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17-02315

  • Nº Expediente 17-02315
  • Nº Resolución 00818/18
  • Fecha resolución 23-04-2018
  • Sección TAN Tercera
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Relación de causalidad 11;11.1
  • Materia 2
    • Responsabilidad Patrimonial; Intervención de terceros (contratistas, concesionarios y otros) 11;11.3
  • Materia 3
    • Responsabilidad Patrimonial; Indemnización 11;11.4
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Constitución
    • Título Constitución Española de 1978
    • Tipo 1
    • Número 106.2
  • Disposición 2
    • Norma Ley
    • Título Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
    • Tipo 1
    • Número 25.2.d); 54
  • Disposición 3
    • Norma Ley
    • Título Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
    • Tipo 1
    • Número 139.1
  • Disposición 4
    • Norma Ley
    • Título Ley 35/2015, 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico.
    • Tipo 1
    • Número 134
  • Tema Denegación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída en la vía pública.
  • Resumen Solicitud de indemnización de daños y perjuicios: daños causados por caída en la vía pública: prueba de los hechos derivada del propio expediente administrativo, aunque ningún testigo presenciara el momento del suceso: caída por el deficiente estado de acera ubicada junto al acceso a garaje de Comunidad de Propietarios: pese a las obligaciones de mantenimiento de la Comunidad titular de la licencia de vado, responsabilidad del Ayuntamiento en mantener en condiciones de seguridad la vía pública: doctrina mayoritaria al respecto de los órganos judiciales: existencia de nexo causal: cuantía de la indemnización: los 12 días en que la víctima no pudo caminar, se consideran como perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida de carácter moderado de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre.
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación parcial
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02315, interpuesto por DON ............, en nombre y representación de DOÑA ............, contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 3 de octubre de 2017, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de fecha 16 de agosto de 2017, sobre denegación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída en la vía pública.

    Ha sido Ponente don Gabriel Casajús Gavari.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, de 3 de octubre de 2017, se desestima el recurso de reposición interpuesto por la interesada contra resolución del mismo Director, de 16 de agosto de 2017, que desestima la reclamación de indemnización por daños sufridos presentada por la aquí recurrente, como consecuencia de una caída ocurrida el 5 de agosto de 2016 en la vía pública.

    2º.- Contra dicha resolución de 3 de octubre de 2017, desestimatoria del previo recurso de reposición formulado en vía municipal, la aquí recurrente interpone el presente recurso de alzada ante este Tribunal.

    3º.- Mediante providencia de la Presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFAL), en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    4º.- Mediante Providencia resolutoria de la Sección Tercera de este Tribunal número 87, de 19 de marzo de 2018, se acordó tener por comparecida como tercera legitimada a “............, S.A.”, quien ha presentado alegaciones en defensa del acto municipal impugnado.

    5º.- Emplazados en el presente procedimiento de recurso de alzada “............, S.L.”, en su condición de Administradora de la Comunidad de Propietarios que a continuación se relaciona y los “COOPROPIETARIOS CALLE ……….”, no ha comparecido ninguno de ellos en el procedimiento ni, consecuentemente, han presentado alegaciones en defensa de las resoluciones municipales recurridas.

    6º.- No se ha propuesto por las partes la práctica de pruebas.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- La parte recurrente se opone a la resolución municipal que no aprecia responsabilidad patrimonial de la entidad local en la caída que sufrió el día 5 de agosto de 2016 en la acera situada frente a un garaje ubicado en la Calle Serafín Olave, entre el establecimiento comercial DIA y la esquina de la Calle Esquiroz, de Pamplona, debido al hundimiento y rotura de baldosas de dicha acera en ese lugar.

    La recurrente defiende que el Ayuntamiento de Pamplona es el titular de la vía y de la acera, y debe velar por su uso y adecuadas condiciones, vigilando para que los titulares de derechos de paso o de servidumbres mantengan la acera en un estado que permita su correcto uso. En el presente caso, la entidad local requirió en mayo de 2016 a la Administradora de la Comunidad de Propietarios para que subsanase el defectuoso estado en que se encontraba la acera en el lugar del accidente, pero el Ayuntamiento no comprobó si se atendió su requerimiento ni si se habían iniciado las obras de reparación de los defectos.

