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17-01671

  • Nº Expediente 17-01671
  • Nº Resolución 00473/18
  • Fecha resolución 26-02-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Relación de causalidad 11;11.1
  • Materia 2
    • Responsabilidad Patrimonial; Indemnización 11;11.4
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarr
    • Tipo 1
    • Número 317
  • Disposición 2
    • Norma Ley
    • Título Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
    • Tipo 1
    • Número 32
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Responsabilidad patrimonial por daños sufridos como consecuencia de caída en vía pública.
  • Resumen Anclaje de pivote metálico con su tapa abierta, que representaba un peligro real para los transeúntes impelidos a cruzar ese tramo de calzada al estar ocupada la acera contigua por un camión. Llave para manipular pivotes confiada al responsable de la plaza de toros, quien, a su vez, la entrega al transportista. Responsabilidad municipal "in vigilando". Obstáculo visible, pero no previsible. Aunque se aprecia relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio de mantenimiento del viario público en condiciones adecuadas de seguridad, no cabe fijar indemnización, por no haberse solicitado cantidad concreta alguna (ni tampoco instado prueba al respecto). Retroacción de actuaciones (Corella).
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación parcial
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-01671, interpuesto por DOÑA ............ contra resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE CORELLA de fecha 8 de junio de 2017, sobre denegación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída en la vía pública al tropezar con la tapa de un pivote que se encontraba levantado.

    Ha sido Ponente don Jon-Ander Pérez-Ilzarbe Saragüeta.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Corella de fecha 8 de junio de 2017 se desestimó una reclamación de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial presentada por  la hoy recurrente el 13 de junio de 2016, aduciendo daños sufridos el 12 de junio del mismo año al bajar de la acera (ocupada en ese momento por un camión) y tropezar con una tapa de un pivote situado en una vía pública.

    Contra dicho acto se interpone el recurso de alzada, aduciéndose concurrencia de los requisitos legales para apreciar responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

    2º.- Por providencia de la Presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento de Corella para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, de Desarrollo Parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFALN), remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida. Así lo hizo el citado Ayuntamiento.

    3º.- Mediante Providencia Resolutoria número 25, del 1 de febrero de 2018, se tuvo a “............, S.A.”, representada por doña ............, por comparecida como tercera legitimada en el recurso de alzada.

    4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en relación con el artículo 16 del precitado Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, se acepta la prueba propuesta por la parte recurrente consistente en tener por presentados, a efectos probatorios, los documentos del expediente de responsabilidad patrimonial. No se acepta la prueba testifical propuesta, al considerarse suficientes las respuestas que constan por escrito en el expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Responsabilidad patrimonial.

    Para poder imputar responsabilidad patrimonial a un Ayuntamiento es preciso señalar una acción u omisión imputable al mismo, causando daños que el reclamante no tenga obligación jurídica de soportar.

    Eso es lo que se deriva de los artículos 106.2 de la Constitución, 317.3 de la LFALN y 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

    Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.2 de la LRJSP, “el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

    Según sentencias del Tribunal Supremo, como la de 27 de junio de 2006, “para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos:

    a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

    b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

    c) Ausencia de fuerza mayor.

    d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta”.

    La carga de la prueba de los hechos necesarios para declarar responsabilidad administrativa corresponde a quien reclama la indemnización.

    SEGUNDO.- Relación de causalidad.

    1. La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en la letra d) del número 2 de su artículo 25, reconoce como competencia municipal la relativa a “Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad”.

    2. La Resolución impugnada reconoce el hecho de la caída de la reclamante al tropezar con la tapa de un pivote ubicado en la vía pública, pero arguye inexistencia de nexo causal entre el daño sufrido y el funcionamiento normal o anormal de la Administración municipal.

    A criterio de este Tribunal Administrativo, los argumentos aducidos en dicha Resolución no son suficientes para desvirtuar la relación de causalidad alegada por la recurrente.

    A) Se aduce que “el estándar social sobre la seguridad en las vías públicas no llega al extremo de reclamar unas superficies perfectamente lisas y regulares y sin ningún desnivel”.

    Pero el obstáculo en el que tropezó la reclamante no era “nimio” e insuficiente para provocar caídas, como se alega por parte municipal. Según se aprecia en las fotografías aportadas por la recurrente, se trataba de un anclaje de pivote metálico con su tapa abierta y elevada sobre la rasante del suelo. En esas condiciones, dicha tapa generaba un peligro real para el tránsito de personas. El riesgo de que alguien tropezara en ese resalte metálico no era desdeñable.

    Según recoge la propia Resolución, una testigo presencial “vio la caída” e “incluso le quiso advertir del peligro porque vio el pivote levantado, y no le pudo avisar porque todo pasó muy rápido”.

    B) El acto impugnado argumenta, asimismo, que el pivote estaba ubicado en la calzada, lugar de paso de vehículos, pero no de peatones.

