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Se trata de un sistema novedoso en el Estado que busca financiación para la ejecución de políticas sociales y las devuelve con un beneficio tasado en función de los resultados obtenidos
El Departamento de Derechos Sociales ha firmado el contrato de asistencia técnica para la realización de un estudio de viabilidad de la implantación de un Bono de Impacto Social relacionado con las políticas de apoyo a la infancia en dificultad de conflicto social. El Bono de impacto social es un sistema que busca financiación privada para la ejecución de políticas sociales devolviendo un beneficio económico en función del cumplimento de unos objetivos preestablecidos. El contrato fue adjudicado a la Fundación Creas Valor por importe de 41.745 euros.
El modelo de Bono de Impacto Social (BIS) es un mecanismo innovador de pago por éxito que se ha probado internacionalmente (Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Holanda, Noruega, o Portugal, entre otros), aunque sería una iniciativa novedosa en el Estado. La viabilidad de la implantación en Navarra, su encaje legal con los servicios actualmente en marcha, el retorno económico, los indicadores y objetivos a alcanzar son algunos de los interrogantes a que tendrá que responder el estudio.
Los BIS permiten que inversores privados (generalmente fundaciones de grandes compañías u obras sociales de entidades bancarias) inviertan en programas de prevención con el objetivo de mejorar el impacto social de dichos programas, a la vez que pueden obtener un retorno financiero (limitado y previamente estipulado) y se asume por estos inversores privados el riesgo de fracaso.
La implantación de este novedoso sistema ofrecería perspectivas y programas asistenciales distintos de los actuales, en atención al logro de los objetivos a alcanzar. Logros que pudieran medirse y que sean factibles.
Los pasos de un BIS, como el que se pretende implantar en Navarra, serían los siguientes:
1) Una administración pública se compromete a pagar para conseguir la mejora de resultados sociales en una población objetivo.
2) Inversores privados invierten en financiar intervenciones basadas en evidencia, proporcionando capital operativo.
3) Se evalúan los resultados constantemente, aprendiendo del proceso y ajustando las intervenciones. La medición externa de los resultados permite conocer con precisión los logros y el impacto social.
4) La consecución de los resultados sociales pactados genera un ahorro en la Administración a medio o largo plazo y una obligación de pago, siempre que se cumplan los objetivos.
5) Los inversores reciben el capital invertido con un interés limitado. Sólo hay retorno de la inversión si se logran los resultados pactados.
En el contrato con la Fundación Creas Valor, el proceso cuenta con dos fases: Fase I Estudio de Gabinete y Fase II Viabilidad del BIS. En la primera fase, en un plazo máximo de 2 meses desde el inicio del contrato se deberá entregar un documento que contenga la Definición
de la problemática en el ámbito del sistema de protección infantil que se pretende resolver mediante un programa financiado desde la modalidad del Bono de Impacto Social y el Diseño del Plan de Intervención. En la segunda fase, en un plazo máximo de 4 meses desde el final de la anterior, se entregará otro documento que contemple estos contenidos: Plan de la gestión adaptativa; Diseño de métricas; Plan financiero y de inversión; Diseño de mecanismos legales y fiscales.
El producto final en este caso serán tres documentos:
Para el seguimiento y supervisión del proceso se constituirá un grupo de trabajo, que estará constituido por personal técnico del Servicio de Observatorio de la Realidad Social y de la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), ambos del Departamento de Derechos Sociales.
La licitación se publicó en el Portal de Contratación de Navarra el 2 de octubre de 2017. Tras la valoración técnica y económica, la adjudicación del contrato (por un importe de 41.745,00 euros (IVA incluido) ha recaído en Fundación Creas Valor Social. Este estudio de viabilidad debe realizarse en un periodo de seis meses contados desde la firma del contrato y no puede ser prorrogado.
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