    Añade la parte recurrente que, aunque el titular de la licencia del vado sea el principal responsable de las condiciones de la acera de acceso, el Ayuntamiento dispone de potestad coercitiva para requerir y hacer cumplir a los afectados sus obligaciones. En el presente caso, y a su juicio, concurre la denominada “culpa in vigilando” de la entidad local, ya que desde mayo de 2016 en que realizó el requerimiento de reparación hasta agosto del mismo año en que se produjo la caída, no comprobó el cumplimiento, o no, de tal requerimiento. Para la parte recurrente, el Ayuntamiento hizo dejación de sus deberes en relación con el adecuado estado de la acera, ya que ni volvió a requerir de nuevo la reparación de aquélla ni la realizó de forma subsidiaria a costa de la Comunidad de Propietarios.

    Con apoyo en dos informes médicos del sistema público de sanidad de Navarra, la interesada solicita que se le indemnice con 800 euros, en cuanto perjuicio mínimo producido y sufrido.

    El Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, alega la falta de prueba sobre las circunstancias en que se produjo la caída y que la responsabilidad en este caso debe atribuirse a la Comunidad de Propietarios Calle ............, en cuanto obligada al mantenimiento y conservación del tramo de acera correspondiente al vado de acceso al garaje respectivo. Se remite la entidad local a los dos informes jurídicos que constan en el expediente.

    Añade el Ayuntamiento que tres meses antes de la caída se requirió a la Comunidad de Propietarios titular de la licencia de paso (vado) la reparación de los desperfectos (hundimiento y rotura de las baldosas), asumiendo la Administradora de dicha Comunidad, en correos electrónicos del mes de mayo de 2016, la realización de tal reparación. No consta fecha exacta de la realización de la reparación, pero según informe de la Jefa del Servicio de Obras en enero de 2017 el desperfecto ya estaba reparado, y no lo ejecutó el Ayuntamiento sino que se entiende que lo hizo la Comunidad de Propietarios.

    En definitiva, defiende el Ayuntamiento de Pamplona que en este caso exigió en tiempo y forma al titular de la licencia de vado la reparación de la acera, se señaló colocando una valla el desperfecto, y no fue necesario realizar la reparación a través de la ejecución subsidiaria por la entidad local, al haberse ejecutado ya la misma.

    Finalmente y respecto de la cuantía de 800 euros, solicitada por la recurrente como indemnización, la entidad local alega que en el informe médico emitido el mismo día de la caída sólo se concreta como resultado lesivo el dolor producido por el golpe sufrido en la rodilla. Así, no constan ni se acreditan otras afecciones, por lo que no está probado el alcance de la lesión ni existe justificación alguna para abonar la indemnización en la cuantía solicitada.

    Se solicita, por todo lo expresado, la desestimación del presente recurso de alzada.

    Po último, la entidad “............, S.A.” formula alegaciones en defensa del ajuste a Derecho del acto municipal denegatorio de la solicitud de indemnización de daños y perjuicios. Se apoya para ello en los siguientes argumentos: el suelo donde se produjo la caída es de titularidad privada, por lo que la responsabilidad de lo acontecido es del titular del vado y ajena, por tanto, al Ayuntamiento; subsidiariamente, alega la falta de prueba de los hechos; y, subsidiariamente, la improcedencia de la cantidad reclamada por pluspetición.

    Se solicita también por la entidad tercera legitimada la desestimación de este recurso.

    SEGUNDO.- El principio de responsabilidad patrimonial de los organismos y entidades de la Administración Local viene enunciado en los artículos 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 317.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. Según el último artículo citado, “las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos por la legislación general sobre responsabilidad administrativa”. Así pues, estas disposiciones legales remiten a la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

    Según el artículo 106.2 de la Constitución, “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Del mismo modo, el artículo 139.1 de la aplicable al supuesto Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

    Numerosas sentencias del Tribunal Supremo, como la de 27 de junio de 2006 (RJ 2006/4752), acogen “el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y, el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, habiéndose precisado por la jurisprudencia (Sentencias de 24 de marzo de 1992, RJ 1992, 3386, 5 de octubre de 1993, RJ 1993, 7192, y 2 y 22 de marzo de 1995, RJ 1995, 1986, por todas) que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos:

    a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

    b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

    c) Ausencia de fuerza mayor.

    d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta”.