    Sin embargo, en el momento del accidente el tránsito por la acera contigua era imposible, debido a la presencia de un camión que lo impedía. Al decir de una testigo, “el camión les obligó a bajarse de la acera y circular por la calzada”.

    Por añadidura, el hecho de que se confiara al responsable de la Plaza de Toros, y éste entregara al transportista, una llave para manipular pivotes en la vía pública (como se hizo en este caso, según informa la Policía Local), conlleva un cierto grado de responsabilidad municipal “in vigilando”.

    C) Por último, el Ayuntamiento aduce falta de diligencia de la reclamante al transitar, señalando que una testigo vio el obstáculo desde lejos, y que nadie más tropezó en ese pivote durante el tiempo que duró la presencia del camión en la acera.

    Este último argumento tampoco basta para exonerar al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad. La presencia de tal obstáculo en el tramo de calzada que los peatones se vieron impelidos a cruzar mientras se descargaba el camión que ocupaba la acera contigua era “visible”, pero no “previsible”.

    En una operación de descarga de un camión en vía pública junto a la Plaza de Toros, los estándares esperables de precaución por parte municipal no son compatibles con la presencia de una tapa de pivote levantada sobre el suelo en el tramo de calzada a utilizar por los viandantes en tanto la acera permanece ocupada por el vehículo.

    El hecho de que “solo” una persona tropezara en ese obstáculo durante la operación de descarga del camión no es determinante, habida cuenta de la brevedad del período temporal considerado. Una vez terminada dicha labor, el tramo de acera antes ocupado por el vehículo volvió a quedar  abierto a los peatones, eliminando así la necesidad de transitar a pie por el espacio de calzada donde se ubicaba el obstáculo. Además, según cabe deducir de fotografías posteriores, más tarde la tapa abierta fue debidamente cerrada.  

    No habiéndose desvirtuado en la Resolución impugnada la existencia de una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público de control y mantenimiento del viario municipal en condiciones adecuadas de seguridad y los daños sufridos por la reclamante,  debe anularse dicho acto.

    TERCERO.- Retroacción.

    Además de la anulación de la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Corella de fecha 8 de junio de 2017, el recurso de alzada pide que este Tribunal Administrativo “proceda a estimar nuestras justas pretensiones en las cantidades solicitadas”.

    Es imposible acceder a tal pretensión, porque no se ha solicitado cantidad alguna.

    Y tampoco se aportan pruebas, ni se proponen diligencias probatorias concretas, que permitan concluir la procedencia de fijar un importe indemnizatorio determinado en esta alzada.

    Los informes médicos fechados el 7 de julio y el 8 de agosto de 2016 constataron la existencia de una fractura en la nariz “con mínimo desplazamiento”, precisando que se encontraba “en vías de consolidación”, y que “no precisa tratamiento por nuestra parte”.

    La médico de familia añadía que “es de esperar buena resolución de sus contusiones” en las rodillas.

    Así las cosas, el escueto informe médico emitido por otro facultativo distinto de los anteriores el 13 de septiembre de 2016 adolece de escasa credibilidad cuando señala que la reclamante “durante el tiempo de convalecencia, desde el 12/6/16 hasta el 8/8/16, estuvo incapacitada para sus tareas cotidianas, necesitando ayuda externa”. Esta apreciación (demasiado obviamente dirigida a procurar una indemnización equivalente a baja impeditiva) aparece ayuna, no ya solo de prueba, sino incluso de la más mínima explicación. ¿Qué concretas actividades realizaba habitualmente antes del accidente y dejó de realizar después por impedírselo esa leve fractura de nariz y/o la contusión de rodilla? Nada se nos dice al respecto.

    No se ha propuesto ninguna diligencia de prueba encaminada a aclarar esa cuestión del modo requerido por la letra a) del artículo 16.1 del Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, de Desarrollo Parcial de la LFALN, esto es, proponiéndola “en el escrito de recurso”.

    No es censurable la ausencia de requerimientos municipales para aclarar este punto y, asimismo, concretar el importe de la indemnización instada, puesto que la Resolución impugnada “negó la mayor”, al no apreciar relación de causalidad entre la acción o inacción municipal y el daño sufrido por la reclamante. Ahora bien, una vez anulado dicho acto en esta alzada (por insuficiencia de la motivación alegada para negar la existencia de ese vínculo causal, según se explica en el anterior Fundamento de Derecho), procede retrotraer el expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial al momento de su interposición, a fin de que se practiquen las diligencias citadas.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal 

    RESUELVE: Estimar en parte el recurso de alzada número 17-01671, interpuesto contra Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Corella de fecha 8 de junio de 2017, anulando dicho acto por no ser conforme a Derecho, y disponiendo la retroacción del expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial al momento de su interposición, conforme a lo indicado en el Fundamento de Derecho Tercero.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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