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17-02386

  • Nº Expediente 17-02386
  • Nº Resolución 00619/18
  • Fecha resolución 21-03-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Relación de causalidad 11;11.1
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
    • Tipo 1
    • Número 32
  • Disposición 2
    • Norma Ley
    • Título 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
    • Tipo 1
    • Número 40;41;
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Responsabilidad patrimonial por daños morales como consecuencia de exhumación de restos mortales de un familiar.
  • Resumen Obligación de notificar válidamente y conforme a la ley, personalmente o por edictos, la exhumación prevista para que los familiares puedan disponer de los restos.
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación parcial
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02386, interpuesto por DON ............ y DON ............ contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE ETXARRI-ARANATZ de fecha 18 de septiembre de 2017, sobre denegación de indemnización por daños morales como consecuencia de exhumación de restos mortales de un familiar.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante Resolución de Alcaldía número 2017/389, de 18 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos por los ahora recurrentes a causa de la exhumación de los restos mortales de su padre en el cementerio municipal y su colocación en un osario común sin notificación a los familiares.

    2º.- Contra dicho acto se interpuso por los interesados recurso de alzada ante este Tribunal.

    3º.- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, en la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    4º.- Por el Ayuntamiento se propuso la práctica de prueba de interrogatorio de la parte recurrente y testifical, que fue admitida y de cuya realización queda constancia en el expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Alegaciones de las partes.

    Alegan los recurrentes que la desestimación de la solicitud de indemnización de los daños y perjuicios sufridos a causa de la exhumación y el resultado dañoso producido trae directa causa de la actuación municipal, en particular la falta de notificación de que iba a realizar la exhumación, lo que determina que sea la entidad local la que deba responder por tales perjuicios.

    Considera, por su parte, el Ayuntamiento procedente la desestimación de la petición por no haberse probado la relación causal entre el daño sufrido por los recurrentes y el funcionamiento de un servicio público, ya que no era preceptivo dar aviso alguno de la exhumación y uno de los recurrentes ya conocía que se iba a producir.

    SEGUNDO.- Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial.

    Respecto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, el artículo 106.2 de la Constitución Española establece que: "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo, el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

    Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, configurada, legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos -sea éste normal o anormal- debe ser en principio indemnizada, se requiere que concurran los siguientes requisitos: A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público. B) Un daño antijurídico o detrimento patrimonial injustificado, o, lo que es igual, un resultado lesivo que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido. La lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que el caso fortuito haría referencia a aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, correspondiendo, en todo caso, a la Administración, tal y como reiteradamente señala el Tribunal Supremo, entre otras y por sintetizar las demás, en sentencia de 6 de febrero de 1996, probar la concurrencia de fuerza mayor, en cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial.

    TERCERO.- Relación de causalidad.

    Debe quedar acreditado que la lesión se produjo como consecuencia del funcionamiento de un servicio público, que en el presente caso debiera ser el de cementerios y actividades funerarias, materia encomendada a los municipios por el artículo 25.2.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

    Que unos hechos como los que aquí se consideran, la exhumación de restos mortales de un cementerio y su colocación en una fosa común, sin dar oportunidad a los familiares de la persona fallecida a disponer de ellos, provocan un daño moral en los familiares que resulta notorio sin necesidad de acreditación singular en cada caso está reconocido por diversa jurisprudencia y otras resoluciones de este Tribunal. Citaremos, a título de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2000 (RJ 2000\2459) o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 250/2006, de 28 de febrero (JUR 2006\241858), la cual expone lo que sigue: “Debe concluirse que concurren todos los anteriores requisitos para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Corporación municipal, pues la exhumación de los restos mortales de D. Luis Ángel, y su posterior depósito en una fosa común -basada en una pretendida falta de pago de las cuotas de mantenimiento y conservación del cementerio municipal, que no sólo no se comunicó a sus directos familiares para que pudieran ponerse al día en los pagos y evitar tal traslado, sino que después incluso se evidenció que era errónea-, generó un incuestionable daño moral proyectado sobre la relación de afecto mantenida por la familia con el recuerdo del difunto, que pudo haberse evitado fácilmente, máxime cuando, tratándose de una pequeña población, es razonable suponer que, o bien los domicilios de tales familiares eran conocidos por la Corporación, o, en cualquier caso, no resultaba compleja su localización mediante sencillas gestiones; y dicho daño no resulta enervado por la posterior restitución de los restos -pese a las dudas de identidad que denuncian los afectados, y que no aparecen acreditadas-; surge, pues, el deber de resarcir dicho daño mediante la oportuna compensación económica”.