    Asimismo, a los fines del artículo 106.2 de la Constitución, la jurisprudencia (Sentencias del 5 de junio de 1989, RJ 1989/4338, y del 22 de marzo de 1995, RJ 1995/1986, entre otras muchas), ha homologado como servicio público “toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo”.

    La carga de la prueba de los hechos necesarios para que exista responsabilidad corresponde a quien reclama la indemnización, y la de concurrencia de fuerza mayor o de culpa de la víctima al Ayuntamiento, según subrayan, entre otras, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del 30 de mayo de 2002, JUR 2002/191938, y la del Tribunal Supremo del 13 de julio de 2000, RJ 2000/7420.

    TERCERO.- En el presente supuesto, debemos resolver en primer lugar la cuestión suscitada tanto por el Ayuntamiento impugnado como por la Compañía de Seguros sobre la falta de prueba de las circunstancias y el lugar en que se produjo el suceso y el daño, ya que alegan que ningún testigo vio el momento de la caída ni consta intervención policial alguna tras la misma.

    A este respecto y en primer lugar, consta en el expediente informe clínico según se indica del C.S. II Ensanche, de Pamplona, de fecha 5 de agosto de 2016 (día señalado por la afectada como el de la caída), con hora de atención a las 16:55, en el que se recoge, en lo que aquí afecta “caída este mediodía”.

    Por otra parte y con un carácter a nuestro entender relevante, el día 8 de agosto de 2016 (tres días después de la caída), la interesada presenta una primera solicitud al Ayuntamiento de Pamplona, escrita manualmente a bolígrafo, en la que se recoge “(…) el viernes día 5 de los presentes por accidente sufrido en cera (sic), salida de un garaje, en C/ Seerafín Olave entre el establecimiento DIA y al esquina con C/ Esquiroz”.

    Así, en la primera atención médica recibida el mismo día de la caída la interesada, aunque de modo genérico, refiere que su presencia en el centro sanitario se debe a una caída sufrida el día 5 de agosto de 2016 por la mañana, y en el primer escrito presentado en el Ayuntamiento tres días después del suceso, de modo “manual” o “artesanal” -presumiblemente sin ningún asesoramiento ni articulación previa- describe y relaciona detallada y perfectamente el lugar concreto de dicha caída.

    Es cierto, por otro lado que no se avisó en el momento a la Policía Local, pero precisamente consta en el expediente que el día siguiente 6 de agosto de 2016 tres agentes son requeridos por Cecop para acudir a la dirección y lugar donde se afirma por la interesada que se produjo la caída, por la presencia de unas baldosas de la acera en muy mal estado, lo que constatan los agentes de Policía, en ese momento -después por tanto del día en que se afirma por la recurrente que ocurrió la caída- colocan una valla para evitar el paso por el lugar de los transeúntes, y evitar así incidentes, y se comunica finalmente por los policías al Servicio de Obras municipal la necesidad de que se arregle la zona.

    Los desperfectos del pavimento existentes en el lugar son, por otra parte, manifiestos y evidentes, y no se discuten por las partes en litigio. Se concretan, en palabras de uno de los informes municipales que obran en el expediente, en “hundimiento en la acera que da acceso a un garaje privado”, “tal hundimiento y rotura de baldosas, son coincidentes con la banda de rodadura de la entrada-salida del garaje con acceso junto al supermercado (…)”. Existen también fotografías de los desperfectos que presentaba la acera en el lugar identificado por la recurrente como el de la caída, y son numerosos los informes emitidos por el propio Ayuntamiento (requerimiento de fecha 6 de mayo de 2016 a la Administradora de la Comunidad para que repare los defectos, informe policial de fecha 6 de agosto de 2016 e informe de la Jefa del Servicio de Obras de 22 de marzo de 2017, como más destacados) en los que se constata el referido hundimiento y rotura de numerosas baldosas de la acera existente en el lugar señalado como el de la caída.

