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14-00846

  • Nº Expediente 14-00846
  • Nº Resolución 00331/18
  • Fecha resolución 01-01-2001
  • Sección TAN Segunda
  • Materia 1
    • Otros; 18;10.4
  • Materia 2
  • Materia 3
  • Materia 4
  • Disposición 1
    • Norma Ley Foral
    • Título Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
    • Tipo 3
    • Número Única
  • Disposición 2
    • Norma Ley
    • Título Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
    • Tipo 1
    • Número 106
  • Disposición 3
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Disposición 4
    • Norma
    • Título
    • Tipo
    • Número
  • Tema

    Solicitud de Revisión de Oficio de Resolución por la que se desestima recurso de alzada contra varias liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del año 2014  

  • Resumen

    Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales (artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979). En aplicación de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, a los hechos imponibles anteriores al 15 de julio de 2017 que han adquirido firmeza, no procede la revisión de oficio instada. No se produce ninguno de los supuestos tasados de nulidad de pleno derecho, sino que se alega otra no contemplada en las leyes: la inconstitucionalidad sobrevenida de la ley en la que se fundamentó el acto administrativo, lo que justifica la inadmisión de la solicitud. (Ayuntamiento del Valle de Aranguren)

  • Sentido de la Resolución
    • Inadmisión
  • Contencioso Administrativo
    • Nº Recurso 1
    • Organo Judicial 1
    • Sentencia fecha 1
    • Sentido fallo 1
    • Nº Recurso 2
    • Organo Judicial 2
    • Sentencia fecha 2
    • Sentido fallo 2
    • Apelación
    • Sentencia fecha - Apelación
    • Sentido fallo - Apelación
  • Resolución

    En la ciudad de Pamplona, a seis de febrero de dos mil dieciocho.

    Vista por del Tribunal Administrativo de Navarra la solicitud de revisión de oficio de número 1466 de este Tribunal, de fecha 14 de mayo de 2014, recaída en el recurso de alzada número 14-00846, interpuesto por DON …………, en nombre y representación de “…………, S.A.”, contra once liquidaciones aprobadas mediante resolución de del AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN de fecha 27 de febrero de 2014, sobre Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    Ha sido Ponente doña María-Jesús Moreno Garrido.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    1º.- Este Tribunal dictó número 1.466/2014, de 14 de mayo de 2016, que desestimó el recurso de alzada número 14-00846, interpuesto por Don …………, en nombre y representación de “…………, S.A.”, contra once liquidaciones aprobadas mediante resolución de del Ayuntamiento del Valle de Aranguren de fecha 27 de febrero de 2014, sobre Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    2º.- Dicha Resolución número 1.466/2014, de 14 de mayo, devino firme y consentida al no ser recurrida en tiempo y forma.

    Se insta ahora revisión de oficio de la misma, aduciéndose nulidad radical de la normativa aplicada al caso.

    3º.- El Ayuntamiento del Valle de Aranguren remitió el expediente administrativo con los antecedentes de la misma junto a un informe en el que solicita la inadmisión de la revisión de oficio instada.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Debemos señalar que en este caso se da la circunstancia de que 1466/2014, de 14 de mayo, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra varias liquidaciones aprobadas mediante resolución de del Ayuntamiento del Valle de Aranguren de fecha 27 de febrero de 2014, sobre Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es firme. Por ende, no se insta su anulación, sino su revisión de oficio.

    La disposición transitoria única de 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra (Boletín Oficial de Navarra nº 249, del 30 de diciembre de 2017), dispone:

    “Uno. Liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017.

    En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017, que hayan adquirido firmeza con anterioridad a dicha fecha, se aplicarán las siguientes reglas:

    1.ª No resultará de aplicación lo dispuesto en la presente ley foral.

    2.ª No procederá la devolución de ingresos indebidos.

    3.ª Continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios derivados de las mencionadas liquidaciones y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas”.

    La exposición de motivos de dicha norma legal explica que “El  apartado uno de esta disposición transitoria se refiere a las liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017. Se trata, por tanto, de sentar criterios en relación con los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en el tiempo, explicitando las limitaciones derivadas de la firmeza de las liquidaciones tributarias correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al 15 de julio de 2017. En relación con esta materia puede considerarse doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (por todas, del Tribunal Constitucional 60/2015, de 18 de marzo de 2015) que el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) demanda la intangibilidad o cuasi intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no solo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes”.

    Por consiguiente, tratándose de un hecho imponible anterior al 15 de julio de 2017 que ha adquirido firmeza, no procede la revisión de oficio instada.

