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17-01802

  • Nº Expediente 17-01802
  • Nº Resolución 00103/18
  • Fecha resolución 18-01-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Relación de causalidad 11;11.1
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
    • Tipo 1
    • Número 32
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema

    Denegación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída en polideportivo municipal mientras disputaba un partido de fútbol sala.

  • Resumen Polideportivo municipal incluido en el catálogo de instalaciones deportivas. No está obligado a cumplir las normas posteriores a su inauguración, salvo en caso de obras de reforma. No ofrece unas condiciones de riesgo anormal. Inexistencia de relación de causalidad entre la actuación municipal y el accidente sufrido por el recurrente a consecuencia de la práctica deportiva.
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-01802, interpuesto por DON ............ contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE TUDELA de fecha 22 de junio de 2017, sobre denegación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída en el polideportivo mientras disputaba un partido de fútbol sala.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante Resolución de 22 de junio de 2017 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Tudela se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos por el ahora recurrente en accidente en un polideportivo municipal el día 3 de noviembre de 2015.

    2º.- Contra dicho acto se interpuso por el interesado recurso de alzada ante este Tribunal.

    3º.- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, en la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    4º.- Mediante Resolución Resolutoria número 257, de 20 de diciembre de 2017, se tuvo a ............, SA, por comparecida como tercera legitimada.

    5º.- Por las partes no se ha propuesto la práctica de diligencias de prueba distintas de la aportación de los documentos que figuran en el expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Alega el recurrente que la desestimación de la solicitud de indemnización de los daños y perjuicios sufridos a causa de un accidente cuando jugaba a fútbol sala en un polideportivo municipal no es ajustada a derecho toda vez que, a su juicio, existe un nexo causal entre el estado de las instalaciones deportivas donde se produjo el accidente y el resultado dañoso producido, lo que determina que sea la entidad local la que deba responder por tales perjuicios.

    Considera, por su parte, el Ayuntamiento procedente la desestimación de la petición por no haberse probado la relación causal entre el daño sufrido por recurrente y el funcionamiento de un servicio público.

    La tercera legitimada solicita también la desestimación del recurso alegando que fue la propia conducta del recurrente la que produjo el accidente, asumiendo un riesgo intrínseco a la práctica deportiva.

    SEGUNDO.- Respecto de la responsabilidad patrimonial de la Administración,  el artículo 106.2 de la Constitución Española establece que: "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo, el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

    Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, configurada, legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos -sea éste normal o anormal- debe ser en principio indemnizada, se requiere que concurran los siguientes requisitos: A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público. B) Un daño antijurídico o detrimento patrimonial injustificado, o, lo que es igual, un resultado lesivo que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido. La lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que el caso fortuito haría referencia a aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, correspondiendo, en todo caso, a la Administración, tal y como reiteradamente señala el Tribunal Supremo, entre otras y por sintetizar las demás, en sentencia de 6 de febrero de 1996, probar la concurrencia de fuerza mayor, en cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial.

    TERCERO.- El Tribunal Supremo ya ha explicado que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración no permite extender la misma hasta cubrir cualquier evento, por el mero hecho de que éste se produzca dentro del ámbito de actuación de la Administración. En efecto, el citado Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de junio de 1998 (RJ 1998\5169) ya ha sentenciado lo siguiente:

    “…el recurrente pretende fundamentar su recurso en el carácter objetivo de la responsabilidad de la Administración que le lleva a entender que ésta viene obligada a indemnizar por el solo hecho de que aquél haya ocurrido en el recinto del aeropuerto, sin embargo esta Sala ha declarado reiteradamente que no es acorde con el principio de responsabilidad objetiva, recogida en los artículos 40.1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 139.1 de la vigente de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, la generalización de dicha responsabilidad más allá del principio de causalidad, aun en forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, que en este caso, como ha declarado la sentencia de instancia, no puede apreciarse ya que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento por el mero hecho de que se produzca dentro de sus instalaciones cuando ni éstas constituyen un riesgo en si mismas ni sus características arquitectónicas implican la creación de tal situación de riesgo ni, mucho menos, se ha acreditado que el accidente lesivo se haya producido por un defecto en la conservación, cuidado o funcionamiento de éstos, de tal manera que el hecho causal causante del accidente es ajeno por completo al actuar de la Administración y en consecuencia ninguna relación existe entre el resultado lesivo y el funcionamiento normal o anormal del servicio público, ni de manera directa ni indirecta, inmediata o mediata, exclusiva ni concurrente.

    La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico” (los subrayados son nuestros).