    Finalmente en este punto, señalar también que en el inicial escrito de solicitud presentado por la afectada en el Ayuntamiento, en los posteriores que también presentó durante el trámite de audiencia, en el recurso de reposición interpuesto en sede municipal, así como en el presente recurso de alzada formulado ante este Tribunal, la interesada ha mantenido una misma y coherente descripción de los hechos ocurridos, sin contradicciones ni discrepancias y de un modo suficientemente claro y razonable.

    Así, a la vista de todo lo expuesto y aunque no existen testigos directos del momento y lugar de la caída, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en muchas de sus Resoluciones -por ejemplo en la número 2507, de 21 de agosto de 2014- sobre que la dinámica del accidente o suceso productor de los daños se puede desprender del propio expediente administrativo, y ello en supuestos en que la entidad local alega que no se encuentran probados los hechos y el devenir del accidente -en este caso así ocurre también-.

    Por su parte, los órganos judiciales de Navarra, y respecto de considerar acreditados los hechos, se han pronunciado también es sentido afirmativo. Citamos y reproducimos parcialmente aquí dos sentencias dictadas en relación con supuestos previamente conocidos y resueltos por este Tribunal. La primera, la sentencia número 281/2012, de 16 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona: “(…). No hay motivos para dudar de la versión de los hechos dada por la actora que ha venido manteniendo desde un primer momento, tanto en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Camino, al que fue trasladada para coserle la herida (…), como a lo largo de la vía administrativa y en esta sede judicial”.

    En el mismo sentido, se pronunció la sentencia número 169/2017, de 5 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona: “(…); de igual modo la ponderación conjunta del resto de elementos probatorios avala la ubicación del accidente, singularmente el informe de Policía Municipal sobre la caída y el resto de fotografías del lugar del siniestro, pruebas con las que se evidencia la efectiva existencia del desperfecto en el encuentro de la arqueta con el pavimento, lugar expresamente referido por la accidentada desde el primer momento según consta en dicho informe de Policía Municipal de la misma fecha de los hechos (14 de enero de 2015)”.

    En el supuesto aquí conocido y conforme a todo lo expresado en el presente Fundamento de Derecho, debemos concluir y considerar probado que la interesada ahora recurrente sufrió una caída el día 5 de agosto de 2016 en la acera que da acceso a un garaje situado en la Calle Serafín Olave, entre el establecimiento comercial DIA y la esquina de la Calle Esquiroz, de Pamplona, debido al hundimiento y rotura de baldosas de la acera en ese lugar. Fue atendida la recurrente en el C.S. II Ensanche, de Pamplona ese mismo día 5 de agosto de 2016, por el motivo de una caída producida al mediodía de esa jornada, con fuerte dolor en la rodilla afectada.

    CUARTO.- Una vez determinados los hechos y el lugar de producción del accidente, debemos recordar que para que pueda nacer la responsabilidad patrimonial de la Administración es necesario, en primer lugar, que concurra un hecho imputable a la misma, producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público. 

    En este sentido, el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los municipios tienen competencias propias en “Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad”. Y el artículo 26 de la misma ley establece que “1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

    a)  En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas”.

    Las obligaciones que tienen atribuidas las entidades locales en materia de seguridad en las vías públicas han sido puestas de relieve de forma constante en la jurisprudencia relacionada con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas; citaremos a título de ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 noviembre de 1994 (RJ 1994\8749) y la del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 30 de mayo de 2002 (JUR 2002/191938).

    En el presente supuesto, tanto el Ayuntamiento de Pamplona como la compañía de seguros defienden la exoneración de responsabilidad de la entidad local, al considerar imputables los daños a la Comunidad de Propietarios titular de la licencia de vado para el tránsito de vehículos por la acera -dañada y deteriorada precisamente por ello- que da acceso al garaje del inmueble de dicha Comunidad. Añaden, además, que en este caso la entidad local requirió a la Administradora de la Comunidad de Propietarios la reparación de los desperfectos y que éstos, al final, se repararon y no por el Ayuntamiento, por lo que ninguna responsabilidad debe exigirse al mismo.

    QUINTO.- Pues bien, en relación con la atribución o no de responsabilidad a una entidad local por los daños sufridos por los particulares derivados de caídas producidas por el deficiente estado de aceras de acceso a vados o, incluso, de los propios vados, han tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones los órganos judiciales.

