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17-01226

  • Nº Expediente 17-01226
  • Nº Resolución 00011/18
  • Fecha resolución 04-01-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Responsabilidad Patrimonial; Relación de causalidad 11;11.1
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley
    • Título 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
    • Tipo 1
    • Número 32;34;
  • Disposición 2
    • Norma Ley Foral
    • Título 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas
    • Tipo 1
    • Número 8
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída de una grada durante la realización de un festejo taurino.
  • Resumen Es obligación de la empresa organizadora del espectáculo taurino adoptar las medidas oportunas, no solo en relación con el vallado que cierra el lugar de celebración, sino también respecto de los lugares que ocupa el público para garantizar su seguridad. Grada desprovista de barandillas u otros elementos de seguridad que evitara la caída de los espectadores al ser empujados cuando una vaca embiste contra el vallado sobrepasando este con la cabeza.
  • Sentido de la Resolución
    • Estimación parcial
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-01226, interpuesto por DON ………… contra acuerdo de la Junta Local de Gobierno del AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA/GARES de fecha 30 de marzo de 2017, sobre denegación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída desde un tablado durante la celebración de un festejo taurino.

    Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    .- Con fecha 28 de julio de 2016, durante la celebración de un espectáculo taurino en la localidad de Puente la Reina/Gares, el recurrente fue empujado por los espectadores que se apartaban de la posible acometida de una vaquilla y cayó al suelo desde una grada elevada. Como resultado de ello recibió diversas lesiones de las que fue atendido en un centro hospitalario.

    Con fecha 8 de agosto de 2016 el recurrente presenta ante el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares una reclamación de indemnización por los daños sufridos a consecuencia de la mencionada caída. La reclamación es denegada por acuerdo de la Junta Local de Gobierno de 30 de marzo de 2017.

    .- Contra dicho acto se interpuso por el interesado, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal.

    .- Mediante providencia de la presidenta de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, en la redacción dada al mismo por el  Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

    .- Mediante providencia resolutoria número 193, de 5 de octubre de 2017, se tuvo a “............, SA”,  por tercera legitimada.

    .- Por la parte recurrente se propuso la práctica de prueba testifical y documental, cuyo resultado se incorpora al expediente.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Alega el recurrente que la desestimación de la solicitud de indemnización de los daños y perjuicios causados no es ajustada a derecho ya que se cumplen todos los requisitos exigibles para la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, que debía adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad en el espectáculo.

    Considera, por su parte, el Ayuntamiento procedente la desestimación de la petición ya que el espectáculo contaba con las medidas de seguridad exigibles.

    Por su parte el tercer interesado se adhiere a las alegaciones municipales.

    SEGUNDO.- Respecto de la responsabilidad patrimonial de la Administración,  el artículo 106.2 de la Constitución Española establece que: "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo, el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

     Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, configurada, legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos -sea éste normal o anormal- debe ser en principio indemnizada, se requiere que concurran los siguientes requisitos: A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público. B) Un daño antijurídico o detrimento patrimonial injustificado, o, lo que es igual, un resultado lesivo que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido; la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que el caso fortuito haría referencia a aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, correspondiendo, en todo caso, a la Administración, tal y como reiteradamente señala el Tribunal Supremo, entre otras y por sintetizar las demás, en sentencia de 6 de febrero de 1996, probar la concurrencia de fuerza mayor, en cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial.

    TERCERO.- Procede declarar el derecho del recurrente a recibir una indemnización, y ello porque del expediente se deducen con claridad que concurren todos los requisitos legalmente exigidos a los que antes se ha hecho referencia. En efecto:

    a) No cabe la menor duda, y las demás partes en este procedimiento no lo discuten, que el recurrente sufrió daños personales como consecuencia de la caída que sufrió durante la celebración del espectáculo taurino. Se trata de un daño real, evaluable económicamente, efectivo e individualizado.

    b) Tampoco puede negarse que el daño fue antijurídico y que el recurrente no tenía ninguna obligación de soportarlo.

    c) Y resulta también palmario que hay una relación de causalidad directa entre el perjuicio y la actividad de la Administración, en este caso la del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

    La caída que sufrió el recurrente se produjo, como ha quedado de manifiesto en el expediente, en el curso de un espectáculo taurino organizado por el Ayuntamiento y en el cual aquel participaba como mero espectador, es decir, en teoría no asumiendo ningún riesgo de sufrir un percance como el que sufrió al confiar en que las medidas de seguridad exigibles en este caso debían ser suficientes para proteger adecuadamente al público asistente.