    Debe, por tanto, quedar acreditado por el reclamante que la lesión se produjo como consecuencia del funcionamiento del servicio público, que en el presente caso es el de promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre, materia encomendada a los Ayuntamientos por así atribuírsela el artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Las obligaciones que tienen atribuidas las entidades locales en esta materia han sido puestas de relieve de forma constante en la jurisprudencia relacionada con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas; citaremos a título de ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1994 (RJ 1994\8749): “Tal daño ha sido producido, en relación de causa a efecto por el defectuoso funcionamiento de un servicio público, propio y específico de la entidad recurrente, cual es el actuar administrativo conducente al mantenimiento de las condiciones mínimas y elementales de seguridad de las calles y paseos públicos locales, toda vez que las entidades de la Administración Local tienen la obligación inexcusable de mantener tales vías públicas abiertas a la circulación peatonal y viaria, en condiciones tales que la seguridad de quienes las utilizan esté normalmente garantizada, al menos en cuanto a los aspectos materiales de mantenimiento de esas vías para su fin específico, sin que sea permisible que presenten dificultades u obstáculos a la normal circulación peatonal tales como agujeros, depósitos de arena, u otros materiales, etc. sin por lo menos estar adecuadamente señalizados o con la adopción de las medidas pertinentes para la prevención, en tales casos, de posibles eventos dañosos. Y es precisamente, este ineludible deber municipal el que establece el nexo causal entre la actuación u omisión administrativa y las consecuencias dañosas de los eventos que como el aquí contemplado signifiquen una quiebra real de tales condiciones de seguridad”.

    Es aplicable al caso el criterio que señala el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, entre otras, en Sentencia número 242/2002, de 13 de marzo (JUR 2002\139613):

     La parte actora no acredita, mediante actuación probatoria, la existencia de relación causa-efecto, entre las lesiones sufridas y el funcionamiento de los servicios públicos, por lo que no se da la circunstancia que la jurisprudencia exige, como es dicha relación causa-efecto.

    En la STS. de 6-3-98, se dice que "la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes siempre que pueda colegirse la existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño o perjuicio. No olvidemos que la jurisprudencia exige que la indemnización de daños y perjuicios debe ser probada por el recurrente (STS 30-5-81); que se han de acreditar los daños (STS 27-10-81); que es necesario el acreditamiento de los daños mediante prueba suficiente que pesa sobre el solicitante (STS 3-2-89). Igualmente, (STS 11.84) refiriéndose a la de 3-5-77 se dice no es procedente la indemnización de daños y perjuicios cuando el reclamante no acredita suficientemente la existencia de los mismos ni demuestra con datos exactos e irrecusables la cuantía en que los fija.

    Hemos de reiterar que en el presente caso no se producen daños sobre los que se pueda establecer ese nexo causal; como tampoco se dan las circunstancias necesarias para determinar la evaluación económica, motivos todos ellos suficientes para desestimar este contencioso”.

    CUARTO.- En el presente caso del examen del expediente se deducen los siguientes hechos: que el recurrente sufrió una caída en un polideportivo municipal mientras disputaba un partido de fútbol sala en un campeonato organizado por el Ayuntamiento, a consecuencia de la cual se golpeó la cabeza contra una columna de ladrillo existente fuera de la zona de juego, a unos 0,40 metros de la línea que delimita el campo, lo que le produjo diversas lesiones que aparecen acreditadas en el expediente.

    Estimamos, por ello, en el presente caso que se ha producido un perjuicio patrimonial real, evaluable económicamente, efectivo e individualizado al recurrente. No obstante, consideramos que, tal como alega el Ayuntamiento en el acto impugnado, dicho perjuicio ni es antijurídico ni es imputable al funcionamiento de un servicio público municipal.

    Del expediente seguido ante el Ayuntamiento de Tudela no se desprenden pruebas suficientes que apoyen las pretensiones del recurrente. En su recurso afirma que las instalaciones deportivas donde se produjo el accidente no cumplen con las condiciones requeridas, en particular, no cumplen con el requisito de que cualquier elemento situado cerca del campo de juego guarde una distancia mínima de un metro de las líneas de banda que se contiene en las Normas de Instalaciones Deportivas (NIDE) del Consejo Superior de Deportes. A este respecto, hemos de compartir el criterio que se contiene en la Sentencia número 415/2009, de 23 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (JUR 2009\274472):

    El Consejo Superior de Deportes, Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, procede a la elaboración de la normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE) que tiene como objetivo definir las condiciones reglamentarias, de planificación y de diseño que deben considerarse en el proyecto y la construcción de instalaciones deportivas, distinguiéndose:

    Normas Reglamentarias (R).