    Así, sin perjuicio de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vitoria, de 23 de noviembre de 2015, citada en el informe jurídico municipal de 11 de agosto de 2017, o de las del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Bilbao (mismo Ponente), de 8 de mayo y 10 de junio de 2013, en las que en supuestos similares al presente se atribuye la responsabilidad al titular de la licencia de vado y no al ente local, resulta mayoritaria la doctrina contraria, que es por ello la que vamos a seguir en esta Resolución.

    Citamos y reproducimos aquí algunos de tales pronunciamientos judiciales. En primer lugar, la sentencia 156/2008, de 22 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, dictada en un supuesto además que, como en el presente, había existido un previo requerimiento municipal sobre las condiciones -en aquél caso, del propio vado-: “Corresponde al Ayuntamiento vigilar las condiciones de los lugares de tránsito, como son las aceras, para que los peatones puedan circular con seguridad, ya que las obras y modificaciones descritas en la acera suponían un obstáculo y peligro en la normal deambulación de los peatones, pues existía riesgo de resbalón. El propio Ayuntamiento fue consciente de esta obligación de vigilancia y cuidado al haber ordenado al propietario del inmueble (…) la ejecución de las obras necesarias para que la construcción del vado se hiciera respetando una rasante adecuada que garantizara el tránsito seguro de los peatones (…).

    Por consiguiente, la caída y las lesiones sufridas por la actora se debieron al funcionamiento anormal de un servicio público municipal en el sentido amplio con que lo entiende la jurisprudencia, como comprensivo de toda actividad de la Administración sometida al derecho administrativo, o, en otras palabras, como sinónimo de toda actividad administrativa, de giro o tráfico administrativo, de gestión, actividad o quehacer administrativo o de hacer o actuar de la Administración, teniendo en cuenta que correspondía a los servicios técnicos de la Administración local velar, poniendo los medios personales y materiales necesarios, para que las vías públicas se encuentren en las debidas condiciones de seguridad (art. 25.2 d) de la LBRL 7/1985, de 2 de abril), siendo evidente que se dan los requisitos exigidos para la procedencia de la responsabilidad patrimonial reclamada, y en concreto la relación de causalidad discutida por la Administración, entre el funcionamiento anormal del servicio público y las lesiones y secuelas sufridas por la actora, sin que se haya acreditado en la interesada ninguna negligencia que haya contribuido al accidente”.

    En los mismos términos se pronuncia la sentencia 951/2006, de 27 de noviembre de la misma Sala y Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia: “Respecto a la situación de la rampa, señalan los demandados que no existe título de imputación porque el Ayuntamiento no fue quien realizó el vado donde se produjo la caída. Olvidan que la caída se produjo en la vía pública, y que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25 número 2 letra d) de la Ley de Bases de Régimen Local, corresponde al municipio la competencia para la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y gestión de viviendas, parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. Por tanto, no puede excusar su falta de actuación en este asunto en la circunstancia de que el vado lo haya realizado un tercero; porque es al Ayuntamiento a quien corresponde vigilar que las calles se encuentren en condiciones de seguridad, y si realiza obras un tercero que incumple esta premisa, debe ejercer sus competencias, como en definitiva consta que ha hecho posteriormente, (…)”.

    Como puede apreciarse, en las dos sentencias citadas y reproducidas parcialmente, las caídas producidas y que dieron lugar a la declaración de responsabilidad de la Administración Local lo fueron, incluso, en los propios vados de acceso a los garajes, ni siquiera como en el presente caso en la acera contigua o de acceso a los mismos y, no obstante ello, se reconoce tal responsabilidad patrimonial conforme a los fundamentos expuestos.

    Igual razonamiento y conclusión se recogen en la sentencia 184/2004 de 16 de abril de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Burgos: “SEXTO.- Aunque el Ayuntamiento demandado haya concedido paso de carruajes no por ello pierde la titularidad de la vía pública, sino tan sólo autoriza un uso anormal (el uso normal de las aceras es el paso de peatones, no de vehículos) especial, pues destaca por sus condiciones de intensidad. Por ello el Ayuntamiento continúa siendo responsable de estado de esa acera, al margen de las obligaciones de mantenimiento del titular del vado concedido.

