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17-02161

  • Nº Expediente 17-02161
  • Nº Resolución 01346/18
  • Fecha resolución 29-06-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Función Pública; Encuadramiento, plantillas y ofertas de empleo 6;6.1
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Decreto Foral Legislativo
    • Título Texto Refundido Estatuto personal
    • Tipo 1
    • Número 3; 35; 85
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Aprobación de la plantilla orgánica y determinación de los puestos de Director/a de Área como de personal eventual.
  • Resumen La cúspide (en número limitado) de la organización burocrática de un Ayuntamiento puede válidamente atribuirse a personal eventual, que realiza tareas de Dirección. (Tudela).
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1 18-00288
    • Organo Judicial 1 Juzgado de lo contencioso administrativo nº1
    • Sentencia fecha 1 30-09-2019
    • Sentido fallo 1 Confirmatorio resol. TAN
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-02161, interpuesto por DON ............ contra dos acuerdos del Pleno del AYUNTAMIENTO DE TUDELA de fecha 26 de junio de 2017 y acuerdo plenario publicado en el Boletín Oficial de Navarra de fecha 31 de agosto de 2017, sobre aprobación del Reglamento de Organización Administrativa, de la Plantilla Orgánica para el año 2017 y de la modificación de la misma.

    Ha sido Ponente doña María-Asunción Erice Echegaray.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Se interpone por el impugnante, empleado municipal del Ayuntamiento de Tudela,  en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal contra tres acuerdos plenarios del citado Ayuntamiento, publicados en el BON número 168, de 31 de agosto de 2017: acuerdo, de fecha 26 de junio de 2017, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Ayuntamiento de Tudela; acuerdo, de la misma fecha, por el que se aprueba la plantilla orgánica  del Ayuntamiento citado, para el año 2017; y, finalmente, acuerdo, también de la misma fecha, por el que se modifica la referida plantilla orgánica, y todo ello, en lo relativo a la configuración de determinadas Direcciones de Área como puestos directivos asignados a personal eventual.

    En efecto, en el citado BON se recoge lo siguiente:

    “Áreas.

    Unidades en que se organiza la administración del Ayuntamiento para su funcionamiento, y a las que deben de ajustarse en todo caso las delegaciones que con carácter general puede efectuar el Alcalde en favor de miembros de la Junta de Gobierno Local. Su configuración y ámbito material responde a uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de la actividad administrativa que despliega el Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias que legalmente tiene atribuidas. Sirven de base para conformar la dirección superior de la administración municipal, ejerciendo para ello funciones de planificación, coordinación, dirección y control de los servicios que cada una comprende.

    El puesto de Dirección de Área se configura como puesto directivo al que se le asigna la responsabilidad de la dirección, gestión, coordinación y control del trabajo del Área correspondiente, con inclusión de las unidades administrativas que puedan existir en la misma. Con carácter general le corresponden funciones de estudio, informe, asesoramiento y propuesta de carácter superior”. (Todos los subrayados son nuestros).

    Y, así mismo, la mencionada plantilla orgánica  y su modificación  recogen la existencia de cuatro puestos de Dirección de Área: Economía y Hacienda; Ordenación del Territorio; Calidad de Vida Urbana; y Servicios Sociales, reservados, como queda dicho, a personal eventual.

    2º.- Mediante providencia de Presidencia de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.

    Ha de precisarse, en este sentido, que, si bien el informe de alegaciones aprobado por el Pleno no fue enviado a este Tribunal en el plazo de un mes concedido para la realización de las actuaciones señaladas en el artículo 12.2 del citado Reglamento (como tampoco lo fue estrictamente, hemos de decir, el propio expediente administrativo y la notificación de los emplazamientos), ello carece de transcendencia en el ámbito administrativo en que nos encontramos, pues, a diferencia de lo que sucede en la jurisdicción contencioso-administrativa (en la que, además de admitirse expedientes administrativos enviados con retraso, así como emplazamientos igualmente tardíos, cabe la posibilidad de que a la contestación a la demanda le siga un trámite de conclusiones, en el que “las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones”, lo que supone, en definitiva, que la Administración puede disponer de un nuevo trámite de alegaciones), el artículo 76.1 de la, aplicable al caso, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que “Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio” y, por su parte, el artículo 38.3 de la  misma ley establece, en todo caso, que “La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.

