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17-00831

  • Nº Expediente 17-00831
  • Nº Resolución 01196/18
  • Fecha resolución 14-06-2018
  • Sección TAN Primera
  • Materia 1
    • Haciendas Locales; Contribución Territorial 7;7.4
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
    • Tipo 1
    • Número 142
  • Disposición 2
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema Derivación de la acción tributaria a los adquirentes de bienes afectos al pago de la contribución territorial.
  • Resumen

    La derivación de la acción tributaria a los adquirentes de bienes afectos al pago de la contribución territorial requiere declarar fallido al deudor principal y dar audiencia al interesado. Responsabilidad subsidiaria. (Pamplona).

  • Sentido de la Resolución
    • Estimación
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 17-00831, interpuesto por DON ............, en nombre y representación de “............”, contra resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 28 de febrero de 2017, sobre derivación de responsabilidad por deuda en concepto de Contribución Territorial.

    Ha sido Ponente doña María-Asunción Erice Echegaray.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Mediante Resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, de 28 de febrero de 2017, se aprobó la declaración de afección al pago de las deudas por concepto de Contribución Territorial, correspondientes a los años 2010 a 2016, ambos inclusive, relativas al inmueble adquirido por la sociedad cooperativa de crédito hoy recurrente (al folio 20 del expediente instruido en este Tribunal).

    2º.- Contra dicho acto se interpuso por el representante de la sociedad interesada, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal.

    3º.- Mediante providencia de Presidencia de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.

    4º.- No se propuso por las partes la realización  de pruebas.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    ÚNICO.- El artículo 142 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra (LFHLN), encuadrado en el Capítulo dedicado a la Contribución Territorial, establece lo siguiente:

    “1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos a que se refieren los artículos 134  y 137 de esta Ley, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas tributarias y recargos pendientes por este impuesto.

    2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar que prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de dicha derivación.

    3. La derivación tendrá como límite la totalidad de las deudas tributarias y recargos pendientes por este impuesto y referidos a los bienes cuya titularidad sea objeto de cambio”.

    Pues bien, en el caso que nos ocupa, impagada por su anterior titular la Contribución Territorial del inmueble al que se refiere el expediente, correspondiente a los años 2010 a 2016, el Ayuntamiento ha tramitado un expediente de derivación de la acción tributaria al adquirente de los bienes, sociedad hoy recurrente.

    Sin embargo, tal expediente no se encuentra completo. En efecto, con independencia de otras posibles omisiones, señalaremos que, en el mismo acto hoy recurrido, se dijo expresamente que se decide “declarar fallidos los recibos” (es decir, no se declaró fallida a la citada deudora principal, como exigen los artículos 12.3 y 152 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, y 29.5 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, pues no se olvide que, como ahora se dirá, nos ocupa una responsabilidad subsidiaria). Y tal acto, además,  no fue notificado con carácter previo ni a la hoy recurrente ni a la deudora principal (a la que en ningún momento se le ha notificado tal declaración de fallida; y no se olvide que la entidad adquirente puede dirigirse posteriormente contra el deudor principal -una vez derivada, con éxito, la acción tributaria-).

    Y decimos que nos hallamos ante una responsabilidad subsidiaria, por cuanto que, además de que la sentencia que seguidamente se transcribe así lo recoge, la normativa estatal a la que ahora nos referimos así lo dice expresamente.

    En efecto, el artículo 43.1.d)  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  General Tributaria, dice que:

    “1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: (…) d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de esta Ley”.

    Y dicho artículo 79 dispone que: “1. Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga”.

    En el mismo sentido (y referido, en particular, al impuesto que nos ocupa -llamado impuesto sobre bienes inmuebles en el Estado-), el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que:

    “1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43  del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70  del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias”.

    Tampoco se ha dado audiencia en el expediente de derivación de la acción tributaria a la entidad adquirente del inmueble para que pueda comprobar si las liquidaciones son correctas, así como si la declaración de fallido del deudor principal se ha realizado por concurrir un caso de “ausencia de bienes”.