    Teniendo presente la fundamentación jurídica de la resolución impugnada, en la cual el Ayuntamiento de Burgos se desentiende de toda responsabilidad aduciendo que la misma corresponde a la comunidad de vecinos concesionaria del paso de carruajes, no puede sino advertirse que siendo la responsabilidad de las administraciones públicas de naturaleza objetiva, la administración demandada no puede desplazar al contratista (en este caso concesionario) mero ejecutor material subsidiario de sus competencias de mantenimiento en condiciones óptimas de uso de las aceras. Ello claro está, sin perjuicio de su acción de repetición contra la comunidad de vecinos titular del vado. Así la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), de 18 de diciembre de 1995”.

    En la misma línea se pronuncian, aunque debido a la conducta de la víctima apreciando concurrencia de culpas, la sentencia 655/2008 de 14 de julio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: “Por lo demás, no es óbice que el accidente se produjera en un vado para así derivar la responsabilidad del titular de la licencia correspondiente. Sobre la Administración pesa el deber de conservación de las aceras y viales, al margen de la responsabilidad en que pueda incurrir aquél. En consecuencia, ha de concluirse que existe el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el resultado lesivo que padeció la recurrente”, y la sentencia 114/2013 de 17 de abril, del Juzgado de Contencioso-Administrativo nº 8 de Barcelona: “(…), viene acreditado inequívocamente en autos el deficiente estado del vado sin acera, con incumplimiento de la normativa municipal al respecto, imputable al Ayuntamiento demandado (sin perjuicio de la acción de éste frente al titular de dicho vado)”.

    Finalmente, citamos y reproducimos parcialmente por la claridad de sus términos la sentencia 59/2007 de 2 de marzo, del Juzgado de Contencioso-Administrativo nº 2 de Albacete: “(…), se puede concluir que la caída de la recurrente se produjo por el mal estado de la acera, sin que se evitará el paso de los viandantes, siendo en todo punto indiferente que en ese lugar exista un vado particular o que por el titular del mismo se hubiese sustituido el acerado, pues también es responsabilidad de los Ayuntamientos el comprobar el estado de los vados y cualquier modificación que pueda llevarse a cabo para la adaptación de las aceras al paso de vehículos, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda reclamar responsabilidad al particular correspondiente”.

    SEXTO.- Si aplicamos al presente caso la citada y reproducida en el anterior Fundamento de Derecho doctrina mayoritaria de los órganos judiciales sobre la responsabilidad de los entes locales en los daños sufridos por los particulares por caídas sufridas, por el deficiente estado del pavimento, en vados o en aceras contiguas a los mismos, pese a haberse otorgado las correspondientes licencias municipales de vado, debemos concluir en la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pamplona en el supuesto aquí conocido.

    Las deficiencias y desperfectos de la acera en este caso son evidentes y relevantes, en momento alguno se ha cuestionado la falta de atención o diligencia de la víctima en el deambular, y el lugar no se encontraba señalado ni indicado como peligroso. En este punto, debe rechazarse la alegación del Ayuntamiento de que el lugar se encontraba vallado. Así, consta en el expediente un informe policial y la correspondiente fotografía, de los que se desprende que el vallado de la zona efectivamente se produjo, pero el día 6 de agosto de 2016, precisamente el siguiente a producirse la caída, sin que tal valla estuviese colocada por tanto en la fecha y momento del suceso, colocándose precisamente tras producirse aquél.

    Por otra parte, el requerimiento que efectuó la entidad local a la Administradora de la Comunidad de Propietarios tampoco le exime de responsabilidad. Dicho requerimiento se efectuó el día 6 de mayo de 2016 y transcurrieron tres meses hasta la fecha de la caída, sin que -como ha quedado acreditado- la reparación de los defectos se hubiese producido y sin que el Ayuntamiento hubiese vuelto a insistir o a utilizar los medios coercitivos de que dispone para que se cumpliese su requerimiento.

    Es competencia y obligación de las entidades locales que las vías públicas se encuentren en las debidas condiciones de seguridad, y en el lugar donde se produjo la caída ello no se cumplió. La circunstancia de que la acera en ese lugar estuviese deteriorada y en malas condiciones por su utilización para acceder a través de un vado a un garaje de vehículos no habilita para exonerar de responsabilidad al Ayuntamiento y derivarla al titular de la licencia de vado.