    3º.- Propuesta por la parte recurrente la realización de pruebas, se desestima su práctica, por no considerarla necesaria para dictar resolución, salvo en lo que afecta a los documentos aportados por el propio impugnante, que se adjuntan al expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- El artículo 19 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto (TREP), establece lo siguiente:

    “Las Administraciones Públicas de Navarra deberán aprobar sus respectivas plantillas orgánicas en las que se relacionarán, debidamente clasificados, los puestos de trabajo de que consten con indicación de:

    a) El nivel al que se adscriben y, en su caso, los requisitos específicos que deban acreditarse para poder acceder a los mismos.

    b) Aquellos que conforme a lo establecido en los artículos 34 y 35  puedan proveerse por libre designación.

    c) Aquellos que tengan asignadas reglamentariamente las retribuciones complementarias establecidas en el artículo 40.3”.

    Es decir, ninguna duda cabe de que el marco para definir los puestos de trabajo a los que se refieren los artículos 34 y 35 del mismo texto es la plantilla orgánica (por expresa prescripción, como queda recogido, de la letra b- del transcrito artículo 19 del TREP).

    Por tanto, la alegación del recurrente de que el hecho de que el artículo 35 referido, que a continuación se transcribe, diga que la determinación de los puestos de trabajo de libre designación cuyos titulares no deban reunir la condición de funcionario se hará reglamentariamente impide que esa determinación pueda hacerse a través de la plantilla orgánica, dada, según alega, su falta de naturaleza reglamentaria (según el auto, que invoca, en el que se recoge que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra declara su incompetencia en el caso enjuiciado, “al haber dejado las plantillas de ser disposiciones generales o reglamentarias”), deviene inconsistente.

    Dice así tal artículo 35:

    1. Reglamentariamente se determinarán los puestos de trabajo de libre designación, cuyos titulares no deban reunir la condición de funcionario.

    La provisión de dichos puestos de trabajo se efectuará directamente, sin necesidad de previa convocatoria, por el órgano que deba efectuar el correspondiente nombramiento.

    2. Quienes resulten nombrados lo serán a título de personal eventual y podrán ser removidos libremente por el órgano que les designó.

    3. Si los nombrados reunieran la condición de funcionarios pasarán a la situación de servicios especiales y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 24 del presente Estatuto”.

    En efecto, sea cual sea la naturaleza de la plantilla orgánica (reglamento, como se ha entendido sin vacilaciones durante décadas, o, acaso, acto administrativo, como considera determinada jurisprudencia) es irrelevante, por cuanto que es clara la voluntad del legislador foral de que tal determinación se realice a través de la plantilla orgánica. Y ello, además, por la sencilla razón de que en el momento en que se dictó tal TREP se entendía, sin fisuras, que las plantillas orgánicas tenían naturaleza reglamentaria.

    Obsérvese, en este mismo sentido, que el artículo 34 -al que también se refiere la citada letra b) del artículo 19- utiliza igualmente, en su número 1, la palabra “reglamentariamente” para algo que también es propio de la plantilla orgánica (la determinación de los puestos de trabajo que, por su especial responsabilidad o confianza, deban ser cubiertos por libre designación entre personal funcionario). Dice así tal precepto: “Reglamentariamente se determinarán los puestos de trabajo que, por su especial responsabilidad o confianza, deban ser cubiertos por libre designación entre personal funcionario. La provisión de dichos puestos de trabajo se efectuará directamente por el órgano que deba efectuar el correspondiente nombramiento. Salvo en los casos de los puestos directivos, se realizará convocatoria pública con el fin de que el órgano competente pueda apreciar la idoneidad de los candidatos para el desempeño del puesto de trabajo”.

    Así pues, las plantillas orgánicas recurridas son el marco adecuado para la determinación de los puestos de trabajo de libre designación cuyos titulares no deban reunir la condición de funcionario (y no otra cosa distinta se establece tampoco en el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, que prescribe únicamente que la determinación del personal eventual compete al pleno).

    Y así ha sido declarado por este Tribunal en la Resolución número 1882, de 14 de septiembre de 2004 (recurso de alzada 02-5654, interpuesto precisamente por el hoy recurrente). Dice así la misma:

    “Como hemos visto, la normativa foral atribuye a las plantillas orgánicas la creación, modificación o supresión de puestos de trabajo. Es también función propia de las plantillas orgánicas definir el sistema de selección y la vinculación del puesto de trabajo. En concreto, las plantillas de las entidades locales tienen un carácter netamente presupuestario, sólo pueden ser modificadas con ocasión de la aprobación de los presupuestos anuales, y quedan al margen de los trámites de negociación obligatoria con las organizaciones sindicales, por lo que constituyen un instrumento idóneo para incluir los puestos eventuales por estar particularmente vinculados a las potestades autoorganizativas de la Administración (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 5 de junio de 2004 -JUR/32516-)”.