    SEGUNDO.- A mayor abundamiento, este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la misma cuestión de fondo objeto de esta alzada en su Resolución 2.785/2017, del 13 de diciembre, en la que se recoge, asimismo, lo razonado en nuestras Resoluciones números 2262/2017, de 15 de septiembre, y 2784/17, de 13 de diciembre, en las que manifestábamos que “ha de señalarse que, una vez dictada y publicada la citada sentencia del Tribunal Constitucional relativa a Navarra, la misma contiene en su fallo, la siguiente declaración: “que los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

    En relación con los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes, el artículo 161.1.a) de española precisa que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada”.

    Y el artículo 40.1 de 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que:

     “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”.

    Y, sobre el particular, la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio, relativa a las tasas judiciales, explica lo siguiente:

    “Respecto de ambos pronunciamientos de nulidad, procede aplicar la doctrina reiterada de este Tribunal en cuya virtud, «en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren “debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme» [ SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la anterior  54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre , FJ 7;  104/2013, de 25 de abril, FJ 4].

    En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a , resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art. 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”.

    Y es que, como precisa la referida sentencia del Tribunal Constitucional 104/2013, de 25 de abril, “El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes”.

    La misma conclusión se obtiene de lo prescrito en el artículo 73 de 29/1998, de 13 de julio, reguladora de (de aplicación supletoria, según establece el artículo 80 de ), que dispone que “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”.

    En consecuencia, considera este Tribunal que los actos administrativos firmes anteriores a la publicación de la citada sentencia del Tribunal Constitucional 77/2017, de 5 de junio, cual es el caso de las liquidaciones objeto de cuya revisión de oficio se solicita, no se ven afectados por el fallo de la misma.

    En nuestra Resolución 274/2017, de 24 de noviembre, en cuanto a la revisión de actos nulos, recogíamos en su Fundamento de Derecho Tercero: “TERCERO.- Revisión de oficio de actos nulos.

    El artículo 140.1 de dispone que “corresponderá en cualquier momento al Consejo de Gobierno de de Navarra, previo dictamen del Consejo de Navarra, la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos en los que concurran las condiciones exigidas para ello por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común”. Hemos de entender, en el caso que nos ocupa, que las entidades locales disponen de la misma facultad.

    39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en su artículo 106 regula la revisión de disposiciones y actos nulos y dispone lo que sigue:

    “1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de , si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

    (…) 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de , cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales”.

    El citado artículo 47.1 dispone lo siguiente en cuanto a la nulidad de pleno derecho:

    “Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

    a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

    b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

    c) Los que tengan un contenido imposible.

    d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

    e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

    f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

    g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley”.

    Pues bien, tal como manifiesta el Ayuntamiento, es evidente que no se produce ninguno de los transcritos supuestos tasados de nulidad de pleno derecho, lo que justifica la inadmisión de la solicitud. Los recurrentes no alegan, ni pueden alegar, ninguna de esas causas de nulidad, sino que alegan otra no contemplada en las leyes: la inconstitucionalidad sobrevenida de la ley en la que se fundamentó el acto administrativo.

    Tampoco podemos considerar que se produzca ninguno de los supuestos para que, por la remisión que hace el artículo 159 de , podamos entender admisible un recurso extraordinario de revisión, si interpretáramos en tal sentido la pretensión de los recurrentes. El artículo 125.1 de dispone lo siguiente:

    “Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

    a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

    b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

    c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

    d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme”.

    A la alegación que formulan los recurrentes hemos de aplicar lo que dispone el artículo 40.1 de 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”. (…)

    (…) El mismo principio está presente en lo prescrito en el artículo 73 de 29/1998, de 13 de julio, reguladora de : "Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente".

    En consecuencia, los actos administrativos firmes anteriores a la publicación de la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 77/2017, de 5 de junio, no se ven afectados por el fallo de la misma. Por lo tanto, hemos de desestimar el recurso de alzada y confirmar la resolución impugnada.

    Las anteriores consideraciones jurídicas son también aplicables, “mutatis mutandis”, al caso objeto del presente. 

    TERCERO.- Según el artículo 106.3 de , “El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de , cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales”.

    Como se ha expuesto en el anterior Fundamento de Derecho, este Tribunal Administrativo se ha pronunciado contra la procedencia de solicitudes de revisión de oficio referidas a liquidaciones del IIVTNU ya firmes, en base a la jurisprudencia constitucional citada.

    Además, según se ha indicado en el Fundamento de Derecho Primero, tal solicitud es contraria a lo establecido en la disposición transitoria única de 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. Por consiguiente, procede inadmitirla a trámite.

    Por todo lo expuesto, el Tribunal

    RESUELVE: Inadmitir la solicitud de revisión de oficio de número 1.466/2014, de 14 de mayo de 2016, que desestimó el recurso de alzada número recurso de alzada interpuesto contra once liquidaciones aprobadas mediante resolución de del Ayuntamiento del Valle de Aranguren de fecha 27 de febrero de 2014, sobre Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- María-Jesús Moreno.- María-Jesús Balana.- Javier Lachén.- Certifico.- María García, Secretaria.-

Gobierno de Navarra

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