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El Departamento de Cultura y Turismo incluye en el Inventario del Patrimonio Histórico 65 piezas de arte religioso de Tudela
viernes, 10 de diciembre de 2004El consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Corpas Mauleón, ha ordenado la inclusión de 65 piezas de arte religioso en el Inventario del Patrimonio Histórico Español. Las piezas pertenecen a nueve iglesias e instituciones religiosas de Tudela.
La inclusión en el Inventario del Patrimonio Histórico otorga a estas piezas una mayor protección legal y administrativa en caso de sustracción o tráfico ilegal. Las piezas son pinturas, esculturas de bulto, retablos y objetos de ajuar litúrgico y pertenecen a las siguientes iglesias e instituciones: Seminario Conciliar de Santa Ana (3), Seminario de Tudela (2), Iglesia del Seminario de Tudela (2), parroquia de Santa María (2), parroquia de Santa María Magdalena (15), parroquia de San Jorge el Real (20), convento de las Siervas de María (1), Iglesia de la Enseñanza (3), iglesia de San Nicolás (16).
Se de la circunstancia de que estos expedientes administrativos han sido recurridos en alzada, en nombre de las parroquias afectadas, por considerar que la decisión de incluir las piezas en el Inventario del Patrimonio Histórico Español se ha realizado de manera inncesaria y unilateral por parte de la Administración del Gobierno de Navarra, y que esta decisión grava de algún modo la "potestad dominical" de la Iglesia diocesana sobre estos bienes.
El Departamento de Cultura y Turismo ha desestimado estos recursos en alzada porque, de acuerdo con la Ley 16/1985, que regula el Patrimonio Histórico Español, "la Administración del Estado, en colaboración con las demás administraciones competentes, confeccionará el Inventario General de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural que tengan singular relevancia, sin que en ningún caso este proceso altere la propiedad de los bienes". El Real Decreto 111/1986, que desarrolla la mencionada del Patrimonio Histórico atribuye a las comunidades autónomas la inclusión de bienes en el Inventario General cuya tramitación se regirá por su propia normativa.