    En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de diciembre de 2002 (RJCA 2003/370):

    Se ejerce en este procedimiento una acción de responsabilidad patrimonial de la administración local en reclamación de la indemnización correspondiente al daño moral sufrido por los recurrentes con motivo de la exhumación de los restos mortales del marido y padre de los recurrentes.

    Por parte de la administración se reconoce tal hecho así como la falta de cobertura legal del mismo, que se explica por un error involuntario al incluir el nicho entre los que debían ser objeto de expropiación. Se pone de manifiesto que estos restos fueron depositados en la fosa común, lo que es una realidad deducible, que la demandante no refuta, si bien no es posible «dar ratón» de los mismos, según la testifical de los empleados del cementerio, lo que equivale a decir que no han sido identificados o individualizados.

    En consecuencia nos encontramos ante un título de imputación apto –dado el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la administración– para declarar la responsabilidad pretendida, a fin de indemnizar el daño moral que resulta de la exhumación y falta de individualización de los restos con las consecuencias consiguientes”.

    Pues bien, en el presente caso está acreditado en el expediente que se produjo una exhumación de restos y posterior colocación en una fosa común, alegando los recurrentes no haber sido informados por el Ayuntamiento a tiempo de que pudieran disponer de los restos de su difunto padre, lo que les genera el correspondiente daño moral. Las partes debaten sobre si la responsabilidad por lo sucedido recae en el Ayuntamiento, por no haber notificado que se iba a realizar la exhumación, o en los recurrentes, por haber conocido dicha exhumación y no haber tomado disposición alguna al respecto.

    A la vista del expediente, hemos de concluir que existe responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento ya que fue su actuación la que de forma directa y exclusiva produjo el daño que aquí se reclama.

    Mantiene el Ayuntamiento que no tenía obligación de notificar la exhumación a los recurrentes porque no lo exige así la ordenanza municipal aplicable, y adicionalmente alega que intentó infructuosamente realizar la notificación. Hemos de rechazar ambas alegaciones. Que la Ordenanza reguladora de la utilización del cementerio municipal de Etxarri-Aranatz aprobada el 1 de junio de 1998 (Boletín Oficial de Navarra número 91, de 31 de julio de 1998), en su artículo 6, disponga que “de las exhumaciones por caducidad de plazo que se lleven a cabo, no será preceptivo dar aviso alguno, una vez cumplido los tramites establecidos en la normativa”, no puede interpretarse en el sentido que pretende el Ayuntamiento. En todo caso, dicho precepto ha de ser aplicado conjuntamente con lo que dispone el artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes”. En todo caso, el acto por el que se dispuso la exhumación debía de ser notificado a los interesados previamente a su ejecución para darles oportunidad de tomar las disposiciones que estimaran oportunas en relación con los restos de sus familiares. Y esa notificación debía realizarse conforme disponen el mismo artículo 40 y el artículo 41 de la citada ley, esto es, por escrito y personalmente en el domicilio de los interesados; y si no fuera posible hallar a los interesados (desplegando la actividad necesaria para ello), mediante publicación de un edicto en el Boletín Oficial del Estado. El Ayuntamiento se limitó a los intentos de notificación en el domicilio de uno de los interesados, y al ser infructuoso por no encontrarlo en el mismo el agente notificador en dos ocasiones, desistió de proseguir el procedimiento de comunicación.

    Ambas partes alegan que en una localidad del tamaño de Etxarri-Aranatz (2.464 habitantes según las cifras oficiales a 1 de enero de 2017) debiera ser fácil la comunicación, esto es, que el Ayuntamiento pudiera ser capaz de hallar a los recurrentes y que estos, sin la notificación, tuvieran noticias de que se iba a producir la exhumación. Y, ciertamente, ambas partes llevan razón en que resulta anómalo que en una localidad de ese tamaño y características no haya fluido la comunicación entre el Ayuntamiento y los recurrentes. Pero esta observación ha de complementarse con la de que el Ayuntamiento tiene una obligación legal de buscar a los interesados para notificarles los actos que les afecten y, en última instancia, notificar mediante la publicación de edictos, mientras que los recurrentes no tenían ninguna obligación de conocer la actividad municipal y enterarse por sus propios medios de cuándo se iba a producir la exhumación. Al contrario, los recurrentes tienen derecho a confiar en la buena fe y en el buen obrar municipal (artículo 1 de la LFAL: “La Comunidad Foral de Navarra organiza su Administración Local conforme a lo dispuesto en esta Ley Foral, de acuerdo con los principios de autonomía, participación, desconcentración, eficacia y coordinación en la gestión de los intereses públicos para la consecución por ésta de la confianza de los ciudadanos”) y en que serán puntualmente notificados de los actos que les afecten.