    Normas de Proyecto (P).

    Las Normas Reglamentarias tienen por finalidad la de normalizar, dando un tratamiento similar en los distintos usos o deportes, aspectos tales como los dimensionales, de trazado, orientación solar, iluminación, tipo de pavimentos, material deportivo no personal, que influyen en la práctica activa del deporte o de la especialidad de que se trate. Estas normas constituyen una información básica para la posterior utilización de las Normas de Proyecto.

    En la elaboración de estas normas se tienen en cuenta los Reglamentos vigentes de la Federaciones Deportivas correspondientes. Además se han considerado las normas europeas y españolas (UNE-EN) existentes en este ámbito (Equipamiento deportivo, pavimentos y superficies deportivas, iluminación de espacios para deportes, instalaciones para espectadores).

    Las Normas de Proyecto tienen una triple finalidad:

    Servir de referencia para la realización de todo proyecto de una instalación deportiva.

    Facilitar unas condiciones útiles para realizar una planificación de las instalaciones deportivas, para lo cual se definen los usos posibles, las clases de instalaciones normalizadas, el ámbito de utilización de cada una, los aspectos a considerar antes de iniciar el diseño de la instalación deportiva y un procedimiento para calcular las necesidades de instalaciones deportivas de una zona geográfica determinada.

    Definir las condiciones de diseño consideradas mas idóneas en cuanto a establecer los Tipos normalizados de instalaciones deportivas, definiendo los distintos espacios y dimensiones de esos espacios, así como las características funcional-deportivas de los distintos Tipos y de sus espacios.

    Las Normas sobre instalaciones deportivas y esparcimientos relativas a pistas de tenis (incluidas entre los denominados campos pequeños), incluidas en la nomenclatura NIDE 1 TEN, precisan que en pistas de tenis descubiertas existirá un cerramiento en el límite de las bandas exteriores o más allá, para evitar la salida al exterior de las pelotas, y la altura de este cerramiento será al menos de 4 m; que el cerramiento en pistas con graderío para espectadores no debe molestar la visión por parte del público; y que los cerramientos de malla metálica estarán protegidos de la corrosión. Sin embargo esta normativa no puede imponerse a la pista en cuestión porque data de 2002 (los hechos acontecen a principios de 2000, y las pistas fueron construidas con bastante anterioridad a esta fecha) y es de aplicación en aquellos proyectos que se realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en instalaciones deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales regidas por la Federación Deportiva nacional correspondiente (circunstancias, cuya concurrencia en el caso de autos, no están contrastadas). Además, las pistas de tenis del entonces Estadio de la Juventud de la ciudad de Granada estaban integradas en un complejo deportivo, teniendo (a la vista del reportaje fotográfico aportado a las actuaciones) una valla de 2 metros de altura en el lateral colindante con la pista de atletismo (como parte de otra instalación deportiva del mismo complejo) y una valla mucho más alta en el otro lateral, colindante con una edificación diferente y no integrada en dicho polideportivo; con ello, podría incluso cuestionarse si la mínima altura de 4 metros con la normativa de 2002 operaría en este caso singular, en que la valla de 2 metros no opera como cerramiento exclusivo de la pista de tenis con el exterior, sino que se integra en el resto del complejo deportivo.

    Además, no existiendo normativa reglamentaria municipal o autonómica que estableciera en el momento de construcción de la pista de tenis en cuestión la altura mínima del cerramiento exterior, no puede considerarse que exista título de imputación en la Administración demandada para reconocer la existencia de responsabilidad patrimonial en la misma; la cual, quedara excluida por la concurrencia de la actuación de un tercero como exonerante de esta responsabilidad”.

    Las citadas NIDE no resultan, por ello, de directa aplicación al caso ya que se trata de normas técnicas. En nuestro caso, hemos de aplicar en primer lugar las previsiones de la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra, cuyo artículo 75 dispone que “las instalaciones deportivas de uso público radicadas en el territorio de la Comunidad Foral, con carácter general, y sin perjuicio de la regulación especifica establecida en la presente Ley Foral, se sujetan a la normativa foral reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas, y a la normativa foral reguladora de las actividades clasificadas para la protección del medio ambiente”, y que “reglamentariamente podrán establecerse requisitos o condiciones de obligado cumplimiento por las instalaciones deportivas de uso público”. Este precepto ha sido desarrollado por el Decreto Foral 38/2009, de 20 de abril, por el que se regulan los requisitos básicos y las medidas de seguridad de las Instalaciones y Equipamientos Deportivos, cuyo artículo 4 establece que “la tipología de las instalaciones deportivas y los requisitos básicos técnico-deportivos específicos de las instalaciones deportivas en la Comunidad Foral de Navarra son los que vienen determinados en la Normativa de las instalaciones deportivas y de Esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior de Deportes, así como por Unas Normas Españolas (UNE) y/o Unas Normas Españolas-adaptadas a Normas Europeas (UNE-EN) de normalización de los correspondientes Comités Técnicos”. No obstante, a continuación se señala que “en el supuesto que las instalaciones deportivas no tengan desarrollada, en parte o en su totalidad, la normativa NIDE, las normas UNE y/o UNE-EN, será requisito básico estar incluido en el Catálogo de las instalaciones deportivas previsto en el Censo de las instalaciones deportivas”.