    SEGUNDO.- Y, por lo que respecta al fondo del asunto,  hemos de señalar lo siguiente.

    Como queda dicho, el citado artículo 35 del TREP contempla la posibilidad de existencia de “puestos de trabajo de libre designación, cuyos titulares no deban reunir la condición de funcionario”. Y seguidamente, tras consignar que quienes resulten nombrados lo serán a título de personal eventual y podrán ser removidos libremente por el órgano que les designó, se añade una previsión para el caso de que los nombrados reúnan la condición de funcionarios (disponiéndose que pasarán a la situación de servicios especiales). Es decir, se contempla la posibilidad de que los puestos de personal eventual puedan ser, como no podía ser de otro modo, ocupados por personas que tengan ya la condición de funcionarios.

    Ahora bien, señalado esto, lo que nos ocupa es la previsión del Ayuntamiento de Tudela de que los cuatro puestos mencionados de Director/a de Área sean cubiertos con personal eventual y no por funcionarios, es decir, que la plantilla defina tales puestos no como reservados para una posible carrera administrativa de los empleados públicos, sino para su cobertura mediante personal eventual de libre designación.

    Pues bien, sobre el personal eventual, los artículos 85 y siguientes del citado TREP disponen que:

    “El personal eventual ejercerá exclusivamente, con carácter temporal, los cargos que se determinan en el artículo 3.3 del presente Estatuto  y no podrá ocupar, en ningún caso, puestos de trabajo propios de los funcionarios públicos”.

    Artículo 86

    “El número, clase y retribuciones del personal eventual habrán de figurar en los Presupuestos de cada una de las Administraciones Públicas de Navarra.

    Artículo 87

    El personal eventual será nombrado y cesado libremente por la Diputación Foral y por las Corporaciones Locales de Navarra. En todo caso, el personal eventual cesará en su cargo cuando lo haga la autoridad que lo nombró”.

    Así mismo, el artículo 233.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra -LFALN- dice que “El personal al servicio de las entidades locales de Navarra estará integrado por funcionarios públicos, personal eventual, y contratado, fijo o temporal”.

    Y el artículo 3.3 referido del TREP dispone que:

    “El personal eventual ejercerá exclusivamente, con carácter temporal, cargos políticos de libre designación o funciones de asistencia o asesoramiento a dichos cargos”.

    Es decir, que este precepto permite que el personal eventual ejerza, o bien cargos políticos, o bien funciones de asistencia o asesoramiento a dichos cargos. Por tanto, en contra de las tesis del recurrente, diremos que el personal eventual en Navarra no limita sus funciones a la asistencia o asesoramientos a los cargos políticos. Como hemos visto, también puede el personal eventual ejercer cargos políticos de libre designación.

    Y, en este sentido amplio (comprensivo de puestos de carácter directivo), el artículo 176.3 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, dispone que:

    “3. Podrán ser desempeñados por personal eventual determinados puestos de trabajo de carácter directivo, incluidos en la relación de puestos de trabajo de la Corporación, de acuerdo con lo que dispongan las normas que dicte el Estado para su confección. En estos supuestos, el personal eventual deberá reunir las condiciones específicas que se exijan a los funcionarios que puedan desempeñar dichos puestos”.

    Y, por su parte, el artículo 104 bis.1.d) de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (aplicable en Navarra en los términos señalados en la Disposición Adicional Tercera de la misma) establece un límite al número del personal eventual; límite que no se ha superado en el Ayuntamiento de Tudela. Dice así:

    “Personal eventual de las Entidades Locales 

     1.  Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas: (…)

     d)  Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete”.

    TERCERO.- Pues bien, sobre el particular, este Tribunal ya se ha pronunciado en términos claros (precisamente en un recurso interpuesto por el mismo impugnante, promotor del presente recurso), prestando ya un aval anticipado a la actual actuación municipal.

    En efecto, en la Resolución de este Tribunal número 1882, de 14 de septiembre de 2004 (recurso de alzada 02-5654), se validaba la opción (todavía no utilizada en tal año) de que las Direcciones de Área del Ayuntamiento de Tudela se reservaran para personal eventual. Así, este Tribunal afirmaba lo siguiente:

    “(…) Del descrito régimen legal, interesa destacar los siguientes datos: las entidades locales pueden nombrar personal eventual, y el personal eventual se integra, de un lado, por los puestos políticos de libre designación entre no funcionarios que ocupan los más altos cargos de la estructura burocrática, desempeñando funciones de especial responsabilidad, pero funciones administrativas y de mando jerárquico, y, de otro, el personal eventual de confianza con exclusivas funciones de asesoramiento a los políticos que están en la cúspide de la Administración respectiva y totalmente desvinculados de la estructura burocrática.-