    Por otro lado, la versión de los hechos que inicialmente ofreció el Ayuntamiento, que los recurrentes conocían el día en que se iba a efectuar la exhumación y encargaron a un tercero que acudiera ese día al cementerio, no se ha visto confirmada con la realización de la prueba. El testigo propuesto por el mismo Ayuntamiento desmintió tal versión.

    No cabe duda, por tanto, de que existe una relación de causalidad entre el funcionamiento del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz y la producción del daño que aquí se reclama, por lo que debe declararse la responsabilidad patrimonial de la entidad local.

    CUARTO.- Cuantía de la indemnización.

    El artículo 34 de la LRJSP dispone, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

    2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

    3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

    4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado”.

    Los recurrentes (dos hermanos) solicitan en total una indemnización de 18.000 euros. El Ayuntamiento la considera excesiva.

    En nuestra Resolución número 3306, de 27 de octubre de 2006, hacíamos las siguientes consideraciones:

    «En relación con la indemnización debida, deben seguirse para fijar la misma, entre otros, los criterios recogidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 10 de diciembre de 2002 (RJCA 2003/370), cuales son los siguientes: “el número de recurrentes, el parentesco con el difunto de cuyos restos se trata y la circunstancia dicha que no han sido individualizados, careciendo por tanto de la posibilidad de adoptar en la forma convencional aquellas formas de consideración a su memoria y cualquiera otras sobre los mismos”.

    Y tales circunstancias (número de recurrentes (-tres en este caso-), parentesco con el difunto (hijos del mismo), la imposibilidad de individualizar los restos mortales a fin de darles el tratamiento que estimaran conveniente en consideración a su memoria, así como otra a tener en cuenta en este particular caso, cual es, sin embargo, el amplio período de tiempo transcurrido desde el fallecimiento del difunto (ocurrido en el año 1980), conducen a este Tribunal a considerar procedente la cuantificación de la indemnización en la cantidad global de tres mil euros a favor de todos los recurrentes.

    Procede, en consecuencia, en los términos expuestos, la estimación parcial del recurso, desestimando la petición de indemnización global de 18.000 euros solicitada, y sin que sea preciso hacer un pronunciamiento expreso respecto de la devolución de la tasa de 23´44 euros pagada, toda vez que el Ayuntamiento ya ha reconocido esta pretensión».

    En la Resolución número 3051, de 14 de octubre de 2014, también para un caso similar instado por cuatro hermanos, se hacían las siguientes consideraciones:

    No se estima de recibo señalar que la indemnización adecuada es de diez mil euros y, seguidamente, sin declarar expresamente (pues el Ayuntamiento no lo hace; véase el acto recurrido) una concurrencia de culpas entre la propia entidad local y los reclamantes, rebajar la indemnización a seis mil euros. Y obsérvese que ello significaría que el Ayuntamiento ha entendido (lo que, desde luego, tampoco ha precisado de forma clara y motivada) que el reparto de las culpas se hace del siguiente modo: un sesenta por ciento para el Ayuntamiento y un cuarenta para la familia Rada.

    Por tanto, como conclusión, estima este Tribunal que la indemnización debe ser la señalada por la entidad local antes de efectuar la rebaja referida, pues así lo ha entendido la propia entidad local en su “propio acto”. Es decir, han de ser indemnizados los recurrentes en la cantidad total de 10.000 euros. Y a ello ha de añadirse la cantidad correspondiente a los derechos funerarios satisfechos (327,80 euros), pues no consta que los mismos, pese a lo declarado por el Consistorio, hayan sido reintegrados.

    Y no ha lugar, sin embargo, a la indemnización por importe de 24.000 euros, como se solicita, pues, además de que dicha cantidad excede a la que los Tribunales de Justicia (o este mismo TAN) vienen concediendo, el tiempo transcurrido entre el fallecimiento de los progenitores de los reclamantes (trece y diecisiete años), así como el hecho de que estos no acrediten, mediante informes médicos, ningún daño moral (más allá del presumible), hacen que este Tribunal considere que tal petición es excesiva”.

    Teniendo en cuenta las circunstancias del presente caso, un fallecimiento ocurrido hace veinte años y la reclamación formulada por dos hijos del difunto, se considera procedente una indemnización por una suma total de 6.000 euros.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos estimar parcialmente, como estimamos, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra Resolución de Alcaldía número 2017/389, de 18 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz sobre reclamación de responsabilidad patrimonial; acto que se anula por no estar conforme al ordenamiento jurídico, declarando el derecho de los recurrentes a obtener una indemnización de 6.000 euros.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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