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17-02359

  • Nº Expediente 17-02359
  • Nº Resolución 00451/18
  • Fecha resolución 22-02-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Relación de causalidad 11;11.1
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título 40/2015, de 1 de octubre
    • Tipo 1
    • Número 32
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Responsabilidad patrimonial por caída en la vía pública.
  • Resumen Desnivel nimio de apenas 2 centímetros. Estándares de seguridad admisibles conforme a la conciencia social  (Pamplona)
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02359, interpuesto por DOÑA ............ contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 26 de septiembre de 2017, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de fecha 31 de julio de 2017, sobre denegación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída en la vía pública.

    Ha sido Ponente doña María-Asunción Erice Echegaray.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante Resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, de 26 de septiembre de 2017, se desestimó el recurso de reposición  interpuesto contra la Resolución de la misma autoridad, de 31 de julio de 2017, por la que se desestimó la petición de responsabilidad patrimonial instada por la hoy recurrente por daños sufridos a consecuencia de caída en la vía pública.

    2º.- Contra dicho acto se interpuso por la interesada, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal.-

    3º.- Mediante providencia de Presidencia de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.-

    4º.- No se propuso por las partes la realización de pruebas.-

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Respecto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, el artículo 106.2 de la Constitución Española establece que: "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo, el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

    Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, configurada, legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos -sea éste normal o anormal- debe ser en principio indemnizada, se requiere, según el artículo 32 antes citado, que concurran los siguientes requisitos: A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público. B) Un daño antijurídico o detrimento patrimonial injustificado, o, lo que es igual, un resultado lesivo que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido. Así lo dice la citada Ley, en el artículo 32, cuando señala que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que el caso fortuito haría referencia a aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, correspondiendo, en todo caso, a la Administración, tal y como reiteradamente señala el Tribunal Supremo, entre otras y por sintetizar las demás, en sentencia de 6 de febrero de 1996, probar la concurrencia de fuerza mayor, en cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial.

    Y, así mismo, según el artículo 67 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar prescribe al año, contado desde el hecho que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

    SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa, la cuestión debatida se contrae a determinar si existe un nexo causal entre la actuación municipal (concretada en el deber de mantenimiento de la vía pública) y el resultado dañoso producido.

    Pues bien, como consta en el expediente, el día 21 de octubre de 2016, la hoy recurrente tuvo una caída. Y, a consecuencia de la misma, sufrió diversos padecimientos.

    Ahora bien, cuestión distinta es que de dicha caída deba responder la entidad local.

    La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en su artículo 26.1.a), conceptúa como servicio local obligatorio la  "pavimentación de las vías públicas".  

    No obstante, el Tribunal Supremo ya ha explicado que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración no permite extender la misma hasta cubrir cualquier evento por el mero hecho de que éste se produzca dentro del ámbito de actuación de la Administración. Así, en su Sentencia de 5 junio de 1998 (RJ 1998, 5169) declaró lo siguiente: 

    "La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico" (Éste y los posteriores subrayados son nuestros).

     En el caso que nos ocupa, como se desprende del expediente instruido al efecto, podría tenerse por cierto que el día señalado la recurrente sufrió daños como consecuencia de la caída que tuvo en el lugar por ella señalado -sin perjuicio ello de que, hemos de precisar, el informe de la Policía municipal, titulado en su resumen, “Persona mayor caída en vía pública”, recoge el relato de los hechos efectuado por la propia reclamante, es decir, no la directa constatación de los mismos por parte de los Agentes; razón por la que recoge la expresión “al parecer una señora se ha tropezado (…)”-.

    Aduce la entidad local que el lugar en el que la impugnante tropezó no presentaba, en todo caso, sino un desnivel nimio, no superior a dos centímetros, inidóneo para producir una caída, si se caminara con diligencia. Rechaza que el siniestro obedezca al estado del pavimento (sin perjuicio de admitir que, después del accidente, se dio orden de reparar las baldosas movidas).

    Y la entidad aseguradora señala, en síntesis, que no se observa nexo causal entre el actuar administrativo y el resultado producido (precisando que la recurrente achaca -así se observa al folio 41- la caída al levantamiento de la baldosa, el cual ya se ha cifrado en no más de dos centímetros).

    Y así lo entiende este Tribunal, pues, como ya ha tenido ocasión de declarar en anteriores ocasiones, un desnivel equivalente a dos centímetros (o incluso aunque fuera ligeramente superior) no es contrario a las exigencias de seguridad que demanda la conciencia social. Y sobre la medida de ese desnivel, concretada en tan sólo dos centímetros, basta ver las fotografías obrantes a los folios 51 y siguientes del expediente instruido ante este Tribunal (en particular, al folio 53).