    TERCERO.-  Transcrita la normativa aplicable, entramos en el análisis de las cuestiones planteadas por el recurrente. (…)

    Empezamos nuestro análisis recordando que tanto en materia organizativa como en la creación y definición de puestos de trabajo, las Administraciones públicas ostentan una potestad de autoorganización que, como ha puntualizado la jurisprudencia, se caracteriza por su extrema discrecionalidad (Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 19 de mayo de 2003 -RJCA/2004/79- y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de mayo de 2001 -JUR/3220725-), y se identifica por su carácter no reglado (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de noviembre de 2001 -JUR/2002/43521-), pero sin que dicha potestad quede exenta de control judicial cuando incurre en arbitrariedad (entre otra muchas, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de abril de 2001 -RJCA/1355-).   (…).

    Pues bien, es objeto de los reglamentos reguladores de la estructura orgánico-administrativa y funcional de las Administraciones públicas configurar órganos o unidades administrativas, que bajo la denominación de áreas, servicios, departamentos, centros de gestión, secciones, etc., identifican los ámbitos funcionales del actuar propio de la Administración de que se trate. Es también usual que diseñen el tipo de dirección que habrá al frente de las grandes unidades. Lo que no describen, pues no es su función, son concretos puestos de trabajo. Cada ámbito funcional, lógicamente, deberá tener adscrito un determinado número de puestos de trabajo, pero esta determinación es más bien misión de la plantilla orgánica, no necesariamente de la norma reguladora de la estructura orgánico-administrativa y funcional. Como hemos visto, la normativa foral atribuye a las plantillas orgánicas la creación, modificación o supresión de puestos de trabajo. Es también función propia de las plantillas orgánicas definir el sistema de selección y la vinculación del puesto de trabajo. En concreto, las plantillas de las entidades locales tienen un carácter netamente presupuestario, sólo pueden ser modificadas con ocasión de la aprobación de los presupuestos anuales, y quedan al margen de los trámites de negociación obligatoria con las organizaciones sindicales, por lo que constituyen un instrumento idóneo para incluir los puestos eventuales por estar particularmente vinculados a las potestades autoorganizativas de la Administración (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 5 de junio de 2004 -JUR/32516-).

    Como lógico corolario de todo lo expuesto hasta ahora ha de señalarse que, en principio, no es contrario a la legalidad ni interfiere en la estructura orgánico-administrativa y funcional del Ayuntamiento de Tudela, que éste decida crear mediante la Plantilla Orgánica un puesto de trabajo denominado (…). No hay, pues, contradicción ni óbice legal para que este silencio o laguna pueda ser solventado en la Plantilla Orgánica, que según la jurisprudencia es instrumento adecuado para determinar el personal eventual. (…)

    Tampoco existe óbice legal para que los altos cargos de dirección de las áreas administrativas se configuren como cargos políticos de libre designación y, por tanto, eventuales, ello sin perjuicio de su plena incardinación en la estructura burocrática cuya dirección se les encomienda. Esto es usual en el Gobierno de Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona. Recordemos al respecto que el artículo 233 de la Ley Foral de Administración Local prevé la existencia de personal eventual en las entidades locales. Además, el cargo de Director de Recursos Humanos no tiene necesidad de ejercer funciones reservadas por la legislación de régimen local (artículos 92.2 LBRL y 235 LFALN) a personal funcionario (secretaría, intervención, etc.).

    Ahora bien, también es norma general que el puesto político eventual sólo se reserve para los más altos cargos de la estructura burocrática. En efecto, en la estructura organizativa del Gobierno de Navarra, sólo los “Directores Generales” se conforman como cargos políticos, por tanto, eventuales y de libre designación. Los “Directores de Servicio”, por el contrario, ya son cargos de libre designación entre personal funcionario. En el Ayuntamiento de Pamplona sólo se reserva la categoría de cargo político eventual a los “Directores de Área”. (…)

    CUARTO.-  (…) Por virtud del reglamento regulador de la estructura orgánico-administrativa y funcional del Ayuntamiento de Tudela, los Directores de las otras Áreas y Subárea se conforman como puestos de libre designación a cubrir entre personal municipal perteneciente o adscrito al Ayuntamiento, así pues, entre personal funcionario o laboral fijo, de donde se infiere también que desempeñarán funciones administrativas y de autoridad, ostentando una posición de superior jerarquía dentro del Área. Sin duda, se trata de puestos de mando que asumen funciones de responsabilidad en la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo de los centros de gestión de su respectiva Área o Subárea. Los “Directores de Área” podían haberse configurado como cargos políticos de carácter eventual y libre designación, pero no se optó por esa solución, sino que se configuraron como de libre designación entre el personal municipal. (…)”.