    De la disposición adicional única de dicho Decreto Foral se deduce que sus disposiciones se aplican a las nuevas obras de construcción, de ampliación, de reforma,  o de remodelación de instalaciones deportivas. Las anteriores ya incluidas en el Catálogo de Instalaciones Deportivas mantienen la catalogación de instalaciones deportivas y han de cumplir los requisitos anteriormente vigentes (Decreto Foral 272/1996, de 15 de julio, o normas aplicables en el momento en que se construyeron las instalaciones).

    Se deduce del expediente que el polideportivo donde se produjo el accidente, el del Colegio Público Griseras, es anterior tanto al Decreto Foral 38/2009 como a las NIDE, ya que se afirma que el campeonato de fútbol sala lleva disputándose más de veinte años en él. Al estar incluido en el Catálogo de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral se entiende autorizado con las condiciones con las que contaba al ser construido, y solamente en caso de obras de reforma debiera adaptarse a las NIDE.

    No podemos, por tanto, considerar que las instalaciones deportivas incumplieran la normativa vigente de modo que se produjera una situación de riesgo anormal a la que achacar la producción del accidente. Hemos de recordar lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Sentencia de 30 de mayo de 2002 (JUR 2002/191938): “Siguiendo con esta misma doctrina jurisprudencial la citada sentencia de 5 de junio de 1.997 afirma que «puede, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable». Con arreglo a ello, ha de decirse que ya sea como causa eficiente del resultado producido o por el análisis de factores sin cuya concurrencia no se hubiera producido el resultado, en el presente caso, al existir una deficiente conservación de la calzada, por causa del comportamiento omisivo de la administración en la conservación, ha existido un anormal funcionamiento del servicio público. Ha de traerse, por lo tanto, a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1.998, conforme a la cual por el carácter objetivo de la responsabilidad administrativa es a la Administración la que corresponde acreditar circunstancias tales como la fuerza mayor, dolo o negligencia de la víctima, o en general todas las que conlleven a la ruptura del nexo causal y consiguientemente a la exoneración de responsabilidad de la Administración”. Y el mismo Tribunal en Sentencia número 871/2005, de 15 de septiembre (JUR 2005\263043) precisa: “Que el daño sea antijurídico o lo que es lo mismo, que la persona que lo sufre no debe estar obligada jurídicamente a soportarlo; esto es que el daño sea antijurídico implica y significa que el riesgo inherente a la utilización del servicio público haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad jurídica exigibles conforme a la conciencia social”.

    En el caso que nos ocupa, no estimamos que el riesgo que ofrece la pista deportiva se halle por debajo de los estándares de seguridad normales. Las columnas existentes fuera de la pista, a una distancia de 0,40 metros, son perfectamente visibles por los usuarios. Obviamente, su proximidad a las líneas exteriores de la pista incrementa la posibilidad de que los usuarios se golpeen contra las mismas más, por ser algo evidente e inmediatamente constatable por aquéllos, constituye un riesgo tácitamente asumido por quien se disponga a jugar en ellas. El aludido fundamento de la objetivación de la responsabilidad no permite aplicarla, en cualquier caso, a la práctica del deporte, ya que la de la mayor parte de las actividades deportivas conlleva un determinado y a veces elevado riesgo de lesión que el deportista asume, de ahí que el resarcimiento de sus lesiones por un tercero sólo pueda venir por la vía de aislar culpa o negligencia en un acto antecedente ligado causalmente con el daño producido.

    Es por todo ello que procede la desestimación del recurso.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos desestimar, como desestimamos, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la Resolución de 22 de junio de 2017 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Tudela desestimatoria de la solicitud de responsabilidad patrimonial; acto que se confirma por ser acorde a derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.
Gobierno de Navarra

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