia con esa doctrina constitucional, el apartado uno de esta disposición transitoria se refiere a las liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017.

    La norma establece las siguientes reglas:

    Primera No resultará de aplicación lo dispuesto en la presente ley foral.

    Segunda No procederá la devolución de ingresos indebidos.

    Tercera Continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios derivados de las mencionadas liquidaciones y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas”.

    En consecuencia, procede la desestimación del recurso en todos sus pedimentos, dada la intangibilidad de la situación jurídica consolidada.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos desestimar, como desestimamos, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcabarte, de 17 de octubre de 2017, por la que se desestimó la solicitud de devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en relación con una liquidación dictada en el año 2015); acto que se confirma, por ser ajustado a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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