    Así, el artículo 29 de la citada Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, si bien referido a los “responsables” (aunque aplicable también a los “adquirentes de bienes afectos” a los que seguidamente se hace referencia, lo que, a su vez, queda avalado por el artículo 15.7 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, que, al referirse a los adquirentes de bienes afectos, se remite a lo regulado en el artículo 12.2 del mismo texto, referido al “procedimiento de derivación de la responsabilidad” de los “Responsables” (título de la Sección 2ª del Capítulo III), establece lo siguiente:

    “La ley foral podrá declarar responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras personas, solidaria o subsidiariamente.

    2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

    3. Salvo lo dispuesto en el artículo 30.4, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria existente en el periodo que, para pago voluntario, esté establecido para el deudor.

    Cuando haya trascurrido el plazo para pago voluntario que se conceda al responsable sin haber realizado el ingreso, se iniciará el correspondiente periodo ejecutivo y se exigirá en vía de apremio la deuda junto con los recargos e intereses que procedan.

    La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta o en otra Ley Foral se establezcan.

    En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 71.3 , la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad.

    La reducción por conformidad será la prevista en el referido artículo 71.3 . La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.

    La reducción prevista en este apartado no será aplicable a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 30.4

    4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y su clase y se determine su alcance.

    Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, en la forma que reglamentariamente se determine.

    Cuando al tiempo de iniciarse el expediente se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular una propuesta de acto de derivación de responsabilidad, se notificará dicha propuesta a los interesados indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de quince días para presentar las alegaciones que estimen convenientes.

    Transcurrido el plazo de quince días sin que se hayan formulado alegaciones o habiendo renunciado expresamente en dicho plazo a su presentación, se entenderá dictado y notificado el acto de derivación de responsabilidad en los términos de la propuesta, advirtiéndolo así a los interesados en la notificación de esta. Será fecha determinante para el cómputo de los plazos de ingreso y para la interposición de recurso o reclamación aquella en que se entienda producida la notificación del acto de derivación de responsabilidad.

    A tales efectos, la propuesta formulada deberá contener los elementos esenciales de la autoliquidación o liquidación administrativa generadora de la deuda, en la forma que reglamentariamente se determine, los medios y plazos de impugnación, el plazo y la forma en que debe ser satisfecha la deuda, así como indicación de la forma y momento en que deba entenderse producida la notificación del acto de derivación de responsabilidad de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, confiriéndole al responsable desde ese instante todos los derechos del deudor principal.

    En el recurso o reclamación contra el acuerdo de declaración de responsabilidad podrá impugnarse no sólo el presupuesto de hecho habilitante sino también las liquidaciones a las que alcance dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación.

    No obstante, en los supuestos previstos en el artículo 30.4 no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcance dicho presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado artículo no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 70.6, tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.

    5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro del marco legalmente previsto.

    6. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.

    7. El responsable tendrá derecho a exigir al obligado principal, sea el contribuyente, el sustituto o el sucesor en la deuda tributaria, las cuotas que haya satisfecho o se hayan hecho efectivas con cargo a su patrimonio.

    Cuando se haya declarado la responsabilidad de varias personas en el mismo grado, solidario o subsidiario, quienes hayan satisfecho la cuota podrán ejercitar la acción de regreso contra los restantes responsables”. (Todos los subrayados son nuestros).

    Y el artículo 34 de la misma norma se refiere a los “Adquirentes de bienes afectos”, con la siguiente redacción:

    “1. Los adquirentes de bienes afectos por ley foral a la deuda tributaria responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.

    2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar que prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de dicha derivación.

    3. La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la ley foral al señalar la afección de los bienes”.

    En el mismo sentido se expresa el citado artículo 12.1 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra (artículo al que remite el referido artículo 15.7, que hace referencia al adquirente de bienes afectos), que dispone que:

    “En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance. (…)”.

