Según ha explicado el Departamento de Derechos Sociales, "las gravosas sentencias a las que tiene que hacer frente ahora la Hacienda foral responden a un determinado modelo de gestión de suelo industrial, que revertía en beneficio de los promotores privados pero con riesgos a cargo del sector público, que ya está superado por el actual Gobierno, aunque arrastra todavía este tipo de consecuencias judiciales. En el caso concreto de la ampliación de las tercera y cuarte fase de la Ciudad del Transporte, en la adquisición de terreno y urbanización de parcelas y construcción de naves, las inversiones de la Administración pública soportaron pérdidas de 81 millones de euros, mientras que el sector privado obtuvo unos beneficios de 26 millones de euros".

Actualmente, sólo la mitad de los 600.000 metros cuadrados del suelo industrial de la tercera fase de la Ciudad del Transporte cuenta con algún tipo de implantación empresarial, mientras que la cuarta fase, a pesar de que el Gobierno adquirió en su día a través de Nasuvinsa otros 400.000 metros cuadrados, no tiene ninguna ocupación y ni siquiera es suelo urbanizado. No sólo eso, sino que incluso en algunos casos los antiguos propietarios han seguido cultivando en estos terrenos.

El proceso judicial

La Ciudad del Transporte se ubica a nueve kilómetros de Pamplona, con una superficie total prevista de unos 1,6 millones de metros cuadrados. La primera y segunda fase, con una superficie de 608.000 metros cuadrados, está en servicio, mientras que entre el millón de metros cuadrados de la posterior ampliación, la tercera fase está a la mitad de ocupación y la cuarta está sin urbanizar.

El asunto tiene su origen en 2008, cuando el Jurado de Expropiación de Navarra fijó en 20,01 euros el metro cuadrado el justiprecio de los terrenos afectados por el Plan de Ampliación de la Ciudad del Transporte de Pamplona, que preveía una tercera y cuarta fase de expansión, con 636.000 y 394.000 metros cuadrados, respectivamente.

Los acuerdos del jurado fueron recurridos por varios propietarios afectados, recursos que desestimó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en noviembre de 2009.

Los particulares afectados recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, quien por sentencia del 12 de diciembre de 2012 estimó los recursos y declaró el derecho de los recurrentes a recibir un justiprecio que se determinaría en ejecución de sentencia conforme a las bases fijadas por el propio Tribunal Supremo. Este justiprecio fue fijado por la Sala de Navarra en marzo de 2015 en 53,06 euros el metro cuadrado, en unos casos, y en 57,09 euros el metro cuadrado, en otros. El Gobierno anterior recurrió aquellos autos y el TSJN en febrero de 2016 desestimó los recursos y confirmó el justiprecio.

El Ejecutivo Foral recurrió en casación los autos ante el Tribunal Supremo, que ha ido desestimándolos faltando por resolver dos de ellos. Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha interpuesto recursos de amparo contra los autos del Tribunal Supremo y solicitando la suspensión de las resoluciones judiciales que obligan a pagar el justiprecio fijado por el TSJ de Navarra. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado ni sobre la admisión ni tampoco sobre las solicitudes de suspensión.