    Y, en efecto, como explica la referida Resolución de este Tribunal, la cúspide   de   la   organización  burocrática    en  el   Gobierno de   Navarra -Direcciones Generales-, en el citado expresamente Ayuntamiento de Pamplona y también podía haberlo sido ya desde entonces en el Ayuntamiento de Tudela, se reserva a personal eventual. Así, en este sentido, el Reglamento de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, establece en su artículo 53 que:

    “Se reservarán al personal eventual los siguientes puestos de trabajo:

    a) En la Administración de la Comunidad Foral: las Direcciones Generales y los propios de los Gabinetes del Presidente y de los Consejeros del Gobierno.

    b) En los organismos públicos dependientes de la Administración de la Comunidad Foral: los establecidos en su normativa específica.

    c) En las Entidades Locales de Navarra y en los organismos públicos dependientes de las mismas: los establecidos en su normativa específica”.

    Así mismo, la Resolución número 884, de 24 de marzo de 2014, dictada en el recurso de alzada 13-03682, que habla de forma pormenorizada acerca del puesto de Director de Área del Ayuntamiento de Tudela, tampoco opone ninguna objeción a su carácter de personal eventual a cargo de dicho Ayuntamiento (lo que, en suma, leídos todos sus argumentos, constituye, igualmente, un aval al proceder municipal). 

    Así mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia núm. 608/2010, de 11 mayo de tal año  (JUR 2010\298795), ha validado, en relación con determinados puestos de Director de Área, su carácter de personal eventual. Dice así la misma:

    “En segundo lugar, respecto de las concretas funciones asignadas a dichos puestos, de Director del Área de Organización, Asesor Jurídico de Alcaldía , Director del Área de Política Territorial , Jefe de Servicios Técnicos de Urbanismo , Coordinador de Juventud, Director del Área de Cultura , y Coordinadora de Comercio , todos ellos son puestos para los que está previsto un núcleo de funciones de Dirección que incluye en la mayor parte de ellos la organización, programación, la planificación, el desarrollo o la coordinación de las actividades o programas que tenga encomendados .En consecuencia esta Sección no puede por menos que, ratificándose en los argumentos que ya fundaron su resolución de 21 de Octubre de 1997, entender que resulta de aplicación no sólo el artículo 12 del EBEP sino también el artículo 176.3 del  R.D. Legislativo 781/86  ( RCL 1986, 1238, 2271, 3551)   según el cual el personal eventual puede desempeñar determinados puestos de trabajo de carácter directivo de la Corporación siempre que reúnan las condiciones específicas de los funcionarios que pueden desempeñar tales puestos y que no se les atribuya funciones que lleven implícito el ejercicio de autoridad u otras reservadas a los funcionarios de carrera por el artículo 90.2 de la  LBRL 7/85  ( RCL 1985, 799, 1372)   .

    En el presente caso no se deduce del acto recurrido que se incumplan tales limitaciones , por lo que tampoco puede estimarse el recurso por dicho motivo”.

    Y la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1977 (RJ 1997, 414), estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Diputación de Sevilla, avalando que dicha Diputación contemple, como puestos de trabajo a cubrir por personal eventual, los de Coordinadores de diversas Áreas y Servicios.

    Repárese, finalmente, en que los puestos que nos ocupan no son puestos reservados legalmente a funcionarios (cuales son, por mandato legal, los de Secretario, Interventor o Policía Municipal), así como que nada tiene de irregular el que dentro de los cometidos del puesto directivo se encuentre la concesión de determinados permisos u otros actos de control o seguimiento, incluso de carácter presupuestario.

    Procede, por lo expuesto, la desestimación del recurso.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos desestimar, como desestimamos, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra tres acuerdos plenarios del citado Ayuntamiento, publicados en el BON número 168, de 31 de agosto de 2017: acuerdo, de fecha 26 de junio de 2017, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Ayuntamiento de Tudela; acuerdo, de la misma fecha, por el que se aprueba la plantilla orgánica  del Ayuntamiento citado, para el año 2017; y, finalmente, acuerdo, también de la misma fecha, por el que se modifica la referida plantilla orgánica, en lo relativo a la configuración de determinadas Direcciones de Área como puestos directivos asignados a personal eventual; actos que se confirman, por ser ajustados a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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