    Pues bien, a la vista de las alegaciones de las partes y de las pruebas que obran en el expediente (en particular, de las referidas fotografías), podemos concluir que no existe responsabilidad del Ayuntamiento citado en la producción de los daños. En este sentido, la resolución impugnada ha señalado con claridad que el desperfecto en las baldosas era de escasa entidad y perfectamente visible y sorteable (y máxime, teniendo en cuenta que a las 12 horas hay plena luz). 

    Y, sobre el particular de los desniveles en el pavimento, tanto este Tribunal, como el orden jurisdiccional contencioso administrativo de Navarra, se han pronunciado con reiteración en el sentido que ahora se expone.

    Así, la sentencia 219/2002, de 1 de  marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (JUR 2002, 137189) ha señalado que:  

    "Por otro lado, la falta tan solo de unas baldosas, aunque constituye hasta cierto punto un incumplimiento por la Administración de sus deberes de conservación de elementos de un servicio público de su titularidad, a tenor de los hechos concurrentes, dado lo poco relevante de esta omisión, puede entenderse como un obstáculo idóneo para producir la caída. Es decir, que el obstáculo existente es nimio, inidóneo para producir el resultado que se produjo, ya que utilizando el mínimo de diligencia que es exigible para deambular por la vía pública, es perfectamente salvable. De esta forma, ha de entenderse que el resultado que se produjo es más atribuible a la propia víctima, que por desatención o por otra circunstancias pudo caer en la vía pública".

    Efectivamente, el estándar social sobre la seguridad de las vías públicas no llega al extremo de reclamar unas superficies perfectamente lisas y sin ningún desnivel. No es irrazonable que existan diferencias de nivel e incluso pequeñas roturas en las aceras, puesto que siempre se ha de exigir cierta atención por los peatones para evitar el riesgo existente. 

    Según puntualiza la sentencia del mismo Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 29 de julio de 2002 (JUR 2002, 253996), en un supuesto de loseta de dos centímetros de grosor levantada por las raíces de un árbol,: "Como cuestión de fondo se plantea primordialmente la relativa a si las lesiones sufridas por el actor son consecuencia de la actuación administrativa. Es decir, ha de analizarse si existe relación de causalidad entre el estado de la calzada, concretamente por la existencia de defectos en el pavimento, por el desnivel entre 0,5 y 2 centímetros (...). Pues bien, la sola existencia de dicho pequeño desnivel (...) no puede considerarse suficiente para que sean atribuibles a la Administración Municipal, en relación de causalidad, las consecuencias de una hipotético tropiezo, pues en este caso todas los posibles accidentes que en relación física pudieran producirse con tan poco relevantes obstáculos o elementos del mobiliario urbano perteneciente a los municipios les serían imputables (...) no bastando con un mero tropiezo, ante la existencia de tan nimio impedimento como el existente, para que el Ayuntamiento sea responsable de las consecuencias dañosas que se puedan producir (...). El referido obstáculo no se considera por lo tanto relevante para entender existente la requerida relación de causalidad, pues no se considera idónea la pequeña protuberancia existente para provocar la caída que se produjo, atendiendo a factores de adecuación para la producción del resultado lesivo que tuvo lugar".   Y a estos efectos es irrelevante, diremos, que la sentencia transcrita hable de desperfectos causados por las raíces de un árbol y en este caso el desnivel obedezca a otra causa.

    Así pues, un desperfecto en el pavimento como el referido (desnivel entre baldosas de menos de dos centímetros) no se considera suficientemente relevante para entender existente la relación de causa-efecto necesaria para imputar responsabilidad a la Administración, pues hubiera bastado probablemente el mínimo de atención exigible a los peatones para evitar la caída. De lo contrario, se llegaría a la exigencia de estándares que excederían de los que comúnmente se reputan exigibles en la actualidad, y convertiríamos a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos.

    Y a ello debe añadirse que, como ya queda dicho, aun cuando la entidad local haya acaso admitido la narración de la recurrente acerca de la mecánica del siniestro, no se sabe, en verdad, con total certeza dónde cayó la impugnante (sobre qué concreta baldosa).

    Procede, en todo caso, por lo ya señalado, la desestimación del recurso.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos desestimar, como desestimamos, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la Resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, de 26 de septiembre de 2017, por la que se desestimó el recurso de reposición  interpuesto contra la Resolución de la misma autoridad, de 31 de julio de 2017, por la que se desestimó la petición de responsabilidad patrimonial instada por la hoy recurrente por daños sufridos a consecuencia de caída en la vía pública; acto que se confirma, por ser ajustado a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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