    En relación con la necesidad de tal trámite de audiencia en los expedientes de derivación de la acción tributaria al adquirente de bienes afectos, se ha pronunciado el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pamplona, en sentencia 195/2017, de 11 de octubre de dicho año, confirmatoria de la Resolución de este Tribunal número 1156, de 28 de abril de 2017, con las siguiente palabras:

    “Sobre la primera cuestión, es verdad que la LFGT regula en una sección distinta a la de los responsables tributarios entre los que se encuentran los subsidiarios, la situación de los adquirentes de bienes afectos al pago de deudas tributarias. Sin embargo, esta regulación separada no impide considerar que los adquirentes de bienes afectos son responsables subsidiarios y el procedimiento para derivarles la deuda ha de ser el previsto en el artículo 29, que recoge el régimen general en la materia. Ello es así porque la responsabilidad de estos adquirentes no es automática ni directa, como si fueran deudores principales, sino que precisa y así lo exige el apartado 2º del artículo 34, una “acto administrativo” de derivación y dicho acto ha de reunir los requisitos del artículo 29 antes citado, sin que exista razón alguna para que se  limiten las garantías de quienes adquirieron el bien afecto a la deuda tributaria  en comparación con otros responsables subsidiarios. Por su parte el artículo 12 del Reglamento de recaudación tributaria establece el procedimiento  de declaración de derivación de responsabilidad siendo también aplicable a los casos de adquisición de bienes afectos, que se regulan en el artículo 15, que expresamente se remite al 12 antes citado. No existen por tanto dos procedimientos para la derivación de deuda sino uno sólo, que es el previsto en el artículo 29 LFGT y en el 12 del Reglamento de Recaudación.

    Sentado lo anterior y en aplicación de estos preceptos, era necesario la notificación de las liquidaciones generadoras de la deuda derivada, la falta de pago del deudor principal junto con su declaración de fallido y dar trámite de audiencia al responsable subsidiario. En este caso la propia demandante reconoce que no ha cumplido esos trámites, por lo que la Resolución del TAN que así lo aprecia es conforme a Derecho”.

    Así mismo, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Pamplona, en sentencia número 240, de 10 de noviembre de 2017, si bien se viene a apartar de dicho criterio, no obstante sostiene, en definitiva, la necesidad de un trámite de alegaciones o de audiencia al interesado, al afirmar que:

    “Dicho lo anterior, no cabe sin embargo estimar el recurso en relación con esta objeción porque si bien no resulta exigible ese contenido material para la derivación de deuda por adquisición de bien afecto, sí que resulta exigible, por el contrario, un trámite de alegaciones previas por el interesado. El hecho de que el artículo 34.2 de la LFGT determine que esta derivación exigirá acto administrativo no implica que solamente requiera tal actuación. Por el contrario el precepto debe integrarse con el resto de normas que regulan la gestión tributaria, y así el artículo 86 de la LFGT exige con carácter general que “en todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de dictar la resolución”. El fundamento de seguridad jurídica que subyace en esta regla es obvio, y genéricamente extensible a las actuaciones administrativas tributarias en garantía de los derechos del interesado.

    Ese trámite no se cumplió en el caso que nos ocupa, y ello resulta generador de indefensión para el interesado que desconoce por completo la actuación administrativa que se ha decidido en su contra”.

    Tampoco consta en el expediente la notificación de los “elementos esenciales de la liquidación” al adquirente de los bienes. También se desconoce, como aduce, si existen deudores solidarios.

    Y todas esas irregularidades son, como aduce la recurrente,  generadoras de indefensión.

    Procede, por todo lo expuesto, la estimación del recurso, la anulación del acto recurrido y la declaración del deber municipal de devolver las cantidades que, en su caso, hayan sido recaudadas, con los intereses devengados.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal,

    RESUELVE: Que debemos estimar, como estimamos, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la Resolución del Director de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, de 28 de febrero de 2017, por la que se aprobó la declaración de afección al pago de las deudas por concepto de Contribución Territorial, correspondientes a los años 2010 a 2016, ambos inclusive, relativas al inmueble adquirido por la sociedad cooperativa de crédito hoy recurrente; acto que se anula, por ser contrario a Derecho.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción Erice.- Miguel Izu.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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