    En consecuencia, debe concluirse que existe en el presente caso el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público -mantener la entidad local en condiciones de seguridad las vías- y el resultado lesivo que padeció la recurrente -caída y daños posteriores-. Y ello, obviamente, sin perjuicio de la acción que pudiera ejercitar el Ayuntamiento frente al titular de la licencia de vado.

    SÉPTIMO.- Concluido todo lo anterior, y por lo que se refiere a la evaluación cuantitativa de las lesiones y daños corporales sufridos, aquélla debe ser efectuada discrecionalmente por el juzgador. No obstante, cabe acudir por vía analógica a “los criterios establecidos en la reglamentación del Seguro de Automóviles, en relación con los de la jurisprudencia producida con motivo de la indemnización de los daños sufridos por los lesionados en accidentes de circulación de vehículos de motor” (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1994, RJ 1994/1004; en similares términos, las de 21 de abril de 1998, RJ 1998/4045, y 28 de junio de 1999, RJ 1999/6330, entre otras).

    Aunque no aplicable a este caso, el actualmente vigente apartado 2 del artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que “en los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social”.

    Por su parte, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, contempla en su artículo 134 y siguientes la indemnización por lesiones temporales y secuelas prevista en las disposiciones y reglas recogidas en los distintos apartados de las Tablas que figuran como Anexo de dicha Ley 35/2015.

    En el presente supuesto, la parte recurrente cuantifica el importe total de la indemnización en 800 euros. Apoya fundamentalmente su petición en el informe emitido el día 7 de noviembre de 2016 por Médico Familiar y Comunitario del C.S. de Iturrama, en el que se recoge que, como resultado de la caída sufrida y del golpe recibido en la rodilla derecha “estuvo hasta el 16/8/2016 sin poder caminar, luego precisó muletas”.

    Frente a ello, tanto el Ayuntamiento como la Compañía de Seguros consideran improcedente, por falta de acreditación de los daños y por excesiva, la indemnización solicitada.

    A nuestro juicio, y aunque el informe médico presentado por la interesada es bastante escueto, en el mismo se recoge con claridad que desde el día de la caída (5 de agosto de 2016) y hasta el 16 de agosto del mismo año (12 días, por tanto) la recurrente no pudo caminar, lo que sin duda revela y supuso para ella un perjuicio de los contemplado en la Tabla 3 “INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES” del Anexo de la repetida Ley 35/2015.

    A este respecto, sus artículos 136, 137 y 138 regulan, respectivamente, el perjuicio personal básico, el perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida y los grados de éste último perjuicio.

    El apartado 4 del citado artículo 138 de la Ley 35/2015 señala que “el perjuicio moderado -dentro del perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida- es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal”.

    Pues bien, entendemos que los 12 días en que la interesada no pudo caminar por el golpe sufrido en su rodilla por la caída deben calificarse de perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida de carácter moderado. Así, y conforme a la citada Tabla 3 del Anexo de la Ley 35/2015, se establece para tal perjuicio una indemnización de 52 euros por día, lo que hace en este caso un total de 624,00 euros.

    Ninguna indemnización procede otorgar a la recurrente mientras, según el informe médico, precisó muletas, ya que no se menciona ni de modo indiciario el tiempo o período que pudo comprender tal necesidad y cuándo finalizó dicho período.

    En definitiva y en conclusión, procede estimar parcialmente el presente recurso de alzada y reconocer a la interesada su derecho a ser indemnizada en un importe que asciende a 624,00 euros.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Estimar parcialmente el recurso de alzada arriba referenciado e interpuesto contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, de 3 de octubre de 2017, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a resolución del mismo Director, de 16 de agosto de 2017, que deniega reclamación de responsabilidad patrimonial, actos que se anulan por no ser ajustados a Derecho; y declarar la responsabilidad del mencionado Ayuntamiento conforme a lo expresado en los anteriores Fundamentos de Derecho y el derecho de la recurrente a percibir una indemnización de 624,00 euros.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Roberto Rubio.- Gabriel Casajús.- Raúl-Antonio Cruzado.- Certifico.- María García, Secretaria.-

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