    Hemos de recordar que la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas, en su artículo 8 atribuye a las empresas que organicen los espectáculos o actividades recreativas y al personal a su servicio (en este caso, el Ayuntamiento), entre otras, las obligaciones de “adoptar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas con carácter general o en las autorizaciones correspondientes, en las que se podrá exigir el establecimiento de servicios de seguridad y vigilancia en los casos en que se prevea una gran concentración de personas” y “responder de los daños que, como consecuencia de la celebración del espectáculo o actividad recreativa, puedan producirse, siempre que le sean imputables por negligencia o imprevisión”. En el presente caso, de la prueba practicada se deduce que el lugar de celebración y, en particular, el lugar destinado al público, no disponía de las medidas de seguridad razonables. La grada desde donde el público seguía el espectáculo no estaba separada del vallado, por lo que era muy factible, como ocurrió, que las vacas en sus embestidas pudieran sobrepasar con la cabeza, o con todo el cuerpo, la valla e invadir el espacio del público. Y resultaba también muy probable que el público tratara de evitar a las reses apartándose tumultuariamente del vallado, empujando unos espectadores a otros, y pudiendo caer los que ocupaban los últimos espacios al suelo desde cierta altura, ya que la grada no estaba provista de barandillas o de otros elementos protectores. Y, por otro lado, no había ningún límite de admisión de público, es decir, podían acceder lo mismo personas de edad avanzada, como el recurrente, que personas con movilidad reducida o menores de edad, sin que el Ayuntamiento haya hecho advertencia alguna a los posibles espectadores sobre el riesgo que podía suponer la asistencia al espectáculo. Que en las alegaciones municipales se afirme que en la grada en cuestión existía un peligro análogo al del callejón de una plaza de toros no le exime de responsabilidad, al contrario, queda de manifiesto que no asumió sus deberes de adoptar medidas para evitar un accidente como el que se produjo.

    Cierto es que el Ayuntamiento alega que disponía de la correspondiente autorización y de certificado técnico sobre el vallado y sobre el graderío portátil. Sin embargo, dicho certificado, de fecha 20 de julio de 2016, únicamente se refiere al vallado que delimita el recorrido y al propio recorrido en cuanto está libre de obstáculos. No menciona las gradas y su nivel de seguridad para el público, aspectos que no están regulados expresamente en el Decreto Foral 249/1992, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos, ni en la Orden Foral 374/2012, de 29 de mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior por la que se regulan las características y condiciones técnicas de los espacios habilitados para la celebración de espectáculos taurinos populares tradicionales, concursos de recortadores y corridas vasco-landesas, cuyas disposiciones el certificado técnico asegura que se cumplían. Es obvio que es responsabilidad municipal, también, asegurarse de que los lugares desde donde el público va a presenciar el espectáculo ofrecen el suficiente nivel de seguridad; y la vista de la prueba practicada, se deduce que la grada elevada, sin barandillas ni otros elementos de protección, colocada sin la menor distancia de separación respecto del vallado, resultaba inadecuada para evitar accidentes como el sufrido por el recurrente, accidente que resultaba perfectamente previsible.

    CUARTO.- En cuanto a la indemnización a la que tiene derecho el recurrente hemos de tomar en consideración lo siguiente. El artículo 34 de la LRJSP dispone al respecto:

    1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

    En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

    2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

    3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

    4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado”.

    Entendemos que como es criterio habitual en la jurisprudencia y también en las resoluciones de este Tribunal, y al que se refiere también el recurrente, procede calcular la indemnización conforme al baremo derivado de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de  los  daños  y  perjuicios  causados  a  las  personas  en  accidentes  de circulación, que modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro  en  la  circulación  de  vehículos  a  motor,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

    El recurrente alega como daños indemnizables:

    a) 101 días de perjuicio moderado o baja impeditiva (28 de julio a 5 de noviembre de 2016), a 52 euros/día, en total 5.252 euros.

    b) 87 días de perjuicio personal básico o período sometido a tratamiento médico (6 de noviembre de 2016 a 31 de enero de 2017), a 30 euros/día, en total 2.610 euros.

    c) Por perjuicio personal causado por intervención quirúrgica, a razón de 800 euros por cada una de las dos intervenciones sufridas, 1.600 euros.

    En total por estos conceptos el recurrente reclama la cantidad de 9.462 euros.

    El Ayuntamiento únicamente discute la valoración que realiza el recurrente sobre las intervenciones quirúrgicas, alegando que no ha expuesto los motivos por los cuales exige la citada cuantía, cuando la ley ofrece un mínimo de 400 y un máximo de 1.600 euros. Y lleva razón la entidad local, puesto que aparte de la realización de esas intervenciones, el recurrente nada ha acreditado sobre sus características, por lo que procede únicamente señalar la cuantía mínima que prevé la ley, esto es, 400 euros por cada una de ellas. La cuantía total de la indemnización, pues, ha de fijarse en 8.662 euros.

    Conforme a la Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (Boletín Oficial del Estado número 257, de 25 de octubre de 2017), la cuantía se ha de actualizar al momento de dictarse esta resolución con un 0,25 %. Esto es, el Ayuntamiento deberá abonar 8.683,65 euros.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos estimar parcialmente, como estimamos, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra acuerdo de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares de 30 de marzo de 2017 que desestima reclamación de responsabilidad patrimonial, acto que se anula por no estar ajustado al ordenamiento jurídico, declarando el derecho del recurrente a percibir una indemnización de 8.683,65 euros.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Certifico.- María García, Secretaria.

Gobierno de Navarra

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