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17-01273

  • Nº Expediente 17-01273
  • Nº Resolución 00947/18
  • Fecha resolución 14-05-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Sanciones; Infracciones 12;12.2
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
    • Tipo 1
    • Número 13
  • Disposición 2
    • Norma Real Decreto
    • Título 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
    • Tipo 1
    • Número 3;4;5
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Sanción por estar en posesión de un perro potencialmente peligroso sin disponer de la licencia para su tenencia en espacio público.
  • Resumen No basta con que el animal disponga de una licencia. El titular de la licencia es quien personalmente ha de ocuparse de él y, en su caso, pasearlo por espacios públicos.
  • Sentido de la Resolución
    • Desestimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-01273, interpuesto por DOÑA ............ contra resolución de la Concejalía Delegada de Ecología Urbana y Movilidad del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 19 de abril de 2017, sobre sanción por estar en posesión de un perro potencialmente peligroso sin disponer de licencia para su tenencia en espacio público.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Por Resolución de 19 de abril de 2017 (14/EM) de la Concejalía Delegada de Ecología Urbana y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona se impuso a la ahora recurrente una sanción de 2.405 euros de multa por una infracción muy grave del artículo 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

    2º.- Contra este acto la interesada interpuso recurso de alzada ante este Tribunal.

    3º.- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    4º.- Por las partes no se ha propuesto la práctica de prueba distinta de la aportación de los documentos que figuran en el expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    ÚNICO.- Procede la desestimación del recurso dado que ha quedado acreditada la comisión de la infracción muy grave por la que ha sido sancionada la recurrente.

    El artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”. La jurisprudencia relativa a los preceptos de la legislación de procedimiento anterior homólogos al transcrito viene señalando que se establece una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, a favor de los hechos que se hagan constar en las denuncias o informes de los funcionarios. En ese sentido se pronuncia, por ejemplo, el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 29 de abril de 2009 (RJ 2009\5149) que explica lo siguiente:

    El artículo 137.3 de la LRJAPYPAC dispone que sólo los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que formalicen en documento público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

    Tales requisitos, exigidos por la LRJAPYPAC, son:

    a) Que el funcionario público actuante tenga la condición de autoridad.

    b) Que se trate de hechos directamente constatados por el funcionario, no siendo válidas sus apreciaciones subjetivas o meras valoraciones de conciencia, basadas en haber escuchado unos disparos, sin tener ocasión de observar quien los realizó.

    c) La formalización en documento público en el que se observen los requisitos legales pertinentes, posteriormente ratificado por el mismo agente que formuló la denuncia y presenció personalmente los hechos".

    Añadamos lo que expone el Tribunal Constitucional en Sentencia número 76/1990, de 26 de abril (RTC 1990\76): “La presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas en general o tributarias en particular, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.

    La recurrente admite los hechos que figuran en la denuncia formulada por la Policía Municipal: que paseaba un perro de los considerados potencialmente peligrosos sin poseer la oportuna licencia. Únicamente alega en su favor que el perro es propiedad de su hijo, que en aquel momento no podía sacarlo a pasear por estar en clase.

    Lo cierto es que las alegaciones de la recurrente no tienen ningún peso para eximirle de la responsabilidad de la infracción por la que ha sido sancionada. La simple tenencia de alguna de las especies animales consideradas como potencialmente peligrosas exige de la correspondiente licencia, que la recurrente no posee. Del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, en particular de sus artículos 3, 4 y 5, se deduce que no basta con que el animal cuente con una licencia, sino que es necesario que el titular de la licencia, al que se exige también certificado de aptitud física y de aptitud psicológica, sea quien se ocupe personalmente del animal y, en particular, que sea quien lo pasee por espacios públicos con las debidas medidas de seguridad.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debe desestimar, como desestima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra Resolución de 19 de abril de 2017 (14/EM) de la Concejalía Delegada de Ecología Urbana y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona que impuso una sanción por infracción muy grave de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, acto que se confirma por estar ajustado a derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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